Hiksel López González
Expediente 606/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 39 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 606/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 29/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Hiksel López González
- Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero (Poder Legislativo del Estado de Guerrero)
- Raymundo Benítez Rodríguez
- Omar Espinobarros Benítez
- Marcela Villa Tapia
- Marbella Benítez Rodríguez
- Victoria Rodriguez González
- Hiksel López González y Otros.
- Celía Benítez Rodríguez
- Trinidad Benítez Espinobarros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de abril de dos mil veintidós. En atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, y visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se recurriera el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, toda vez que al haberse sobreseído fuera de audiencia, sin decidir el juicio en lo principal, se dio por concluido el expediente en que se actúa. Por otro lado, acorde a lo que prevéen los artículos 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso c) del citado Acuerdo General, el original y duplicado del incidente de suspensión serán DESTRUIBLES, al haberse negado la medida cautelar provisional y definitiva; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses y tres años, respetivamente, procédase a su destrucción. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos se advierte que en auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno se tuvo por recibido el informe justificado de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, por conducto de la Presidente de la Mesa Directiva, en donde manifiesta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 136/2020, decretó la invalidez del Decreto 460 reclamado por la parte quejosa, por lo que adjuntó copia certificada de la resolución de ocho de septiembre de dos mil veinte. Actuaciones que tienen valor probatorio pleno conforme al contenido de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Con tal circunstancia, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. De conformidad con lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 10/2003, con Registro digital: 184572, desde este momento es procedente analizar las causales de improcedencia, como se lee de lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."1 Ahora, con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo2 , el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto3 . Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero: i. La omisión de ser consultados de manera previa, adecuada, informada y de buena fe respecto de la reforma en materia indígena en relación al Decreto número 460, por el que se adicionan los artículos 13 bis y 272 bis, a la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. La causal de improcedencia prevista en el artículo ************************** . "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De la norma jurídica trascrita, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando surge una nueva situación legal que de concederse el amparo se vería afectada; por tanto, las violaciones reclamadas deben considerarse irreparablemente consumadas en el procedimiento respectivo al no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Entonces, uno de los elementos indispensables para que opere la causa de improcedencia prevista en la hipótesis del artículo en comento consiste en la autonomía entre los actos creadores de la primera y posterior situación jurídica, de manera que pueda subsistir la segunda aunque quede insubsistente la primera. Esta autonomía es la base que permite el nacimiento de una nueva situación jurídica. Es aplicable la tesis ****************, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo ********************** de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional."4 En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de ser consultados de manera previa, adecuada, informada y de buena fe respecto del Decreto número 460, por el que se adicionan los artículos 13 bis y 272 bis, a la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. De las constancias que remitió la autoridad responsable en relación a la acción de inconstitucionalidad 136/2020 se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió declarar inválido el Decreto *******************, por el que se adicionan los artículos 13 bis y 272 bis, a la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dos de junio de dos mil veinte, conforme a lo siguiente: "(.) 135. Conforme al artículo 2°, apartado A, último párrafo, de la Constitución General, la necesidad de implementar una consulta indígena tiene una doble justificación: por una parte, es necesaria para impedir que se genere una medida o una carga que pueda perjudicarles; pero, por la otra, permite escuchar las voces de un colectivo históricamente discriminado y enriquecer el diálogo con propuestas que, posiblemente, el cuerpo legislativo no habría advertido en forma unilateral. 