Hernán Dante Díaz Pérez
Expediente 727/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Hernán Dante Díaz Pérez
Actuaciones
- Principal
MESA II. Por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. En tales condiciones, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación.
- Principal
MESA II. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual informa que considera innecesario la autorización del expediente electrónico del juicio 425/2021-V de su índice; asimismo, comunica que se encuentra imposibilitada en remitir copias certificadas, ya que declinó competencia al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad y solo cuenta con testimonio autorizado de dicho asunto; en tal virtud, no se hace mayor pronunciamiento ya que en auto de seis de octubre del año en curso, se desechó la demanda de amparo que dio origen a este juicio.
- Principal
MESA II. Ciudad de México, seis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por ***, defensor particular de ***, a través del cual cumple la prevención realizada mediante auto de uno de octubre del año en curso, pues informa lo requerido. DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Sentado lo anterior, del escrito inicial de demanda, así como del escrito aclaratorio que se provee se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: LA AUDIENCIA DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, LLEVADA A CABO EN LA CARPETA JUDICIAL ***, EN LA QUE SE EXHIBIÓ A LA PARTE QUEJOSA LA OFERTA DE LA PENA, QUE SOLICITÓ EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA PUBLICACIÓN, EMISIÓN Y APLICACIÓN DEL ACUERDO ***, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE REALIZAR EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL REFERIDO ACUERDO. Reclamados al Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Dos y otras autoridades. Actos respecto de los cuales se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues en el caso opera la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V del diverso 107 de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, los que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.[.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Conforme a los numerales invocados, son actos con efectos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que mediante una fórmula legal se establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Además, de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, en el caso se afirma que la audiencia de trece de septiembre de dos mil veintiuno, llevada a cabo en la carpeta judicial ***, en la que se exhibió al quejoso la oferta de la pena, que solicitó el ministerio público en el procedimiento abreviado, sólo afecta derechos de naturaleza procesal, de suerte que las posibles violaciones que se pueden ocasionar, se desvanecerían sin dejar rastro en la esfera jurídica del impetrante del amparo de obtenerse determinación favorable en el procedimiento abreviado de donde derivan los actos de los que se duelen. Lo anterior, pues del escrito que se agrega en esta data la parte quejosa en cumplimiento a la prevención previamente realizada manifiesta que "la oferta de la pena no ha sido autorizada en definitiva por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Dos, porque como se señaló, una vez expuesta la acusación, hasta el segmento de la forma de terminación anticipada, dicha autoridad suspensión la citada audiencia". En virtud de lo anterior, hasta el momento procesal en la carpeta judicial de origen, tal propuesta no ha sido autorizada en definitiva por la autoridad judicial, por lo que de ninguna manera se origina una afectación o lesión alguna a los derechos o intereses del imputado, dado que no ha repercutido de forma negativa en su esfera jurídica, pues en la continuación de la audiencia el órgano resolverá respecto a la oferta de la pena hecha por la representación social y seguida la secuela procesal, el juez emitirá la resolución respectiva. En tal virtud, como se puntualizó en líneas precedentes el acto reclamado necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no precisamente llegue a trascender al resultado del expediente; ya que en el caso la afectación a la esfera jurídica del quejoso está sujeta a otros factores cuya verificación se desconoce, tales como el sentido de la resolución que emitirá el Juez de Control al respecto. Cobra aplicación al caso, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2011338, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.), Página: 1902), de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De modo que, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una resolución favorable. En tales circunstancias, se insiste los actos que por esta vía se combaten, no implican actos que no puedan ser reparados si el aquí quejoso obtiene determinación favorable, pues solo hasta ese momento procesal se podrá apreciar si con motivo de ello, se vulneraron sus defensas, trascendiendo tal violación al resultado de la resolución definitiva, lo que en su caso puede ser reclamado en la vía correspondiente. Así las cosas, si los actos reclamados no engendran por sí mismos y de inmediato algún perjuicio a los derechos sustantivos del promovente, no son combatibles por ahora en amparo indirecto. En esa tesitura, toda vez que opera de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Desechamiento que debe hacerce extensivo a los diversos actos reclamados consistente en la publicación, emisión y aplicación del acuerdo ***, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de dos mil quince, así como la omisión de realizar el control de constitucionalidad del referido acuerdo, toda vez que estos se encuentran estrechamente vinculados con su acto de aplicación, que en el caso lo es aquél por el cual se desechó la demanda conforme a los razonamientos expuestos en párrafos que anteceden. Cobra aplicación la tesis 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, Novena Época, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.
