Herver Raymundo Barrios Cienfuegos
Expediente 53/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Herver Raymundo Barrios Cienfuegos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes en proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hayan hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que el Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad: Resolviera la solicitud presentada el ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el sentido de que se le aclare lo derivado del estado de cuenta del periodo uno de febrero al treinta y uno de julio de la anualidad pasada; o bien, manifiestara el impedimento legal que tuviera para ello; y Notificara al agraviado dicha determinación en breve término. b) Por providencia de catorce de marzo del año en curso, se declaró la firmeza del fallo protector; razón por la cual se requirió al Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Guanajuato, con sede en esta localidad, cumpliera con él. c) Mediante oficio registrado con el número 4092 el Gerente del Área Jurídica de la Delegación Regional XVI-Guanajuato del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), allegó el oficio XVI/ASJ/566/2022 de quince de marzo pasado, así como la constancia de la notificación realizada a la parte quejosa. d) Con motivo de lo anterior, el cinco de abril hogaño, se dio vista a las partes y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la aludida responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que la responsable: Resolvió la solicitud presentada el ocho de octubre de dos mil veintiuno; y Ello le fue notificado el veinticuatro de marzo hogaño, a la parte quejosa. En esas condiciones, el suscrito estima que el Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Guanajuato, con sede en esta localidad, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Por otro lado, agréguese en autos el escrito signado ******************, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 8° Constitucional, expídase a su costa copia simple de la constancia que indica, la que puede obtener y recoger en cualquier día y hora hábil, previa cita que genera para tal efecto a través del sistema "Agenda OJ", en el link https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas, y razón de recibo que se asiente en autos para constancia. No obstante lo anterior, hágase del conocimiento que conforme a lo establecido en el numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que descargue del expediente electrónico se considerarán como copia certificada cuando incluyan la evidencia criptográfica.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes en proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hayan hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que el Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad: Resolviera la solicitud presentada el ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el sentido de que se le aclare lo derivado del estado de cuenta del periodo uno de febrero al treinta y uno de julio de la anualidad pasada; o bien, manifiestara el impedimento legal que tuviera para ello; y Notificara al agraviado dicha determinación en breve término. b) Por providencia de catorce de marzo del año en curso, se declaró la firmeza del fallo protector; razón por la cual se requirió al Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Guanajuato, con sede en esta localidad, cumpliera con él. c) Mediante oficio registrado con el número 4092 el Gerente del Área Jurídica de la Delegación Regional XVI-Guanajuato del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), allegó el oficio XVI/ASJ/566/2022 de quince de marzo pasado, así como la constancia de la notificación realizada a la parte quejosa. d) Con motivo de lo anterior, el cinco de abril hogaño, se dio vista a las partes y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la aludida responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que la responsable: Resolvió la solicitud presentada el ocho de octubre de dos mil veintiuno; y Ello le fue notificado el veinticuatro de marzo hogaño, a la parte quejosa. En esas condiciones, el suscrito estima que el Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Guanajuato, con sede en esta localidad, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Por otro lado, agréguese en autos el escrito signado ******************, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 8° Constitucional, expídase a su costa copia simple de la constancia que indica, la que puede obtener y recoger en cualquier día y hora hábil, previa cita que genera para tal efecto a través del sistema "Agenda OJ", en el link https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas, y razón de recibo que se asiente en autos para constancia. No obstante lo anterior, hágase del conocimiento que conforme a lo establecido en el numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que descargue del expediente electrónico se considerarán como copia certificada cuando incluyan la evidencia criptográfica.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Gerente del Área Jurídica de la Delegación Regional XVI-Guanajuato del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en ese sentido, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de diez días de que disponían las partes para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; transcurrió sin que ninguna lo haya hecho; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de amparo, requiérase al Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado, de cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita las constancias que así lo acrediten, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, prevista en el artículo 258 de la ley reglamentaria en cita, en relación con el diverso 238 de la misma ley, conforme Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como el propio numeral 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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