Hilario Gonzalez Legorreta

Expediente 854/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
854/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/08/2022

Partes del expediente

  • Hilario Gonzalez Legorreta

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del auto dictado el trece de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria dicho proveído para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Durango y su Juez. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 854/2022. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. No es definitiva la resolución reclamada. En principio, se estima pertinente precisar que el acto reclamado por el quejoso consiste en la determinación contenida en el proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós, emitido en el expediente 235/2022, en el que el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Durango, declaró que carece de competencia, por razón de la materia, para conocer del conflicto entre el quejoso con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), declinando la competencia al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:... . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y ;..." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" De la interpretación sistemática y armónica de los preceptos legales antes citados se observa que para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, la parte promovente deberá aducir que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Federal, de lo que deriva una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, cabe referir que para determinar la procedencia del juicio de amparo en los casos en los que se analicen temas de competencia, el legislador estableció en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo que éste procede en los supuestos en los que la autoridad determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 239/2014 precisó que era necesario indicar el alcance de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a la procedencia del juicio de amparo indirecto en materia de competencia, pues si bien éste procede contra los actos de autoridad que determinen declinarla o inhibirla, ello debe ser bajo la condición de que esas resoluciones tengan el carácter de definitivas. Lo anterior, a fin de fijar cuándo se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el Máximo Tribunal de la Nación destacó que aun cuando no se tiene certeza si el legislador tuvo, o no, la intención de identificar a las cuestiones competenciales como sustantivas o de imposible reparación, lo que verdaderamente era trascendente era que si bien existe disposición expresa, en la que el legislador estatuyó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinaran la competencia, lo cierto era que ello debiera interpretarse literalmente y aseverar que, por el solo hecho de que el legislador omitió hacer mayor precisión al respecto, el juicio de amparo será procedente, indefectiblemente cuando se reclamen cualquier tipo de actos relacionados con un pronunciamiento relacionado con la competencia. De ahí que en esa ejecutoria la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la decisión de una autoridad, de declararse incompetente, o la solicitud que hacía una autoridad a otra para que se inhibiera en el conocimiento de un asunto, no podían considerarse determinaciones que justificaran la procedencia del juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, sino sólo en el caso de que aquélla se tornara DEFINITIVA, esto es, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque era en esos momentos del trámite cuando se producía la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. Ahora bien, tales consideraciones fueron retomadas por el Máximo Tribunal de la Nación al resolver la diversa contradicción de tesis 216/2014, en la que extendió el alcance de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, y determinó que también procede el juicio de amparo bi-instancial contra las resoluciones que desechan o desestiman un incidente y/o excepción de incompetencia, dado que se tratan de determinaciones definitivas, porque producen una afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, por lo que esos actos también son impugnables a través del juicio de amparo indirecto. Razón por la cual, ese Tribunal Pleno estimó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, debe hacerse extensiva a los supuestos en los que se deseche o desestime una excepción y/o incidente de incompetencia, al considerarse definitivos. Por tanto, atento a lo determinado por el Máximo Tribunal de la Nación, para que proceda el juicio de amparo indirecto contra resoluciones vinculadas con el tema de competencia es necesario que se trate de actos definitivos que produzcan una afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es hasta ese momento en que se producen todas las consecuencias del acto reclamado. Derivado de las contradicciones de tesis antes citadas surgieron las jurisprudencias P./J. 17/2015 (10a.) y P./J. 29/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Página 5 y Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Página 22, respectivamente, que son del contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas" "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo" En el caso en concreto, como se indicó, se reclama la determinación contenida en el proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictada en el expediente laboral 235/2022, en que el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Durango, declaró que carecía de competencia legal, por razón de la materia, para conocer del asunto laboral en mención y declinó su conocimiento al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de México; por ende, es evidente que dicha determinación no tiene el carácter de definitivo para la procedencia del juicio de amparo, y con ello, la actualización del agravio personal y directo que pretende la parte quejosa, pues ello en su caso ocurrirá una vez que la autoridad a quien se le declinó la competencia la acepte, y solo en ese momento será cuando la parte promovente del amparo se encuentre en posibilidad de acudir a esta instancia constitucional. En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, Constitucional, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por el quejoso contra actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales y su Juez, con residencia en esta ciudad. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. Quejoso: ***. a. Domicilio. Se le tiene señalando como domicilio procesal el indicado en su escrito de demanda. b. Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a los licenciados ***; y únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24 de la citada ley, a las licenciadas ***, toda vez que no cuentan con cedula profesional debidamente registrada ante los Juzgados de Distrito. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Comunicación electrónica. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para mejorar la comunicación con las partes, se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, teléfono móvil y servicios de redes de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, con la aclaración de que lo anterior no constituirá un medio de notificación procesal u oficial. Por tanto, para tal efecto se tiene señalando el correo electrónico ***, así como número de teléfono celular ***. VII. Autorización firma electrónica de las determinaciones en el presente expediente. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3º. de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · 12,808 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano