Hilario Apodaca Arméndariz y Otros.
Expediente 809/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 22 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 809/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 19/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Hilario Apodaca Arméndariz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, a través de cual se determinó sobreseer y negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente expediente es depurable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de cinco años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, de conformidad con lo establecido en el en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Una vez concluido el plazo de cinco años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, en el que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento definitivo o violación; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable así como al agente del Ministerio Público tercero interesado y por lista electrónica a las demás partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 809/2022-II, promovido por *******, ******* y *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el uno de septiembre de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el día hábil posterior, *******, ******* y *******, promovieron demanda de amparo en contra del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, del Distrito Judicial Bravos, y otra autoridad. Segundo. Derechos fundamentales que de los quejosos estimaron vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión a trámite de la demanda. En auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo conforme al acta que antecede. Cuarto. Declaración de inexistencia de autoridad. En proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara la denominación correcta de la autoridad que señaló como responsable y denominó "Primer Comandante de la Policía Ministerial Investigadora del Distrito Norte", pues a la Actuaria de la adscripción -como se desprende de la constancia actuarial relativa, de seis de septiembre de dos mil veintidós- al buscar entregar el oficio respectivo al auto de admisión, le fue informado que es inexistente. De modo que, al haber transcurrido tal periodo sin que la parte quejosa se haya pronunciado al respecto, en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por inexistente a la autoridad en comento, ordenando suspender toda comunicación con la misma. Quinto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista a la totalidad de las partes en este juicio, el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, a efecto de que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; de lo que tuvieron conocimiento desde el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, sin que hayan efectuado manifestación alguna al respecto. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la aquí parte quejosa reclamó lo siguiente: Del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: La orden de aprehensión decretada en su contra, el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dentro de la causa penal *******. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierta la existencia de orden de captura en contra de *******, pues al rendir su informe con justificación, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, lo negó categóricamente respecto a dicha quejosa. Sin que ésta por sí o por conducto de sus autorizados, haya aportado medio de convicción a fin de desvirtuar lo anterior. De tal suerte que, se tiene como inexistente, con relación a tal accionante del amparo, la orden de aprehensión aquí reclamada. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado referido en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, adujo que sí dictó la orden de aprehensión de que se duelen ******* y *******, el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dentro de la causa penal *******. Lo anterior se corrobora con la documental que remitió el Juez responsable anexa a su informe con justificación, de la que se desprende que, efectivamente, previa solicitud de la agente del Ministerio Público que conoce de la aludida causa penal, libró orden de aprehensión en contra de los aquí quejosos ******* y *******, por los hechos señalados en la ley como constitutivos del delito de homicidio calificado en grado de tentativa; documental que posee valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ante lo anterior, resulta innegable la existencia del acto reclamado al Juez responsable, con relación a los quejosos aludidos en este considerando. Quinto. Procedencia. Ya que las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan diversas causas de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Sexto. Examen constitucional del acto reclamado. Resulta oportuno acotar que en este asunto, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, por tener los quejosos ******* y ******* el carácter de indiciados, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; empero, el único concepto de violación esgrimido, resulta infundado, como se demostrará más adelante, sin que exista deficiencia de la queja que suplir de conformidad con el numeral aludido. Dicho lo anterior, como se estableció en el considerando segundo, los aquí quejosos ******* y ******* reclamaron del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, la orden de aprehensión (que emitió en su contra el dieciséis de agosto de dos mil veintidós). Ello, pues el propio dieciséis de agosto de dos mil veintidós, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos