Hilario Antonio Hernández
Expediente 218/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 218/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Hilario Antonio Hernández
Actuaciones
- Principal
(1) Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de trece de febrero de dos mil veintitrés (fojas 16 a 29), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 21, inciso d), del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
(1) I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ..., por derecho propio, contra actos de la Asamblea General de la Localidad de Palma Sola, San Felipe Orizatlán, Hidalgo, y otra(s) autoridad(es). II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número .... III. Pronunciamiento en relación a la calidad de urgente de la demanda de amparo. En primer lugar, cabe señalar que el quejoso promueve como urgente la presente demanda por los actos consistentes en: Omisión en la investigación del delito o los delitos que resulten por parte del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y litigación Mixta II. Aceptar en su reglamento interno que se hiciera justicia por propia mano de acciones que nunca realice, por parte de la Asamblea General de la Localidad de Palma Sola, San Felipe Orizatlán, Hidalgo siendo esta el órgano supremo de la comunidad de Palma Sola. Ejecutar el Comisariado de mi comunidad la decisión que realizó la Asamblea General al hacer justicia por propia mano y en consecuencia desterrarme de mi comunidad. Omisión por parte del Director de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Felipe Orizatlán, al no acudir al llamado en retiradas ocasiones para otorgarme la medida de protección que consistía en apoyo inmediato de las corporaciones policiacas al sentirme amenazado. Omisión de la presidenta Municipal de San Felipe Orizatlán, Hidalgo. al no darme la atención debida, pues en nuestra ley suprema se establece que ella es quien estará al mando de los cuerpos policiales del municipio. Omisión por parte del delegado de la comunidad de Palma Sola, San Felipe Orizatlán, Hidalgo al no realizar las labores de vigilancia y al no trabajar en conjunto con el municipio de San Felipe Orizatlán al contrario de ello apoyar a todas las autoridades antes mencionadas para la vulneración de mis derechos humanos al desterrarme de mi comunidad. La afectación a la salud que compromete gravemente la dignidad e integridad personal del quejoso, al grado de equiparse a un tormento y poner en peligro su vida por parte de todas las autoridades antes mencionadas al permitir se vulneren mis garantías constitucionales teniendo como consecuencia afectación a mi salud. Sin embargo, tales actos no encuadran en alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, pues no se trata de penas de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o alguna pena inusitada y trascendental; de igual manera, tampoco encuadran en los supuestos del numeral 15 de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Se destaca que, en cuanto al destierro que refiere la parte quejosa, se advierte que no constituye tal, sino un acto de desposesión de las propiedades que refiere, como consecuencia de la determinación tomada por la asamblea de ejidatario como órgano supremo del ejido o comunidad a la cual pertenecía, para separarlo del mismo. Asimismo, no pasa inadvertido que el quejoso también hace referencia a actos prohibidos del artículo 22 de la Constitución, y 15 de la Ley de Amparo, tales como el tormento que ponga en peligro la vida. Sin embargo, la naturaleza urgente de la demanda de amparo, no depende del sólo señalamiento de los actos reclamados, así como porque el quejoso así lo considere, sino que del contenido integral de la demanda de amparo, debe advertirse realmente que se está en presencia de alguno de los actos urgentes previstos en los ordinales 15 y 22 antes citados, que amerite su trámite inmediato; lo que no acontece en la especie, porque el impetrante no refiere estar siendo objeto de alguno de los actos prohibidos contenidos en los numerales citados, incluso, los hechos que dan origen a la presenta ocurrieron desde agosto de dos mil diecinueve, esto es, hace más de tres años. En tal virtud, se descarta el trámite correspondiente a una demanda urgente. IV. Decisión sobre la acción de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte tres motivos de improcedencia que reúnen las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiestos e indudables. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: - - - I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; - - - II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; - - - III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; - - - IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con la anterior transcripción, el juicio de amparo es improcedente si la demanda no se presenta en forma oportuna en relación con el plazo genérico de quince días. En efecto, el término general para la promoción del juicio de amparo es de quince días; asimismo, el inicio del cómputo de dicho término depende básicamente, según el segundo de los numerales transcritos, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados, o de su ejecución. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar que los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, es decir, no pueden coexistir simultáneamente dos o más formas de imponerse de un solo hecho o acto para computar el plazo correspondiente; verbigracia, si la parte impetrante tiene conocimiento de un acto por cualquier medio externo, o simplemente se ostenta pleno sabedor de éste con antelación a que se le efectúe la notificación correspondiente en un procedimiento y con posterioridad éste le es notificado formalmente, ambos medios de imposición no pueden surtir efectos a la par para computar el término para la promoción del amparo, sino que el primero de ellos subsiste sobre el segundo, por haber sido la primera hipótesis en que se actualizó el conocimiento del acto. Sustenta lo anterior, el precedente que enseguida se cita: "Época: Séptima Época Registro: 239520 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 217-228, Cuarta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 105 DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado." Asimismo, tiene aplicación al caso, mutatis mutandis, la tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2016652 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 53, Abril de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 8/2018 (10a.) Página: 10 DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador." En esa guisa, lo mismo ocurre cuando el quejoso, siendo parte en un procedimiento judicial o administrativo, le es hecha la notificación de un acto conforme a la legislación correspondiente y, con posterioridad a ésta, tiene conocimiento del hecho por cualquier otro medio, pues de ninguna manera puede ser considerada para la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo la segunda fecha de conocimiento, ya que bastaría con que el quejoso se apersonara al asunto en la temporalidad que le convenga a imponerse de autos y aducir que en esa data tuvo conocimiento, para después promover el amparo dentro de los quince días siguientes, lo que equivaldría en dejar al total arbitrio del justiciable la temporalidad para la promoción del amparo. Excepción a lo anterior, cuando habiéndose efectuado una notificación al impetrante siendo parte en el procedimiento, este se entera con posterioridad del acto afecto y -a través del medio idóneo- impugna la notificación correspondiente, pues en ese caso deberá atenderse a la resolución del medio hecho valer, es decir, si el incidente o recurso resulta fundado, se deberá tomar en cuenta para computar el plazo para la presentación del amparo la fecha de la nueva notificación que en su caso se efectúe, en caso contrario, subsistirá la data de la primera notificación. Apoya lo anterior, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, las jurisprudencias de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." "Época: Décima Época Registro: 2014430 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 54/2017 (10a.) Página: 835 AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA NUEVA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO PRACTICADA CUANDO RESULTE FUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. Del artículo 18 de la Ley de Amparo se advierte que el plazo para presentar la demanda deberá computarse a partir: 1) del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; o 2) a aquel en que haya tenido conocimiento; o 3) se ostente sabedor del acto o de su ejecución. Ahora bien, cuando se verifica la primera de las hipótesis referidas, esto es, cuando el quejoso tiene conocimiento del laudo reclamado, por primera vez, con motivo de la notificación practicada conforme a las reglas que prevé la Ley Federal del Trabajo, el Tribunal Colegiado de Circuito está obligado a tomar en consideración esa actuación para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda y, en caso de ser impugnada mediante el incidente de nulidad de actuaciones, esperar al resultado de dicha incidencia, pues será hasta que se determine cuál notificación es válida, esto es, si la primera o la nueva que se emita en caso de declararse fundado, la que deberá considerarse para determinar si la demanda es oportuna, por ser la notificación la primera hipótesis que se actualizó en el conocimiento del acto. Por tanto, en aquellos casos en los que, con posterioridad a esa primera notificación, el quejoso tiene conocimiento del laudo por cualquier medio, esa fecha de conocimiento no puede ser tomada en consideración para establecer si la presentación de la demanda es oportuna, pues bastaría que el quejoso se acercara ante la autoridad responsable para tener conocimiento del acto, y enseguida presentara la demanda de amparo dentro del plazo de quince días, obviando la notificación del laudo, lo que es inadmisible, ya que ésta, al ser la primera hipótesis en que se verificó el conocimiento del acto, es la que debe prevalecer." Ahora, en la especie, de los actos reclamados la parte quejosa derivados de la separación en su calidad de ejidatario por parte de la Asamblea General de la localidad de Palma Sola, San Felipe Orizatlán, Hidalgo, su ejecución y demás consecuencias detalladas en el rubro relativo del escrito que se provee, lo que fueron precisados en párrafos anteriores, acorde a sus propias manifestaciones del quejoso y de las constancias que exhibe, se advierte que tuvo conocimiento de ellos, el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Ello porque de las manifestaciones señala expresamente que en fecha cinco de agosto fue desalojado de su comunidad en la localidad de Palma Sola, San Felipe Orizatlán, Hidalgo, incluso, ante el ministerio público, expresó que fue llamado a la asamblea celebrada el treinta y uno de dos mil diecinueve, y le hicieron del conocimiento la determinación tomada por los miembros de esa Asamblea General, esto es, que como no pagó la multa, tenía de plazo hasta el tres de agosto siguiente para abandonar el ejido, de lo contrario el cinco de ese mismo mes y año, entrarían a su domicilio a desalojarlo; confesión que hace prueba plenamente contra la impetrante de amparo en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte, en lo sustancial, que tiene pleno conocimiento de la existencia del acto, por lo menos desde la presentación de la demanda de amparo indirecto. Por lo que, conforme a los numerales citados, el plazo para promover el presente juicio de amparo comenzó a correr al día hábil siguiente al que tuvo conocimiento del acto reclamado, de ahí que el término para la presentación del líbelo de garantías inició el seis al veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, previo descuento de días inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la ley de la materia establece el término genérico de quince días para la promoción del juicio constitucional, es evidente que, el plazo para la presentación de la demanda en relación el acto reprochado por la parte quejosa feneció antes de la fecha de presentación de la demanda constitucional, esto es, el doce de enero de dos mil veintitrés (foja 1). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, por encontrarse actualizada la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, de la citada legislación reglamentaria. Sustenta lo anterior, por no contravenir a la Ley de Amparo vigente, sustenta lo expuesto, el criterio de jurisprudencia, cuyos datos de publicación, rubro y texto son: "Novena Época Registro: 194725 Jurisprudencia Tomo IX, Enero de 1999 Materia(s): Común Tesis: XVII.2o. J/11 Página: 648 DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Máxime que la causa de improcedencia advertida no es susceptible de superarse con el material probatorio que se llegue a aportar al juicio, dado que su demostración se acredita con los propios actos reclamados y con los términos de su demanda, lo anterior con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En la inteligencia de que la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia advertido en el presente asunto, se tienen por acreditado con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, expresadas en la demanda de amparo, las cuales constituyen una confesión que para este Juzgador es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a ello, no se soslaya que respecto de los actos omisivos que reclama por parte del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación Mixta II de Huejutla de Reyes, Hidalgo, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.". En efecto, el precepto invocado regula una de las infracciones a la inobservancia del principio de definitividad que se reconoce respecto de actos materialmente administrativos en la fracción IV del artículo 107 Constitucional, en la medida en que prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún medio de defensa legal. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo dicho juicio, recurso o medio ordinario de defensa, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo resultará improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos públicos fundamentales de los gobernados, de lo cual se deriva que, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente reconocidos. - Caso concreto: En el caso que nos ocupa, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados esencialmente se hacen consistir en: a) la inactividad (omisión) de realizar actos de investigación en la carpeta de investigación ...radicada con motivo de la querella y/o denuncia formulada por el quejoso directo ..., por los hechos posiblemente constitutivos del delito ...; en consecuencia, b) la inactividad (omisión) de las responsables señaladas del municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo de colaborar y dar seguimiento a las medidas de protección impuestas en la carpeta de investigación señalada. De lo anterior, es evidente que el juicio de amparo ante este Órgano de Control Constitucional, no es la vía a través del cual se puedan reclamar las omisiones y actuación combatidas, ya que previo a acudir a solicitar el amparo de la Justicia Federal, debió promover el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.". Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 27/2018 que por contradicción de tesis aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Décima Época, de epígrafe y contenido siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Así como en la diversa jurisprudencia 28/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro, texto y datos de localización siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I. Numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y tesis precitadas, de las que se desprende que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las decisiones u omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a efecto de determinar si las mismas son legales, y en caso de no ser así, conminarlo a que subsane dichas omisiones, o tratándose de determinaciones, proceda a dejarlas sin efectos y ordene la continuación de la investigación y la práctica de todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntivamente delictivos. De ahí que, al existir un medio de impugnación a través del cual se puede ventilar lo relacionado con los actos reclamados en el presente asunto, es inconcuso que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, pues debió agotar el precitado medio de defensa antes de acudir a la presente instancia constitucional, y al no haberlo hecho así, el amparo promovido en contra de tales omisiones y actuación, resulta improcedente por no haberse observado el principio de definitividad mencionado. Lo anterior, ya que si bien, el juicio de amparo resulta un medio extraordinario de defensa, no menos cierto resulta, que el principio de definitividad que rige su procedencia, obliga a la parte quejosa a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Por tanto, se concluye, el juicio de amparo ante este Órgano de Control Constitucional, no es la vía a través de la cual se pueden reclamar las omisiones y la determinación, emanadas de la carpeta de investigación de origen, incoada por la parte aquí quejoso ante la representación social responsable, ya que previo a acudir a solicitar el amparo de la Justicia Federal en contra de dichos actos, la parte quejosa debió promover el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esas condiciones, al quedar debidamente acreditada la causa de improcedencia invocada, procede desechar de plano la demanda de amparo intentada, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento cabe mencionar que de admitirse a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, pues al dictarse la sentencia correspondiente irremediablemente se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento con expeditez, del resultado de la promoción de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente al medio ordinario de defensa citado con antelación, a deducir sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil seiscientos treinta y uno, del tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En el entendido de que la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia advertido en el presente asunto, se tienen por acreditado con la propia naturaleza de los actos reclamados y las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del promovente, expresadas en la demanda de amparo, las cuales constituyen una confesión que para este Juzgador es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa invoque como sustento para la procedencia de su demanda, las tesis de rubros: "OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. EL