Hernán Cortés García
Expediente 321/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/08/2021
Partes del expediente
- Refugio Armida García Aldaco y Otros.
- Patricia Cortés García
- Hernán Cortés García
Actuaciones
- Principal
...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por América Elizabeth Cruz Ruiz, autorizada de la parte quejosa REFUGIO ARMIDA GARCÍA ALDACO y LILIANA, PATRICIA, HERNÁN Y MARCO ANTONIO todos de apellidos CORTÉS GARCÍA, en atención a su contenido, hágase entrega de los documentos que solicita, que menciona en el ocurso que se acuerda, previa copia certificada que de los mismos se deje en autos y razón que se agregue para constancia legal. En el entendido de que, para la entrega recepción de dichos documentos, deberá solicitar la cita respectiva a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, específicamente en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales" y "Agenda OJ", en el que se encuentra el sistema de administración de fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consulta de expedientes; ello de conformidad con el artículo 3o. del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En este orden, se hace de su conocimiento que mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio, por lo que cuenta con un término de noventa días hábiles, que se contará a partir MARTIN NARVAEZ SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.44 07/08/21 11:13:24 del día siguiente al en que surtió efectos la notificación de dicho acuerdo, para acudir a recuperar los documentos originales o copia que hubiere exhibido en el presente expediente, apercibido de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente vía electrónica a la parte quejosa en el usuario "EliCruz". Así lo proveyó y firma Rosalío Aguilar Cañedo, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio de autorización CCJ/ST/2539/2021, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Martín Narváez Sosa, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desecha el juicio de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso d), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años en razón de que se desechó el presente juicio de amparo. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contado al día siguiente del en que surta la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Asimismo, háganse las anotaciones, en el libro de gobierno de correspondiente que se lleva en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE Amparo indirecto 321/2021-IV ??????????????? Notifíquese; y, vía electrónica a la parte quejosa en el usuario "EliCruz". Así lo proveyó y firma
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El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, diez de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por los quejosos ******************** todos de apellidos ********************; se tiene por desahogada en sus términos la prevención formulada en proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno; en tal virtud, se dejan sin efectos los apercibimientos decretados en ese acuerdo y al efecto se provee: Desechamiento de la demanda de amparo Este juzgado de distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese dicho ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece en el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el juez de distrito, luego de examinar el escrito inicial de la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de amparo solo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Los peticionarios de amparo señalaron como acto reclamado El acuerdo del veintidós de marzo del dos mil veintiuno que corresponde al expediente 845/2020, que se publicó ese mismo día en los estrados del Juzgado Cuarto de lo Familiar, con sede en Tepic, Por lo anterior, debe decirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, del ordenamiento legal en cita. El artículo 61, fracción XXIII, de la ley invocada dispone: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El numeral 107, fracción V, del ordenamiento mencionado, dice: "El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Por actos de imposible reparación debemos entender aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que esa afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación de mérito, se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente; incluso antes del dictado del fallo definitivo y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En consecuencia, dada la nueva connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, ya no es aplicable el criterio que se desprendía de la Jurisprudencia P.J. 4/2001 que admitía la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos procesales por violaciones de grado predominante o superior, ya que la interpretación referida se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente, como es el caso, debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la referida jurisprudencia expresamente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Esa interpretación hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan los actos irreparables es la afectación que producen a "derecho sustantivos" y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión que es antagónica con el concepto de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había calificado en la novena época. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2006589, materia común, con número de tesis P./J. 37/2014 (10a.), cuyo rubro y texto son: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, de la lectura de la demanda de garantías, puede advertirse que se trata de un juicio sucesorio testamentario tramitado bajo el número 845/2017, a bienes del De Cujus Enrique Cortez Sánchez, del cual la quejosa Rosa Armida García Aldaco tiene la calidad de co heredero, y que dicho procedimiento se encuentra en la etapa de delación. Inconformes, los quejoso Liliana, Patricia, Hernán y Marco Antonio todos de apellidos ********************, el promovieron recurso de apelación en contra de la interlocutoria en donde señalan como únicos herederos a Rosa Armida Garcia Aldaco y Edgar Enrique Cortez García, lo que el Juzgado Cuarto de lo Familiar en la Ciudad de Tepic, Nayarit, aduciendo que carecían personalidad en dicho juicio sucesorio intestamentario Así pues, resulta importante señalar que el fin último del juicio sucesorio, es la adjudicación de los bienes de la herencia entre quienes hayan justificado su carácter y derecho hereditario; y si tomamos en consideración que éste se conforma de cuatro secciones y cada una adquiere independencia una de la otra, debido a que se resuelven aspectos distintos, pues en la primera se analiza la declaración de herederos (etapa en la que se encuentra el juicio de origen); en la segunda el inventario y avalúo; en la tercera, la administración; y la cuarta es la partición de bienes; es dable colegir que las violaciones procesales cometidas dentro de cada sección, son atacables no como actos reclamados destacados, sino que deberán atacarse como violaciones procesales al momento de enderezar la demanda de amparo en contra de la sentencia que ponga fin a cada sección. En ese orden de ideas, se tiene que los artículos 546 a 549 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, establecen lo siguiente: "Artículo 546.- La primera sección se llamará de delación y contendrá en sus respectivos casos: I.- La declaración y probanza en que se apoye; II.- Las citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III.- Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez de testamento, la capacidad legal para heredar, reconocimiento de derechos hereditarios y su preferencia; y IV.- Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea, interventores o tutores. Artículo 547.- La sección segunda se denominará de inventario y avalúo, comprendiendo: I.- El inventario provisional del interventor; II.- Las memorias del inventario y avalúo; III.- Los incidentes de oposición, y IV.- La resolución sobre el inventario y avalúo. Artículo 548.- La tercera sección se nombrará de administración, formándose con: I.- Todo lo relativo a la administración; II.- Las cuentas, su glosa y calificación; y III.- La comprobación de haberse cubierto el impuesto fiscal Artículo 549.- La cuarta sección se titulará de partición y quedará integrada con: I.- El proyecto de partición de los bienes; II.- Los convenios relativos; III.- Las resoluciones sobre el proyecto mencionado; y IV.- Lo referente a la aplicación de los bienes.". Conforme a la transcripción que antecede, el juicio testamentario de donde deriva el acto reclamado se encuentra en la primera de las etapas denominada de inventarios y avalúos, tal como lo prevé el artículo 547 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, etapa en la cual se desarrollan diversos actos procesales, tal como es la declaración y probanza, las citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia, las resoluciones que se pronuncien sobre la validez de testamento, la capacidad legal para heredar, reconocimiento de derechos hereditarios y su preferencia; y lo relativo al nombramiento y remoción de albacea, interventores o tutores. Lo anterior se sostiene, en razón de que la primera sección aún no está concluida, pues se encuentra Sub Judice, esto es, no se han concluido todas sus etapas y mucho menos se han recabado las declaraciones y probanzas, las citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia, las resoluciones que se pronuncien sobre la validez de testamento, la capacidad legal para heredar, reconocimiento de derechos hereditarios y su preferencia, y lo relativo al nombramiento y remoción de albacea, interventores o tutores, sino que simplemente en resolución interlocutoria donde se declaró como herederos a Rosa Armida Garcia Aldaco y Edgar Enrique Cortez García sin que a la fecha se señalara verificativo para la junta de herederos, por lo que, como es de verse, dicha determinación no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, no es un acto que de una manera inmediata lesione el interés de una de las partes en el juicio, pues del mismo no se advierte la violación de derechos sustantivos. De ahí que el acto del que hoy se duelen los quejosos, no es una determinación que se considere como acto de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, entendiendo por tales a aquéllos que tengan una ejecución de carácter irreparable, en razón de los daños y perjuicios que puedan ocasionar a los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. En consecuencia, el acto que por esta vía reclama se encuentra comprendido dentro de las violaciones al procedimiento y, por lo mismo, solo pueden ser impugnados a través del juicio de amparo indirecto cuando, en su caso, se promueva la demanda en contra de la resolución final que decida la primera sección en el procedimiento de origen y, por tanto, el acto aquí reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo para la procedencia de la acción constitucional indirecta por no causarse un gravamen de imposible reparación, ya que éste solo se producirá en el momento en que se dicte la resolución correspondiente a lo relativo al nombramiento y remoción de albacea, interventores o tutores, en la que se analizarán y evaluarán las pruebas ofrecidas por las partes, y esta sentencia resulte contraria a los intereses de la parte quejosa en función de dicha violación. Por todo lo anterior, se concluye que el acto que por esta vía se reclama, no tiene una ejecución de imposible reparación, al encontrarse en trámite de la primera etapa del juicio sucesorio de origen 845/2020 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar en la en la Ciudad de Tepic, Nayarit, es decir, no es un acto que de una manera inmediata lesione el inters de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la sentencia que se pronuncie en la citada primera sección referente al nombramiento y remoción de albacea, interventores o tutores o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, que causen a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o.C.238 C, Novena Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XV, marzo de dos mil dos, página 1466, que dice: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal que se cometan durante el trámite de éstas, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a cada una de dichas secciones, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, por no tratarse de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación." De igual forma, por analogía, la tesis VI.2o.C.433 C, visible a foja 2406, del tomo XXII, octubre de 2005, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.439 C, visible a foja 1546, del tomo XIX, enero de 2004, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Además, debe decirse que la causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1o, de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.2o.C.1 K (10a.), aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia civil del Primer Circuito, publicada en la página mil setecientos setenta y uno, Libro XX, del Tomo III, correspondiente al mes de mayo de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desechamiento En tales condiciones, con fundamento en lo establecido por los artículos 61, fracción XXIII, 112 y 113 de la Ley de la materia, se desecha la demanda de amparo presentada por ******************** todos de apellidos ********************. AQUÍ VA LO RELATIVO A LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL QUE PIDE Notifíquese; y, vía electrónica en el usuario "********************". Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Sergio Alberto Ramírez Ponce, Secretario que autoriza y da fe.
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El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo promovida Refugio Armida García Aldaco y Liliana, Patricia, Hernán y Marco Antonio todos de apellidos Cortés García, contra actos del Juzgado Cuarto de lo Familiar con residencia en Tepic, Nayarit. Aspectos Generales ? Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 321/2021-IV. ? Genérese el expediente electrónico e impreso, en el entendido que las constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección de los datos personales, no 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE Juicio de amparo indirecto 321/2021-IV ??????????????? puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes para su consulta en el expediente impreso, o en los cuadernillos o tomos que al efecto se formen.1 ? Sin que proceda ordenar la apertura del incidente de suspensión en este momento, dadas las consideraciones siguientes. Prevención Con apoyo, en los artículos 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracción I y IV de la Ley de la Materia, requiérase a los promoventes para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación, bajo protesta de decir verdad, aclare lo siguiente: ? Precisen en qué etapa del procedimiento se encuentra el juicio sucesorio 845/2020. Lo anterior, en términos de los artículos 546 a 549, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, que señalan: "Artículo 546. La primera sección se llamará de delación y contendrá en sus respectivos casos: I.- La declaración y probanza en que se apoye; II.- Las citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III.- Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez de testamento, la capacidad legal para heredar, reconocimiento de derechos hereditarios y su preferencia; y IV.- Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea, interventores o tutores. Artículo 547. La sección segunda se denominará de inventario y avalúo, comprendiendo: I.- El inventario provisional del interventor; 1 De conformidad con los artículos 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE II.- Las memorias del inventario y avalúo; III.- Los incidentes de oposición, y IV.- La resolución sobre el inventario y avalúo. Artículo 548. La tercera sección se nombrará de administración, formándose con: I.- Todo lo relativo a la administración; II.- Las cuentas, su glosa y calificación; y III.- La comprobación de haberse cubierto el impuesto fiscal Artículo 549. La cuarta sección se titulará de partición y quedará integrada con: I.- El proyecto de partición de los bienes; II.- Los convenios relativos; III.- Las resoluciones sobre el proyecto mencionado; y IV.