Higinio Bustos Navarro

Expediente 327/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 30 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
327/2023
Año
2023
Actuaciones
30
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Higinio Bustos Navarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a las presentes actuaciones el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable remite constancias como complemento a su informe justificado, por lo que, con apoyo en los numeral es 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales públicas, las cuales se considerará al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda. En tal virtud, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y, analizar de manera preferente las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, con registro 394770, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En ese tenor, es dable precisar que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por ********************, por propio derecho, se hace consistir en: a) La omisión de notificar la resolución de tres de mayo de dos mil veintitrés, pronunciada por la Jueza Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Tantoyuca, Veracruz, en la cual convalidó la orden de traslado emitida de manera administrativa por el Centro de Reinserción Social con residencia en Tantoyuca, Veracruz, y sus consecuencias jurídicas. b) La abierta dilación para dar trámite a la controversia judicial presentada el ocho de mayo de dos mil veintitrés, ante el Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz. En tales condiciones, toda vez que de la documental recibida se advierte la actualización de una causa de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de la prevista en el diverso 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, esto, debido a que el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente; y estudiar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. El artículo 63 de la Ley de Amparo determina que debe sobreseerse en el juicio cuando se actualice alguna de las causales previstas en el diverso 61, entre ellas, según lo prevé la fracción XXII, de la Ley de Amparo, la cual establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". Del precepto legal anteriormente transcrito, se desprende que el juicio constitucional resulta improcedente cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que un acto de autoridad, ya sea positivo o negativo, legitiman al particular que se sienta afectado en su esfera jurídica para acudir al juicio de amparo, con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De tal suerte que, siendo el objeto de la sentencia concesoria reparar las violaciones que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, es que se han establecido diversos requisitos para la procedencia de la acción constitucional, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto u omisión de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Expuesto lo anterior, resulta conveniente precisar que en el presente asunto el acto reclamado lo constituye la omisión de notificar la resolución de tres de mayo de dos mil veintitrés en la que la Jueza Mixto de Primera Instancia, con residencia en Tantoyuca, Veracruz, convalidó la orden de traslado emitida por el Centro de Reinserción Social con residencia en Tantoyuca, Veracruz, así como la dilación para dar trámite a la controversia judicial presentada el ocho de mayo de dos mil veintitrés, ante el Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz. En esa tesitura, resulta necesario precisar que de las manifestaciones vertidas por el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, se desprende lo siguiente: - Que el ocho de mayo de dos mil veintidós, presentó ante la responsable Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz escrito de controversia judicial. - Que la autoridad responsable Jueza Mixto de Primera Instancia, con residencia en Tantoyuca, Veracruz ha sido omisa en notificarle el auto de tres de mayo del año en curso en el que se convalidó el traslado del justiciable. Expresiones adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis aislada que a la letra dice: DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)3 Ahora bien, de la lectura integra de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Ejecutor de Sentencia adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, como complemento a su informe justificado, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que en diligencia de veintiocho de septiembre del año en curso, el ahora quejoso ratificó el escrito presentado el siete de septiembre del año actual, en el que se desistió de la controversia judicial ******************** de su índice. Circunstancia por la que el Juzgado responsable en auto de cuatro de octubre pasado tuvo por desistido al quejoso de la controversia judicial; de ahí que a la fecha sea dable concluir que aun cuando la dilación de dar trámite a la controversia judicial -que por esta vía se reclama- subsista, lo cierto es que su objeto o materia ha dejado de existir, pues el aquí quejoso se desistió de la controversia judicial. Situación que de igual manera opera respecto al diverso acto consistente en la omisión de notificar al impetrante de amparo la resolución de tres de mayo de dos mil veintitrés, pronunciada por la Jueza Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Tantoyuca, Veracruz, en la cual convalidó la orden de traslado emitida de manera administrativa por el Centro de Reinserción Social con residencia en Tantoyuca, Veracruz, pues como se advierte de las constancias que obran agregadas en autos, en el ocurso mediante el cual planteó la controversia judicial ante la diversa responsable Juez Ejecutor de Sentencia adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, hizo valer como uno de sus motivos de inconformidad, la falta de notificación a que se hace referencia. En consecuencia, como se adelantó, este Juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, de ahí que lo procedente sea sobreseer el presente juicio constitucional, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones jurídicas la tesis 2a. XLVIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo VII, Abril de 1998, página 241, con número de registro digital: 196442, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad" Sin que sea el caso ocuparse de los conceptos de violación expuestos en la demanda en torno al referido acto, en virtud de que el sobreseimiento decretado impide analizar el fondo del asunto. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia número 23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Materia(s): Común, consultable en la página 252, del título: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente" Por consiguiente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con veinte minutos del catorce de diciembre de dos mil veintitrés. Háganse las respectivas anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y en su lugar se señalan las diez horas con veinte minutos del catorce de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración.

  3. Principal

    remite diversas copias certificadas, como complemento a su informe con justificación; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo... las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza... requiérase a la autoridad responsable Juez Ejecutor de Sentencia adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatzacoalcos y Acayucán, Veracruz, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada del pronunciamiento que realizó en la controversia judicial ******************** de su índice, con motivo del desistimiento planteado por la parte quejosa, misma que debe estar completa y legible...

  4. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, treinta de octubre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó parcialmente la ampliación de la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguense a los autos el oficio (con anexo) remitido por el secretario del Juzgado Décimo de Noveno en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 464/2023 (orden 1462/2023) del índice de este órgano jurisdiccional. En tales condiciones, dese de baja, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); sin que sea necesario acusar recibo del exhorto, toda vez que, por una parte, el sistema lo genera de manera automática y por otra, no fue solicitado. En tal virtud, téngase al quejoso ********************, por debidamente notificado del auto de cinco de octubre del año en curso; al tenor de las constancias que ahora se reciben. Por otro lado, de la diligencia remitida por el homologo federal se advierte que el quejoso no ratificó el contenido y firma del escrito de desistimiento presentado en el sumario en que se actúa; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de cinco de octubre último; por tanto, se continúa con la secuela procesal correspondiente.

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