Hilada Ruvalcaba Martinez
Expediente 759/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/04/2023
Partes del expediente
- Hilada Ruvalcaba Martinez
Actuaciones
- Principal
Vista la razón de imposibilidad de notificación, que suscribe el Jefe de la Unidad de Notificadores Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual devuelve el oficio 15243/2023, del índice de este Juzgado de Distrito, dirigido al Subdirector Jurídico y Derecho de Vía de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en razón de que, es autoridad foránea. Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio de cuenta, y ordénese su reenvió del referido oficio al domicilio correcto de dicha autoridad, en la Ciudad de México, vía correo acelerado.
- Principal
Apertura de incidente de suspensión. Visto lo de cuenta, y como está ordenado en el expediente principal, con copia simple de la demanda de amparo, así como con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, trámites por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2653/2022, promovido por ************************, por conducto de su representante legal **********, carácter que acredita con la escritura pública ciento setenta y seis, pasada ante la fe del Notario Público noventa y ocho, de Guadalajara, Jalisco, la cual adjunta digitalizada, misma que fue ingresada al sistema en uso de la firma electrónica certificada, por lo que se presume que es copia íntegra e inalterada de la propia impresa, contra los actos que reclama de las siguientes autoridades: Juez de lo Mercantil de Manzanillo, Colima. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Institución bancaria denominada BBVA Bancomer. Por considerarlo violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que invoca. En la inteligencia que la formación del cuaderno duplicado de carácter físico, es sustituido por una versión electrónica del presente incidente, de conformidad con lo previsto en los artículos 264 y 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Señalamiento de fecha y hora para celebrar la audiencia incidental. En términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Intervención a las partes en el juicio de amparo. Parte quejosa. a) Domicilio y autorizado. Téngasele designando como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda; además, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *********, debido a que, de la certificación de cuenta se advierte que están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y en términos restringidos del precepto legal en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a la diversa persona que señala expresamente con dicha facultad. b) Notificaciones electrónicas. Debido a su solicitud expresa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en los en los diversos numerales 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica, inclusive las que de carácter personal le resulten, a través de los usuarios "****" y "****". Por tal motivo, no ha lugar a tenerle señalando el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, pues la autorización de éstas por la vía electrónica, sustituye a dicho domicilio procesal. c) Consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como con los numerales 35, 36, 37 y 38 del citado Acuerdo General, se ordena autorizar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a los usuarios "****" y "****", a fin de que cuenten con acceso al expediente electrónico del presente juicio. Autoridad Responsable. a) Informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe previo, el que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual remítasele copia simple de la demanda de amparo, apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. b) Consideraciones respecto a las notificaciones a las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31 del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas en el presente juicio de amparo indirecto, incidente de suspensión o recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir les serán notificados por lista, salvo aquellas que, se estime, deban efectuarse en forma personal, las cuales se notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, ya sea en forma física o de manera electrónica, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Tercero interesado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a: Jennifer Woodward Crespo Gírese exhorto. Luego, toda vez que dicho tercero interesado, tiene como su domicilio, el ubicado en Avenida de los Pelicanos número 142, interior Puerta de Alcalá 2 int, en el fraccionamiento Puerta de Hierro, Manzanillo, Colima. Tomando en consideración que el domicilio de la parte tercera interesada en comento, se encuentran fuera de la residencia del local que ocupa este juzgado de Distrito; con fundamento en el artículo 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, 48 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al Juzgado de Distrito en el Estado de Colima, en turno, para que en auxilio y por comisión de este juzgado, notifique a la tercera interesada en mención, para cuyo caso