Hilaria Santiago Velasco
Expediente 845/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 29/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Hilaria Santiago Velasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el ocho de diciembre de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó a la parte quejosa tanto la suspensión provisional como la definitiva, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina su valoración, por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incide de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 845/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Hilaria Santiago Velasco, por derecho propio, mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Síndico Procurador del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca y al Comisario de Bienes Comunales del mismo Municipio; que estima violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Federal. SEGUNDO. Radicación de la demanda. En proveído de diecisiete de julio de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, radicó la demanda con el número de juicio de amparo 845/2022, la desechó respecto del Comisariado de Bienes Comunales del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y la admitió por la diversa autoridad responsable, a quien solicitó su informe justificado, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo el seis de diciembre del año en curso; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda. En ese sentido, se advierte que la parte quejosa reclama del Síndico Procurador del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca: La orden de desalojo o lanzamiento del inmueble ubicado en el paraje denominado Yatañucuu, de la Agencia de Iturbide, Centro, Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca; y su cumplimiento. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Síndico Procurador del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, no rindió informe justificado no obstante haber sido notificada de su solicitud, el dos de agosto de dos mil veintidós, como se advierte del acuse de recibo glosado a foja ciento seis; por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. CUARTO. Causas de Improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, este Juzgado Federal considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley;" En efecto, la quejosa Hilaria Santiago Velasco, se ostenta poseedora del inmueble ubicado en paraje denominado Yatañucuu, de la Agencia de Iturbide, Centro, Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca. Refiere en su demanda de amparo que desde mayo de dos mil doce, vivió en concubinato con Gabriel Hernández Ruiz, habitando el inmueble de referencia, siendo propiedad de él derivado de la donación realizada a su favor por parte de Sabina Ricarda Ruiz, el diez de mayo de dos mil veintiuno, donde habita la quejosa hasta la fecha. Aduce la quejosa que el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, hizo del conocimiento de la Sindicatura del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, el abandono del domicilio por parte de su concubino, lo que se plasmó en acta por abandono de hogar. Derivado del citatorio que se le hizo, la quejosa refiere que compareció el doce de julio de dos mil veintidós, a la Sindicatura del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, estando presente también el Comisariado de Bienes Comunales de esa población, quienes le exigieron la desocupación en el plazo de dos días del citado predio, sin que se le expresaran los motivos o circunstancias para sostener esa orden; y que de no hacerlo se procedería al lanzamiento; ello, sin que le entregaran alguna orden por escrito. Para acreditar su posesión exhibe: Recibo de pago semanal por servicios domésticos, numero consecutivo veinticinco, de fecha ocho de julio de dos mil veintidós, por la cantidad de mil pesos, firmado por el presbítero Enrique Rodríguez J. Recibo de pago de luz eléctrica, a nombre de Gabriel Hernández Ruiz, con domicilio en entrada a la comunidad s/n, C.P. 0, Iturbide Chalcatongo C.P. 71100, Iturbide, Oaxaca. Copia simple de la credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de Hilaria Santiago Velasco, con domicilio en Loc Iturbide s/n, Loc Iturbide 71105, Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca. Oficio 93/2021, de dos de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Alcalde Constitucional de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, en el que se hace constar que Gabriel Hernández Ruiz e Hilaria Santiago Velasco, convivieron en concubinato desde hace nueve años y tienen su domicilio en la comunidad de Iturbide, Municipio de Chalcatongo de Hidalgo. Oficio número 