contra la Vida, solicitó la emisión de tal mandato de captura, en contra de los quejosos ******* y *******, ante su probable intervención en los hechos señalados en la ley como constitutivos del delito de homicidio calificado en grado de tentativa. A partir de las señaladas circunstancias, el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, el Juez responsable dictó la orden de aprehensión de que se trata, en la que determinó que obraban datos de investigación que permitían establecer la existencia de hechos constitutivos del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en contra de *******, previsto en los artículos 123, 124, 127 y 136, fracción II, incisos b) y d), con relación a los diversos 19 y 75, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua y la probabilidad de que los ahora quejosos hubieran participado en su comisión. Sentado lo anterior, se procede a analizar enseguida el único motivo de disenso aducido en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia. Único concepto de violación Como único concepto de violación, los quejosos referidos en este considerando, argumentaron, en esencia, que la orden de aprehensión de que se duelen, no fue adecuadamente fundada ni motivada, pues, dijeron, no se especificaron las causas de su emisión. El motivo de disentimiento de referencia, resulta infundado. Para evidenciar lo anterior, es pertinente señalar que el párrafo primero, del artículo 16 de la Constitución Federal, establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Asimismo, establece que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido. Como se aprecia, dicho precepto prevé la obligación para toda autoridad, de fundar y motivar sus determinaciones, esto es, expresar detalladamente los motivos que produjeron la emisión de la misma y los preceptos legales en que la apoye, los cuales deben ser coherentes entre sí (elemento -también- indispensable, al que se le conoce como nexo lógico). En el caso, de los antecedentes narrados en líneas precedentes, así como de las constancias que se recibieron, relativas a la causa penal *******, se advierte que la responsable ordenó la aprehensión de los quejosos ******* y ******* en términos de los numerales 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a petición de la agente del Ministerio Público que conoce de dicha causa penal, por la probable comisión del hecho que la ley considera como el delito de homicidio calificado, en grado de tentativa, en contra de *******. Al respecto, es de precisarse que el artículo 141 del Código procesal aludido -uno de los numerales en que el Juez de Control apoyó su determinación- establece ciertos requisitos que deben colmarse para librar una orden de aprehensión. Dicho artículo, es del contenido siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. (.) De la intelección de dicho numeral se desprende que para la emisión de la orden de aprehensión se deben cumplir los requisitos que a continuación se apuntan: I. Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. II. Que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión; y, III. Que exista la necesidad de cautela. Por supuesto, además de las referidas exigencias, deberá vigilarse, en su caso, que dicha determinación judicial no infrinja algún derecho constitucional contenido en diverso precepto. Aunado a ello, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, ya señalado; sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan los derechos de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz los derechos fundamentales de la persona, tutelados en la Constitución Federal. Ello, dado que podrían darse los casos siguientes: a) Que en la orden de aprehensión se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio de los quejosos. b) Que la orden fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. c) Que las autoridades jurisdiccionales, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense. d) Que la orden de captura no estuviere fundada y motivada. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 225, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 166, Tomo II, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del registro 904206, que estatuye: ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Entonces, solo mediante el cumplimiento de esos requisitos, se podrá justificar la emisión de una orden de aprehensión. Dicho lo anterior, contra lo sostenido por los quejosos, se estima que la orden de aprehensión librada en su contra sí reúne los requisitos establecidos para su emisión, como se demostrará a continuación. I. Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. El primero de los requisitos se encuentra satisfecho. Ello se desprende de la solicitud de orden de aprehensión en contra de ******* y *******, formulada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos contra la Vida; pues en el informe policial homologado de dos de agosto de dos mil veintidós, elaborado por el licenciado *******, se asentó que en esa misma fecha, a las quince horas con treinta minutos se le informó por radio operador que en el cruce de las calles *******, en esta ciudad, se reportó un lesionado por arma de fuego; momento en el cual iniciaron las acciones investigativas e incluso, al arribar elementos de dicha agencia al lugar, se encontraron a diversos elementos municipales adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes informaron que la víctima de nombre *******, fue trasladado por sus familiares al hospital denominado ******* (*******) en esta localidad. Con