el funcionario que practique la diligencia busque a la parte tercera interesada, se cerciore de su identidad, les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente, entregándoles copia simple de la demanda y copia autorizada del presente acuerdo; si éstos se niegan a recibir o firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha. Si no se encuentra a la parte que deba ser notificada, el funcionario que practique la diligencia se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número de expediente; el citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista en términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo. Si el funcionario que practique la diligencia encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse; si no se presenta se notificará por lista pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. De todo lo que ocurra se deberá asentar acta circunstanciada. De igual manera, les haga saber la fecha en que tendrá verificativo la celebración de la audiencia incidental, requiriéndoles además para que dentro del plazo de tres días, señalen domicilio para recibir notificaciones en la zona conurbada de esta ciudad, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les practicarán, por medio de lista conforme a los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Representación social. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5°, fracción IV y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Fijación del acto reclamado y efectos de la suspensión. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuál es el acto reclamado cuya suspensión solicita; por lo que del análisis acucioso de la demanda de amparo y para efectos de la presente suspensión, se aprecia que señala como tal, esencialmente: Acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintidós, emitido en los autos del juicio sucesorio 19-0541-124F, del índice del Juzgado de lo Mercantil de Manzanillo, Colima, así como su ejecución. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que: "Cese hacia el futuro y temporalmente en sus efectos la orden emitida por la responsable y, por consiguiente, no se ejecute hasta en tanto se realiza el escrutinio constitucional de la misma. Cese hacia el futuro y temporalmente en sus efectos la orden emitida por la responsable y, por consiguiente, de ser el caso que se encuentre en vía de ejecución, la misma no se consume en cuanto a su ejecución, esto es, para que a partir del dictado de la presente suspensión provisional la orden reclamada no continúe surtiendo sus efectos hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del negocio, o bien. Para que cese el estado de intervención sobre la moral quejosa, sus bienes, posesiones y derechos, permitiendo que el control societario sobre la misma lo ejerza el órgano de administración correspondiente. Para que cese el acto reclamado y con motivo del mismo no se impida a esta quejosa continuar con sus operaciones normales respecto a su patrimonio y a las cuentas bancarias." En consecuencia, toda vez que la parte quejosa es expresa al referir los efectos para los que se solicita la suspensión la materia de la presente incidencia se estudiará a la luz de dicho planteamiento. Determinación sobre la suspensión. Respecto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados descritos, resulta procedente conceder la suspensión provisional en los términos solicitados por la parte quejosa, esto es, "Para el efecto de que en adelanto provisional, se ordene el levantamiento de las medidas dictadas en el juicio sucesorio número 19-0541-124F del índice del Juzgado de lo Mercantil de Manzanillo, Colima"; es decir, para que cese el estado de intervención sobre la persona moral quejosa en cuanto a la inmovilización de la cuenta bancaria y pueda continuar con sus operaciones normales respecto a su patrimonio y cuenta bancaria, con fundamento en los artículos 128, 129, 138, fracción I y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, por las consideraciones siguientes. Conviene precisar que para resolver sobre la suspensión provisional, se debe realizar una cognición superficial a base de pruebas atenuadas de verosimilitud; en tanto que para determinar lo relativo a la suspensión definitiva, se realiza un juicio sucesivo de convalidación de la suspensión provisional, que ha de seguir inmediatamente a través de una instrucción regular en juicio contradictorio. La suspensión provisional en el juicio de amparo está sujeta a nuevo examen, pues en un primer momento se adopta sin audiencia de las partes con base en informaciones sumarias atenuadas de verosimilitud, con el sólo dicho del quejoso y las documentales que acompaña a la demanda; en un segundo tiempo, para resolver la suspensión definitiva se realiza un juicio sucesivo de convalidación de la suspensión provisional, mediante una instrucción regular (desde luego, con las limitaciones probatorias inherentes a toda medida cautelar) con la correspondiente contradicción de las partes, que puede conducir a negar o conceder la suspensión definitiva, esto es, se trata de dos etapas