136. Por ello, basta que en este caso se advierta que el decreto impugnado contiene modificaciones legislativas que inciden en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para exigir constitucionalmente, como requisito de validez, que se haya celebrado una consulta específica a las normas que el legislador pretendía adicionar a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 137. Dicho lo anterior, se reitera, dado que son cambios legislativos que actualizan los criterios del Tribunal Pleno para hacer exigible la consulta indígena del análisis del procedimiento legislativo que dio origen al Decreto impugnado se advierte que, como fue planteado por los accionantes y externado por el Ejecutivo y Legislativo de la entidad federativa, no se llevó a cabo consulta alguna a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas previo a la emisión del decreto impugnado. 138. Por otra parte, constituye un hecho notorio para esta potestad jurisdiccional que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de Salud declaró a la pandemia de enfermedad por el virus **********************, como una emergencia de salud pública de interés internacional. 139. Igual hecho notorio es que el Consejo de Salubridad General, en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de marzo de dos mil veinte, acordó reconocer la epidemia en México como una enfermedad grave de atención prioritaria y el veinticuatro de marzo posterior, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus **********************". 140. El objeto de dicho acuerdo fue establecer las medidas preventivas que se debían implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS CoV2 ************** y resultaban obligatorias, entre otras, para las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno . 141. En síntesis, las medidas tuvieron como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional del virus, disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y, por ende, el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables . 142. Así, al menos desde el diecinueve de marzo de dos mil veinte, nuestro País atraviesa oficialmente por una pandemia de enfermedad generada por el virus *****************, frente a la cual todas las autoridades estatales se encuentran obligadas a cumplir con una serie de medidas adoptadas para garantizar el derecho a la vida, la salud y la integridad de las personas, en particular, de aquellas en mayores condiciones de vulnerabilidad. 143. En relación con esta condición, los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas han sido un grupo estructural y sistemáticamente vulnerado en el goce y ejercicio de sus derechos humanos; por ello, la implementación de las medidas antes descritas exige un enfoque diferencial y respetuoso de la diversidad cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. 144. Las medidas de la emergencia sanitaria no pueden ser empleadas como una excusa para adoptar decisiones, sin implementar un procedimiento de consulta en forma previa, informada, culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales y de buena fe. 145. Al respecto, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos formuló la recomendación número 1/2020, de diez de abril de dos mil veinte, en la que indica a los Estados miembros: "57. Abstenerse de promover iniciativas legislativas y/o avances en la implementación de proyectos productivos y/o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada (debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social) dispuestos en el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales y nacionales relevantes en la materia". 146. Como puede advertirse, a efecto de no vulnerar el derecho a una consulta culturalmente adecuada y proteger la vida, la salud y la integridad de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos es recomendable abstenerse de promover iniciativas legislativas y/o continuar con éstas, en los casos en que debía darse participación activa a este sector históricamente discriminado. 147. Al respecto, este Alto Tribunal observa que, al menos desde el diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Poder Legislativo del Estado de Guerrero debió abstenerse de emitir disposiciones susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas de la entidad, si no implementó un procedimiento de consulta previa, informada, culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales y de buena fe, en el que se hubiera garantizado el derecho de protección a la salud y la propia vida de la población indígena y afromexicana del Estado de Guerrero. 148. Es cierto que la actuación de la autoridad legislativa fue en acatamiento a una resolución de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también lo es que, desde el dos de julio de dos mil dieciocho (más de veinte meses antes del comienzo de la emergencia sanitaria) el Congreso del Estado de Guerrero estuvo en posibilidad de dar cumplimiento. 149. No obstante este amplio margen de tiempo, el Poder Legislativo local no demostró intencionalidad alguna de establecer contacto oportuno con las instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas a efecto de hacerlos partícipes del procedimiento legislativo que tenía que implementar. 