Herver Alejandro Quintanilla y Otros.
Expediente 367/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Herver Alejandro Quintanilla y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA 1-A.- Vista la certificación que antecede, se advierte que debido a los contagios generados por el virus denominado COVID-19, mediante Circular AP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal informó que en sesión de la misma fecha acordó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid19, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno, periodo durante el cual, con las salvedades previstas en el citado esquema, se suspendieron los plazos y términos procesales. Asimismo, que de conformidad con la Circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional y demás que integran el Vigésimo Circuito es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, que regía hasta antes de la suspensión. En tales condiciones, con fundamento en la fracción I del artículo 2 del Acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales decretada en el presente asunto y se reanuda el procedimiento en el presente asunto, con la precisión de que dicha determinación implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. TRAMITE Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. Por otra parte, toda vez que de autos se advierte que no obra la constancia de notificación de los oficios 19785/2020 al 19789/2020, dirigidos a las autoridades responsables, de diecisiete de diciembre pasado, con los que se les comunicó el auto de esa fecha, en el que se sobreseyó fuera de audiencia. En obvio de mayores dilaciones, gírese oficio a las autoridades responsables, con inserción del citado auto, a fin de que se impongan de su contenido.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula Tercera de la Unidad de Investigación y Litigación en Tapachula, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias que le fueron requeridas en proveído de nueve de diciembre del año en curso; dése cuenta a las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en términos de los preceptos 119 y 123 de la ley en la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza la documental que en copia certificada remite la autoridad responsable, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, de la constancia de notificación que antecede, signada por el fedatario judicial adscrito, mediante la cual se advierte que al momento de notificar a los quejosos Herver Alejandro Quintanilla Moreno y Francisco Gabriel Gutiérrez Ramírez, el proveído de quince de diciembre de esta anualidad, manifestaron que si ratificaban el escrito de desistimiento que presentaron el catorce del citado mes, el cual les fue puesto a la vista. En esa tesitura, se concluye que la voluntad expresada con antelación por la parte agraviada de promover esa contienda ha cesado y por lo tanto ante esa manifestación ya no existe esa instancia de parte requerida para la tramitación del juicio constitucional. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda válidamente desistir en cualquier momento con la sola declaración de voluntad. En el caso, este juzgador considera que se actualiza el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción I, dado que los quejosos manifestaron su voluntad de desistirse ante la presencia del Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional quien es un funcionario judicial con fe pública. En tal virtud, lo que procede es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación por identidad jurídica la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página doscientos cuarenta, tomo XI, abril de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable la tesis 2a.J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 184572, del rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente lo que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En razón de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinticinco minutos del dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el Centro Estatal para la Reinserción Social para Sentenciados número tres, en esta ciudad, por la vía electrónica a la agente del ministerio público de la federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; quince de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el ocurso de los quejosos Herver Alejandro Quintanilla Moreno y Francisco Gabriel Gutiérrez Ramírez, mediante el cual desisten de este juicio de amparo. Toda vez que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Varonil Número Tres, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, por conducto del actuario adscrito a este Juzgado, requiérase a los promoventes para que en el acto de la notificación del presente proveído, manifiesten si ratifican o no el escrito de cuenta, apercibidos que de no hacerlo, se tendrá por no formulado el desistimiento y se continuará con el procedimiento en este asunto. Lo anterior, ya que únicamente de esta manera se tendría la certeza de que quien desiste es la parte quejosa, que realmente es intención de los solicitantes de amparo el abdicar de la acción constitucional y que no se trata de un escrito en el que se le haya suplantado o hubiese obedecido a una causa ajena a su voluntad; sin perjuicio de que posteriormente puedan ratificarlo, mientras no se haya dictado la sentencia ejecutoria. Tiene aplicación al respecto, la siguiente jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena época, Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, agosto de 2006, tesis: 2a./J. 119/2006, Página: 295, Registro electrónico: 174,481, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo XI, abril del 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 147, que señala lo siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Notifíquese; y personalmente a los quejosos en su centro de reclusión.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, tomando en consideración que aún no ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, durante el cual debe hacerse del conocimiento de las partes del contenido del informe remitido por la autoridad responsable Delegado de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, agregado en autos mediante proveído de veintitrés de noviembre del año en curso. Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. Tiene aplicación la jurisprudencia 21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXVII, marzo de 2008, página 151, del texto y rubro siguente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese.
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