Hilario Guevara Galvan

Expediente 607/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 31 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
607/2021
Año
2021
Actuaciones
31
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Hilario Guevara Galvan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. En Esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter ELECTRONICA

  2. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil veintidós. En Esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter ELECTRONICO.

  3. Principal

    Ciudad de México, a tres de octubre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la directora de Asuntos Laborales, en representación del Director General de Minas y del Subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, por medio del cual remite copia certificada del oficio SE/610/4990/2022 de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, con la cual aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, con copia del oficio de cuenta y anexos, se da vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibida que en caso de no realizar manifestación alguna, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, decretará cumplida la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2a./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.) Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a proveer lo relativo al cumplimento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. Para lo anterior, se impone destacar que el amparo y la protección de la justicia federal, se otorgó para los efectos siguientes: ".procede conceder el amparo y la protección de la justicia federal solicitadas por el quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable Director General de Minas de la Secretaría de Economía, deje insubsistente el oficio número SE/610/1535/2021, de doce de abril de dos mil veintiuno, y, a continuación, con plenitud de jurisdicción, emita uno nuevo, conforme a los lineamientos establecidos en la presente sentencia, es decir, dé respuesta de manera clara, concreta y definitiva a todas y cada una de las pretensiones formuladas a través del escrito de dos de febrero de dos mil veintiuno, para lo cual deberá atender a lo previsto en la Tabla 13.1, del Anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno; y, se la notifique en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones." Como se precisó en los autos de veinticinco de mayo y quince de junio, ambos de dos mil veintidós, como en la sentencia de amparo, se declaró la inconstitucionalidad del oficio SE/610/1535/2021, de doce de abril de dos mil veintiuno, su consecuencia directa e inmediata fue nulificar ese oficio, por lo que ya no era necesario que la autoridad emitiera una declaratoria en ese sentido. De esta forma, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, las obligaciones de la autoridad responsable para cumplir la ejecutoria de amparo, consisten en: Dar respuesta de manera clara, concreta y definitiva a todas y cada una de las pretensiones formuladas a través del escrito de dos de febrero de dos mil veintiuno. Notificar la respuesta. Para mejor resolver sobre el cumplimiento del fallo protector, resulta oportuno imponerse de algunas de las consideraciones medulares, por las cuales se decretó la inconstitucionalidad del acto reclamado, las cuales son las siguientes: "(.) Del punto cinco de la anterior tabla, se observa que para presentar una solicitud de devolución de cantidades a favor de otras contribuciones, se exige como requisito que, tratándose de "derechos", se debe presentar un escrito denominado "Oficio para la solicitud de devolución por servicio no prestado o proporcionado parcialmente", el cual debe ser expedido por la Dependencia, en el cual se debe indicar que el usuario efectuó un pago mayor al requerido o que el servicio o trámite no fue proporcionado o fue proporcionado parcialmente; oficio que debe estar oficializado con el sello de esa Dependencia. De lo anterior se obtiene que, en efecto, para que el quejoso pueda presentar ante la autoridad correspondiente del Servicio de Administración Tributaria, la solicitud de devolución de cantidades que estima pagó de manera indebida, dado que su concesión minera fue cancelada por el periodo del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho al veinte de enero de dos mil veintiuno; debe anexar un oficio expedido por la dependencia, en este caso, la Dirección General de Minas, en el cual se indique si el usuario efectuó un pago mayor al requerido o que el servicio o trámite no fue proporcionado o fue proporcionado parcialmente. Oficio que, se insiste, solicitó en su escrito de dos de febrero de dos mil veintiuno, fundando su pretensión en la Tabla 13.1, del Anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno. Entonces, si en el caso, existe una norma general que prevé la posibilidad de que una dependencia que recibe el pago por concepto de "derechos", expida a favor de un contribuyente un escrito denominado "Oficio para la solicitud de devolución por servicio no prestado o proporcionado parcialmente"; es inconcuso que la respuesta otorgada por el Director General de Minas a la petición del quejoso para la expedición de ese documento, resulta incongruente, pues se limita a determinar que no tiene facultades para reconocer un pago de lo indebido y que la autoridad competente para hacerlo es el Servicio de Administración Tributaria; máxime que, se reitera, el quejoso no solicitó que la autoridad responsable determinara que era procedente el pago de lo indebido, sino que, indicará que no existía obligación del quejoso de pagar los derechos sobre minería respecto de su concesión minera, por haber estado cancelada por un periodo de tiempo; tal como se consideró procedente por la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Economía. Además de la