- Principal
MESA II. Ciudad de México, uno de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo presentada por ***, defensor particular de ***, contra actos del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Dos y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en el artículo 1, 14, 16, 17, 19 y 20, Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 727/2021-II-B. PREVENCIÓN A efecto de proveer respecto a su admisión, es importante tomar en consideración lo establecido en el numeral 114, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". Con base en la porción normativa transcrita, el Juez de Distrito al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir: Irregularidades, como el soslayar acreditar la personalidad con que se ostenta el promovente. Omisión de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108, de la ley de la materia, entre ellos, el señalamiento de la personalidad del que promueve. En la especie, se estima que en la demanda que nos ocupa se actualiza el segundo de los supuestos señalados, como enseguida se demuestra. Para mayor soporte del aserto que precede, es conveniente traer a contexto las fracciones IV y V, del numeral 108, de la citada Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)" En ese sentido, el promovente no es claro en relación con qué es lo específicamente reclama a las autoridades responsables, así como los hechos y abstenciones que constituyen el acto reclamado son obscuros e imprecisos. Lo anterior, dado que en la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la publicación, emisión y aplicación del acuerdo ***, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de dos mil quince, así como la omisión de realizar el control de constitucionalidad del referido acuerdo. Por otra parte, en el capítulo de relativo a los antecedentes la parte quejosa manifiesta: "La autoridad responsable en fecha 21 de agosto de 2021, cambiando radicalmente su postura del procedimiento abreviado señalo ".ya se cuenta con el trámite correspondiente de la solicitud de procedimiento abreviado e inclusivo se cuenta con la respectiva autorización, por lo que en la próxima audiencia si el acusado con asesoría de la defensa acepta la propuesta que tiene se llevara la audiencia de procedimiento abreviado.". "Sin hacer de conocimiento la oferta de pena en ese momento, sino hasta el día 13 de septiembre del 2021 que se llevó a cabo la audiencia intermedia ante el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Dos, en la carpeta Judicial *** O a quien se le informo que no se le había informado al suscrito y mi defensa la oferta de pena que solicitaría el Ministerio Público en el Procedimiento Abreviado, incluso, incluso que no se había entregado el descubrimiento probatorio, a pesar de eso la autoridad judicial permitió el desarrollo de la audiencia hasta el segmento de las formas de terminación anticipada, en su ofrecimiento de pena ".siendo esto el resultado de la suma de las penas mínimas, reducidas en un dieciseisavo, reduciendo las mismas de tres años a 2 años 9 meses, que en suma daban un total de 5 años 6 meses.", aplicando el tildado de inconvencional e inconstitucional -acuerdo ***, que regula solicitud de imposición de penas en los casos de procedimiento abreviado-, lo cual fue en clara omisión fue consentido por la Autoridad Judicial, cuando su obligación aplicar el control de convencionalidad, pero más interpretar conforme al principio pro persona. Se destaca, que no se pudo continuar la audiencia intermedia -dado que hasta ese momento se dio el descubrimiento probatorio de la Fiscalía-, para que mi defensa estuviera en aptitud de desahogar la citada audiencia, en abierta violación a mis derechos humanos, acudiendo a Su Señoría en demanda del amparo y protección de la Justicia Federal. " Ahora bien, de lo antes narrado por el quejoso se desprende que se duele de la oferta de pena realizada por el Ministerio Público en el Procedimiento Abreviado; sin embrago, de la lectura integra de la demanda no se desprende si tal propuesta fue autorizada definitivamente por la autoridad judicial, aceptada por el acusado, si ya se emitió sentencia en el procedimiento abreviado que refiere el quejoso o si la audiencia donde se iba a llevar a cabo el referido procedimiento se interrumpió. Es decir, para poder emitir determinación en torno a la procedencia de la demanda, es necesario conocer el acto de aplicación del acuerdo que reclama de inconstitucional, esto es la fecha exacta de la resolución, el expediente en el que fue emitida, la autoridad que la dictó y el estado procesal actual del proceso. Por tanto, conforme al mencionado artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el numeral 114, de la Ley de Amparo, se previene a la promovente para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste de manera clara y concisa: EL ESTADO PROCESAL EN EL QUE SE ENCUENTRA EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO DENTRO DE LA CARPETA JUDICIAL ***. DEBERÁ INFORMAR SI LA OFERTA DE PENA REALIZADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO FUE AUTORIZADA EN DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL. DEBERÁ MANIFESTAR DE MANERA CLARA Y CRONOLÓGICA LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Tiene apoyo a lo anterior, la Tesis XX.57 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochocientos setenta y uno, tomo III, marzo 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. En la inteligencia que la prevención que se efectúa sólo se tendrá por legalmente cumplida si el directo quejoso es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda. Cobra vigencia la jurisprudencia 88/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 2006, Tomo XXIV, Novena Época, visible en la página 348, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. Los requerimientos que al efecto se emiten, conllevan el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que se indica en la demanda; asimismo, señala correo electrónico la dirección ***, para mantener comunicación no procesales. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la ley de la materia, a ***, en virtud que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las demás personas señaladas por no contar con dicho registro. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Ahora bien, dado que de la búsqueda en el Sistema Integral de Seguimientos Sise (SISE) se advierte que existe un antecedente relacionado con los actos reclamados, radicado en el Juzgado: Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, bajo el registro 425/2021, En tal virtud, solicítese atentamente al Titular de dicho órgano jurisdiccional, informe el estado procesal que guardan el juicio de amparo de mérito y haga disponible al este Juzgado el expediente electrónico, a fin de que poder realizar la consulta de las constancias que lo integran, través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). Lo anterior, para en su momento acordar lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. EXHORTO A LA PARTES. Conforme a lo previsto en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General plenario 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y para que proporcionen algún medio de contacto, como correo electrónico, número telefónico fijo o celular y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, en caso de contar con ellos, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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