150. Más aún, una vez iniciada la contingencia sanitaria en nuestro País, si la autoridad legislativa consideraba que las medidas - suspensión de actividades del sector público que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas o de los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de cien personas-, le impedían la celebración de una consulta, debió considerar la suspensión del procedimiento legislativo y hacer valer dicha situación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, a efecto de que determinara lo correspondiente, en plenitud de jurisdicción en la vigilancia del cumplimiento de su resolución. 151. Pero en modo alguno este Tribunal Constitucional puede acoger la pretensión del órgano parlamentario de validar la adopción de un cambio legislativo que incide en los derechos humanos y de participación política de los pueblos y las comunidades indígenas o afromexicanas producto de un procedimiento que representó una vulneración a su libre determinación y autonomía. 152. No pasa desapercibido para este Tribunal Pleno que el Congreso de Guerrero aduce que la medida legislativa materia de esta acción de inconstitucionalidad pretendía generar una acción afirmativa para proteger los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero. Sin embargo, ese argumento no es correcto, pues parte de una visión indebidamente paternalista y de asimilación cultural que rompe con los principios de autodeterminación y autogobierno que proclama nuestra Constitución General. 153. Por el contrario, la necesidad de que en este tipo de medidas sean consultadas directamente y conforme a los procedimientos de consulta que ha reconocido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en distintos precedentes, radica en que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del País constituyen un grupo que históricamente ha sido discriminado e ignorado, por lo que es necesario consultarlo para conocer si la medida legislativa es acorde con su cosmovisión, si constituye, real y efectivamente, una medida que les beneficie, pero sobre todo para escuchar las aportaciones y opiniones que el legislador no tuvo en cuenta para emitir las normas ahora impugnadas. 154. Más aun, porque además de la medida que el legislador local emitió como acción afirmativa, también reguló el mecanismo para acreditar la autoadscripción calificada que, a juicio de los promoventes, constituye una fórmula no idónea e invasiva que vulnera el derecho de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para cumplir con un requisito de autoadscripción calificada-cuya constitucionalidad no se prejuzga ahora-. 155. En casos como el que ahora se resuelve, es constitucionalmente reprochable que se aproveche una crisis sanitaria para aprobar medidas legislativas que son susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad federativa, eludiendo la obligación de realizar la consulta exigida por la Constitución Federal. 156. Por todo lo anterior, este Tribunal Pleno estima que con la emisión del Decreto impugnado se vulneraron en forma directa los artículos 2 de la Constitución Federal y 6 del Convenio 169 de la OIT y, en consecuencia, se declara su invalidez de manera total. 157. SEXTO. Efectos. Conforme a lo dispuesto en los artículos 41, fracción IV, y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General , las sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad deberán establecer sus alcances y efectos. 158. En este sentido, atendiendo a que el proceso electoral ordinario en el Estado de Guerrero comenzaría inminentemente a principios del mes de septiembre de este año, y tomando en cuenta la relevancia que tiene la celebración de los comicios -siguiendo los precedentes de este Tribunal Pleno -, la declaración de invalidez surtirá efectos a partir del día siguiente a aquél en el que concluya el proceso electoral ordinario 2020-2021 en el Estado de Guerrero, cuya jornada electoral habrá de celebrarse el domingo seis de junio de dos mil veintiuno, en términos del artículo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero ; proceso que, conforme al artículo 268, párrafo primero, del mismo ordenamiento , comienza el mes de septiembre del año previo al de la elección y concluye una vez que la autoridad jurisdiccional correspondiente, haya resuelto el último medio de impugnación que se haya interpuesto en contra de los actos relativos a los resultados electorales, calificación de las elecciones, otorgamiento de las constancias de mayoría y validez de las elecciones respectivas, declaración de elegibilidad de candidatos y asignación de diputados y regidores de representación proporcional, así como de presidencias municipales y sindicaturas. 159. En este orden de ideas, es importante enfatizar que el Congreso local deberá llevar a cabo una consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero, en la que deberá respetar los principios y estándares expuestos por esta Suprema Corte en esta sentencia, lo cual implica -por supuesto- que de manera previa, libre, informada, de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo y culturalmente adecuada, se someta a consulta todas aquellas normas que son susceptibles de afectar directamente a estos pueblos originarios, tanto las que dieron origen a la declaración de invalidez ahora decretada, como todas aquellas que puedan afectarles directamente y se pretendan incluir en el decreto que, en cumplimiento a esta sentencia, se emita. 