15, de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por los integrantes del Cabildo de Policía Rural de la comunidad de Iturbide Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, en el que se hace constar que Hilaria Santiago Velasco reside en esa comunidad de Iturbide, Chalcatongo, desde aproximadamente nueve años, con domicilio actual en la localidad de Iturbide s/n, código postal 71105, Chalcatongo, Oaxaca. Copia fotostática a color del acta de abandono de hogar, de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, signada por la Síndico Municipal de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, en la que se manifestó por parte de Hilaria Santiago Velasco, que su pareja Gabriel Hernández Ruiz con quien vivió en unión libre, el veinte de julio de dos mil veintiuno, abandonó la casa que habitaban juntos. Acta de donación de diez de mayo de dos mil veintiuno, firmada por el Alcalde Primero y Secretario, ambos del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, dos testigos, Sabina Ricarda Ruiz, como cedente de derechos, y Gabriel Hernández Ruiz, beneficiario, en la que se hace constar la declaración de Sabina Ricarda Ruiz en donarle una fracción de terreno a Gabriel Hernández Ruiz, y por ese motivo solicita a esa Alcaldía el deslinde del predio de su propiedad ubicado en el paraje denominado Yatañucuu, jurisdicción de la Agencia de Iturbide, Centro, Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, para que sea el único dueño y actual poseedor de sus intereses, procediendo en consecuencia a su deslinde. Citatorio de once de julio de dos mil veintidós, signado por el Síndico Municipal de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, dirigido a Hilaria Santiago Velasco, para que asista a las oficinas de esa sindicatura, a las dieciséis horas del doce de julio de dos mil veintidós. Escrito firmado por Hilaria Santiago Velasco, dirigido al Comisariado de Bienes Comunales de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, y recibido el trece de julio de dos mil veintidós, en el que solicita se le informe el motivo, razón o circunstancia de la orden verbal o escrita por autoridad competente por medio de la cual se le exige que desaloje en el término de dos días el inmueble donde actualmente habita ubicado en la comunidad de Iturbide, Chalcatongo, Oaxaca. Escrito firmado por Hilaria Santiago Velasco, dirigido al Síndico Municipal de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, y recibido el trece de julio de dos mil veintidós, en el que solicita se le informe el motivo, razón o circunstancia de la orden verbal o escrita por autoridad competente por medio de la cual se le exige que desaloje en el término de dos días el inmueble donde actualmente habita ubicado en la comunidad de Iturbide, Chalcatongo, Oaxaca. Con las documentales precisadas, consistentes: en copia simple de la credencial de elector a nombre de Hilaria Santiago Velasco; el oficio 93/2021, de dos de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Alcalde Constitucional de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca; oficio número 15, de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por los integrantes del Cabildo de Policía Rural de la comunidad de Iturbide Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca; analizadas en su conjunto, evidencian que Hilaria Santiago Velasco habita en la localidad Iturbide s/n, localidad Iturbide 71105, en Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca. De las documentales de referencia, consistentes en: oficio 93/2021, de dos de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Alcalde Constitucional de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, en el que se hace constar que Gabriel Hernández Ruiz e Hilaria Santiago Velasco, convivieron en concubinato desde hace nueve años y tienen su domicilio en la comunidad de Iturbide, Municipio de Chalcatongo de Hidalgo; recibo de pago de luz eléctrica, a nombre de Gabriel Hernández Ruiz, con domicilio en entrada a la comunidad s/n, C.P. 0, Iturbide Chalcatongo C.P. 71100, Iturbide, Oaxaca; y acta de abandono de hogar, de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, signada por la Síndico Municipal de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, en la que se manifestó por parte de Hilaria Santiago Velasco, que su pareja Gabriel Hernández Ruiz con quien vivió en unión libre, el veinte de julio de dos mil veintiuno, abandonó la casa que habitaban juntos; se evidencia que Gabriel Hernández Ruiz e Hilaria Santiago Velasco, habitaron el domicilio en entrada a la comunidad s/n, C.P. 0, Iturbide Chalcatongo C.P. 71100, Iturbide, Oaxaca, en el que actualmente vive la quejosa. Sin que con tales documentales, se acredite el derecho posesorio