lo que se encuentra colmado el primer requisito, ya que, al tratarse el delito de que se trata, de una de las conductas delictivas que son perseguidas de oficio, bastó con la emisión de la denuncia telefónica para iniciar las acciones investigativas respectivas por parte de la representación social y los agentes policiacos a su cargo. Ello, tal como se determina en el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estatuye, en lo que aquí interesa, que para el inicio de la investigación, tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio -como el de la especie- bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se ponga del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito; tal como ocurrió en el asunto sujeto a análisis. II. Que el agente del Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Como aspecto previo, es conveniente señalar que las bases primarias para la emisión de la orden de aprehensión están contenidas en los artículos 16, 19 y 21 de la Constitución Federal, las cuales es importante tener presentes conforme al sistema procesal penal acusatorio y oral a que se refiere la Constitución. El texto de las disposiciones constitucionales referidas, en lo conducente, es el siguiente: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. (.) Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a los policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. (.) Del contenido de los preceptos transcritos, analizados de forma sistemática, se advierte en lo que nos concierne, que a) el Ministerio Público tiene la facultad constitucional de investigar y perseguir los delitos y b) en la solicitud de la orden de aprehensión de una persona, la autoridad judicial deberá tener conocimiento de que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, para resolver sobre la solicitud de la orden de aprehensión, el Juez responsable se apoyó en los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que son del siguiente tenor: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. De la anterior reproducción, se colige, en lo que interesa, que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público podrá -previo cumplimiento de diversos requisitos legales- solicitar al Juez de Control el libramiento de la orden de aprehensión. Para tal efecto, el Ministerio Público debe realizar una clasificación jurídica de los hechos, en la que se especificará el delito atribuido, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza de la conducta; sin perjuicio de que con posterioridad se reclasifique. En tal solicitud, el representante social debe realizar una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes, así como exponer las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo 141 precitado. Por su parte, el Juez de Control se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud de orden de aprehensión. Las anteriores premisas permiten establecer que, en el caso, se encuentra satisfecho el segundo requisito para la emisión de la orden de aprehensión, esto es, que el agente Ministerio Público responsable haya expuesto las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo 141 precitado; es decir, que obran en la carpeta de investigación datos que establecen que se han cometido los hechos que se configuran como delitos y que exista la probabilidad de que los imputados aquí quejosos, lo hayan cometido o participado en su comisión. En efecto, de la solicitud de orden de aprehensión en contra de los aquí quejosos ******* y *******, formulada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos contra la Vida, en esta ciudad, se desprende que, entre otras cosas, expuso las razones por las que consideró que se cometió el hecho tipificado como el delito de homicidio calificado, en grado de tentativa, en contra de ******* y que existe la probabilidad de que los aquí quejosos haya participado en su comisión, enunciando una serie de medios de convicción que le permitieron arribar a tal conclusión; entre los que se encuentran los siguientes: I. El Informe policial homologado de fecha dos de agosto de dos mil veintidós, elaborado por el licenciado *******, de la Agencia Estatal de Investigaciones, en el que se asentó lo siguiente: "Que siendo el día 02 de agosto del 2022 a las 15:30 horas le informan por parte del radio operador en turno que en el cruce de las calles *******, se reporta lesionado por arma de fuego. Al arribar a dicho lugar ya se encontraba resguardado por elementos de la SSPM a cargo de *******, unidad ******* quienes le indican el lugar informándole que se trataba de un masculino de nombre ******* que fue trasladado al ******* por sus propios medios. (.) Así mismo dando seguimiento a la investigación se acercó al ******* (*******) ubicado en ******* por lo cual la trabajadora social en turno le manifestó que el lesionado se encontraba en intervención médica por lo cual no pudo ser entrevistado. Posteriormente al exterior del hospital se encontraban familiares del lesionado por lo que se entrevistó con la C. ******* la cual le manifestó lo siguiente: Es mi deseo manifestar de forma libre y espontánea que el día de hoy martes 2 de Agosto a las 15:30 horas aproximadamente salí al exterior del domicilio, llegó mi hijo a mi casa a pedir que fuéramos a traer gas y al subirnos a la camioneta *******, color *******, con matrículas de circulación ******* llegó un vehículo color *******, dónde bajaron 4 personas de las cuales 3 de ellos empiezan a disparar a mí hijo ******* y a uno de ellos es aquí reconocí se llama ******* que es de tez *******, pelo *******, de