160. Lo anterior, en el entendido de que la consulta respectiva y la legislación correspondiente deberán realizarse y emitirse, a más tardar, dentro del año siguiente a la conclusión de ese proceso electoral; de manera que el Congreso local debe llevar a cabo la consulta a los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, como lo manda la Constitución y el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, y hecho lo anterior, debe legislar lo correspondiente con los ajustes que se estimen pertinentes. Sin perjuicio de que, en un tiempo menor, la legislatura local pueda expedir un nuevo Decreto en la que, efectivamente, se haya realizado una consulta de conformidad con los estándares señalados a lo largo de esta sentencia. 161. De este modo, el legislador local deberá actuar para subsanar el vicio de inconstitucionalidad decretado, para lo cual deberá seguir lo ordenado en la Constitución General, en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, así como los estándares adoptados por esta Suprema Corte en esta sentencia y en lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 81/2018 , en la que este Alto Tribunal se pronunció sobre la necesidad de que, en los procesos de consulta, se establezcan metodologías, protocolos o planes de consulta que las permitan llevar a buen término, bajo los principios rectores característicos ya expuestos. 162. Al respecto, en ese precedente el Tribunal Pleno estimó que los procedimientos de consulta deben preservar las especificidades culturales y atender a las particularidades de cada caso según el objeto de la consulta. Si bien deben ser flexibles, lo cierto es que deben prever necesariamente algunas fases que - concatenadas- impliquen la observancia del derecho a la consulta y la materialización de los principios mínimos de ser previa, libre, informada, de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo y culturalmente adecuada, observando, como mínimo, las siguientes características y fases: 163. I. Fase preconsultiva que permita la identificación de la medida legislativa que debe ser objeto de consulta, la identificación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a ser consultados, así como la determinación de la forma de llevar a cabo el proceso, la forma de intervención y la formalización de acuerdos, lo cual se deberá definir de común acuerdo entre autoridades gubernamentales y representantes de las comunidades. 164. II. Fase informativa de entrega de información y difusión del proceso de consulta, con la finalidad de contar con información completa, previa y significativa sobre las medidas legislativas. Ello puede incluir, por ejemplo, la entrega, por parte de las autoridades, de un análisis y evaluación apropiada de las repercusiones de las medidas legislativas. 165. III. Fase de deliberación interna. En esta etapa -que resulta fundamental- los pueblos y comunidades indígenas, a través del diálogo y acuerdos, evalúan internamente la medida que les afectaría directamente. 166. IV. Fase de diálogo entre los representantes del Estado y representantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con la finalidad de generar acuerdos. *********************** Fase de decisión, comunicación de resultados y entrega de dictamen. 168. No pasa desapercibido que, conforme a lo previsto en el artículo Segundo transitorio del Decreto impugnado, las normas ahora declaradas inválidas tienen una vigencia limitada exclusivamente al proceso electoral que se encuentra en puerta. Sin embargo, aun cuando las normas de tránsito parecieran generar el mismo efecto que la declaratoria de invalidez que ahora se dicta, ello no hace que esta sentencia pierda su efecto útil, por dos razones. 169. Primero, porque esa no es una razón suficiente para impedir que este Alto Tribunal emita un pronunciamiento que implica un reproche jurisdiccional y que supone una medida de reparación en sí misma. Y, segundo, porque la fuerza de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene efectos en las autoridades emisora y promulgadora de la norma invalidada, de manera que acciona una serie de consecuencias jurídicas que la vinculan a enmendar y no repetir el vicio de constitucionalidad desvelado en esta sentencia. 170. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del Decreto número 460, por el que se adicionan los artículos 13 bis y 272 bis, a la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dos de junio de dos mil veinte, en términos del considerando quinto de esta decisión. TERCERO. La declaratoria de invalidez decretada en este fallo surtirá efectos a partir del día siguiente a aquél en que concluya el proceso electoral ordinario del Estado de Guerrero, que se desarrollará a partir del mes de septiembre de dos mil veinte, cuya jornada habrá de verificarse el domingo seis de junio de dos mil veintiuno, en la inteligencia de que la consulta respectiva y la legislación correspondiente deberán realizarse y emitirse, a más tardar, dentro del año siguiente a la conclusión de ese proceso electoral, como se precisa en el considerando sexto de esta determinación. