Hilario Álvarez Vargas y Otros.
Expediente 620/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Hilario Álvarez Vargas y Otros.
- Hilario Álvarez Vargas
Actuaciones
- Principal
MESA X. Agréguese a los autos, el oficio suscrito por el Director de la Defensoría Pública del Gobierno de la Ciudad de México; en atención al mismo, envíese el escrito de demanda que solicita.********************
- Principal
MESA III. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de que establece el artículo 98 de la ley de la materia, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86, de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. En tales condiciones, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno.
- Principal
Mesa III. Ciudad de México, trece de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como representante de *** y ***, contra actos del Agente de Ministerio encargado de la Fiscalía de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero, GAM 6, Unidad Investigación número 1, Sin Detenido, y otra autoridad, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 620/2021-III-A. DESECHAMIENTO En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México está obligado a analizar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo y, de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, desechar de plano la demanda. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cabe precisar que la causa manifiesta, se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda o de las constancias que obren en autos. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. Ahora bien, analizada que ha sido la demanda de amparo, este órgano de control constitucional advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desecharla de plano de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, de la novena época, tomo X, septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicada en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. En el caso que nos ocupa, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por las consideraciones que a continuación se exponen. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, contempla: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Por su parte, el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". De igual manera, el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reza: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De los numerales transcritos es de destacarse que el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Que de igual manera, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control el archivo temporal, abstenerse de investigar y/o pronunciarse, respecto si ejerce o no la acción, suspensión de la investigación y no ejercicio de la acción penal. En efecto, a fin de evidenciar la causa de improcedencia invocada, conviene precisar que el Código Nacional de Procedimientos Penales, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, en razón de que fue intención del legislador, qué dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad. En esas condiciones, se considera que la parte quejosa debió impugnar los actos reclamados de que se duele ante la autoridad judicial correspondiente, en el caso, ante el Juez de Control, pues consisten en: "La omisión en acordar la solicitud de judicialización de la Carpeta de Investigación Numero ***." Así entonces, sería la resolución del Juez de Control que decida sobre la pasividad u omisión atribuida a la autoridad responsable, la que en su caso podría combatirse a través del juicio de amparo indirecto. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Empero, de conformidad con la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que contiene el principio de definitividad, relacionado con el diverso numeral 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, permite establecer que las omisiones y resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento atribuidas a los Agentes del Ministerio Público, son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial. La prerrogativa que constitucionalmente se otorga al pasivo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley, ello se advierte de la exposición de motivos, que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado, en que, entre otras cosas se dijo: "El Apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras. En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad [.]. Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley [.]. [.] Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el Ministerio Público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses [.] Además de lo anteriormente indicado, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución". Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no sólo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos y pronunciarse si ejerce o no la acción; lo que igualmente se encuentra tutelado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso. De tal manera que en el caso particular, por combatirse las omisiones antes citadas, se debió agotar el recurso que la propia Constitución Federal consigna a favor de la quejosa, en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a la promoción de la presente instancia constitucional. En esa misma tesitura, el artículo 16, párrafo cuarto, Constitucional, prevé que tratándose de impugnaciones interpuestas por la víctima u ofendido del delito, respecto a omisiones del Ministerio Público en su función de órgano investigador, y referente a solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación, como en el caso en concreto, el juez de control tiene la obligación de resolver de forma inmediata, e incluso se autoriza cualquier medio para hacerlo, pues en este tipo de diligencias que requieren control judicial, se requiere que se actúe de forma acelerada y ágil. En mérito de lo expuesto y fundado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que atento a lo dispuesto en el precepto 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por ***, a favor de *** y ***. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1ª./J.27/2018 (10ª) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, que establece: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. En los mismos términos, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 943, Libro 57, agosto 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial dela Federación, cuyo y rubro texto son: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. En mérito de lo expuesto, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que, atento a lo dispuesto en el precepto 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN. En términos del numeral 5°, fracción IV, de la misma normatividad, se ordenar notificar el presente proveído y correr traslado con copia autorizada del escrito de demanda, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional. Ahora bien, con fundamento en artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; así como, en el artículo 1, fracción I, párrafo tercero, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; así como, a las especificaciones previstas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el referido virus; se le autoriza para consultar y promover el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto a través del usuario "sandra.colin", exhortándosele para que continúe la tramitación del expediente a través del juicio en línea. AUTORIZACIÓN DE ACCESO AL EXPEDIENTE POR EL SISTEMA ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; se autoriza a la parte quejosa para consultar y promover en el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto con el nombre de usuario que proporciona en el escrito de demanda. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA Como lo solicita el promovente practíquense las notificaciones personales de este asunto a través del sistema electrónico con el usuario ***; asimismo, se autoriza el acceso al expediente electrónico a través del citado usuario. Por lo que respecta a los números telefónicos y el correo electrónico que proporciona, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en el diverso artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se autoriza a la Secretaria y Actuarios de la adscripción para firmar los oficios de este juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
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