- Lo referente a la aplicación de los bienes.". Aclaración que resulta necesaria a efecto de estar en posibilidad de proveer respecto de la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo, precisar la litis constitucional y, en su caso, estar en oportunidad de requerir a la autoridad responsable su informe de ley. Lo anterior así resulta, toda vez que el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, refiere que la demanda de amparo tiene que contener específicamente la norma general, o acto u omisión que de cada autoridad se reclame; ello es así, a fin que: a) Esté debidamente fijada la litis en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 74, fracción I del ordenamiento legal invocado. b) La responsable pueda estar en aptitud de justificar el acto concreto que se le reclama. c) Pueda realizarse un correcto estudio de los actos impugnados en la sentencia que en su momento se dicte. 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE Juicio de amparo indirecto 321/2021-IV ??????????????? Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XX.57 K, Materia Común, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda.". En la inteligencia que los promoventes deberán acompañar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para emplazar a las partes, toda vez que este forma parte integral de su demanda. Resulta pertinente señalar que el cumplimiento que al efecto dé la parte quejosa, deberá realizarse "bajo protesta de decir verdad"; y, que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, incurrirá en la comisión del delito previsto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y .". Apercibimiento Se apercibe a los justiciables que transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar la prevención antes indicada en los términos expuestos, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de cuenta. Asimismo, deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión, de manera personal o por conducto de su representante legal y no por medio de autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a este último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 bajo el rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.". Juicio en línea Se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", en términos de lo establecido en el artículo 3o., de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del 2 Tesis jurisprudencial, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, registro: 2007285. 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE Juicio de amparo indirecto 321/2021-IV ??????????????? Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para tal efecto, se requiere desde este momento a las partes, para que, de ser el caso, en el acto de la notificación proporcionen un número telefónico o en su defecto algún correo electrónico en el cual este juzgado se encuentre en posibilidad de efectuar futuras notificaciones en el presente juicio y así estar en condiciones de cumplir a cabalidad con el imperativo del juicio en línea con la utilización de los medios electrónicos para tal fin. Consulta expediente vía electrónica Referente a la autorización que solicita para poder consultar el expediente electrónico, dígase que se autoriza su utilización. Ahora bien, toda vez que proporciona el nombre de usuario generado por el sistema de consulta de expediente electrónico "EliCruz", instrúyase al Analista Jurídico SISE, para que capture dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Instrúyase al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional que con fundamento en la fracción IV, del artículo 26, de la ley de la materia, realice las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por vía electrónica. 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE Asimismo, infórmese a la parte quejosa que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio y autorizado de la parte quejosa Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que menciona en la demanda de amparo. Se tiene por autorizado en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a América Elizabeth Cruz Ruiz, Araceli Algarín Gutiérrez y Eduardo Alejandro Ramírez López, toda vez que de una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que cuenta con cédula profesional debidamente registrada. Y únicamente por autorizados en términos del artículo 24 de la ley de la materia a Víctor Fernando Ocegueda Pérez, Juan Luis Sánchez Casillas y Bryan Aldahir Cruz Ruiz, por no contar con dicho requisito. Ahora bien, de conformidad con el artículo 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se habilita a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que realicen la notificación personal del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones, por lo que en todo momento deberá extremar las precauciones necesarias a fin de salvaguardar su salud y de las demás personas con las que interactúe; en la inteligencia que, de no ser voluntad de la parte quejosa firmar la constancia de notificación respectiva, deberá levantar constancia de ello, en la que asiente si se hizo o no sabedor del auto a notificar. 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE Juicio de amparo indirecto 321/2021-IV ??????????????? Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese; personalmente a la Analista Jurídico SISE y a la parte quejosa vía electrónica en el usuario "EliCruz". Así lo proveyó y firma
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