estatura aproximada de ******* m, complexión ******* y vestía playera *******. Siendo todo lo que recuerdo por el momento". (.) II. Asimismo, obra el parte informativo de fecha tres de agosto de dos mil veintidós, elaborado por el Agente Investigador adscrito a la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, licenciado *******, mediante el cual se solicitó se llevara a cabo una individualización y recopilación fotográfica para llevar a cabo reconocimientos por fotografía en los que aparezca la imagen de *******, *******, ******* Y *******, con tres imágenes donde aparezcan personas con las mismas características físicas. III. La declaración de ******* ante agente del Ministerio Público, en fecha tres de agosto de dos mil veintidós, quien manifestó lo siguiente: "Que el motivo de mi comparecencia es para manifestar sobre los hechos ocurridos el día 02 de agosto del 2022, por lo que siendo aproximadamente las 15:30 horas me encontraba en el interior de mí domicilio ubicado en ******* en compañía de mi familia, cuando llegó mi hijo de nombre ******* (.) se baja una persona del sexo *******, complexión *******, tez *******, ojos *******, *******, orejas *******, de aproximadamente ******* metros de estatura y de ******* a ******* años de edad aproximadamente a esta persona lo conozco como *******, él se acercó a mi puerta, y una persona del sexo *******, tez *******, complexión *******, poca barba, ******* años de edad aproximadamente a quien conozco como ******* corrió y se subió al asiento del piloto de ese vehículo de color negro de igual manera se bajó una persona del sexo ******* de la puerta trasera del lado del copiloto esta era de complexión *******, tez *******, de aproximadamente de ******* metros de estatura, de ******* años de edad aproximadamente y traía una camisa de color ******* a esta persona la conozco como ******* de apodo *******" y quien es cuñado de ******* a él lo conozco desde que él era niño ya que vive por la colonia ******* cercana al ******* y del ******* cerca de mi domicilio, en cuanto se bajó del vehículo veo que traía un arma corta en su mano derecha e inmediatamente se dirigió hacia mí y me apuntó con el arma yo estando en el interior de mi vehículo (.) fue cuestión de segundos que caminó por todo el cofre de mi vehículo hasta quedar en el lado del copiloto donde estaba mi hijo fue en ese momento cuando empezó a dispararle en múltiples ocasiones en todo el cuerpo, e *******, cuando termióo ******* de disparar, él también se acerca a la ventana del copiloto donde estaba mi hijo para dispararle en múltiples ocasiones en el cuerpo con un arma corta (.)". IV. Asimismo, obra la declaración de ******* de fecha tres de agosto del año en curso, ante la representación social, en el sentido literal siguiente: "Estoy aquí porque el día de ayer 02 de Agosto del 2022 aproximadamente a las tres de la tarde me encontraba en el interior de mi domicilio con mis dos hijas menores edad y mi hijo ******* ya no vive con nosotros pero nos visita el día de ayer llegó con mi esposa (.) cuando llego mi hijo ******* (.) se empezaron a escuchar balazos (.) salí corriendo y vi que le habían disparado a la camioneta y vi que mi hijo ******* él estaba en el copiloto le vi sangre en los brazos y en la cara ahí lo deje en el lugar y bajamos a mi hija menor que estaba en el asiento de atrás y la bajamos a la casa y la dejamos con una de sus tías a las dos niñas menores y mi esposa se subió en la parte de atrás de la camioneta y yo maneje a hasta el ******* o ******* ya en el lugar lo estabilizaron (.) y de ahí lo trasladaron al centro médico porque mi hijo es empleado municipal. Entonces, ahí es donde lo están atendiendo hasta el día de hoy ya en este lapso de tiempo yo platiqué con mi esposa sobre como pasaron las cosas y ella me dijo que cuando se subieron a la camioneta donde iban a comprar el tanque de gas (.) tres de esas personas se pusieron una enfrente de la camioneta los otros dos del lado del copiloto donde iba mi hijo ******* uno enfrente del vidrio y el otro a un costado de donde estaba mi hijo ******* (.) a estas personas las conoce mi esposa ya que eran amigos de mi hijo ******* de hace años pero tuvieron problemas y uno de ellos al cual lo conozco como ******* y le dicen ******* y hace como dos años mi hijo ******* que ******* es decir ******* había comenzado a vender droga ahí en la colonia y que traía un arma y ya lo habla amenazado (.)". V. El informe médico de fecha ocho de agosto de dos mil veintidós, elaborado por el perito médico legista adscrito a la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Dr. *******, mediante el cual, constituido en las instalaciones del ******* en esta ciudad, asentó que las lesiones que presenta ******* son las siguientes: se encuentra postrado en cama, con sedación inducia con medicamentos, presenta vendaje en cráneo, equimosis en ambas regiones oculares, se reporta en expediente médico que presenta una herida de aproximadamente 1cm. de diámetro en región parietal derecha, al parecer se trata de orificio de entrada de proyectil de arma de fuego, así con otra herida de aproximadamente 1 cm. de diámetro en región occipital, al parecer se trata de orificio de salida de proyectil de arma de fuego. Se reporta también una herida en región maxilar derecho, impacto de bala en hombro derecho, presenta vendaje en miembros pélvicos. También, se reportan lesiones por proyectil de arma de fuego en ambas piernas y al estudio radiológico por el momento no se cuenta con el mismo. VI. Por otra parte, se cuenta también con la pericial en balística de fecha seis de agosto del año en curso, elaborado por la perita en Balística Forense, licenciada *******, quien -entre otras cosas- asentó que tuvo a la vista para su estudio, debidamente embalados y etiquetados mediante su respectivo registro de cadena de custodia (.) 