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente. Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." [Lo resaltado es propio Lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace evidente que ha operado un cambio de situación jurídica en relación a la omisión reclamada por la parte quejosa, dado que fue objeto de análisis en la acción de inconstitucionalidad ***************. Por tanto, la situación jurídica que guardaba la parte quejosa en relación a la omisión reclamada cambió sustancialmente al ya haber sido estudiado por el Máximo Tribunal del País y ser la razón principal por la que es declarado inválido el Decreto número 460, por el que se adicionan los artículos 13 bis y 272 bis, a la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en donde impuso los procedimientos de consulta para preservar las especificidades culturales e impliquen la observancia del derecho a la consulta y la materialización de los principios mínimos de ser previa, libre, informada, de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo y culturalmente adecuada, observando, como mínimo. En ese sentido, las violaciones que pudieran existir por la omisión reclamada hasta en tanto la autoridad responsable cumpla con la ejecutoria señalada se encuentran consumadas de manera irreparable ya que no se puede decidir sobre el acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que se generó con la ejecutoria emitida en la acción de inconstitucionalidad 136/2020 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Determinación que subsiste con independencia de que la omisión reclamada pudiera revestir alguna ilegalidad. Máxime que, conforme al artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio de amparo en contra de la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en la acción de inconstitucionalidad **************** . Así, al quedar acreditado de manera fehaciente que hubo un cambio de situación jurídica del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA en los autos del presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las nueve horas del diez de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, signado conjuntamente por ******, Jennifer Gatica *********** en su carácter de autorizados de la parte quejosa, en atención a su contenido téngase a dichos promovente renunciado al cargo de autorizados legales de todos los quejosos del presente juicio; lo cual se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de febrero de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, signado por José Manuel Benítez Salinas, Jennifer Gatica Jiménez y Daniel Aguilar García, en su carácter de autorizados de la parte quejosa, por medio del cual manifiestan la imposibilidad que tienen para dar cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, esto es para señalar el domicilio actual de los promoventes [1]Lucia Morales Zamora, [2]Magdalena de la Cruz de la Cruz, [8]María Ignacia Visoso Mendoza, [48]Verónica Cantú Cano, [52]Luisa Martínez Cano, [59]Eustaquio Espinobarros Cano, [77]Margarito Flores Albino y [78]Matilde de la Cruz Vázquez, y exhibir copia certificada de las actas de defunción de [13]Zenaida Moreno Ignacio, [18]Felicitas Torres de la Luz, [27]Mario Francisco González Moreno, [33]Elpidia Zeferino González, [66]Antonia Feliciano Ramírez, [72]Antonio Alvino Portillo. Asimismo, manifiestan que renuncian al cargo que les fue conferido como autorizados legales en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, sin especificar si dicha renuncian es por todos los quejosos o únicamente por los señalados en párrafos que anteceden. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a José Manuel Benítez Salinas, Jennifer Gatica Jiménez y Daniel Aguilar García, en su carácter de autorizados de la parte quejosa, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, manifiestan si la renuncia al cargo como autorizados legales es únicamente por [1]Lucia Morales Zamora, [2]Magdalena de la Cruz de la Cruz, [8]María Ignacia Visoso Mendoza, [13]Zenaida Moreno Ignacio, [18]Felicitas Torres de la Luz, [27]Mario Francisco González Moreno, [33]Elpidia Zeferino González, [48]Verónica Cantú Cano, [52]Luisa Martínez Cano, [59]Eustaquio Espinobarros Cano, [66]Antonia Feliciano Ramírez, [72]Antonio Alvino Portillo, [77]Margarito Flores Albino y [78]Matilde de la Cruz Vázquez, o es por todos los promoventes del presente amparo. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo antes ordenado, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, a cada uno, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional); de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 2381 de la Ley de Amparo. Finalmente, una vez que sea desahogado el requerimiento efectuado en párrafos que anteceden a los autorizados de la parte quejosa, acuérdese lo conducente respecto al impedimento que manifestaron tener para cumplir con el requerimiento de veintiséis de enero de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a José Manuel Benítez Salinas, Jennifer Gatica Jiménez y Daniel Aguilar García. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
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