distintas de un mismo procedimiento. Por otro lado, de los artículos 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte en lo que aquí interesa que, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el párrafo último del numeral 128 de la Ley de Amparo, siempre que la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, en relación al último de los elementos, que es necesario considerar para tomar la decisión de conceder o no la suspensión provisional, deberá ponderarse la apariencia del buen derecho y el interés social. Este análisis no conlleva a la contraposición de dos intereses en abstracto, aunque el segundo concepto entrañe una idea de intereses colectivos, sino que ha de atenderse a las circunstancias concretas del derecho que la quejosa estime alterado en su situación particularizada ante el acto y, a su vez, a la manera en que el interés general o el orden público se concretiza o afecta mediante el acto de autoridad. Esto es así, porque la ponderación se realiza en los casos concretos -no son principios en abstracto- sino son las circunstancias de hecho que justifican la aplicación de ciertos principios ante otros, sobre la base de los singulares intereses en conflicto, pero siempre considerando los intereses particulares de la parte peticionaria del amparo frente a los intereses públicos de la sociedad. En este contexto, los elementos a ponderar son: la apariencia del buen derecho, frente al interés social; así es necesario valorar que de concederse la medida suspensional provisional, que de cierta manera beneficiará al peticionario de amparo, no resulte contrario o se afecte al interés social. Dicho de otra manera, al considerarse la apariencia del buen derecho de la parte quejosa, de manera concomitantemente debe, también, valorarse el impacto que tendría en el interés social la paralización de la ejecución del acto reclamado. Es en esto que se centra el análisis ponderativo rector de la decisión para conceder o negar la suspensión de los actos reclamados. Se estima importante, tener como punto de referencia, al momento de establecer qué es la apariencia del buen derecho y cómo trasciende en la toma de la decisión para conceder o negar la suspensión provisional del acto reclamado el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestro más alto Tribunal del país señaló que para conceder la suspensión debe comprobarse la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; análisis que, enfatizó, debe llevarse a cabo concomitantemente con el posible perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o la contravención a disposiciones de orden público. Por su parte, el segundo elemento para realizar la ponderación, como se dijo, es el interés social o el orden público, en la medida que su afectación implicaría negar la suspensión, mientras que, en caso contrario, su concesión. Ambos conceptos (orden público e interés social) se encuentran íntimamente vinculados y además señaló que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Bajo ese contexto, se obtiene que disposiciones de orden público comprende aquellas normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio; y, por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. En la inteligencia de que, en el precepto legal 129 de la Ley de Amparo, el legislador estableció de manera enunciativa y no limitativa los casos en los cuales se entiende que se causa perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público. Luego, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que bastaba la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, pero que debía sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, enfatizó, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, pues, destacó, no era posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Criterio visible en la tesis de jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 165659 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 204/2009 Página: 315 SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Precisado lo anterior, como se anticipó, en el caso sí se actualizan los supuestos marcados por los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional solicitada con relación a los actos reclamados en estudio, como se verá enseguida. El primero de ellos, relativo a que lo solicite el quejoso, se encuentra cumplido, dado que la solicita la peticionaria de amparo, quien es a quien directamente le afectan su patrimonio al inmovilizarse la cuenta bancaria de su propiedad, acreditando así, su interés suspensional, pues exhibe copia de diversos comprobantes de operaciones autorizadas realizados desde de la cuenta inmovilizada a nombre de la parte quejosa. Asimismo, se cumple con el segundo de los supuestos de procedencia, ya que con la concesión de la medida cautelar solicitada no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, por lo siguiente. Esto es así, ya que con la detención de las medidas cautelares otorgadas por el juez responsable, no se actualizaría alguno de los supuestos señalados en el artículo 129 de la ley de la materia. Luego, del análisis simultáneo