4 Cuatro casquillos percutidos calibre *******, recolectados por criminalista de campo en calle *******, el día 02 de agosto del 2022. Ergo, con base a los análisis realizados a los indicios, concluyó que los casquillos percutidos identificados como indicios 1, 2, 3 y 5, corresponden al calibre *******, sí existe suficiente concordancia en cuanto a sus marcas de clase y únicas, determinándose que si fueron percutidos por una misma arma de fuego. Por lo que anexó siete imágenes digitales. VII. Los señalamientos (.) que realizó la testigo presencial *******, mediante reconocimientos de personas por fotografía, todos de fecha tres de agosto de dos mil veintidós, ante agente del Ministerio Público, en los que -en síntesis- reconoció plenamente a la persona que apareció en la fotografía marcada con el número 2 -de cuatro personas de características físicas similares-, como quien se bajó de un vehículo del cual no recuerda su marca pero vio que era de color ******* con un arma corta de color ******* en su mano derecha e inmediatamente se dirigió hacia ella y le apuntó con el arma en el interior de su vehículo, se dio cuenta que le quería disparar a su hijo ya que lo miraba fijamente y a los segundos caminó todo el frente de su vehículo quedando del lado del copiloto donde estaba su hijo y le disparó en múltiples ocasiones en el cuerpo; haciendo constar que la persona marcada con el número 2 responde al nombre de *******. (.) Finalmente, reconoció plenamente a la persona que apareció en la fotografía marcada con el número 3 -de cuatro personas de características físicas similares-, como a quien vio cuando se bajó de la puerta delantera del piloto, para acercarse a su puerta, a los segundos que ******* terminó de dispararle a su hijo, él también se acercó con él para dispararle en múltiples ocasiones en el cuerpo con un arma corta; haciendo constar que la persona marcada con el número 3 responde al nombre de *******. (.) (Sic). (Los números fueron añadidos a tales indicios para clarificar su enunciación). Para acreditar que se cometieron los hechos tipificados como delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en contra de ******* y que existe la probabilidad de los aquí quejosos ******* y ******* hayan participado en su comisión, la representante social, primero, consideró que en la carpeta de investigación existían datos que permitían establecer la existencia de hechos que encuadraban en tal delito, previsto en los artículos 123, 124, 127 y 136, fracción II, incisos b) y d), con relación a los diversos 19 y 75, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, que estatuyen, respectivamente: Artículo 123. A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de doce a veinticinco años de prisión. Se entenderá la pérdida de la vida en los términos de la Ley General de Salud. Artículo 124. Se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión. Artículo 127. A quien cometa homicidio calificado, en los términos de las fracciones I, II, III, IV, VI o VII del artículo 136 de este Código, se le impondrá prisión de veinticinco a cincuenta años. Artículo 136. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en perjuicio de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia, o de periodistas; así mismo, en los supuestos de las fracciones X y XI del presente artículo: (.) II. Existe ventaja: b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que intervengan con él; (.) d) Cuando la víctima se halla inerme o caída y el agente armado o de pie. La ventaja no se tomará en consideración si el que se halla armado o de pie fuere el agredido y además hubiere corrido peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia. (.) Artículo 19. Tentativa punible Existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando, en parte o totalmente, los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no se llega a la consumación. Artículo 75. Punibilidad de la tentativa La punibilidad aplicable a la tentativa, será de entre una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la máxima, previstas para el correspondiente delito doloso consumado que el agente quiso realizar. En la aplicación de las penas o medidas de seguridad a que se refiere este artículo, la autoridad judicial tendrá en cuenta, además de lo previsto en el artículo 67 de este Código, el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito y la magnitud del peligro en que se puso al bien jurídico protegido. Asimismo, consideró que existía la probabilidad de que los peticionarios del amparo en cita hayan participado en la comisión de esos hechos. A la luz de esos preceptos, el Juez responsable se pronunció sobre los elementos planteados en la solicitud y determinó que de los datos que fueron puestos bajo su conocimiento, era posible establecer la existencia de hechos configurativos del referido delito. Así, consideró de la redacción normativa del ilícito en mención y los antecedentes de los que se impuso, que fueron integrados los elementos de tal delito, a saber: Homicidio calificado -en grado de tentativa- Que el sujeto activo exteriorice los actos ejecutivos para privar de la vida a una persona; Mediante ventaja, es decir, cuando el sujeto activo es superior respecto del pasivo por las armas que emplea y éste se encuentre desarmado; Empero, por