Herminio Torres Ajuria

Expediente 1129/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1129/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
28/12/2017

Partes del expediente

  • Herminio Torres Ajuria

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud que de la certificación que antecede se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el desechamiento de doce de diciembre de dos mil diecisiete. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la ley de amparo, en relación 356, fracción II, del código federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la ley de amparo, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo; el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por último, toda vez que la parte quejosa adjuntó documental en original y copia certificada, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sea devuelto el mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dicho documento podrá ser depurado.

  2. Principal

    DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como apoderada de ***, por medio de la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos de la dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato, Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la ciudad de México y por la Dirección del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Por violaciones a los artículos 1, 8.°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SE ORDENA FORMAR EXPEDIENTE. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1129/2017-II.2. Anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. APLICACIÓN DE TESIS Y JURISPRUDENCIA. En la inteligencia de que las tesis que se invoquen en el presente asunto, serán aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley, que a la letra establece: SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. ANÁLISIS DE DEMANDA. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deseche de plano. Por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable. Lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, la promovente hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN DE LA AUTORIDAD QUE SE RECLAMA. V. Del Director Local Guanajuato, la omisión de emitir y notificar el título de concesión derivado de la Resolución con Oficio No. BOO.713.2.1.2/07413 de fecha 25 de septiembre de 1995, proveniente de la presentación de la solicitud 2861 de fecha 2 de agosto de 1994 con número de expediente T-17. De la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua o de Dirección del Registro Público de Derechos de Agua del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, la omisión de registrar el Título de concesión correspondiente. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En la especie, el suscrito juzgador federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XII, del numeral 61, en relación con el 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal antes citado. Lo anterior, es así toda vez que los numerales 61, fracción XII, y 107, fracción I, 6.° y 10, todos de la Ley de Amparo, textualmente expresan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: l juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Y, Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior. Así, de acuerdo con el preinserto artículo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley; entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano de control constitucional para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés para la procedencia del juicio de amparo. Lo cual no acontece en el caso, dado que ***, carece de interés jurídico para promover el presente juicio, virtud de que el acto que reclama solo afecta la esfera jurídica de ***, por ser el titular del derecho que argumenta se viola por la autoridad que señala como responsable, siendo éste a quien en todo caso correspondería solicitar el amparo. Es ilustrativa la jurisprudencia 852, visible en la página 581, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, del Apéndice 1917-1995, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que reza: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. Aunado a que como ya se dijo el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que violen garantías individuales el cual se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, según lo disponen los artículos 107, fracción I de la Constitución Federal y 6° de la Ley de Amparo. De ahí que el concepto de parte debe entenderse como la persona que excita la actividad del órgano de control constitucional con la finalidad de obtener el amparo, respecto de un derecho público subjetivo del que es titular, y cuya violación atribuye a las autoridades responsables que emiten, ejecutan o tratan de ejecutar el acto reclamado, el cual puede ser de carácter positivo (consistente en un hacer) o negativo (cuando se trata de una omisión). Además, en forma alguna ha lugar a dar trámite a la presente demanda a fin de que la promovente pudiera durante la tramitación del juicio de amparo, demostrar que es titular del derecho que dice le fue vulnerado, o bien, que demostrándolo, éste sea o no violado por parte de las autoridades responsables, dado que lo anterior en forma alguna acreditaría que tiene carácter para promover el juicio de amparo, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, debido a que para promover el juicio de garantías, es condición indispensable que la parte que resienta una lesión a sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que es necesario, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado transgreda un derecho subjetivo consagrado en la Constitución General, a favor del quejoso, lo cual refleja que el interés jurídico para ocurrir al amparo sólo lo tienen las personas directamente agraviadas por la ley o el acto que estimen violatorios de sus garantías, lo cual no ocurre en el caso, dado que el derecho de promover el juicio de garantías es personalísimo, por ende, corresponde alegarlo directamente a ***, al ser quien resiente el hecho de que la autoridad no haya concluido el procedimiento respectivo. De ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencia I. 1o. A. J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 60, diciembre de 1992, en la página: 35, Octava Época, materia común, de rubro y texto siguiente: INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Asimismo, se estima aplicable la tesis aislada II.2o.C.92 K, emitida Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, abril de 2004, página: 1428, Novena Época, materia común, que indica: INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE. Tratándose del juicio de garantías, el interés jurídico como noción fundamental lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo por virtud de un acto de autoridad, de ahí que sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese esa situación cuando se transgreda, por la actuación de cierta autoridad, determinada garantía. Sin que obste a lo anterior la circunstancia de que ***, pretenda acreditar su personalidad, es decir, ser apoderada de ***, con un formato de carta poder simple, otorgada a su favor para realizar trámites administrativos ante la Comisión Nacional del Agua, de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, de ahí que al no contar con un documento o título que conforme a la ley le permita acreditar el carácter que ostenta, puesto que, como lo disponen los artículos 6.° y 10 de la Ley de Amparo (transcritos en supralíneas), quien promueve juicio constitucional en favor de otra persona, deberá acreditar la calidad con la que comparece, lo que en el caso NO ocurre; incluso, el documento que adjuntó consistente en una carta poder simple, alude a trámites administrativos ante CONAGUA, específicamente. Es aplicable al caso la tesis: VII.A.T.155 K , publicada en la página 195 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Febrero de 1995, Materia(s): Común, Época: Octava Época, Registro: 209326, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, del siguiente contenido: PERSONALIDAD. AMPARO IMPROCEDENTE. CASO EN QUE NO SE ACREDITA, POR QUIEN SE DICE APODERADO DEL QUEJOSO. De acuerdo con lo establecido por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y en términos del diverso 13 ibidem, que previene que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe esa circunstancia con las constancias respectivas, por lo que si quien suscribe una demanda de amparo, se ostenta como apoderado de los quejosos, sin que en el expediente laboral se advierta que tiene reconocida esa personalidad, con base en una carta poder, sin que en el juicio de garantías aparezca se haya exhibido tal documento, ni que, por ende, se le haya reconocido esa calidad, por no estarse en la hipótesis prevista por el artículo 13 citado, el juicio así admitido resulta improcedente, atento a lo establecido por la fracción XVIII del artículo 73 de la propia ley, en relación con el invocado artículo 4o., a contrario imperio interpretado, sin que obste el hecho de que con motivo de la presentación de la propia demanda, la Junta responsable haya dictado en el cuaderno de amparo respectivo, acuerdos teniendo por presentado a quien se ostenta como tal apoderado de los quejosos, a virtud de que independientemente de que del texto integral de dichos proveídos, el primero de los cuales corresponde a un simple formato, no se infiere reconocimiento alguno, ya que su redacción es meramente enunciativa y no constitutiva, y una correcta interpretación de los artículos 4o. y 13 en mención permite concluir que la autoridad responsable sólo puede reconocer tal representación ante su potestad, en el curso del trámite del expediente laboral hasta su conclusión, pero no en el cuaderno de amparo, después del dictado del laudo. En esa tesitura, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XII, y 107, fracción I, del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Atento al sentido en que se dicta esta resolución, como se solicita, conforme al artículo 26, fracción IV, de la misma legislación, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se ordena realizarle las notificaciones correspondientes en el correo electrónico que se señala en el escrito de demanda como ***, con el nombre de usuario: ***. Esto dado que dicho correo se encuentra habilitado en el Portal de Servicios en Línea el Poder Judicial de la Federación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. Se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XII, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ***, quien se ostenta como apoderada de ***, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.

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