Hernan Aldrete Valencia
Expediente 54/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Hernan Aldrete Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de mayo de dos mil veintidós. Parte quejosa formula manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector y solicita se requiera a la autoridad responsable dictar laudo. Glósese a los autos el escrito firmado electrónicamente por el quejoso y su autorizado en términos amplios, por medio del cual, en atención a la vista otorgada por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, expresa que si bien por auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos cerró la etapa de instrucción del juicio burocrático laboral 01/607/19 y, por ende, ordenó turnar los autos del expediente a proyecto, lo cierto es que se ha abstenido de dictar el laudo correspondiente. En tal virtud, solicita se ordene a la autoridad responsable dictar de forma inmediata el laudo respectivo. Feneció plazo otorgado a la parte quejosa para manifestarse sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En contraste con lo anterior, visto el estado procesal de los autos, específicamente, de la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, para formular manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y como se advierte del escrito de cuenta dicha parte procesal sí se expresó al respecto dentro del lapso concedido; en consecuencia, este órgano procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente, los aportados por la autoridad responsable y las manifestaciones echar por la parte accionante de amparo, a fin de establecer si efectivamente se dio cumplimiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia... sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, registro digital 192174, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." De la sentencia de amparo y sus efectos. En la resolución dictada por este juzgado de Distrito el siete de abril de dos mil veintidós, en único punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para que la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, cumpliera con los siguientes efectos: "a) Emita pronunciamiento en relación al desahogo del medio probatorio de informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con la vista otorgada a la oferente de la prueba y su contraria, es decir, según sea el caso, haga efectivos los apercibimientos, o bien, realice las gestiones necesarias para lograr el desahogo de la probanza en mención, y Una vez hecho lo anterior, certifique que no existen pruebas pendientes por desahogar dentro del juicio laboral 01/607/19." Ejecutoria. Sentencia que causó ejecutoria el tres de mayo de dos mil veintidós y, en esa misma data, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Del cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio recibido en diecisiete de mayo de la presente anualidad en la Oficialía de Partes de este juzgado de Distrito, el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, así como el secretario general, en representación del tribunal responsable, remitió copia certificada del auto de ocho de abril de dos mil veintidós, mediante el cual tuvo a las partes pronunciándose respecto de la vista decretada en el acuerdo de once de marzo de dos mil veintidós y, en consecuencia, se tuvo por legalmente desahogado el informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mismo en el que certificó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, así como del diverso proveído de veinticinco de abril del mismo año, por medio del cual declaró cerrada la instrucción dentro del sumario de origen y ordenó turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo. Documentales expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones; por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ejecutoria de amparo cumplida. En las narradas condiciones, este juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, puesto que la responsable ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de sus derechos violados. Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución, siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo, es decir, la junta responsable se pronunció sobre el desahogo del informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con la vista otorgada a la oferente de la prueba y su contraria, con lo cual tuvo por desahogado dicho medio probatorio y, posteriormente, certificó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar dentro del juicio laboral 01/607/19; tal como se precisó en los efectos del fallo protector otorgado. Así, contrario a lo que estima el accionante de amparo, no es posible proceder en los términos que solicita y ordenar a la autoridad responsable dictar laudo dentro del juicio de origen, dado que ello escapa los efectos del fallo protector. Anotaciones y archivo. Con base en lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal y con base en lo dispuesto por el cuarto párrafo del dispositivo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Ahora bien, toda vez que se concedió la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte), se declara que este expediente es susceptible de depuración. Relevancia documental. Además, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Asimismo, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Transferencia del sumario. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De la inconformidad con la presente determinación. Hágase del conocimiento de las partes para los efectos señalados en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa cumplimiento a ejecutoria de amparo. Intégrese a los autos el oficio de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y para tal efecto remite copia certificada de diversas constancias del juicio laboral 01/607/19. Vista a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibimiento. Apercibida que en caso de no hacerlo, este juzgado federal se pronunciará respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias que obran en autos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XI, marzo de 2000, página 243, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de mayo de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el siete de abril de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Firmeza de la resolución. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se formula requerimiento a la autoridad responsable. Ahora bien, con fundamento en el numeral 192, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la sentencia de amparo o, en su defecto, informe las gestiones realizadas para informar su cumplimiento, la cual se concedió para los siguientes efectos: "a) Emita pronunciamiento en relación al desahogo del medio probatorio de informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con la vista otorgada a la oferente de la prueba y su contraria, es decir, según sea el caso, haga efectivos los apercibimientos, o bien, realice las gestiones necesarias para lograr el desahogo de la probanza en mención, y b) Una vez hecho lo anterior, certifique que no existen pruebas pendientes por desahogar dentro del juicio laboral 01/607/19." Justificación del plazo otorgado. Dicho plazo se otorga en atención a la naturaleza del acto reclamado y los efectos de la concesión del amparo, así como la dificultad que pudiera presentar su cumplimiento, tal como lo autoriza el artículo 192 de la ley de la materia. Apercibimiento. Con el apercibimiento para el caso de desacato a dicho requerimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, acorde a lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto para la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que, con exactitud, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Apoya la anterior determinación, la tesis. sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, cuyo rubro es el siguiente: "SENTENCIA AMPARADORA. LINEAMIENTOS PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO." Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 54/2022; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El doce de enero de dos mil veintidós. II. Admisión de la demanda. El trece de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El diecisiete de enero de la presente anualidad, se llevó a cabo el emplazamiento de la representación social. IV. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se hace consistir en: La omisión de desahogar en los términos de ley el medio probatorio de informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, en consecuencia, de dictar laudo dentro del juicio laboral 01/607/19. III. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado y anexó copia certificada de diversas constancias del juicio laboral de origen, a las que se le otorga valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. IV. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. En el caso no se actualiza causal de improcedencia alguna. V. Estudio de fondo del asunto. Se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al tenor de los argumentos con los que el quejoso hace valer sus conceptos de violación, mismos que no se transcriben por no ser necesario para el desarrollo y dictado de la presente resolución; además, porque tal cuestión no lo deja en estado de indefensión, al no privarlo del derecho de alegar lo que estime conveniente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." La parte quejosa expone en su concepto de violación, que la autoridad responsable contraviene en su perjuicio el contenido del artículo 17 constitucionales, en virtud de que ha omitido desahogar la totalidad de los medios probatorios ofrecidos por las partes dentro del juicio laboral 01/607/19, específicamente, el informe de autoridad Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que, en consecuencia, contraviene lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil, ocasionando que no se le imparta justicia de manera pronta. El concepto de violación expuesto por la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en razón a las siguientes consideraciones. A mayor abundamiento, se hace necesaria la transcripción de los artículos 115, 116, 117 y 119 de la Ley del Servicio Civil, los cuales norman el procedimiento laboral, en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Los ordinales invocados, en lo conducente prevén: "Articulo 115. El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores. Artículo 116. A la demanda y a la contestación se acompañarán las pruebas en que se funden y los documentos que acrediten la personalidad. Artículo 117. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir del momento en que reciba la demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia a que hace referencia el artículo 115, la cual deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a los que se haya recibido la demanda. En el mismo acuerdo ordenará se notifique personalmente a las partes con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda. En la notificación se apercibirá al demandado que si no concurriere a la audiencia, se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas. Artículo 119. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje apreciará en conciencia las pruebas que le presenten las partes, sin sujetarse a reglas fijas para su actuación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo la consideración en que funda su decisión. El Tribunal está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda." Como se desprende de lo anterior, el procedimiento laboral ante el tribunal estatal de conciliación son claros y breves, ya que el juicio se inicia con la demanda, la contestación se hace en igual forma; en una sola audiencia, previa conciliación, se da contestación a la demanda, se desahogan las pruebas, se formulan alegatos y se dicta el laudo correspondiente; procedimiento y resolución que deberá efectuarse en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda. En el caso, es evidente que los términos antes aludidos, en la tramitación del juicio laboral del que emana la omisión reclamada han transcurrido sin que se haya celebrado la audiencia prevista por el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 113/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diez de septiembre último, que resolvió la contradicción de tesis 35/2000, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, que dice: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." Siendo pertinente aclarar, que dado que la ley burocrática local prevé que el procedimiento que debe seguirse en los juicios de su competencia, es incuestionable, que no procede la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario fijar términos para el desahogo de las pruebas, ni que previo al dictado del laudo se debe citar para oír alegatos o se deba de cerrar la instrucción, y menos aún, que se elabore un proyecto de resolución, ni que se lleve a cabo una sesión en la que se discuta y vote, por lo que, estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer. Al caso tiene aplicación la Jurisprudencia, por