una causa ajena a la voluntad del activo, no se llega la consumación del ilícito. Lo anterior, toda vez que de los antecedentes que fueron hechos de su conocimiento por el agente del Ministerio Público, se desprendió que, aparentemente, a las quince horas con treinta minutos del dos de agosto de dos mil veintidós, arribaron unos sujetos en un vehículo automotor color negro, al exterior del domicilio ubicado en *******, en esta ciudad; y portando armas de fuego, realizaron todos los actos tendientes para producir la privación de la vida de *******, quien se encontraba inerme y a bordo de un vehículo marca ******* modelo *******, pues le dispararon con armas de fuego contra su humanidad, en múltiples ocasiones; sin que hayan logrado su objetivo de privarlo de la vida, debido a la pronta atención médica que recibió. Enseguida, el Juez responsable destacó los medios de convicción que se listan a continuación, mediante los cuales la representación social sustentó su solicitud de la aludida orden de captura: Informe policial homologado de dos de agosto de dos mil veintidós, elaborado por el licenciado *******, adscrito a la Agencia Estatal de Investigaciones, en el que asentó que a las quince horas con treinta minutos del dos de agosto de dos mil veintidós, le fue informado mediante radio operador que se reportó una persona lesionada por arma de fuego, en el cruce de las calles *******, en esta ciudad; además, que al arribar al lugar, éste ya se encontraba resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, quienes informaron que el lesionado, de nombre ******* ya había sido trasladado al *******, en esta ciudad. Parte informativo de tres de agosto de dos mil veintidós, elaborado por el licenciado *******, Agente Investigador adscrito a la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, mediante el cual instó que se llevara a cabo una individualización y recopilación fotográfica para realizar reconocimientos mediante imágenes; en las que aparecieran fotografías de los quejosos referidos en este considerando, junto con tres imágenes adicionales, respecto a cada uno, de personas con características físicas similares. La declaración emitida el tres de agosto de dos mil veintidós, por *******, testigo presencial del evento delictivo en cita, ante agente del Ministerio Público, mediante la cual relató que a las quince horas con treinta minutos del día anterior, al exterior de su domicilio ubicado en *******, en esta ciudad; llegó su hijo *******, a quien iba a acompañar a comprar gas; enseguida, dijo que se subió al asiento del piloto del vehículo marca ******* modelo ******* y ******* al del copiloto, automotor que se encontraba frente al inmueble de referencia, pegado a la banqueta; cuando de un automóvil color negro, del que no recuerda la marca -que se estacionó justo al lado del vehículo que tripulaban ella y la víctima- descendieron varios sujetos armados, entre quienes reconoció a ******* y a *******-quienes dice, eran amigos de su hijo desde la infancia- y empezaron a disparar contra la humanidad de *******; que primero disparó ******* y después *******, con armas cortas, en toda la humanidad de su hijo; que después ******* iba hacia ella a dispararle, pero una mujer al interior del vehículo *******, a quien conoce que apodan "*******" gritó "a la señora no". Dijo, además, que sabe que los aquí quejosos vendían droga en la colonia donde reside y que solían encontrarse armados; así como que, su hijo ******* y *******, habían tenido una pelea antes de que los amigos de su hijo (los aquí quejosos y otros) se involucraran en la venta de droga. Reconocimiento mediante fotografías, de los sospechosos, por parte de la testigo presencial, *******; quien señaló como los supuestos atacantes de su hijo, entre cuatro fotografías, de cada uno de los sospechosos junto con imágenes de personas con características físicas similares, entre otros, a los aquí quejosos ******* y a *******. La declaración de ******* de tres de agosto de dos mil veintidós, ante la representación social, en la que, esencialmente relató que el dos de agosto de dos mil veintidós, aproximadamente a las tres de la tarde, acudió a su domicilio su hijo *******, quien iría con su esposa en el vehículo marca ******* modelo *******, a comprar gas; cuando se empezaron a escuchar balazos, que salió corriendo y vio que le habían disparado a ******* al estar en el asiento del copiloto; que su esposa se subió en la parte de atrás de la camioneta y él manejó hasta el ******* o ******* ya en el lugar lo estabilizaron y de ahí lo trasladaron al *******, porque su hijo es empleado municipal. Informe médico de ocho de agosto de dos mil veintidós, elaborado por el perito médico legista adscrito a la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, doctor *******, mediante el cual, en las instalaciones del ******* en esta ciudad, asentó que las lesiones que presentaba ******* fueron las siguientes: postrado en cama, con sedación inducida con medicamentos, vendaje en cráneo, equimosis en ambas regiones oculares, herida de aproximadamente un centímetro de diámetro en región parietal derecha, al parecer se trata de orificio de entrada de proyectil de arma de fuego, así con otra herida de aproximadamente un centímetro de diámetro en región occipital, al parecer se trata de orificio de salida de proyectil de arma de fuego. Una herida en región maxilar derecho, impacto de bala en hombro derecho, vendaje en miembros pélvicos, además de lesiones por proyectil de arma de fuego en ambas piernas. Pericial en balística de seis de agosto de dos