Hernán Alejandro Acosta Quiñones

Expediente 1956/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1956/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Hernán Alejandro Acosta Quiñones

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible el presente expediente, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. INCIDENTE ORIGINAL. Es destruible conforme el artículo 20, fracción III, toda vez que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1956/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos de la Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán y Actuario de su adscripción. (...)QUINTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que en consecuencia, conforme al numeral 63, fracción V de la indicada legislación, se debe sobreseer en el juicio de amparo. En efecto, de las constancias remitidas en copia certificada por la Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán al rendir su informe justificado, se advierte lo siguiente: Que el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés (posterior a la presentación de la demanda de amparo), el Actuario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, notificó personalmente a la parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil ******************** del índice de dicho juzgado, el auto dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en el que se puso a la vista la planilla de liquidación exhibida por el aquí quejoso. En consecuencia, si el acto reclamado se hizo consistir en la paralización del procedimiento de ejecución en los autos del juicio ejecutivo mercantil ******************** del índice de la autoridad responsable, con motivo de no haberse realizado la notificación a la parte demandada del auto dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en el que se puso a la vista la planilla de liquidación exhibida por el aquí quejoso; y se advierte que la responsable ha realizado la notificación cuya omisión se reclama; es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, pues las cosas se encuentran en el estado en que estaban hasta antes de la aludida violación, como si se hubiera concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: (.) La presente resolución se emite a pesar de que no haya transcurrido el plazo de ocho días que otorga el artículo 117 de la Ley Amparo a las partes, para imponerse del contenido del informe con justificación rendido por la responsable; pues atendiendo a lo determinado en párrafos anteriores, ha quedado sin efectos el acto reclamado. Por otra parte, no pasa desapercibido que en los presentes autos no se logró el emplazamiento de los terceros interesados, pues ello no constituye impedimento para celebrar la presente audiencia constitucional, toda vez que con el sentido de la presente determinación, no se les ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2013630, que establece: (.) Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 63, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclamó a la Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán y al Actuario de su adscripción, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    (...). Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión 1956/2023, promovido por ***, contra actos de la Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y Actuario de su adscripción. (...) CUARTO. Análisis de la procedencia de la suspensión definitiva. Estudio de la suspensión definitiva. En principio, cabe referir que la suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar especial, su objeto principal es mantener la materia del juicio, evitar daños irreparables a las partes, y en algunos casos, restituir provisionalmente al quejoso en el goce del derecho que alega se vulneró con el acto de autoridad. Su fuente constitucional es el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos principios son desarrollados por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, los requisitos que deben analizarse para determinar la procedencia de la medida cautelar son los siguientes: I. LA MEDIDA CAUTELAR SE SOLICITA A PETICIÓN DE PARTE. Este requisito se tiene por cumplido, pues de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados. II. EXISTENCIA DE LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SOLICITA. Este requisito se encuentra colmado, como ha quedado establecido en el considerando respectivo de esta resolución, relativo a la existencia del acto reclamado. III. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En el caso particular, el suscrito considera que de ser procedente la suspensión del acto reclamado, no se contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad, esto, porque el presente asunto deriva de un juicio mercantil. IV. ANÁLISIS PONDERADO DEL CASO CONCRETO ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, esto con el propósito de determinar la procedencia de la suspensión, se debe ponderar la estimación que se obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. El presente caso deriva de un proceso laboral entre un particular y una institución, el suscrito considera que, a pesar de la controversia entre dichas partes, no se afectaría el interés social, en razón de, derivar de un juicio mercantil. V. POSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL DE CONCEDER LA SUSPENSIÓN. Ahora bien a fin de decidir respecto la concesión o negativa de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa con efectos restitutorios, resulta pertinente tomar en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 338/2022 sostuvo que deberá analizarse si los efectos restitutorios de la concesión de la suspensión serán transitorios o definitivos. En dicha ejecutoria, se estableció que el beneficio será transitorio si en caso resolver de forma adversa a la quejosa, se esté en posibilidad de retrotraer los efectos de la suspensión. Lo que no coincidirá con los efectos de una sentencia estimatoria, y por ende no se considerará que el juicio de amparo quede sin materia, sino que por el contrario, la suspensión cumpliría con su objetivo, pues restituiría provisionalmente el derecho y esa restitución provisional terminaría con motivo de la ejecutoria. Y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Siendo este último supuesto la excepción a la regla general. Por lo que podrá concederse la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, únicamente cuando se esté en la posibilidad de desincorporar a la parte quejosa del derecho que le fue otorgado con la medida cautelar en caso de que se dicte una sentencia adversa a su pretensión. De la anterior contradicción, derivó la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), de rubro y texto siguiente: (.) Entonces, en el caso a estudio, este Juzgador estima que no es posible conceder la suspensión definitiva, ya que si se concede dicha medida cautelar para que la autoridad responsable se pronuncie y notifique a su contraparte en el multicitado juicio mercantil de origen, ello implicaría darle efectos definitivos a la suspensión, los cuales no se podrían retrotraer en caso de que la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva este incidente sea adversa a sus pretensiones. En ese sentido, con fundamento en el artículo 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo y este Juez, R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a ***, la suspensión definitiva que solicitó respecto del acto reclamado a las autoridades responsables Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y Actuario de su adscripción, por los motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa y tercero interesada mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo conducente respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, por lo que de oficio, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Demanda de amparo El tres de octubre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, recibió la demanda de amparo, promovida por ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, contra el acto y autoridad siguiente: De la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Valladolid, Yucatán: La determinación de treinta de agosto de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral ********************, en el cual se desechó la excepción de incompetencia planteada por el quejoso en su escrito de contestación de demanda. II. Sentencia y efectos de la protección constitucional Luego, por sentencia de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal, en su único punto resolutivo, otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la parte quejosa a fin de que la autoridad señalada como responsable, realizara lo siguiente: "43. En virtud de que se ha concedido a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, el Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Valladolid, Yucatán: 44. - Dejar insubsistente la resolución de treinta de agosto de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral ********************, del índice de la responsable. 45. - Una vez hecho lo anterior, emita una nueva determinación respetando el principio de congruencia que deben de contener las determinaciones de autoridad, esto, bajo los lineamientos expuestos en la presente sentencia." III. Análisis del cumplimiento al fallo protector En proveído de doce de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la referida sentencia y posteriormente en acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso se tuvo por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Valladolid, con el que informó sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y anexó las constancias para acreditarlo, otorgándose el término de tres días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho convenga. Ahora, del análisis del oficio en comento, y anexos que acompañó la autoridad antes citada, a los cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que el trece de junio de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución de treinta de agosto de dos mil veintidós dictada en el juicio laboral ******************** y, posteriormente, el uno de agosto del año en curso, emitió una resolución en la que, siguiendo los lineamientos expuestos en la sentencia de amparo, determinó que atendiendo a que el diverso proceso familiar es del conocimiento del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado y que en el procedimiento de origen, se trata de un conflicto de una relación laboral en donde se reclaman prestaciones de carácter laboral, resolvió que no procedió el incidente de competencia planteado por la parte quejosa en autos del citado juicio laboral y por tanto, se declaró competente para seguir conociendo de procedimiento laboral. En consecuencia, el suscrito considera que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo y, por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dado los lineamientos de la sentencia y el análisis de las constancias remitidas, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia I.5o.C.7 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del rubro siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA."; visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página 2596, registro 2007400. Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de quince días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que, en caso de no hacerlo, se tendrá por consentido el presente proveído. Finalmente, tómese nota que la sentencia de amparo quedó cumplida el uno de agosto de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.

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