Contradicción de Tesis 2ª/J. 52/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, visible en la página 526, del tenor literal siguiente: "TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS). Para que proceda la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo tratándose de procedimientos burocráticos locales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien que su reglamentación sea deficiente. Por tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia." Sin embargo, en el caso el tribunal responsable no ha dado cumplimiento con los términos antes señalados. Bajo esa tesitura, si bien se trata de violaciones de naturaleza procesal, sin embargo, sí afecta en forma directa e inmediata a la parte quejosa, vulnerándose el principio de celeridad en la administración de justicia, contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente estatuye que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial. Es pertinente precisar, que al ser el acto de molestia de carácter omisivo, la carga de la prueba no corresponde a la peticionaria de amparo, sino que se revierte a la autoridad señalada como responsable el comprobar que proveyó o actuó, en los términos precisados en la ley, lo conducente al desahogo del medio probatorio de informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, probanza previamente admitida dentro del procedimiento laboral de origen. Ahora bien, de las copias certificadas del citado procedimiento laboral, se desprende que por auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable tuvo por admitidos y desechados diversos medios probatorios ofrecidos por la parte actora y demandada, para lo cual fijó fechas para su desahogo, incluido, el medio probatorio de informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Asimismo, esencialmente, en autos de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, once de noviembre de dos mil veinte, seis de abril de dos mil veintiuno, seis de julio del año inmediato anterior, veinticuatro de septiembre, doce de noviembre de ese mismo año, se realizaron gestiones pertinentes para el desahogo de dicha prueba. Así, mediante auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe de autoridad, por lo que se dio vista a la parte oferente de la prueba (demandada) y actora para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, apercibida, la primera, de que para el caso de no hacer manifestación alguna se tendría por legalmente desahogado el medio probatorio y a la actora, aquí quejosa, de tenerse por precluido su derecho para hacer manifestaciones al respecto. En atención a lo anterior, mediante escrito presentado en dos de marzo de la presente anualidad, el oferente de la prueba externó la imposibilidad que tenía para desahogar la vista ordenada en acuerdo de nueve de febrero del actual, pues no se le corrió traslado con el CD-ROM denominado BNMX-030695-TOR. En tal virtud, por auto de nueve de marzo del actual, la autoridad responsable advirtió que el disco a que hizo referencia la parte demandada, por lo que requirió dicha información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En atención a ello, en proveído de once de marzo del año en curso, se tuvo por recibida la información solicitada, por lo que nuevamente se dio vista a las partes a efecto de que realizaran las manifestaciones que estimaran pertinentes, bajo los mismos apercibimientos formulados inicialmente. Conforme a lo anterior y apreciado el precepto constitucional invocado, en función del procedimiento laboral, puede decirse que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, faltará al derecho fundamental de administración de Justicia pronta cuando no trámite ni resuelva los juicios laborales en los plazos y términos precisados con antelación. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de Justicia pronta. Por tanto, el proceder del tribunal responsable ocasiona que se haya retrasado el procedimiento laboral número 01/607/19, ya que desde el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, ordenó desahogar las pruebas admitidas, entre las que destaca, el informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y Valores y hasta la celebración de la audiencia constitucional no se ha tenido por legalmente desahogado, siendo ello violatorio de los principios de plenitud y expeditez en la administración de justicia, lo que ocasiona que no se hubiese continuado oportunamente con las siguientes etapas del juicio laboral. Por lo que, la autoridad responsable no ha seguido el procedimiento sumario que establece la Ley del Servicio Civil, esto es, no ha desahogado la probanza admitida por auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, con lo que se advierte que la autoridad responsable contraviene el contenido del numeral en cita, al omitir impulsar el procedimiento y sin proveer lo conducente para el desahogo de las pruebas en comento, a fin de no paralizar el procedimiento. Por tanto, ante la omisión de la responsable de dictar las medidas necesarias a fin de que se desahogue el único medio probatorio pendiente dentro del procedimiento primigenio, ha provocado que el procedimiento no se haya desahogado dentro del término legal, lo que se trata de una violación que, no obstante es de naturaleza procesal, sí afecta en forma directa e inmediata a la parte quejosa, vulnerándose el principio de celeridad en la administración de justicia, contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política del país, lo que indefectiblemente se traduce además en una abstención de tomar las medidas más eficaces que en derecho corresponda a fin de continuar con todas las etapas del juicio. VI. Efectos del amparo. En mérito de lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dentro de sus respectivas atribuciones, en los autos del juicio laboral 01/607/19, realicen lo siguiente: Emita pronunciamiento en relación al desahogo del medio probatorio de informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con la vista otorgada a la oferente de la prueba y su contraria, es decir, según sea el caso, haga efectivos los apercibimientos, o bien, realice las gestiones necesarias para lograr el desahogo de la probanza en mención, y Una vez hecho lo anterior, certifique que no existen pruebas pendientes por desahogar dentro del juicio laboral 01/607/19. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo; se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a +++ para los efectos precisados en el considerando VI. Notifíquese.
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