mil veintidós, elaborado por la perita en balística forense, licenciada *******, quien -entre otras cosas- asentó que tuvo a la vista para su estudio cuatro casquillos percutidos calibre nueve milímetros *******, recolectados el dos de agosto de dos mil veintidós, por criminalista de campo en el cruce de las calles *******; en el que concluyó que los casquillos percutidos identificados como indicios 1, 2, 3 y 5, corresponden al calibre 9 mm Luger y sí existe suficiente concordancia en cuanto a sus marcas de clase y únicas, determinándose que fueron percutidos por una misma arma de fuego. De lo anterior, el Juez responsable determinó la probabilidad de que los indiciados, aquí accionantes del amparo, hayan cometido los hechos que se les atribuyen; concatenando los medios de prueba ofrecidos por la agente del Ministerio Público y los razonamientos que fueron vertidos, dictó la mencionada orden de aprehensión. Asimismo, expuso las razones especificas respecto a las cuales consideró que se habían cometido el delito de que se trata, e hizo relación de ello respecto de la probabilidad de que los aquí accionantes del amparo ******* y a *******, hubieran participado en su comisión. Para ello, expresó detalladamente las razones por las cuales tomó su determinación; e indicó las siguientes hipótesis normativas aplicables al caso concreto: Tanto las relativas a los elementos del delito de homicidio calificado en grado de tentativa (artículos 123, 124, 127 y 136, fracción II, incisos b) y d), con relación a los diversos 19 y 75, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, ya invocados), momento en el cual, además, citó el contenido de la tesis XIX.2o.4 P, con número de registro 204701, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro "VENTAJA. ELEMENTOS JURIDICOS PARA LA EXISTENCIA DE LA CALIFICATIVA DE". Como las atinentes a la valoración de los datos de prueba: respecto al informe policial homologado y parte informativo, artículos 132 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con relación a los testimonios, con sustento en el numeral 360 de la aludida codificación; por lo que hace al informe médico y la prueba pericial en balística 272, 368 y 369 de dicho código; en lo relativo al reconocimiento de persona por fotografía, los numerales 277 y 279 de tal codificación). Las relativas al mandato de aprehensión (artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ambos ya citados previamente). Así como la necesidad de cautela, de acuerdo a los numerales que se acotarán en el siguiente apartado. Sobre estas bases, a juicio de quien resuelve, se encuentra justificado el segundo de los elementos que la legislación procesal exige para la emisión de la orden de aprehensión, esto es, que el Ministerio Público haya anunciado que obran en la carpeta de investigación datos que establecen que se han cometido esos hechos y que sí exista la probabilidad de que la acusada los haya cometido o participado en su comisión, tal como lo hizo notar el Juez responsable. III. Que exista la necesidad de cautela Finalmente, es necesario establecer que otro de los requisitos para la emisión de la orden de aprehensión, en el caso, lo constituye la necesidad de cautela. En efecto, en términos de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, podrá librarse orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta -y justifique- que existe la necesidad de cautela; y, además, cuando el Juez analice si, efectivamente, tal medida se encuentra evidenciada. De tal suerte que el elemento de la precisión de cautela para la emisión del mandato de captura de que se trata, implica una carga para la representación social, en la medida que debe justificar a) que existe riesgo de que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, de los testigos y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación. Y, sustentada dicha carga, enseguida, concierne al Juez de Control analizar su viabilidad, o no. Ahora bien, en el caso a estudio, al analizar la necesidad de la medida de cautela, el Juez de Control consideró esencialmente, lo siguiente: (.) Sin embargo, la necesidad de cautela no solo se justifica con la pena de prisión que pudiese llegar a imponérseles a los indicados, sino también -como bien lo indica la representación social- en razón a que el mismo legislador consideró que en los casos de delitos de homicidio doloso y de delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos (como el caso en particular), corresponde imponer la medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa, como lo señala los numerales 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación directa con el numeral 19 de nuestra Carta Magna. Por ende, las razones anteriores son suficientes para presumir que la presencia de los indiciados puede verse demorada o puedan pretender evadirse de la acc:ión de la justicia, en caso de que se les cite en su domicilio a que se les formule imputación, pues, incluso, no pasa inadvertido que después de agredir a la víctima huyeron del lugar; por ello, la necesidad de librar una orden de captura en su contra, sin cita previa. Enseguida, se tiene que el numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: 168. Peligro de sustracción del imputado. I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. Con relación al punto en estudio, se estima pertinente invocar en este momento, el contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 20/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2553, del contenido: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo. Conforme