de la quejosa sobre el inmueble ubicado en entrada a la comunidad s/n, C.P. 0, Iturbide Chalcatongo C.P. 71100, Iturbide, Oaxaca. Ya que ninguno de esas documentales, y aun valoradas en su conjunto, no son aptas para demostrar el derecho de posesión sobre el terreno comunal que refiere la quejosa, al no constituir un justo título que sirva como base objetiva en la que se sustente ese derecho que dice la quejoso le fue vulnerado. El acta de donación de diez de mayo de dos mil veintiuno, firmada por el Alcalde Primero y Secretario, ambos del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, dos testigos, Sabina Ricarda Ruiz, como cedente de derechos, y Gabriel Hernández Ruiz, beneficiario, en la que se hace constar la declaración de Sabina Ricarda Ruiz en donarle una fracción de terreno a Gabriel Hernández Ruiz, y por ese motivo solicita a esa Alcaldía el deslinde del predio de su propiedad ubicado en el paraje denominado Yatañucuu, jurisdicción de la Agencia de Iturbide, Centro, Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, para que sea el único dueño y actual poseedor de sus intereses, procediendo en consecuencia a su deslinde. No tiene eficacia para demostrar lo que ahí se hace constar, al ser esa cuestión de traslado de posesión, ajena a sus funciones como Alcalde del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca. En efecto, en la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, se establece en el artículo 111, que la justicia en los Municipios del Estado se impartirá a través de los alcaldes o jueces municipales, y sus atribuciones legales se encuentran numeradas en el artículo 112 de la misma ley, que son: I.- Conocer de los asuntos de jurisdicción voluntaria y de aquellos no contenciosos de su competencia que soliciten las partes con excepción de las informaciones de dominio y ad-perpetuam; II.- Auxiliar a los tribunales y jueces del Estado; por ende, desempeñar las funciones que unos y otros les encomienden, lo mismo en materia civil que en materia penal y para tal cometido, los alcaldes se ajustarán al mandamiento respectivo; y III.- Conocer como instancia conciliatoria: De los asuntos civiles y mercantiles cuyo monto no exceda del importe de cincuenta salarios mínimos generales, vigente en la Zona Centro del Estado de Oaxaca, en el momento de la presentación de la reclamación. Como se ve, dentro de sus facultades no se encuentra la de hacer constar los actos de traslado de domicilio o de traslado de posesión de inmuebles. Por tanto, la constancia referida no constituye un justo título que sirva como base objetiva en la que se sustente el derecho que dice la quejosa tener, debido a que no fue emitida por autoridad competente para regular derechos de tenencia de tierras. En efecto, un acto materialmente administrativo debe ser emitido por autoridad competente, lo cual no es sino un reflejo del principio de legalidad, conforme al cual las autoridades solo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendimiento de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general; principio de legalidad en el cual la doctrina reconoce una garantía primigenia del derecho a la seguridad jurídica. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia VI. 2o. J/259, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en página 54, número 65, mayo 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 216268, de rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. LA CONSTANCIA QUE EXPIDE UN PRESIDENTE MUNICIPAL, NO TIENE EFICACIA PARA ACREDITAR LA. La certificación de un presidente municipal en la que se hace constar que una persona se encuentra en posesión de determinado predio, no tiene eficacia para demostrar lo que ahí se hace constar, por ser ésta una cuestión del todo ajena a sus funciones, y para utilizar su dicho en lo que no se refiere a dichas funciones, es preciso promover la prueba testimonial con arreglo a derecho". Es aplicable también, la tesis II.1o.C.T.209 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en página 455, Febrero 1995, Tomo XV-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 208643, de rubro y texto siguientes: "PLENARIO DE POSESIÓN, JUICIO. INCOMPETENCIA DEL DELEGADO MUNICIPAL, PARA CERTIFICAR CUESTIONES RELATIVAS A LA POSESIÓN. La constancia de posesión expedida por el delegado municipal, de un poblado, en la que se asienta como domicilio del agraviado, el bien referente al litigio, constituye una documental pública, atento a lo dispuesto en el artículo 316 del Código Civil adjetivo de la entidad, pero no hace mejor su título, porque debe tomarse en cuenta que esa autoridad no la expidió en ejercicio de su función, pues no le compete certificar cuestiones relativas a derechos