incongruencia advertida, tal como lo aduce el quejoso, la aludida respuesta también se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues la responsable no expone los fundamentos legales ni las causas particulares o razones particulares para no emitir el documento denominado: "Oficio para la solicitud de devolución por servicio no prestado o proporcionado parcialmente"; que establece la Tabla 13.1, del Anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno, esto es, no precisa por qué la quejosa no se ubica en el supuesto previsto en esa resolución miscelánea; sino que desvía la pretensión del quejoso en el sentido de que éste pidió que se determinara procedente un pago de lo indebido y, por eso, expone fundamentos y motivos ajenos a la pretensión efectivamente planteada.." De lo anterior se obtiene que, los vicios de ilegalidad advertidos en la sentencia de amparo, consistieron en que, al dar respuesta a la solicitud formulada por la quejosa consistente en que emitiera un oficio en el cual se reconociera que, con motivo de que su concesión minera número 234937, fue cancelada por el periodo del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho al veinte de enero de dos mil veintiuno, por la resolución contenida en el oficio SE/610/00113/2021; lo pagos por conceptos de derechos de minería que realizó por ese periodo, fueron indebidos; lo anterior, con la finalidad de que pudiera cumplir con el requisito para presentar su solicitud de devolución establecido en la Tabla 13.1, del Anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno; la autoridad responsable no emitió una respuesta congruente, pues se limitó a declarar que no tenía competencia para determinar la procedencia de un pago de lo indebido, ni confirmar si el pago de contribuciones, se encuentran pagadas de manera correcta. Por lo cual, en la sentencia de amparo, se determinó que, existía una normativa vigente, consistente en la Tabla 13.1, del Anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno, que la facultaba para expedir un documento denominado: "Oficio para la solicitud de devolución por servicio no prestado o proporcionado parcialmente"; en casos como la solicitud planteada por la parte quejosa. Por eso, en el aludido fallo, se ordenó a la responsable que, para dar respuesta a la pretensión de la quejosa, tenía que tomar en consideración la Tabla prevista en la aludida regla miscelánea. Así, a través del oficio presentado en este juzgado el nueve de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable exhibió copia certificada del oficio número SE/610/2545/2022, de tres de junio de dos mil veintidós; con el cual se le otorgó vista a la parte quejosa, y posteriormente, en el auto de quince de junio de dos mil veintidós, se determinó que la autoridad responsable dio un cumplimiento defectuoso a la ejecutoria de amparo, toda vez que insistió en una supuesta incompetencia para atender de fondo lo solicitado por la parte quejosa, lo cual ya había sido desestimado en la sentencia emitida en este juicio, la cual, al no ser recurrida por ninguna de las partes, causó ejecutoria, lo que implicó que adqurió la calidad de cosa juzgada y, por ende, tiene que cumplirse en sus términos. Derivado de lo anterior, por medio del diverso oficio número 110-02/11756/2022, la autoridad responsable remitió la nueva resolución contenida en el oficio número Documento a cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con el que se dio vista la parte quejosa, quien manifestó su inconformidad con ese pretendido cumplimiento. En ese contexto, se procede a la valoración del referido oficio para determinar si la autoridad responsable atendió los efectos del fallo protector. Al respecto, de la transcripción anterior se observa que en lugar de cumplir la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable busca la forma de evadir su acatamiento en los términos que ya fueron fijados en la sentencia dictada en ese juicio; esto es así, porque, en dicha sentencia, la cual, se insiste, ya es cosa juzgada, se analizó que la autoridad Director General de Minas de la Secretaría de Economía, sí tiene la obligación legal de expedir un documento denominado: "Oficio para la solicitud de devolución por servicio no prestado o proporcionado parcialmente"; ya que así lo establece la Tabla 13.1, del Anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno, o en su caso, de manera fundada y motivada, debe precisar las razones por qué la quejosa no se ubica en el supuesto previsto en esa resolución miscelánea; esto es, ya se resolvió que esa autoridad sí es competente para resolver de fondo la solicitud de la quejosa consistente en la autoridad emita un oficio en el cual se reconozca que, con motivo de que su concesión minera número 234937, fue cancelada por el periodo del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho al veinte de enero de dos mil veintiuno, lo pagos por conceptos de derechos de minería que realizó por ese periodo, fueron indebidos, pues existe un criterio de la Oficina del Abogado General, en la que se señaló que los concesionarios no se encuentran obligados a pagar derechos sobre minería, cuando la concesión se haya cancelado. Entonces, lo que tiene que hacer la referida autoridad es limitarse expedir a nombre de la quejosa el documento denominado: "Oficio para la solicitud de devolución por servicio no prestado o proporcionado parcialmente"; que establece la Tabla 13.1, del Anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno, conforme al formato o lineamientos de llenado exigidos ahí; en el cual reconozca, es decir, determine sí los pagos de derechos que erogó la quejosa por concepto de derechos de minería de su concesión minera número 234937, por el periodo del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho al veinte de enero de dos mil veintiuno, fueron pagos indebidos debido a que dicha concesión estuvo cancelada en ese periodo. No obstante, en la resolución que se analiza, la autoridad responsable establece medularmente, lo siguiente: I.