de la apariencia del buen derecho con la afectación que se produciría al interés social, no se puede concluir que se cause perjuicio a la sociedad, en contraposición con el beneficio que pudiera obtener la peticionaria de amparo con la concesión de la medida cautelar. En efecto, para determinar si existe afectación al orden público o al interés social y con ello si se cumple con el requisito de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión se impone efectuar un juicio de ponderación entre intereses en conflicto (uno defendido por el quejoso contra la ejecución del acto reclamado y otro público o colectivo). En este supuesto, se estima que no se afecta el interés social, pues de paralizarse los efectos de los actos reclamados, esto es, que se impida que surtan efectos las medidas cautelares otorgadas por la autoridad responsable el treinta de noviembre de dos mil veintidós, no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, tampoco se le inferiría, a esa colectividad, un daño que de otra manera no resentiría. Esto es así, porque, se insiste, la afectación con la suspensión de los actos reclamados únicamente lo resentiría la parte tercera interesada, pero no la colectividad. Dicho de otra manera, de concederse la suspensión, la colectividad no tiene ninguna afectación, en relación a si continúa o no con las medidas cautelares. Además el hecho de que el acto reclamado sean las medidas precautorias decretadas en el juicio de origen, no implican, por sí solas, que deba negarse la suspensión solicitada, en atención a que, la adición del penúltimo párrafo del artículo 128 de la actual Ley de Amparo, únicamente atañe a la materia penal (en el caso de la suspensión a petición de parte), pues dicho agregado obedeció a la necesidad de adecuar diversos ordenamientos orgánicos y sustantivos que coadyuven a la mejor operación y funcionamiento del sistema acusatorio en nuestro país. De donde se sigue que el artículo 128 fracción II, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, contempla un supuesto diferente al que en la especie nos ocupa. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "Décima Época Registro: 2014802 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 04 de agosto de 2017 10:12 h Materia(s): (Común) Tesis: 1a./J. 53/2017 (10a.) SUSPENSIÓN DEFINITIVA. HAY CASOS EN LOS QUE ES POSIBLE OTORGARLA CONTRA MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN PROCESOS CIVILES O MERCANTILES. De la Constitución y de la Ley de Amparo se desprende que para que proceda la suspensión definitiva a petición de parte se deben cumplir con estos requisitos: 1. Que la solicite el quejoso; 2. Que los actos reclamados cuya paralización se solicita sean ciertos; 3. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión; y 4. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, análisis que debe realizarse de modo ponderado con la apariencia del buen derecho. Por lo tanto, los daños y perjuicios que se puedan causar al quejoso con la ejecución del acto no son un requisito para otorgar la suspensión. En este orden de ideas, esta Primera Sala advierte que podrían existir casos en los que las medidas cautelares puedan ser suspendidas, lo cual, claramente no significa que siempre deba concederse la suspensión contra medidas cautelares. En efecto, el hecho de que el Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles prevean una garantía para indemnizar los daños y perjuicios que ocasione la medida cautelar no es una razón suficiente para sostener que en ningún caso las medidas cautelares pueden ser suspendidas. Por último, los jueces de amparo deben tomar en cuenta que las medidas cautelares buscan proteger que no se quede sin materia el juicio de origen y que la suspensión tiene la misma finalidad respecto al juicio de amparo. Sin embargo, la Ley de Amparo privilegia la libertad judicial para que se analicen todas las particularidades del caso y se evalúe si procede la suspensión, por lo tanto, serán las circunstancias de cada caso las que determinen si debe concederse la suspensión solicitada". En consecuencia, al no seguirse un perjuicio al interés social, ni contravenirse disposiciones de orden público, y al haberla solicitado la parte quejosa, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que no se continúen ejecutando en perjuicio de la parte quejosa, las medidas precautorias decretadas en el acto reclamado, esto es, para que a partir de la presente suspensión provisional, las medidas cautelares reclamadas no continúen surtiendo sus efectos, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva, en el entendido de que la presente suspensión no tiene efectos restitutorios, de tal suerte que no rige a los actos realizados durante la vigencia de la medida cautelar reclamada, es decir, durante los días que ya transcurrieron desde que se decretó la medida por el Juez de lo Mercantil de Manzanillo, en el Estado de Colima, a la fecha. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2016031 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 50, Enero de 2018, Tomo III Materia(s): Común Tesis: PC.I.C. J/60 K (10a.) Página: 1596 SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA LEGISLACIÓN MERCANTIL EXIJA UNA GARANTÍA PARA CONCEDERLAS NO ES UNA RAZÓN SUFICIENTE PARA NEGARLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO ANTERIOR A LA ADICIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016). Las medidas cautelares o providencias precautorias previstas en la legislación mercantil, tienen por objeto garantizar tanto la posible ejecución de un eventual fallo favorable por parte del actor, como los daños irreparables o de difícil reparación que se le pudieran causar por la necesaria dilación del procedimiento; mientras que en el juicio de amparo la medida cautelar denominada suspensión, tiene por objeto garantizar la efectividad de la sentencia de amparo cuyo fin es la protección plena de los derechos fundamentales del gobernado mientras se resuelve en definitiva el juicio de amparo, o en caso de la suspensión provisional, hasta en tanto se resuelva lo relativo a la suspensión definitiva. Por tanto, la garantía otorgada en el juicio de origen, atiende a los datos aportados por el solicitante de la medida, generalmente en relación con la ejecución de la sentencia que pretende ejecutar ante una eventual sentencia favorable; supuesto en el que no se toma en cuenta el derecho fundamental que el quejoso en el amparo estima le fue violado, pues incluso puede ocurrir que la concesión de la medida cautelar decretada en el juicio de origen afecte derechos fundamentales que no son estimables en dinero. De ahí que la circunstancia de que en el juicio mercantil de origen, el solicitante de las providencias precautorias hubiese otorgado garantía, no es una razón suficiente para negar la suspensión provisional del acto reclamado, pues serán las circunstancias de cada caso las que determinen si debe o no concederse la suspensión provisional." "Séptima Época Registro: 255052 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 55, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 76 SUSPENSIÓN. ACTOS DE TRACTO SUCESIVO. Aunque estén consumadas las resoluciones que constituyan los actos reclamados, si las consecuencias de esos actos se traducen en autorizar u ordenar una conducta que debe traducirse en actos de tracto sucesivo, es decir, si esas consecuencias no se consuman también de manera instantánea ni se traducen en una conducta que puede o debe reiterarse o repetirse en el tiempo, es claro que la suspensión procede, sin que por ello se le den efectos restitutorios, respecto de los actos subsecuentes a la resolución que la decrete." Se enfatiza que en caso de que los actos reclamados correspondan a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si corresponden a autoridades distintas a las señaladas como responsables, la suspensión otorgada no surtirá efectos legales. De igual forma, no surtirá sus efectos legales si los actos reclamados se hubieren emitido en acatamiento de diversa suspensión decretada en otro juicio de amparo, o bien, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Se fija garantía. Con fundamento en los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, la medida cautelar decretada surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte peticionaria no exhibe dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este proveído, garantía a satisfacción de este juzgado en cualquiera de las formas legales, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100, moneda nacional), que se fija de manera discrecional, acorde con lo dispuesto por el artículo 132 de la ley de la materia, teniendo en consideración la naturaleza de los actos reclamados, el efecto para el cual se concede la medida cautelar decretada, así como la temporalidad de la vigencia de la presente suspensión. Caución que se fija para garantizar el pago de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada con el otorgamiento de la medida cautelar decretada, en caso de que la parte quejosa no obtuviere sentencia favorable a sus intereses, en el sumario de amparo del que deriva la presente incidencia. Además, es menester precisar que para determinar la cuantía antedicha, se toma en cuenta el tiempo probable en que pudiera resolverse la suspensión definitiva, y por ende para calcular esa circunstancia, se considera que el artículo 138 de la Ley de Amparo, fracción II, dispone que debe señalarse fecha para la audiencia incidental dentro del plazo de cinco días siguientes al en que se provee la suspensión solicitada, mientras que el diverso artículo 144 de la legislación en cita, prevé que en dicha audiencia se resolverá sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados. En ese sentido, es dable considerar que, como regla general, la suspensión definitiva se debe resolver por el juez de Distrito dentro de los cinco días siguientes al en que admite la petición correspondiente, empero, el artículo 141 de la ley de la materia, dispone que cuando alguna autoridad responsable tenga su residencia fuera del lugar del juzgado de Distrito y no se hubiere hecho uso de las oficinas públicas de comunicación, se reservará