posesorios". Ahora, con las restantes documentales que exhibe la quejosa, consistentes en: citatorio de once de julio de dos mil veintidós, signado por el Síndico Municipal de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, dirigido a Hilaria Santiago Velasco, para que asista a las oficinas de esa sindicatura, a las dieciséis horas del doce de julio de dos mil veintidós; escrito firmado por Hilaria Santiago Velasco, dirigido al Comisariado de Bienes Comunales de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, y recibido el trece de julio de dos mil veintidós; y, escrito firmado por Hilaria Santiago Velasco, dirigido al Síndico Municipal de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, y recibido el trece de julio de dos mil veintidós; únicamente se demuestra que la quejosa fue citada para que compareciera a la Sindicatura Municipal de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, en el día y hora allí indicados; y que mediante los escritos de referencia, solicitó se le informara el motivo, razón, circunstancia, la orden verbal o escrita por autoridad competente por medio de la cual se le exige que desaloje en el término de dos días el inmueble donde actualmente habita ubicado en la comunidad de Iturbide, Chalcatongo, Oaxaca. Sin que con tales solicitudes, se acredite que ella tiene la posesión legal del predio ubicado en paraje denominado Yatañucuu, jurisdicción de la Agencia de Iturbide, Centro, Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca. Por lo tanto, la quejosa no acredita ser titular del derecho de posesión de ese inmueble, y que dice se encuentra afectado por la autoridad responsable Síndico Procurador del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca. Por consiguiente, si la parte quejosa no acreditó tener un derecho jurídicamente tutelado, real y actual, para oponerse a los actos de autoridad reclamados, carece del derecho subjetivo que le otorga la norma para combatir los actos de autoridad de que se duele a través del juicio de amparo, ya que es obvio que al no acreditar de manera indubitable el interés jurídico y la afectación al mismo para impugnar los actos de autoridad reclamados, no se puede admitir, entonces, que dichos actos afecten su esfera de derecho, al carecer aquella de interés jurídico para accionar la vía constitucional. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Lo anterior con apoyo en las tesis sustentadas por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la página 312, Tomo 199-204, y la publicada en la página 15, Tomo 42 Séptima Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dicen: "AGRARIO. POSESIÓN. PRUEBA NECESARIA DE QUE SE TIENE PARA QUE EXISTA INTERES JURÍDICO EN AMPARO. El quejosos que no demuestra estar en posesión de la parcela a que se refiere la orden de desposeimiento que reclama, y los documentos que aporta al juicio como prueba de la posesión no son aptos para acreditar este hecho, no justifica su interés jurídico necesario para el ejercicio de la acción constitucional; en consecuencia, debe sobreseerse el amparo con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo." "AGRARIO. POSESIÓN. INTERES JURÍDICO EN EL AMPARO CUANDO SE RECLAMA SU LESIÓN. DEBE PROBARSE QUE SE TIENE AQUELLA. La tesis jurisprudencial número 258 del Apéndice de Jurisprudencia 1917-1965, Cuarta Parte, página 780, no es aplicable al caso en que se trata de un problema de aplicación de leyes agrarias, ya que la tesis jurisprudencial invocada proviene de la Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en la citada jurisprudencia número 258, ha hecho una interpretación de los preceptos que, en materia civil regulan la posesión y sus efectos jurídicos. En materia agraria la no comprobación de la posesión alegada por los quejosos configura la falta de interés jurídico y, en consecuencia, se da la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que procede el sobreseimiento del juicio." En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En las relatadas consideraciones, al configurarse la señalada causa de improcedencia, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 79, 80 y 155 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : UNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 845/2022, promovido por Hilaria Santiago Velasco, en términos del último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Adjúntese el oficio del Jefe del Centro de Atención al Público del Servicio Postal Mexicano, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual remite copia certificada de la pieza postal MN680117515MX, solicitada en auto de once de octubre de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE.
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