Hernan Antonio Calvo Sanchez
Expediente 14/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 14/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Hernan Antonio Calvo Sanchez
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio 2710, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, con el que remite el testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 1/2019, formado con motivo del conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, y este Juzgado; al respecto, se desprende que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, para conocer del juicio de amparo 475/2018-IV promovido por Hernán Antonio Calvo Sánchez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO. Remítanse los autos y constancias conducentes al Juez de Distrito competente, para que siga conociendo del asunto." Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León. En tal virtud, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y no existiendo razón alguna para que continúe en la Secretaría de este juzgado el presente cuaderno de antecedentes, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otro lado, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción. Toda vez que encuadra en la hipótesis a que se refiere la fracción l del punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado, al ser un expediente auxiliar, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, lo que podrá realizarse, una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el primer párrafo del punto Vigésimo citado. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio 488 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, mediante el cual comunica que admitió a trámite el conflicto competencial surgido entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en relación con el juicio de amparo número 475/2018 de su índice, el cual dio origen al juicio de amparo número 14/2019-V-B de este Juzgado, del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese a los presentes autos el oficio 4/2019 signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en la ciudad de Monterrey, recibido vía electrónica en este Juzgado el veintidós de enero de los corrientes a las catorce horas con ocho minutos, mediante el uso de la FIREL. Mediante el cual acusa recibo del oficio 563/2019-V-B, con el que se devolvió a dicho Juzgado el juicio de amparo número 475/2018 de su índice, promovido por ******, en virtud de que por acuerdo de ocho de enero del presente año, no aceptó la competencia planteada para conocer del referido juicio constitucional que remitió el Juez declinante, mismo que dio lugar al juicio de amparo número 14/2019-V-B, del que deriva este cuaderno de antecedentes. Asimismo, informa que dicho órgano jurisdiccional insiste en declinar la competencia del presente asunto, conforme a lo considerado en auto de once de enero pasado dictado en autos del expediente 475/2018 de su índice. En consecuencia, remitió el citado juicio de amparo de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en turno, para que determine a quién corresponde conocer de la demanda de amparo promovida por ********, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 13/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, el oficio 34211/2018, con el que remite por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, los autos originales del juicio de amparo 475/2018 del índice de ese Juzgado Federal, promovido por Hernán Antonio Calvo Sánchez, los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión y un anexo, con motivo de la incompetencia planteada en el proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho en autos del citado juicio de amparo, que por razón de turno le correspondió conocer a este órgano jurisdiccional; demanda que promueve contra los actos que reclama de las autoridades siguientes: Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Nuevo León Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Nuevo León Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Nuevo León Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Nuevo León Procurador General de la República Director General de Control de Procesos Penales Federales en el Estado de Nuevo León Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales en el Estado de Nuevo León Director General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos en el Estado de Nuevo León Dirección General de Despliegue Regional Policial en el Estado de Nuevo León Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León Director General de Control de Procesos Penales Federales en el Estado de Quintana Roo Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales en el Estado de Quintana Roo Director General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos en el Estado de Quintana Roo Dirección General de Despliegue Regional Policial en el Estado de Quintana Roo Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo Señaladas como autoridades ordenadoras las marcadas con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y las restantes como ejecutoras; de quienes reclama: Las órdenes de aprehensión y/o detención dictadas en su contra, y su ejecución. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Al efecto, se acuerda: fórmese expediente y regístrese bajo el número 14/2019-V-B, en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, este órgano jurisdiccional NO ACEPTA la competencia declinada por la autoridad oficiante, por las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo toma en cuenta, primordialmente, la ejecución del acto reclamado para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio constitucional, pues si bien la autoridad que dicta u ordena la resolución reclamada puede llegar a desempeñar un papel toral o trascendental en la afectación de los derechos fundamentales del solicitante de amparo, es evidente que el creador de la norma dio preeminencia a la ejecución del acto. Ello resulta lógico desde la perspectiva de que de ese modo el quejoso puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que la posibilidad de promover el juicio constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al Juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. Así las cosas, en el caso a estudio, según se desprende de la lectura del acto reclamado, el peticionario de amparo reclamó la orden de captura girada en su contra por algún Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, o del Estado de Nuevo León, así como su ejecución por parte de las diversas autoridades que señala como ejecutoras; por lo que se trata de un acto que por su naturaleza sí requiere de ejecución material y, consecuentemente, tiene aplicación el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Dicho