Hilaria Rojas Alcantara
Expediente 163/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 22 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 163/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 01/06/2023
Partes del expediente
- Administración los Reyes, Asociación Civil
- Hilaria Rojas Alcantara
- Francisco Javier Jiménez Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se acuerda: I. Estado de autos. Doy cuenta con el estado procesal que guardan los presentes autos y con la certificación de cuenta, de la que se advierte que feneció el plazo previsto en el artículo 202, primer párrafo de la Ley de Amparo, del que disponían las partes para interponer recurso de inconformidad contra el acuerdo de doce de abril de dos mil veintidós, por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en el presente asunto; en consecuencia, se considera que la misma ha causado estado. II. Archivo y valoración Toda vez que en la sentencia dictada en el presente asunto, se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. Al ubicarse en los supuestos por el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y derivado de que el presente asunto no tiene relevancia documental, se considera depurable; lo cual deberá anotarse en su carátula la valoración dada así como la fecha del presente proveído. Notifíquese.
- Amparo en revisión
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se acuerda: I. Archivo y valoración. Toda vez que en el presente asunto, se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. Al ubicarse en los supuestos por el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y derivado de que el presente asunto no tiene relevancia documental, se considera depurable; lo cual deberá anotarse en su carátula la valoración dada así como la fecha del presente proveído. Notifíquese.
- Queja
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación y cuenta que antecede, se acuerda: Archivo y valoración. En la sentencia dictada en el presente asunto, se resolvió: "PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, carece de competencia legal para conocer del recurso de queja. SEGUNDO. Remítanse los autos de este recurso al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. Al ubicarse en los supuestos por el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y derivado de que se trata de un expediente auxiliar, se considera destruible dentro de los seis meses siguientes a que transcurra el plazo otorgado a las partes en el párrafo anterior; lo cual deberá anotarse en su carátula la valoración dada así como la fecha del presente proveído. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México; doce de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25 y 37, ambos de 2020, 1, 5, 9 y 20, todos de 2021, y 1/2022, vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo que se concedió a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran, por lo que, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito procede a dictar el auto correspondiente. Concesión del amparo. Ahora bien, el tres de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a HILARIA ROJAS ALCÁNTARA para el efecto de que la responsable: <<1. Deje insubsistente la sentencia de diez de febrero de dos mil veintiuno, emitida en el juicio agrario TUA/DTO.10/412/2013. --- 2. En su lugar, emita una nueva resolución en la que de manera fundada precise: --- a) Cuál es la acción intentada; --- b) Los elementos que la constituyen; --- c) Analice de manera fundada y motivada cada uno de esos elementos, concatenando las pruebas que demuestren o no, la actualización de los mismos; esto es, atendiendo a todas las pruebas ofrecidas por las partes, y allegadas al juicio agrario 412/2013, plasme los razonamientos lógicos jurídicos que demuestre, si en el caso, se actualizan o no cada uno de los elementos de la acción principal. --- d). De ser procedente, atendiendo a la acción intentada, considere que no sólo deberá examinar la titularidad del bien, sino en su caso, la causa generadora de la posesión del predio combatido. --- e) Estudie y dilucide, si solar urbano materia de la Litis agraria, se rige o no por la materia común. --- 3. Aunado a ello, se pronuncie sobre cada una de las excepciones y defensas del demandado, mismas que omitió observar totalmente, las cuales se detallaron en el considerando que antecede, y se tienen aquí por reproducidas para evitar repeticiones innecesarias>>. Es importante mencionar que, en la ejecutoria dictada por este Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Segundo Circuito, se concedió el amparo y protección de la justicia Federal debido a que el Tribunal Unitario Agrario responsable fue omiso en pronunciarse sobre diversas cuestiones, tales como si el solar urbano materia de la litis agraria se rige por la materia común o por la materia agraria, la acción intentada, los elementos constitutivos de ésta, esto con las pruebas ofrecidas por las partes, aunado a que tampoco se pronunció sobre las excepciones y defensas planteadas por el demandado. Actos realizados por la autoridad responsable. Obran agregados en autos los oficios TUA/DTO.10/UAJ/786/2021 y TUA/DTO.10/UAJ/238/2022, recibidos en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno y el ocho de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, signados por la magistrada del tribunal unitario agrario Distrito 10. Mediante el primero de ellos y para dar cumplimiento a los efectos de la concesión, respecto del primer punto del considerando décimo de la ejecutoria dictada por este órgano, la autoridad responsable, indicó que dejó insubsistente la sentencia de diez de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio agrario 412/2013. Por medio del segundo de los oficios remitió copia certificada de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós. En los considerandos segundo, tercero y cuarto, la autoridad responsable, para dar cumplimiento al segundo punto del considerando décimo de la ejecutoria dictada por este órgano, se pronunció de la siguiente manera: En primer lugar, indicó que en primer lugar atendería específicamente el inciso e) de la ejecutoria de marras, relativo a <<e) Estudie y dilucide, si solar urbano materia de la Litis agraria, se rige o no por la materia común>>. Luego, reseñó los hechos del caso