Herminio Pablo Medina Baltazar o Herminio Medina Baltazar

Expediente 1354/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1354/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
27/10/2015

Partes del expediente

  • Herminio Pablo Medina Baltazar o Herminio Medina Baltazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    MESA VI B Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por auto de diecisiete de septiembre de este año e interlocutoria de veinticuatro siguiente (fojas 77 y 78 y 108 a 112), se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de dicha interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido la medida cautelar respecto de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA VI B Vistos los autos y el cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto dictado el uno de octubre de este año, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Por otra parte, tomando en consideración que en autos obra agregado el original del oficio 0298 de dieciséis de mayo de dos mil uno, signado por el Director General de Pensiones del Estado de Oaxaca, escrito de renuncia de veintidós de mayo de dos mil uno, dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, constancia de identidad expedida a favor del quejoso por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, carta compromiso para justificar la supervivencia del quejoso, expedida por la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, oficio TSJ/SGA/1010/2015 de veintisiete de agosto de dos mil quince, signado por el Secretario General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado y su respectiva cédula de notificación y la cédula de notificación de los acuerdos de tres de agosto y dieciocho de agosto del presente año, signada por el Ejecutor Judicial Heber Yahit Luis de los Santos, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca personalmente o por conducto de sus autorizados, en días y horas hábiles a este juzgado con identificación oficial, para que reciba tal documento en el plazo indicado; entrega que, en su caso, deberá verificarse previo folio de substitución de dicha constancia, copia de su identificación y razón de entrega correspondiente que se deje en autos. Apercíbasele que de no cumplir lo anterior, sin diverso acuerdo, los documentos en cuestión serán depurados junto con el expediente, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009,de veintiocho de septiembre de dos mil nueve. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA VI B Agréguese a los autos el oficio PJEO/CJ/SE/6595/2015 signado por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; por medio del cual informa que en sesión extraordinaria de veintiocho de septiembre de dos mil quince, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, determinó dejar sin efecto el acuerdo derivado del noveno punto de la Sesión Solemne de tres de agosto de este año, así como revocar las determinaciones que se originaron con motivo de su emisión. Ahora, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que el quejoso Herminio Pablo Medina Baltazar o Herminio Medina Baltazar reclama de la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, el acuerdo de tres de agosto de dos mil quince, en el que se ordenó dejar de cubrirle el pago de Remuneración al Desempeño Laboral (RDL), aduciendo que no tiene derecho a recibir dicha prestación por ser una eventualidad de la cual gozan solo los jueces en activo. Por otra parte, del contenido del oficio de cuenta, se advierte que en sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil quince, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, determinó dejar sin efecto el acuerdo derivado del noveno punto de la Sesión Solemne de tres de agosto de este año, así como revocar las determinaciones que se originaron con motivo de su emisión; ordenando al Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, realice el pago al aquí quejoso en los términos y condiciones que se le venía pagando antes de la emisión de dicho Acuerdo Plenario, y regule los pagos quincenales no cubiertos; anexando para acreditar su dicho copia certificada del acta de sesión extraordinaria de veintiocho de septiembre pasado. Lo anterior permite advertir que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado; por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido, lo cual acontece en el caso, puesto que la autoridad responsable al dejar sin efecto el acuerdo de tres de agosto de dos mil quince, destruyó en forma definitiva la situación jurídica que dio motivo al amparo, reponiéndose así al impetrante en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En atención que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al citado quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 78, vuelta), así como las providencias decretadas en éste; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    notificación por lista MESA VI B Agréguese a los autos el oficio PJEO/CJ/SE/6595/2015 signado por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; por medio del cual informa que en sesión extraordinaria de veintiocho de septiembre de dos mil quince, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, determinó dejar sin efecto el acuerdo derivado del noveno punto de la Sesión Solemne de tres de agosto de este año, así como revocar las determinaciones que se originaron con motivo de su emisión. Ahora, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que el quejoso Herminio Pablo Medina Baltazar o Herminio Medina Baltazar reclama de la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, el acuerdo de tres de agosto de dos mil quince, en el que se ordenó dejar de cubrirle el pago de Remuneración al Desempeño Laboral (RDL), aduciendo que no tiene derecho a recibir dicha prestación por ser una eventualidad de la cual gozan solo los jueces en activo. Por otra parte, del contenido del oficio de cuenta, se advierte que en sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil quince, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, determinó dejar sin efecto el acuerdo derivado del noveno punto de la Sesión Solemne de tres de agosto de este año, así como revocar las determinaciones que se originaron con motivo de su emisión; ordenando al Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, realice el pago al aquí quejoso en los términos y condiciones que se le venía pagando antes de la emisión de dicho Acuerdo Plenario, y regule los pagos quincenales no cubiertos; anexando para acreditar su dicho copia certificada del acta de sesión extraordinaria de veintiocho de septiembre pasado. Lo anterior permite advertir que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado; por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido, lo cual acontece en el caso, puesto que la autoridad responsable al dejar sin efecto el acuerdo de tres de agosto de dos mil quince, destruyó en forma definitiva la situación jurídica que dio motivo al amparo, reponiéndose así al impetrante en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En atención que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al citado quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 78, vuelta), así como las providencias decretadas en éste; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

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