HIGINIO MARTÍNEZ MARCIAL y Otros.

Expediente 1576/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1576/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
05/10/2016

Partes del expediente

  • HIGINIO MARTÍNEZ MARCIAL y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil dieciséis. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, tomando en consideración que en autos obra agregada la credencial expedida por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (foja 9); por tanto, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca personalmente, en días y horas hábiles a este juzgado con identificación oficial, para que reciba tal documento en el plazo indicado; entrega que, en su caso, deberá verificarse previo folio de substitución de tal constancia, copia de su identificación y razón de entrega correspondiente que se dejen en autos. Apercíbasele que de no cumplir lo anterior, sin diverso acuerdo, el documento en cuestión será destruido junto con el expediente. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. Con la demanda de amparo promovida por..., fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1576/2016. Ahora bien, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, el análisis integral de la demanda permite advertir que el quejoso reclama del Rector y del Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma "Benito Juárez", "la omisión de proveer y garantizar el acceso a una educación pública superior, gratuita y de calidad", ya que aduce que es alumno del tercer semestre de la licenciatura en Derecho que imparte tal centro educativo y sin embargo las responsables no han provisto ni garantizado la elaboración de planes y programas de estudios, docencia e investigación, así como reformas curriculares para su revisión y actualización, lo que en su opinión, viola su derecho humano a acceder a una educación pública superior de calidad. Al respecto, este juzgador estima que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5 fracción II del mismo ordenamiento, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los preceptos legales citados así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Hechas las precisiones anotadas, a juicio de este juzgador, en relación al acto reclamado por el quejoso, se evidencia que no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia que señala el artículo 1° de la Ley de amparo, ya que éste, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional ni uno emitido por un particular que se le pueda equiparar. Es conveniente establecer, que si bien las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos y privados en diversas actividades de interés social que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad; por lo que en la actualidad, un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es aquel que emite un servidor público o un particular de manera unilateral, con fundamento en una norma legal, a través del cual crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, y que pueden exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Sin embargo, la circunstancia de que del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierta que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio; no es razón suficiente para considerar indiscriminadamente sus actos como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, o uno de particular que se le equipare. En el caso específico, "la omisión de proveer y garantizar el acceso a una educación pública superior, gratuita y de calidad" imputada a las señaladas como responsables no puede considerarse acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; ya que las acciones de elaboración, revisión, reforma y actualización de los planes y programas de estudios, docencia e investigación, no están sustentadas en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados ni apoyadas en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos, si no en la autonomía universitaria de determinar sus planes y programas con forme a la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Luego, que el hecho de que la Universidad responsable, a percepción del quejoso, no le ofrezca planes de estudios actualizados no puede analizarse dentro de un juicio de amparo, pues se contravendría el principio de libertad de cátedra e investigación que el artículo 3, fracción VII, Constitucional otorga a las instituciones autónomas de educación superior para asegurar que sólo ellas intervengan en la forma en que cumplen con sus fines que son los de educar, investigar y difundir la cultura, dentro de un marco de libre examen y discusión de las ideas. Máxime que la libertad de cátedra e investigación, que incluye también la libertad de formular sus planes y programas de estudios, en términos de la fracción VII del artículo 3° de la Constitución Federal, no constituye un derecho subjetivo de los alumnos de las instituciones autónomas de educación superior, ya que sólo estas intervienen en el cumplimiento de su obligación fundamental, que es la de educar, investigar y difundir la cultura dentro un marco de libertad de examen y discusión de ideas de acuerdo a los principios rectores señalados en dicho precepto constitucional. Sirven de apoyo, la jurisprudencia y tesis siguientes: UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR. Del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. En ese sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse en el juicio al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos. [Época: Novena Época, Registro: 164876, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 19/2010, Página: 918] LIBERTAD DE CÁTEDRA E INVESTIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO CONSTITUYE UN DERECHO SUBJETIVO DE LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES AUTÓNOMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE LES PERMITA EXIGIRLES MANTENER VIGENTE UN PROGRAMA DE POSGRADO. Del análisis teleológico de la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que la garantía de libertad de cátedra e investigación se otorgó a las instituciones autónomas de educación superior para asegurar que sólo ellas intervengan en el cumplimiento de su obligación fundamental, que es la de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios rectores señalados en el invocado precepto constitucional. En este orden de ideas, dicha libertad no constituye un derecho subjetivo de los alumnos de las referidas instituciones educativas que les permita exigirles mantener vigente un programa de posgrado, con el argumento de que su cancelación limita el ejercicio de dicha garantía. [Época: Novena Época, Registro: 164993, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.9o.A.119 A, Página: 3010] Por las relacionadas consideraciones, por excepción, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1°, fracción I, 5, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. En virtud de que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, los estrados de este juzgado con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense las mismas por lista de acuerdos; y téngase por autorizadas únicamente para tales efectos, a las personas que refiere. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.

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