Herón Soto Soriano

Expediente 974/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 42 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
974/2020
Año
2020
Actuaciones
42
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Herón Soto Soriano
  • Herón Soto Soriano y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    5) El Director de Procesos Jurisdiccionales de la Secretaría de Educación Pública, en atención al requerimiento de veintidós de julio de dos mil veintiuno, remite diversas constancias relativas a la investigación de domicilio de la tercera interesada *. Acuerdo. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, sin que haya lugar a realizar mayor proveído toda vez que por auto de once de octubre de dos mil veintiuno, causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio y se ordenó su archivo como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    5) San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Toda vez que este expediente se tramitó con INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, acuérdese lo relativo a su destino en los cuadernos incidentales. Digitalización. Previo a su destrucción, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos originales. Toda vez que en autos obran documentos aportados por la parte quejosa, que se ubican dentro de los referidos en el artículo 3, fracción XVIII del Acuerdo General de que se habla, y en cumplimiento a lo dispuesto en el diverso 21 de la misma legislación; requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éstos se dejen en autos, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos junto con el expediente.(...) Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a la parte quejosa que, en caso de que requiera la devolución de documentos diversos a los recién precisados, deberá solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Devolución de anexo. Por otra parte, en atención a que obra por separado un tomo de pruebas; consecuentemente, y en virtud que no hay más actuaciones que realizar en el expediente en que se actúa, se ordena devolver a la autoridad respectiva dicho tomo, por ser de su competencia. En el entendido de que el sello de recepción servirá como acuse. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y en forma electrónica al quejoso.

  3. Incidental

    5) Como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión que se tramitó en original y duplicado. De autos se advierte que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva, a la parte quejosa. Archivo. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitada y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos 6 meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez transcurrido el termino establecido en el artículo 18 del Acuerdo General de referencia transfiéranse las constancias depuradas del expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese.

  4. Principal

    5) San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos y atendiendo a las certificaciones de cuenta se advierte que auto de dos de junio del año en curso, se concedió a la parte quejosa el plazo de veinte días a fin de que compareciera a las oficinas que ocupa este órgano jurisdiccional a recoger los edictos ordenados y acreditar haberlos entregado para su publicación a fin de emplazar a la tercera interesada SMVS, término que fue suspendido el día catorce de junio del presente año, fecha en la que el quejoso presentó un escrito manifestando su insolvencia para sufragar el pago de los edictos ordenados y solicitó se girara oficio al Titular de la Secretaría de Educación Pública, para la búsqueda del domicilio donde pueda ser emplazada la parte tercera interesada. Asimismo, mediante proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó reanudar el plazo de veinte días citado en el párrafo que antecede al no localizar el domicilio de la citada tercera interesada y se hizo del conocimiento del quejoso que contaba con el término de diecisiete días para comparecer a las oficinas que ocupa este órgano jurisdiccional a recoger los edictos ordenados en autos, el cual transcurrió del doce de agosto al tres de septiembre de la presente anualidad, sin contar los días inhábiles. Expuesto lo anterior y toda vez que la parte quejosa no acreditó haber gestionado la publicación de los edictos ordenados en autos a efecto de emplazar a la parte tercera interesada, dentro del término previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo de la Ley de Amparo, es evidente que en el presente caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, por lo cual no hay necesidad de pronunciar la presente determinación en la audiencia constitucional. Ahora bien, las causales de improcedencia resultan ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, por lo que se procede a analizar la que emerge en la presente litis constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 63, fracción II, en relación con los diversos 5°, fracción III y 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: (.) Cabe señalar que en el referido acuerdo de dos de junio del presente año, se apercibió a la parte quejosa que en caso de no comparecer a recoger, entregar para su publicación y acreditar que han sido entregados, esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicar los edictos en el término concedido, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio. En ese orden de ideas, del análisis conjunto de lo previsto en la fracción XXIII del artículo 61, y 63, fracción II, en relación con los diversos 5°, fracción III y 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se colige que si una vez agotada la investigación y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado por medio de edictos a costa de la parte quejosa, ésta no los recoge, paga su publicación, y exhibe las órdenes de pago y las publicaciones correspondientes, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, toda vez que se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Lo anterior trae como consecuencia que se actualice la causal de improcedencia y sobreseimiento en estudio, al no haber recogido y entregado el quejoso los edictos para su publicación, esto es, que efectuó las gestiones necesarias para publicar los edictos. Es de señalarse que por auto de quince de junio del año que transcurre se tuvo al quejoso manifestando su imposibilidad para sufragar los gastos de publicación de los edictos ordenados en autos y solicitó se requiriera informe al Titular de la Secretaría de Educación Pública, por lo que se ordenó girar oficio a dicha Secretaría a fin de localizar el domicilio de la parte tercera interesada, reservándose respecto a la manifestación del quejoso relativa a la imposibilidad para llevar a cabo la publicación de edictos. Mediante proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo al Titular de la Secretaría de Educación Pública remitiendo diversas constancias de las que se advertía que no obraba en sus registros el domicilio de la aquí tercera interesa, por lo tanto, se proveyó respecto a la solicitud del quejoso relativa a que se ordenara la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal, ante su imposibilidad para sufragar los gastos que generan los mismos. Al respecto, en razón de que el quejoso omitió ofrecer pruebas con las que se acreditara de forma fehaciente la insolvencia aducida y de la copia certificada del juicio de origen que remitió el juez responsable como justificante de su informe de ley, no se advertía tal circunstancia, se negó la publicación de edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal, y se hizo del conocimiento del quejoso la reanudación del plazo de veinte días otorgado en auto de dos de junio del año en curso. Además, a la fecha la parte quejosa no acreditó tener alguna imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza en el término que se le concedió para tal efecto, esto es, para efectuar el pago de la publicación de los edictos, lo que hace que quede paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el dispositivo 17 de la Constitución Federal, habida cuenta de que se entorpece la pronta y expedita impartición de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la parte promovente, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del impetrante de amparo. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII de los artículos 61, y 63, fracción II, en relación con los diversos 5°, fracción III y 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Sin embargo, en el presente juicio la parte quejosa fue omisa en acreditar que tenía alguna imposibilidad para pagar su publicación y de autos no se desprenden indicios suficientes que demuestren que la parte quejosa no tiene capacidad económica para erogar un gasto de esa naturaleza, por lo que no se le deja en estado de indefensión. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con cuarenta minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

Quedan 38 actuaciones en este expediente

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