JUEZ DE AMPARO, REAFIRMANDO EL CARÁCTER DE RECURSO JUDICIAL EFECTIVO DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, ESTÁ FACULTADO PARA CONSTATAR SI CON AQUÉLLAS SE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS DEL QUEJOSO Y, EN SU CASO, A FIN DE CONTRIBUIR A SU CESE, ORDENAR A LA AUTORIDAD MINISTERIAL LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS DILIGENCIAS, SIN PERJUICIO DE LAS DIVERSAS ACTUACIONES QUE, A JUICIO DE ÉSTA, DEBAN LLEVARSE A CABO"; y, "OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.". Toda vez que, aunado a que dichos criterios son aislados, por lo que respecta al primero, nada aporta tocante a la causa de improcedencia que hace improcedente la demanda de amparo que nos ocupa y por lo que respecta al segundo, el mismo se encuentra superado con motivo de la contradicción de tesis 233/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las tesis jurisprudenciales 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.) de títulos y subtítulos: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.", y "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO.", respectivamente, que ya fueron objeto de análisis en párrafos que anteceden e incluso sirvieron de sustento para el desechamiento de la demanda que nos ocupa. Asimismo, no representa obstáculo a lo anterior el diverso criterio del Pleno de la Corte de rubro "ACCIÓN PENAL. LA GARANTÍA QUE TUTELA EL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA, NO SE ENCUENTRA SUJETA A QUE SE ESTABLEZCA EN LEY LA VÍA JURISDICCIONAL DE IMPUGNACIÓN ORDINARIA, POR LO QUE MIENTRAS ÉSTA NO SE EXPIDA, EL JUICIO DE AMPARO ES PROCEDENTE EN FORMA INMEDIATA PARA RECLAMAR TALES RESOLUCIONES.", pues lejos de aportar elementos para la procedencia de la demanda planteada, establece que en relación a la interpretación a la reforma al artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución, que entró en vigor el 1° de enero de 1995, la ausencia de ordenamientos legales que precisen la vía jurisdiccional ordinaria para impugnar por la vía de legalidad las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, no impide que tales determinaciones puedan ser reclamadas de modo inmediato y en tanto se expidan las leyes ordinarias, a través del juicio de amparo indirecto, lo cual no es contrario a los criterios de jurisprudencia invocados en el párrafo inmediato anterior, pues en el caso, dicha reglamentación ordinaria ya se encuentra vigente -Código Nacional de Procedimientos Penales-, por lo cual, al establecer dicha codificación un medio de impugnación eficaz en contra de los actos que aquí se pretenden combatir, el aquí quejoso sí se encuentra obligado a agotar dicho recurso, previo a acudir a la presente instancia constitucional. Finalmente, se precisa que la resolución adoptada por este Juzgado Federal (desechamiento de la demanda, en los términos antes precisados), no vulnera el acceso a la justicia de la parte quejosa ni resulta contraria a los tratados internacionales de derechos humanos y su interpretación jurisprudencial; ya que, como ha sostenido la Primera Sala del Máximo Tribunal, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo no constituye una violación en sí misma del derecho de tutela judicial, sino que responde a razones de seguridad jurídica para la correcta administración de justicia. Concerniente al tema se cita la tesis III.2o.C.4 K (10a.) de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo previsto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no es incompatible con el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, previsto tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal como en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno), no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención, por el solo hecho de regular que, previo a promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios que dispone la ley, al contrario, la causa de improcedencia en cita, es objetiva y razonable, dado que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le cause perjuicio, por lo que no le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, sino que le permite al gobernado que antes de acudir al juicio de amparo, su impugnación sea analizada y, en su caso, resuelta por la propia autoridad responsable, pues a través de tal medio de impugnación puede modificarse, revocarse o nulificarse la resolución recurrida lo que, incluso, puede conducir a que no se promueva el juicio de amparo pues, mediante la interposición de los recursos ordinarios, se está en la posibilidad de lograr la reparación de los derechos que pudieron haberse violado. Además de que, si el recurrente pudiera acudir directamente ante el tribunal constitucional, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, al generar un retardo generalizado en la administración de justicia; por ende, la mencionada causa de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia." V. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: .... a. Domicilio. Por otro lado, en virtud de que la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados en este Juzgado de Distrito, y como tal figura no está prevista en la ley de la materia, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Orienta esta determinación la tesis XXII.1º.22K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, visible a página 1067, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." b. En todo caso, el número de teléfono celular y/o dirección de correo electrónico proporcionados se utilizarán para establecer comunicación no procesal con las partes cuando exista necesidad al respecto, conforme al artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. c. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, en los restringidos de dicho numeral a ..., por así solicitarse expresamente. d. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. VI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VII. Exhortación a que hace alusión el artículo 263, fracción II del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. VIII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. IX. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.
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