y las pruebas ofrecidas; asimismo, resaltó que, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el AD 17/2018 del Índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, se ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de topografía para identificar la superficie reclamada la entonces parte actora, es decir, para estar en condiciones de saber si se encuentra en tierras de uso común, zona parcelada, o asentamiento urbano. No obstante, indicó que no le otorgaría valor probatorio al dictamen de la perito de la hoy quejosa, debido a que era evidente su parcialidad. Por otro lado, refirió que del dictamen rendido por el perito tercero en discordia se podía advertir que éste, en cuanto a la pregunta consistente en <<La naturaleza del predio cuya posesión se reclama (ejidal, de uso común o asentamiento humano)>>, respondió que el predio controvertido correspondía a asentamientos humanos. Asimismo, explicó que para poder dar contestación a dichos cuestionamientos, el perito tuvo a la vista los planos aprobados en el acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, celebrada en el poblado de Tultitlán y sus Barrios el seis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. Posteriormente indicó que con la prueba pericial en topografía adminiculada con la información proporcionada por la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, podía llegar a la conclusión de que el predio materia de la litis en el juicio agrario, se encuentra en el área que se delimitó como asentamiento humano del ejido antes mencionado, y que mediante asamblea general de ejidatarios de quince de abril de dos mil once, dicho solar fue asignado al núcleo agrario ya indicado y se expidió el título de propiedad número 24008. Por tanto, determinó que, el solar urbano materia de litis del juicio agrario, al contar con el título de propiedad número 24008, estaba sujeto al derecho común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Agraria, de ahí que -señaló- lo procedente era declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por la hoy quejosa. Finalmente, con fundamento en el numeral 168 de la Ley Agraia, resolvió: <<Con base en lo anterior, se reitera que este Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez es incompetente para conocer del presente asunto en razón de la materia, pues el predio controvertido no está sujeto al régimen ejidal. --- En consecuencia, previa formación de cuadernillo de antecedentes y anotaciones en el Libro de Gobierno, se ordena remitir el presente expediente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México para que, por su conducto, lo remita al juez que por razón de turno resulte competente.>> (Énfasis añadido) Manifestaciones. Por otro lado, la parte quejosa, dentro del plazo de diez días que se le concedió por auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, para que expresara lo que a su interés conviniera, no realizó manifestación en cuanto a la forma y términos en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Análisis del cumplimiento de la ejecutoria. Los antecedentes reseñados ponen de manifiesto que la autoridad responsable observó los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, pues: Dejó insubsistente la sentencia de diez de febrero de dos mil veintiuno, emitida en el juicio agrario TUA/DTO.10/412/2013. En su lugar, emitió una nueva resolución en la que de manera fundada precisó si el solar urbano materia de la litis agraria se regía o no por la materia común. Sin que sea óbice de lo anterior, para tener por cumplida la ejecutoria de amparo, el que la autoridad responsable no se haya pronunciado respecto a las diversas cuestiones mencionadas en la ejecutoria de amparo, no obstante, como puede apreciarse de la lectura integral de la sentencia, así como de lo aquí reseñado, el tribunal unitario agrario responsable determinó no ser legalmente competente para conocer de la demanda promovida por la entonces parte actora, debido a que, concluyó, el solar materia de la litis agraria está sujeto al derecho común. De ahí que, al ser la competencia un presupuesto procesal a analizar previo al pronunciamiento de la litis, es claro que la autoridad no podía entrar al estudio del fondo del asunto al haberse declarado, como ya se indicó, legalmente incompetente para conocer del mismo. Con base en la valoración de las constancias de autos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se estima procedente, conforme a las consideraciones vertidas con anterioridad, tener por cumplida la ejecutoria de amparo, dado que la responsable acató en su totalidad lo ordenado en la misma. Asimismo, en términos del numeral citado, se debe precisar cuándo existe exceso o defecto por parte de las autoridades responsables en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Se entiende por exceso, cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional; en tanto que, hay defecto cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la ejecutoria, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata, o bien, realiza menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. Bajo ese contexto, se llega a la conclusión de que la autoridad responsable no incurrió en exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dado que ajustó su sentencia únicamente a lo determinado en dicha resolución; esto es, dejó insubsistente la sentencia recurrida (primer efecto de la concesión) y en su lugar, emitió una nueva resolución en la que de manera fundada precisó si el solar urbano materia de la litis agraria se regía o no por la materia común (segundo efecto de la concesión de amparo). Tampoco incurrió en defecto en el cumplimiento, dado que éste no fue parcial, pues la autoridad responsable no realizó menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector, sino que cumplió estrictamente con lo que se le ordenó. Notifíquese; por medio de lista a la parte quejosa y a uno de los terceros interesados, electrónicamente a otro de ellos y por oficio a la autoridad. Lo acordó y firma electrónicamente el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, magistrado Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz, quien actúa con la secretaria de tribunal que da fe, licenciada Karla Luisa Sánchez Luna.
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