Herminio Nataren Ayala

Expediente 1930/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1930/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • Herminio Nataren Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a diez de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Puebla 1", a través del cual, en relación a lo acordado en auto de trece de enero de dos mil veintitrés, manifiesta quedar enterado que se dejó sin efectos la multa impuesta al Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Puebla y; por tanto, no procedió al registro de la misma. De lo que este juzgado federal toma conocimiento. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. De conformidad con el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con los puntos 7.1., y 7.4., del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal - que regulan el tratamiento de los expedientes con suspensión de plano-, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que aun cuando se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó, en el particular, se decretó la suspensión de plano y, por ende, ésta tiene efectos definitivos y perdura hasta la conclusión del juicio constitucional. En tales condiciones, una vez concluido el plazo establecido en el párrafo precedente, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el presente expediente, en términos del penúltimo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Además, al terminar el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente y verifíquese que el expediente electrónico generado con la FIREL como el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincida en su totalidad. Por otra parte, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. *****

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a trece de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Puebla 1", por los cuales manifiesta que no fue posible realizar el registro de la multa señalada al Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Puebla, y solicita se le proporcionen mayores datos para realizar mayores investigaciones. Atento a lo anterior, y toda vez que mediante proveído de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintidós se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por consiguiente se deja sin efectos la multa impuesta al Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Puebla, ordenada mediante proveído veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en tales condiciones hágase del conocimiento a la autoridad oficiante. ...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional Migratorio en Puebla, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado de Distrito mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento formulado y se le tiene remitiendo las constancias requeridas, por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Ahora, de las constancias remitidas en el oficio de cuenta -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, el Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional Migratorio Puebla emitió resolución dentro del expediente E.A/Is.9/ORP/EM/4986/2022, por la que se decretó la salida del país del quejoso Herminio Nataren Ayala. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (...)" De la transcripción anterior, se advierte que el juicio de amparo será improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En relación con la mencionada causa de inejercitabilidad de la acción de amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 143/2006, al interpretar la fracción X de la Ley de Amparo abrogada (actualmente 61, fracción XVII, de la norma vigente), estableció que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre estas, sin que se afecte la nueva situación jurídica de la parte quejosa. Lo anterior se plasmó en la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguientes: "Registro digital: 171841 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 95/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 50 Tipo: Jurisprudencia CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 459/96, determinó que para actualizar la causa de improcedencia en comento, por regla general, deben concurrir los siguientes requisitos: 1. Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. 2. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. 3. Que no sea jurídicamente posible pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica. 4. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, tal como se advierte del criterio que a continuación se reproduce: "Registro digital: 199808 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CXI/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Diciembre de 1996, página 219 Tipo: Aislada CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Herminio Nataren Ayala señaló como actos reclamados, esencialmente: a) La privación ilegal de su libertad; b) La determinación del alojamiento temporal y su prolongación c) La orden de traslado a otra estación migratoria. d) La inminente deportación a su país de origen. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que mediante resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, el Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración Puebla ordenó la salida de la Estancia Migratoria en Puebla del quejoso Herminio Nataren Ayala y, por ende, emitió oficio de salida para que abandone el territorio nacional. Conforme a lo anterior, resulta evidente que el dictado de la determinación de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, por la cual se determinó la salida por custodia de la estancia migratoria del quejoso Herminio Nataren Ayala, implicó un cambio de situación jurídica, que provoca que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas. Ello, en virtud de que a través de este medio de control constitucional, ya no es factible estudiar o decidir respecto de los actos que por esta vía se reclaman, sin que se afecte la nueva situación jurídica de la parte quejosa, en virtud de que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, el Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración Puebla ordenó la salida de la Estancia Migratoria en Puebla del quejoso Herminio Nataren Ayala y, por ende, emitió oficio de salida para que abandone el territorio nacional. En este contexto, la autoridad responsable emitió una determinación que modificó la esfera jurídica del aquí quejoso, dado que ello ha quedado plenamente acreditado con las constancias remitidas en el oficio de cuenta. Es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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