Hilario Barrera González

Expediente 687/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 41 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
687/2015
Año
2015
Actuaciones
41
Última actuación
16/03/2017

Partes del expediente

  • Hilario Barrera González
  • Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio 139/2017-I de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la resolución pronunciada el dos de marzo de dos mil diecisiete, dentro del recurso de inconformidad 31/2016. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de inconformidad, fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Es INFUNDADA la presente inconformidad interpuesta contra el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, emitido dentro de los autos del juicio de amparo número 687/2015, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla". Atento a lo anterior, acúsese el recibo correspondiente y glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de inconformidad citado. Ahora, tomando en consideración que por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis se ordenó el archivo del juicio en que se actúa, devuélvase al archivo de este órgano judicial el presente juicio de amparo 687/2015 (antes 1630/2014). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visto su contenido, se le tiene informando que por auto de tres de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente inconformidad 31/2016, el referido órgano colegiado admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva el presente expedientillo; de lo que queda enterado el suscrito para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Visto, con conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar, agréguese a los autos el escrito signado por Samuel León Pérez, autorizado en términos amplios del quejoso Hilario Barrera González y, en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de inconformidad en contra del auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Ahora bien, en primer término, debe decirse que el recurso de inconformidad se encuentra previsto en los artículos 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que: I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley; II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto; III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; o IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Artículo 202. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta Ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación. La persona extraña a juicio que resulte afectada por el cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo también podrá interponer el recurso de inconformidad en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior, si ya había tenido conocimiento de lo actuado ante el órgano judicial de amparo; en caso contrario, el plazo de quince días se contará a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de la afectación. En cualquier caso, la persona extraña al juicio de amparo sólo podrá alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebidos de la ejecutoria en cuanto la afecten, pero no en contra de la ejecutoria misma. Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo. Artículo 203. El órgano jurisdiccional, sin decidir sobre la admisión del recurso de inconformidad, remitirá el original del escrito, así como los autos del juicio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolverá allegándose los elementos que estime convenientes. Por lo que, de conformidad con el último numeral transcrito, los autos del presente juicio de amparo, junto con el original del escrito de expresión de agravios, tendrían que remitirse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, atento a lo prevenido por el Acuerdo General 5/2013, del Pleno del Máximo Tribunal del País (modificado mediante instrumento normativo aprobado por dicho Tribunal el nueve de septiembre de dos mil trece, que aparece publicado en el Diario oficial de la Federación el diecisiete de septiembre de dos mil trece) en sus puntos cuarto, fracción IV y octavo, fracción I, establece con precisión cuáles son los asuntos que siendo competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito y ya no será la Suprema Corte quién dirima la controversia suscitada, sino los Tribunales Colegiados de Circuito, atendiendo desde luego los ámbitos material y territorial, a reserva de los aspectos propios del turno, y precisamente dentro de los asuntos que siendo competencia de nuestro máximo órgano de justicia en el país, se encuentra el del recurso de inconformidad promovido por la parte quejosa. Atento a lo anterior, tratándose del recurso de inconformidad previsto en los citados artículos 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo y, en virtud que del Acuerdo General 5/2013, puntos cuarto, fracción IV y octavo, fracción I del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (modificado mediante instrumento normativo aprobado por dicho Tribunal el nueve de septiembre de dos mil trece, que aparece publicado en el Diario oficial de la Federación el diecisiete de septiembre de dos mil trece), se desprende que el aludido medio de impugnación corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, remítanse, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Sexto Circuito, el presente juicio de derechos fundamentales, junto con el original del escrito de agravios signado por el impetrante sin copias del mismo en virtud de que no fueron exhibidas para correr traslado a las partes, para lo que tenga a bien de resolver. Fórmese el cuaderno de antecedentes con motivo de esta remisión.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, se aprecia que mediante auto de dos de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista al quejoso con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, con el apercibimiento que, de hacer o no manifestación alguna, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por las autoridades. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, sin que dicha parte quejosa hiciera manifestación alguna. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede resolver, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto, se tiene que por ejecutoria de diez de septiembre de dos mil quince, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, concedió al quejoso Hilario Barrera González, la protección constitucional solicitada, contra el acto del Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial y de la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública; Director General; Director de Operaciones Policiales; Encargado del Despacho de la Dirección General, todos de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Puebla y del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para el efecto de que indemnizaran al quejoso por haber dejado de ser policía y le pagaran las prestaciones a que tiene derecho como tal, es decir, la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación como policía y hasta que se realicen los pagos correspondientes. Después de diversos trámites, por proveído de veintidós de octubre de dos mil quince, se admitió a trámite el incidente de ejecución y liquidación de sentencia hecho valer por la parte quejosa, el cual fue resuelto en sentencia de tres de febrero de dos mil dieciséis, en el que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se aprueba el incidente de liquidación propuesto por el quejoso Hilario Barrera González, por la cantidad de $115,652.13 (ciento quince mil seiscientos cincuenta y dos pesos, trece centavos, moneda nacional). SEGUNDO. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días den cumplimiento a la presente resolución y procedan a pagar al aquí quejoso la cantidad de $115,652.13 (ciento quince mil seiscientos cincuenta y dos pesos, trece centavos, moneda nacional), sin que en esta incidencia se haya hecho pronunciamiento sobre la posible deducción de impuesto que debe retener el patrón, por no ser materia de la misma". En contra de dicha determinación, el impetrante interpuso recurso de queja, mismo que por ejecutoria de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, lo declaró fundado, revocó la resolución recurrida, y dictó otra relativa al incidente innominado en la que determinó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la cantidad que debía percibir el quejoso ascendía a $281,796.43 (doscientos ochenta y un mil setecientos noventa y seis pesos con cuarenta y tres centavos), pero descontando el pago que percibió el impetrante por la cantidad de $91,137.97 (noventa y un mil ciento treinta y siete pesos con noventa y siete centavos), quedaba un remanente por la cantidad de $190,658.46 (ciento noventa mil seiscientos cincuenta y ocho pesos con cuarenta y seis centavos); que era lo que debía pagarse al quejoso; en la inteligencia que de ese monto, se debían retener las cantidades que por impuestos legalmente se causaran. Asimismo, se determinó que se debía acreditar que, hasta el momento de realizar el pago total de la indemnización y demás prestaciones, se cumplió también con la obligación de efectuar las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro. En cumplimiento a lo anterior, el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, mediante oficio recibido el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, informó que el dieciséis de junio de la presente anualidad, entregó un cheque al quejoso por la cantidad de $68,847.97 (sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y siete pesos, noventa y siete centavos moneda nacional). También, el mismo Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, por oficio recibido el cinco de julio de dos mil dieciséis, exhibió copia certificada de la nómina respectiva, de la que se advierte que el diez de febrero del año en curso, impetrante Hilario Barrera González, recibió un cheque por la cantidad de $105,541.69 (ciento cinco mil quinientos cuarenta y un pesos, sesenta y nueve centavos, moneda nacional). De igual manera, el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, mediante oficio recibido el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, informó haber cubierto al impetrante el entero de las Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, del primero al quinto bimestre de dos mil quince, así como mediante oficio recibido el uno de septiembre del año en curso, dicha autoridad informó que realizó el pago de dichas aportaciones, correspondientes al sexto bimestre de dos mil quince y los tres bimestres de dos mil dieciséis, remitiendo copia certificada de las constancias que acredita su información. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y archívese este asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; archívese por separado el duplicado del incidente de suspensión, para su posterior destrucción en el término de seis meses a partir del presente proveído. Finalmente, se determina que este asunto no es de relevancia documental.

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