lo anterior, el Juez competente para conocer de un juicio de amparo en el que el acto reclamado es una orden de aprehensión, será el de la jurisdicción donde se lleve a cabo la ejecución de ese mandamiento de captura, es decir, donde pueda ser localizada la persona contra la cual se dirige la orden, como por ejemplo su propio domicilio. Luego, cabe señalar que del capítulo de antecedentes del acto reclamado, se desprende que el promovente señaló: ". por lo que las autoridades indicadas como ejecutoras, pretenden privarme de mi libertad sin que previamente se me haya seguido un juicio con todas las formalidades esenciales de un procedimiento de carácter penal.". De tal nota histórica del acto reclamado, no se advierte, con precisión, el lugar donde supuestamente agentes policiacos han buscado al quejoso con la finalidad de ejecutar en su contra la orden de aprehensión reclamada. Por otra parte, a raíz de la substanciación del sumario de amparo, se tiene conocimiento de que dicho mandamiento judicial fue decretado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún; y que el quejoso en su demanda de amparo señaló su domicilio convencional en la ciudad de Monterrey. Así, bajo el contexto jurídico y de facto, deberá atenderse a los indicios que se deduzcan de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo, incluidas, desde luego, las correspondientes a la causa penal instruida en contra del quejoso, y que sean indicativos del lugar donde, objetiva y lógicamente, puede ejecutarse la orden de aprehensión, pues si ésta consiste en la privación de la libertad deambulatoria del probable responsable, resulta inconcuso que deben considerarse los datos que permitan establecer su ubicación personal, por ejemplo, su domicilio actual o más reciente, el lugar de trabajo, el principal asiento de sus negocios, entre otros. Por tanto, si bien, de las constancias que integran el expediente duplicado de la causa penal de origen 67/2016-II, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, instruida en contra del quejoso Hernán Antonio Calvo Sánchez y otro, se desprende como su domicilio fiscal el ubicado en avenida Xpuhil, manzana 2, lote 23, supermanzana 19, local 303, de Cancún, Quintana Roo; también lo es, que en el proemio de su escrito de demanda de amparo, el promovente señaló como domicilio convencional el ubicado en Boulevard Antonio L. Rodríguez, número 1884 Pte., oficinas en el Parque, Torre I, Piso 10, Colonia Santa María en Monterrey, Nuevo León. Bajo tal tesitura, es que se puede establecer fundadamente que Hernán Antonio Calvo Sánchez tiene su domicilio convencional en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; por lo que es en ese Estado donde lógica y materialmente puede ser localizado y afectarse su libertad deambulatoria, con la ejecución de la orden de aprehensión reclamada. Por ello, tratándose de amparo contra órdenes de aprehensión, como en el presente caso, es determinante el dicho de la parte quejosa, así como la obtención de datos de convicción del lugar donde deba tener ejecución o trate de ejecutarse, para establecer la competencia en el amparo; tal como aconteció en la especie, pues de la adminiculación de las constancias que engrosan los autos de origen y el dicho del quejoso en su escrito de demanda, se constata que puede ser localizado en su domicilio ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lugar donde ejerce jurisdicción la autoridad declinante. Sin que lo aquí plasmado se contraponga con la jurisprudencia P./J. 9/2001 del Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 5 del Tomo XIII, Enero de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE.", toda vez que en ésta se establece que para fijar la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito negó el acto reclamado y el quejoso no desvirtuó esa negativa, dicho Juez debe, en la audiencia constitucional, declarar su incompetencia. Lo anterior es así, porque ese criterio no impide que, en tratándose de órdenes de aprehensión, para conocer el lugar donde tratará de ejecutarse, pueda tomarse en consideración, con independencia de la existencia o negativa de la autoridad ejecutora, el domicilio donde pueda ser localizado, el que realmente aparezca probado en autos, una vez sustanciado el juicio de amparo y obtenido mediante la valoración de los indicios que deriven de la totalidad de las constancias existentes en él, incluidas claro está, aquellas que hubiese allegado la autoridad o autoridades que hayan aceptado la existencia de ese acto en concreto, como en el caso acontece, pues de aquéllas se puede determinar el lugar donde tendrá muy probablemente la ejecución del mandamiento de captura reclamado. Asimismo, se actualiza la hipótesis de competencia contenida en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Se afirma lo anterior, porque el acto reclamado por el quejoso, se trata de una orden de aprehensión del fuero federal, ya que fue emitida por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, por hechos probablemente delictuosos cometidos en esa entidad federativa, por tanto, la ejecución puede acontecer tanto en el Estado de Quintana Roo como en el de Nuevo León; por tanto, la competencia para conocer del amparo de mérito recae al juez ante quien se presentó la demanda de amparo, esto es, al Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. Esto es así, porque al tratarse de una orden de aprehensión del fuero federal, conforme a los artículos 64, fracción V, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 24 y 27 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, están facultados para ejecutar mandamientos judiciales y ministeriales en toda la República. En las relatadas circunstancias, es inconcuso que la competencia para conocer de los actos reclamados por la parte quejosa recae en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, dado que en su jurisdicción fue presentada la demanda de amparo, por lo que este Juzgado Distrito no acepta la competencia declinada. En consecuencia, con copias certificadas de dicho sumario, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y devuélvanse los presentes autos y anexos al Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, para que en su caso, de trámite al juicio; decline su competencia, o plantee el conflicto competencial correspondiente. Similar criterio resultó del conflicto competencial 11/2018, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al resolver en sesión de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, el conflicto competencial suscitado entre este Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán y el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. Notifíquese.
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