Hilario Correa Fulgencio
Expediente 1092/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1092/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Hilario Correa Fulgencio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Responsable informa. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual adjunta el acuerdo en el que proveyó respecto a la promoción presentada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ********************; sin embargo, como éste carece de las firmas de los representantes de gobierno y trabajadores, no posee valor probatorio. 2. Se requiere. Por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días legalmente computado, subsane la deficiencia indicada, remitiendo el documento correspondiente completo, esto es, con cada una de las firmas de las que carece. 3. Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de trescientas unidades de medida y actualización equivalente a $******************** moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase por alto que no se haya realizado el cómputo a la autoridad responsable para recurrir la resolución de mérito, pues en términos del segundo párrafo del artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta carece de legitimación para impugnar la sentencia constitucional. 1.1. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: Dictar de inmediato el acuerdo que proceda respecto a la promoción presentada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ********************. 1.2. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en los términos ordenados, o en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $******************** (********************), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1092/2023, promovido por Hilario Correa Fulgencio, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, específicamente del capítulo de acto reclamado y de sus antecedentes,se advierte que la quejosa reclama del: 1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad: La omisión de acordar su escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual, solicitó la emisión del laudo correspondiente, dentro del juicio laboral 85/2020. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclama un acto de naturaleza omisiva cuya demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, en donde este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. La autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación refirió que es cierto que no ha dictado el laudo dentro del juicio de origen, empero no se pronunció en relación con la omisión de pronunciarse sobre el escrito presentado por el quejoso el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, por lo que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto que la autoridad obrera no ha realizado pronunciamiento alguno al respecto. CUARTO. Causal de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia; tampoco fueron hechas valer por las partes. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. En síntesis, el peticionario del amparo afirma que se violan sus derechos humanos porque se ha abstenido de acordar la promoción indicada en el considerando segundo, en el juicio laboral subyacente, dentro de los términos de ley, sin que hasta el momento de la presentación de la demanda de amparo se haya emitido el acuerdo correspondiente. Lo alegado por la parte quejosa, es fundado, ya que es obligación del Presidente del Tribunal que los juicios laborales no queden inactivos; asimismo, el artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, dispone que cualquier término no especificado en esa ley, será de tres días hábiles. En este sentido, se considera que le asiste razón, puesto que conforme al dispositivo antes aludido, es manifiesto que en la especie no se ha cumplido con el plazo previsto, puesto que a la fecha, la autoridad responsable ha sido omisa en acordar el escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 85/2020; por lo que la abstención de acordarlo implica una violación al derecho humano consagrado en el artículo 17 constitucional, en perjuicio de la parte quejosa de amparo. En ese contexto, es evidente que ha transcurrido un término excesivo -aproximadamente dos meses y medio- para que el Tribunal responsable acordara la promoción presentada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, por lo que esa autoridad responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En consecuencia, lo procedente es otorgar al quejoso Hilario Correa Fulgencio, la protección constitucional solicitada, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. Respecto al alegato formulado por la fiscal de la adscripción; este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, el informe y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen; por lo que legalmente no se está obligado a atender dichas manifestaciones. SEXTO. Efectos del amparo. Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, deberá: Dictar de inmediato el acuerdo que proceda respecto a la promoción presentada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 85/2020. Lo anterior, a fin de restituir al quejoso el goce de su derecho fundamental vulnerado, de conformidad con el numeral 77, fracción II de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Hilario Correa Fulgencio, contra la omisión reclamada y la autoridad responsable, que quedaron precisados en el considerando primero; por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado, con lo que se ordena dar vista a las partes. 1.2. Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo como pruebas las documentales que indica, mismas que se ordenan agregar a los autos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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