a tal criterio la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión -sin mediación de citatorio- no puede tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el Ministerio Público solicita su libramiento, es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, ya que al componer tales figuras jurídicas, formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que lleven al Juzgador a concluir que la única forma de conducir al indiciado al proceso, es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. -No obstante, dicha circunstancia sí puede ponerse de manifiesto, únicamente cuando se sustente, además, en otras razones; no solamente, se insiste, en el hecho de que el delito aparentemente cometido sea de los que ameritan prisión preventiva oficiosa-. Entonces, en su estudio de la necesidad de la medida de cautela, el Juez de Control arribó a que tal elemento también se materializada dado que a) además de la pena elevada dado el ilícito de que se trata, b) porque el mismo, es de los que ameritan pena de prisión preventiva, al haberse perpetuado con medios violentos como armas de fuego, en términos de los artículos 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, c) y, debido a que tras la realización del ilícito, quienes lo efectuaron, se dieron a la fuga. En efecto, se estima colmado también dicho requisito, toda vez que ciertamente, dado que se trata de homicidio calificado, aun en grado de tentativa, implica en probabilidad la aplicación de una pena alta de prisión; asimismo, el delito en cita es uno de los que ameritan prisión preventiva; y, efectivamente, es relevante que tras la realización del mismo, los sujetos activos se hayan dado a la fuga; todo lo cual evidencia peligro en la sustracción de los imputados. Es oportuno precisar que si bien la relación de los delitos en que debe decretarse la prisión preventiva oficiosa que establece el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no refiere expresamente a los delitos que se cometan en grado de tentativa (en razón de que la tentativa no es un ilícito en sí mismo, al que corresponda un específico y particular tipo penal, sino un grado de comisión de un delito), éste es autónomo, cuya consumación no se realiza por causas ajenas a la voluntad del agente, como en la especie. Por lo que debe estimarse, como lo hizo el Juez responsable, que el aludido delito sí es de los que ameritan tal medida; elemento que se añade a los otros dos ya referidos, para sustentar la necesidad de cautela. Así, la consideración plasmada por la autoridad responsable en su mandato de captura se estima correcta, porque las razones que tomó en consideración para justificar la necesidad de cautela, a juicio de quien resuelve, revelan que se satisfacen los elementos que le exige la Ley para determinar una orden de esa naturaleza; de ahí que, en este aspecto, la orden de aprehensión reclamada no lesione los d7erechos de los quejosos. De tal modo que, como se anunció, el único concepto de violación vertido, deviene infundado. En las relacionadas condiciones, desestimado el único concepto de violación expresado, sin que se advierta deficiencia de la queja que deba ser suplida, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido *******, respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* ni a *******, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Información sobre multa Agréguese a los autos para que conste únicamente como antecedente, el oficio enviado por el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", a través del cual requiere más datos de localización para hacer efectiva la multa impuesta a *******, toda vez que el once de los actuales, se ordenó la cancelación de la misma. Reitérese a la oficiante lo anterior, enviándole oficio con transcripción de este auto, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cambio de titular Finalmente, a través del oficio SEADS/698/2022 de veintiséis de octubre del presente año, signado por la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que se acordó la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior se hace del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por la Coordinadora del Área de Amparos y derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, en ausencia del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, mediante el cual informa el cumplimiento al requerimiento de siete de noviembre de dos mil veintidós, que en el domicilio ubicado en *******, de esta ciudad, se puede buscar el emplazamiento de *******, aquí tercero interesado. En consecuencia se ordena su emplazamiento, por lo que, túrnense los presentes autos a la actuaria de este juzgado a efecto de que por conducto del personal autorizado cumpla la diligencia ordenada; para lo cual la actuaria deberá correr traslado con copia simple de la demanda, entregarle copia simple del auto de admisión, para los efectos ahí descritos y hacerle saber la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, a efecto de que comparezca a este asunto, si a sus intereses conviene. Finalmente, dado que la oficiante acata el requerimiento que le fue formulado, se ordena dejar sin efectos la multa que se hizo efectiva en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós; por lo que, gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación en Chihuahua "2", con sede en esta ciudad, a efecto de que cancele la realización de gestiones para materializarla en perjuicio de *******. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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