Higinio Gorge Chino

Expediente 719/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
719/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
22/08/2016

Partes del expediente

  • Higinio Gorge Chino
  • Lorenzo Niño González
  • Lorenzo Niño González y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de dieciocho de julio dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el juicio de garantías, ha causado estado; hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, y con fundamente en el artículo 214 de la citada ley archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta de autos documento alguno en original exhibido por las partes; hipótesis contenida en la fracción II, punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; por tanto, el presente expediente es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad; mediante el cual remite copia certificada del auto de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, en el que se tiene por recibidos los escritos de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, once de marzo, seis de mayo, dieciséis y veintidós de junio del año en curso, y respecto de la petición que el quejoso formuló en escrito recepcionado por la responsable en fecha nueve de noviembre del año dos mil quince, se advierte que en el acuerdo citado en el presente párrafo, se señaló nueva fecha para llevar a cabo el requerimiento de pago a la demandada en los términos y apercibimientos señalados en auto de ejecución de veintitrés de agosto del año dos mil trece. En tal virtud, este juzgado federal puntualiza que respeto del acto reclamado en la demanda, consistente en la omisión de la autoridad responsable de acordar conforme a derecho el escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, sellado y firmado de recibido el nueve de noviembre del mes y año en mención, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ello es así, pues conforme al texto legal transcrito, el juicio de garantías se torna improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, cómo si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa la jurisprudencia número 2ª./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, de las constancias del juicio a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que el peticionario del amparo en esta vía constitucional reclamó, la omisión de la autoridad responsable de acordar conforme a derecho el escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, sellado y firmado de recibido el nueve de noviembre del mes y año en mención; sin embargo, mediante proveído de catorce de julio de dos mil dieciséis, visible a foja cuarenta y dos, dictado dentro del expediente laboral 419/2008, acordó la promoción en cuestión y señaló nueva fecha para llevar a cabo el requerimiento de pago a la demandada en los términos y apercibimientos señalados en auto de ejecución de veintitrés de agosto del año dos mil trece; de lo que se deduce que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que se han destruido en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, quedando estos en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto reclamado jamás hubiera existido. Ahora bien, la cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la sola emisión del auto de referencia, restituye a los quejosos en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de la retardación de justicia que tilda de inconstitucional, precisamente porque ese acto ya no invade la esfera jurídica de la parte amparista, de ahí, que en tal evento, se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 103, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resuelve la contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus relaciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue programada para las TRECE HORAS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales conducentes; y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.

  3. Principal

    se admite la demanda. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni advertirse que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las TRECE HORAS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. INFORME JUSTIFICADO Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Asimismo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para el efecto de que informen a este Juzgado de Distrito, si en el expediente del que emana el acto que reclama el quejoso, se han promovido diversos juicios de garantías, debiendo señalar el órgano u órganos de control constitucional que le haya tocado conocer del mismo y el número mediante el cual se haya radicado Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Al igual, se le hace saber que, si se omite manifestar si han cesado los efectos del acto reclamado o han ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto citado en el párrafo que antecede. TERCERO INTERESADO Por otra parte, con fundamento en el artículo 5° de la ley de la materia, se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilapa de Álvarez, Guerrero, en consecuencia, con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, emplácesele por medio de oficio que al efecto se le gire en el domicilio de su residencia oficial, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo para los efectos legales procedentes.

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