la celebración de la audiencia incidental a fin de dar oportunidad a que rinda su informe previo; lo anterior implica que la suspensión provisional se prolongará hasta que se encuentra integrado el incidente para la celebración de la referida audiencia, por lo que de conformidad con el artículo 139 de la Ley de Amparo, al resolver la suspensión provisional se deberán tomar las medidas necesarias para que no se defrauden derechos de terceros y eviten perjuicios a los terceros interesados, esto es, al fijar la garantía tendrá que atenderse al lapso temporal probable en que se extendería aquella medida con motivo de la falta de pronunciamiento de la suspensión definitiva. En las relatadas condiciones, es válido considerar como parámetro para la resolución en definitiva de la suspensión el término de diez días, atendiendo a cualquier eventualidad que pudiera suscitarse en la fecha señalada para la audiencia incidental. Tal criterio se encuentra en la jurisprudencia de los datos de identificación, rubro y texto siguientes: "Décima Época Registro: 2001334 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 46/2012 (10a.) Página: 363 GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN. Atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto está condicionada a que la quejosa otorgue una garantía bastante para reparar la posible afectación patrimonial que con dicha figura jurídica se pudiera causar al tercero perjudicado en el caso de que no se obtenga una sentencia protectora, y para ello puede resultar necesario calcular, en cada caso, un plazo probable para la tramitación y resolución del juicio, ello ante la imposibilidad de previsión legal y jurisprudencial de fijar un plazo fijo, pues no todos los asuntos revisten el mismo grado de dificultad y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales condiciones de operatividad. Sin embargo, tal imposibilidad no implica que no pueda establecerse un plazo tentativo que derive de un parámetro objetivo, constituido éste por los resultados de operatividad de los órganos jurisdiccionales, pues con tales resultados puede calcularse el tiempo promedio de resolución de los amparos indirectos en una época y en un Circuito determinados. En ese entendido, debe atenderse a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias, y a fin de fijar el plazo en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, procede dividir esa cantidad entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que dará un total calculado en meses, que serán los que deben considerarse como plazo tentativo para la conclusión del juicio, y la estimación de si ese plazo es adecuado, insuficiente o excesivo para cada caso particular, es parte de la facultad de quien decida sobre la suspensión, facultad que deberá ejercerse de manera adecuada, racional y lógica, con base en una apreciación de las circunstancias propias del caso concreto, atendiendo -entre otros- a la naturaleza de la violación y a las características intrínsecas del asunto, como lo son la dificultad jurídica y la complejidad de los temas que involucra; si han sido abordados previamente o si son novedosos." Ahora, en caso de que opte por billete de depósito, éste deberá ser expedido por el "Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo"; además, se requiere a la parte quejosa para que de exhibir dicho billete, en éste deberá incluirse la autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la administración de Justicia dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos; no obstante lo anterior, dicha garantía deberá presentarse en cualquiera de las formas establecidas en la ley y cumpliendo además con lo dispuesto en los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo; que a la letra dicen: "Artículo 879. La institución depositaria deberá emitir documento en el que conste, cuando menos, el monto de la cantidad depositada, que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante y cualquier otro dato que se convenga con la institución depositaria". "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los Órganos Jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. --- En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior". Con la observación de que si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la parte quejosa como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado; el texto deberá ser el siguiente: "Para garantizar la suspensión provisional concedida a Integradora Aduanal y de Servicio Woodward Sociedad Civil, en el incidente de suspensión 2653/2022." VII. Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 257 del citado Acuerdo General, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Asimismo, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. VIII. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento de las partes que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. IX. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. X. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese por lista física y electrónica.
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