Hernan Martinez Zavaleta
Expediente 675/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 675/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Hernan Martinez Zavaleta
Actuaciones
- Principal
Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Marco Antonio Avilés Huerta, en favor de Hernán Martínez Zavaleta, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz y otros. Se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 675/2019. Ahora, del escrito inicial de demanda se desprende que el acto reclamado consiste en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Incomunicación, aislamiento y lesiones inferidas contra del quejoso que pongan en peligro la vida del mismo en el interior del CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO DIECISIETE "CPS MICHOACÁN" De las autoridades señaladas en los incisos del 1 al 4, se reclama la emisión y ejecución de la Orden de Traslado del quejoso HERNÁN MARTÍNEZ ZAVALETA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO CINCO, "ORIENTE" AL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 "CPS MICHOACÁN", que es en donde actualmente se encuentra preso, lo cual ocurrió el día jueves diecinueve del mes y año en curso. De la autoridad judicial señalada en el último de los incisos reclamo la autorización que la misma emitió para efecto de que el quejoso pueda ser trasladado del CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO DOS, "OCCIDENTE AL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 "CPS MICHOACÁN" que es en donde actualmente se encentra interno mi defendido, ya que conforme a la interpretación judicial emitida que está vigente por parte de nuestro máximo Tribunal, al estar el quejoso a disposición de dicho órgano jurisdiccional por cuanto hace a la libertad personal del mismo, el titular de dicho órgano jurisdiccional tiene la facultad de autorizar su traslado a petición de las autoridades administrativas. Actos reclamados consistentes en Incomunicación, aislamiento y lesiones. Si bien el promovente Marco Antonio Avilés Huerta, manifiesta como actos reclamados la incomunicación, aislamiento y lesiones inferidas en contra del quejoso directo Hernán Martínez Zavaleta, empero de la lectura integra de la demanda, no se despende que dichos actos que pudieran encuadrarse en los artículos 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, se estén ejecutando, ya que se hacen derivar de la ejecución de la orden de traslado que ya se llevó a cabo, máxime que entre las autoridades responsables que cita se encuentra la existencia de una autoridad jurisdiccional, como lo es, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enrique, de ahí que al encontrarse la existencia de una autoridad jurisdiccional y que los actos reclamados no se encuentra en el supuesto de los que refiere el artículo 15 de la de la materia, este órgano jurisdiccional no se encuentra por el momento en condiciones de proveer sobre la suspensión de tales actos. Prevención de la demanda. Ahora, en primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]". Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta mandará prevenir a la promovente para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. Ahora, resulta importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tales condiciones, vista la demanda de cuenta, se advierte que el acto reclamado consiste en la ejecución de una orden de traslado en contra del aquí quejoso, misma que atribuye a autoridades administrativas y una judicial, sin embargo, de momento no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que en el caso concreto la demanda la promueve Marco Antonio Avilés Huerta, a favor de Hernán Martínez Zavaleta, de ahí que no se tenga certeza jurídica de la voluntad del quejoso directo. De lo expuesto, se colige que al momento en que alguien suscribe un documento, no solo queda determinado quién lo hace, sino también el hecho de que quiere efectuar una declaración de voluntad; por tanto, se previene al quejoso directo Hernán Martínez Zavaleta, para que al momento de la notificación del presente proveído, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada a su favor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por Marco Antonio Avilés Huerta a las diez horas con con dieciocho minutos de esta data. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis que a la letra dice lo siguiente: Tesis: I.5o.P.14 P (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2003324 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3 Pag. 2194 Tesis Aislada(Común, Penal) ORDEN DE TRASLADO. LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, NO DEBE DESECHARSE DE PLANO POR EL SOLO HECHO DE QUE SE PROMUEVA POR PERSONA DISTINTA AL QUEJOSO. El hecho de que el juicio de amparo sea promovido por persona distinta al directo agraviado, en nombre de éste, no conduce en todos los casos a desechar de plano la demanda bajo el argumento de que no se colma el principio de instancia de parte agraviada que rige al citado juicio, toda vez que una porción del artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que la parte a la que perjudique el acto reclamado, podrá promover el juicio "por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente" y el diverso precepto 17 de la misma legislación prevé que cuando en el juicio de control constitucional se combatan, entre otros actos, aquellos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre; de manera que si el referido juicio se insta en nombre del quejoso por otra persona contra una orden de traslado, procede tener por presentada la demanda y no desecharla de plano, porque conforme a los citados preceptos, tal orden se trata de un acto que afecta de forma indirecta la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento judicial -pues tiende a modificar las condiciones en que debe llevarse a cabo o ejecutarse la privación de la libertad en que esté el justiciable- y por encontrarse éste imposibilitado para promoverlo, con motivo de su condición de recluso en un centro penitenciario; sin que lo anterior implique que deje de regir el principio de instancia de parte agraviada, dado que si bien el quejoso no es quien en inicio solicita la protección constitucional, sino otra persona en su nombre, tal intervención sólo constituye una gestión judicial permitida expresamente en determinados casos por la ley de la materia, cuya eficacia jurídica, de acuerdo a la segunda parte del citado numeral 17, está condicionada a que el directo quejoso ratifique la demanda de amparo formulada a su favor, para que pueda seguirse el trámite del asunto y, por ende, cumplirse con el principio de instancia de parte agraviada." En esas condiciones, dado que el quejoso se encuentra recluido Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS MICHOACÁN", mismo que se encuentra fuera de la residencia de este tribunal, pero dentro del territorio en que ejerce jurisdicción, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio y delegación de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien girar sus apreciables órdenes a quien corresponda, para que: Se constituya en las instalaciones que ocupa Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS MICHOACÁN", a efecto de que localice a Hernán Martínez Zavaleta, y en el acto de la notificación del presente auto deberá requerirlo para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada a su favor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por Marco Antonio Avilés Huerta, a las diez horas con dieciocho minutos de esta data, o bien lo haga por escrito en el término de tres días, apercibido que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo en vigor, ésta se tendrá por no presentada. En el entendido de que el funcionario correspondiente deberá elaborar acta circunstanciada en forma clara, precisa y conforme a las disposiciones legales aplicables, de la diligencia que practique. Con fundamento en el artículo 3, párrafos primero, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, se autoriza al promovente el acceso electrónico con el nombre de usuario que refiere debiéndose practicar en éste las notificaciones respectivas conforme a la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 24, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo. Copias a las partes. Se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Datos personales. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN LA FORMA INDICADA.
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