Hernandez Gomez Abogados, Sociedad Civil
Expediente 8155/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 8155/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/07/2018
Partes del expediente
- Hernandez Gomez Abogados, Sociedad Civil
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de amparo, téngase por recibido el oficio remitido por el Secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del envió del toca del amparo en revisión administrativa A.R.A. 429/2017, de su índice; que fue remitido por éste órgano jurisdiccional, de lo cual se toma conocimiento, para todos los efectos legales a que haya lugar. NOTIFIQUESE.
- Principal
Ciudad de México, seis de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que actúa, así como la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, en la cual se determinó por un lado, sobreseer y negar el amparo solicitado y, por otro, amparar a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo indica su numeral 2°, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico que para registro tiene este juzgado y comuníquese lo anterior a las partes. Ahora bien, en lo que interesa, en el punto resolutivo TERCERO de la sentencia definitiva dictada en el presente asunto, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, por cuanto hace al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013; así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. En ese sentido, conviene precisar que respecto de los citados actos reclamados a las autoridades responsables Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a los solicitantes de la protección constitucional, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, porque el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejarlos insubsistentes, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; por tanto, dichas autoridades legislativas no tienen que ejecutar acto alguno. En esas condiciones, tal y como se advierte de los efectos para los que se concedió el amparo, es al Jefe del Servicio de Administración Tributaria a quien corresponde, en su caso, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la referida autoridad hacendaria, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informe a este órgano de control constitucional, si a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, cuyo Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se detalla a continuación: NO. DE EXPEDIENTE QUEJOSAS RFC 4209/2014 ROGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ROG821220CG4 TERRAZAS LOPEZ Y ASOCIADOS, SOCIEDA CIVIL. TLA030830LU2 CONTAFIN DEL NOROESTE, SOCIEDAD CIVIL. CNO000710L48 CREDIAVANCE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDA NO REGULADA. DSP860414PH3 BETALEM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. BET111110Q56 ABASTECEDORA DE SERVICIOS DEL VALLE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ASV880624A57 Le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Y para el caso de haberse instaurado dicho procedimiento a la peticionaria de amparo, y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución, por lo cual, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararlo insubsistente; remitiendo las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, con el objeto de tener certeza si en el asunto en que se actúa existe materia para el cumplimiento de la sentencia y, estar en posibilidad de realizar pronunciamiento al respecto; apercibida dicha autoridad que en caso de resultar omisa en el plazo otorgado para tal efecto, se aplicará una multa al titular de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 258 de la citada ley de la materia; asimismo, en su caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado competente, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro número 197560, de rubro: "APREMIO, MEDIDAS DE. LA PROCEDENCIA DE SU IMPOSICIÓN SE GENERA EN EL ACTO MISMO DE DESACATO A UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL." De igual forma, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero, del artículo 8, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y en términos del referido el numeral 192, cuarto párrafo, de la ley de la materia, requiérase al superior jerárquico de la autoridad directamente obligada al cumplimiento, a saber, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en igual término, lo conmine a cumplir con la ejecutoria de amparo, apercibida que en caso de no demostrar que dio dicha orden, se le impondrá una multa a su titular de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 258 de la citada Ley de Amparo e incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable directamente obligada al cumplimiento. Lo anterior encuentra apoyo, en lo que interesa, en la jurisprudencia de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro 2005830, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO." Cabe precisar que el dictado de las medidas antes citadas tiene por objetivo que los juicios de amparo del conocimiento de este juzgado de Distrito, no queden paralizados; pues en caso de incumplimiento de alguno de los puntos antes requeridos, se provocaría un retardo o dilación en su cumplimiento, lo que atentaría contra el mandato constitucional de la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace del conocimiento de las autoridades conminadas en el presente proveído que aun cuando dejen de ocupar su cargo, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo en que estén al frente de él, de manera que podrán ser consignadas ante el Juez de Distrito que corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, constitucional, aunque dejen de ser titulares obligados. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, diez de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los autos el escrito presentado vía electrónica por la autorizada de las quejosas SKYTEX MÉXICO y SKY EPS SUPPLY SM, ambas SOCIEDADES ANÓNIMAS DE CAPITAL VARIABLE, a través del cual, solicita la aclaración de los efectos de la suspensión definitiva, toda vez que no se reclamó el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación; se provee: Cabe precisar que en la resolución interlocutoria dictada por este Juzgado de Distrito el seis de febrero de dos mil quince, se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa para los siguientes efectos: "Efectos suspensivos. Por lo que respecta al medio de comunicación denominado buzón tributario (artículo 17 K del Código Fiscal de la Federación), el otorgamiento de la suspensión sólo tiene por efecto deshabilitar la obligación de emplear dicho mecanismo como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria, de lo que se sigue que los actos y resoluciones administrativas que ésta emita deberán notificarse a los quejosos a través de los mecanismos ordinarios previstos para tal efecto, en tanto que éstos deberán desahogar los requerimientos que les sean formulados, así como presentar sus promociones, solicitudes y avisos directamente ante la autoridad hacendaria en documento impreso, o bien, a través de otros medios electrónicos en documento digital, de conformidad con las disposiciones que resulten aplicables. Ahora, por cuanto al envío de la información contable (artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación), el efecto de la suspensión se traduce en desincorporar transitoriamente de la esfera jurídica de los quejosos el deber de remitirla mensualmente a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, en tanto se decide el juicio de amparo en lo principal, empero no significa que la autoridad hacendaria esté imposibilitada para solicitarle la información de que se trata, a efecto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya que puede realizarlo por medio del procedimiento de fiscalización distintos de la revisión electrónica que momentáneamente no podrá utilizar, previstos en la ley, como lo son, la revisión de gabinete y la visita domiciliaria". Inconforme con dicha determinación el Presidente de la República interpuso recurso de revisión, por lo que, mediante la resolución dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el incidente de suspensión en revisión 1251/2015, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se desecha por improcedente el presente recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Presidente de la República. SEGUNDO. Queda firme la resolución recurrida." Atento a lo anterior, no ha lugar a acordar de manera favorable lo solicitado por la promovente, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa tuvo la oportunidad de recurrir la suspensión decretada por este órgano jurisdiccional, sin que lo haya hecho, por lo que la misma sigue surtiendo los efectos legales que corresponden, entre otras cuestiones, a deshabilitar la obligación de emplear dicho mecanismo como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria, sin embargo, esto no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, toda vez que puede desahogar los requerimientos que les sean formulados, así como presentar sus promociones, solicitudes y avisos directamente ante la autoridad hacendaria en documento impreso, o bien, a través de otros medios electrónicos en documento digital, de conformidad con las disposiciones que resulten aplicables. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, diez de mayo de dos mil dieciocho. Vistas las copias autorizadas de los oficios signados por el Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con números de folio 12596 y 5077, y del proveído de cuenta, mismos que obran agregados en el cuaderno varios 2/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, de los cuales se advierte que la autoridad Jefe del Servicio de Administración Tributaria, solicita le sea enviado el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la aquí quejosa, a fin de estar en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según lo dispone su artículo 2°, agréguense a los autos las copias autorizadas de los oficios y del auto de cuenta, para que surtan los efectos legales a que haya lugar. En atención a lo anterior y vistos los oficios 600-04-01-00-00-2017-36014 y 600-04-01-00-00-2018-42146 así como la copia autorizada del auto de trece de marzo del año que transcurre, dictada en el citado cuaderno de varios 2/2017, se le remite al Jefe del Servicio de Administración Tributaria la información que peticiona, a continuación: N°. DE EXPEDIENTE QUEJOSA RFC 1826/2014 COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA, MD SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE CFM051012QU8 En consecuencia, a fin de abreviar los plazos en el pronunciamiento sobre la ejecución y cumplimiento del fallo dictado en este asunto, garantizar el derecho a la justicia pronta de las partes, y este órgano de control constitucional se encuentre en posibilidad de determinar si existe materia para su cumplimiento; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informe a este órgano de Juzgado Federal, si a la parte quejosa en el presente juicio de amparo: Le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Y para el caso de haberse instaurado dicho procedimiento a la peticionaria de amparo, y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución, por lo cual, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararlo insubsistente; remitiendo las constancias que así lo acrediten. De igual forma, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero, del artículo 8, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y en términos del referido el numeral 192, cuarto párrafo, de la ley de la materia, requiérase nuevamente al superior jerárquico de la autoridad directamente obligada al cumplimiento, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en igual término, lo conmine a cumplir con la ejecutoria de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, en lo que interesa, en la jurisprudencia de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro 2005830, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO." Cabe precisar que el dictado de las medidas antes citadas tiene por objetivo que los juicios de amparo del conocimiento de este juzgado de Distrito, no queden paralizados; pues en caso de incumplimiento de alguno de los puntos antes requeridos, se provocaría un retardo o dilación en su cumplimiento, lo que atentaría contra el mandato constitucional de la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace del conocimiento de las autoridades conminadas en el presente proveído que aun cuando dejen de ocupar su cargo, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo en que estén al frente de él, de manera que podrán ser consignadas ante el Juez de Distrito que corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, constitucional, aunque dejen de ser titulares obligados. Finalmente, hágase del conocimiento de las referidas autoridades hacendarias, que subsiste el apercibimiento ordenado en proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. NOTIFIQUESE.
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