- Que se encuentra impedida para determinar el monto que cada titular de concesiones mineras se encuentra obligado a cubir por el concepto de minería. Aspecto que no es materia de la solicitud de la quejosa. II. Que no tiene facultades para determinar y conocer de pagos de derechos, por lo que está impedida para precisar si el pago que realizó la quejosa por el periodo que su concesión minera fue cancelada, corresponde a un pago de lo indebido; y, III. Que por esas razones, se encuentra imposibilitada y excluida para emitir el documento denominado: "Oficio para la solicitud de devolución por servicio no prestado o proporcionado parcialmente"; que establece la Tabla 13.1, del Anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno; por lo que sugiere a la quejosa presentar su solicitud ante el Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, como se anticipó, con esa determinación no se cumple la ejecutoria de amparo, pues otra vez insiste en que no es competente para emitir el documento solicitado, pero basado en que no tiene facultades para deteminar montos ni para conocer de los pagos de derechos, insistiendo en que es el Servicio de Administración Tributaria quien es compentente para determinar los pagos indebidos. Ahora, si bien en una parte de su oficio, indica que existe una opinión de la ahora Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía, en el sentido de que la cancelación de la concesión minera no libera a su titular del pago de derechos que haya causado durante su vigencia; tambien es verdad que esa determinación no cumple con los lineamientos de la ejecutoria de amparo; ýa que, en caso de que lo procedente sea que en el periodo en que se encuentre cancelada una concesión minera, sí exista obligación de pago por ese periodo de los derechos de míneria; la autoridad resposnable debe fundar con el artículo, fracción, inciso, subinciso o párrafo de la norma general aplicable, así como motivar de manera clara, precisa y concreta las razones particulares, con las que sustente esa determinación; siendo que en el caso no se cumplen esos extremos, pues la autoridad se limita a referir una supuesta opinión, sin indicar los datos de identificación del documento que la contiene. Además, indica que en esa "opinión", se señaló que la cancelación de la concesión minera no libera a su titular del pago de derechos que haya causado durante su vigencia; lo que resulta confuso, pues no se sabe si a lo que se refiere es que una concesión cancelada sí está vigente y por ende deben pagarse los derechos, o si los pagos de una concesión cancelada se hacen solo por el periodo en el que sí se encontraba vigente; máxime que en una parte de su oficio también refiere que cuando una concesiuón minera se encuentra cancelada por las causales previstas en el artículo 42 de la Ley Minera, no concede derechos, tampoco impone obligaciones. Lo anterior denota que la respuesta dada por la responsable a la solicitud de la parte quejosa resulta ambigua y confusa y, por lo tanto, no cumple con los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, toda vez que la autoridad no ha demostrado una conducta omisiva para cumplir el fallo protector, pero sí evasiva; con fundamento en los artículos 192, 194 y 196, de la Ley de Amparo por única y última ocasión se le conceden tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, a la autoridad responsable, Director General de Minas, así como a su superior jerárquico, Subsecretario de Minería, ambos de la Secretaría de Economía, para que subsanen el defectuoso cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para lo cual, deben: Emitir una nueva determinación en la que dé respuesta de manera clara, concreta y definitiva a todas y cada una de las pretensiones formuladas a través del escrito de dos de febrero de dos mil veintiuno, debidamente fundada y motivada en la que subsane los vicios de legalidad advertidos en la sentencia de amparo y cumpla los lineamientos ahí impuestos Se le reitera a la autoridad responsable que no puede insistir en una supuesta incompetencia para atender de fondo lo solicitado por la parte quejosa, pues esa razón ya fue desestimada en la referida ejecutoria de amparo y, si bien no está de acuerdo con el sentido y efectos de ésta, ello lo tuvo que haber hecho valer en el recurso de revisión al que tenía derecho, pero al no hacerlo así, ya no es procedente cuestionar los efectos del fallo protector. Es aplicable a lo anterior, la tesis número 2ª. VIII/2014(10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo II, Página: 1520, cuyo rubro es el siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS.". Con el apercibimiento a todas las autoridades requeridas de que en caso de no hacerlo así, sin causa justificada se hará efectivo el diverso apercibimiento decretado en el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Finalmente, en cuanto a las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido de que no se encuentra cumplida la ejecutoria, dígase que se deberá de estar a lo resuelto en el presente auto. Por otra parte, visto el escrito de cuenta que contiene la evidencia criptográfica de la firma electrónica del autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones respecto de las constancias con las cuales la autoridad responsable pretende dar cumplimiento al fallo protector y al efecto solicita se haga efectivo el apercibimiento correspondiente; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de mérito para que obre como corresponda y en atención a lo solicitado dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese

Quedan 27 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,085 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano