Herminio Martínez Guerrero
Expediente 592/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 592/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Herminio Martínez Guerrero
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veintiocho de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso b) (expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Herminio Martínez Guerrero, contra actos del juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca y otra autoridad; anótese su ingreso con número registro de este Juzgado 592/2021. Examinada en su integridad la demanda de garantías, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, del ordenamiento legal invocado, que estatuye: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". El numeral reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el agraviado debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. En el particular, los actos reclamados por el quejoso son los siguientes: El acuerdo de seis de abril del presente año, dictado en el expediente familiar 54/2021, donde le fue fijado el pago del 20% de sus percepciones por concepto de pensión alimenticia provisional, a favor de su hijo José de Jesús Martínez García. El acuerdo de veintisiete de abril del presente año, dictado en el expediente familiar 58/2021, donde le fue fijado el pago del 15% de sus percepciones por concepto de pensión alimenticia provisional, a favor de su hijo Pavel Martínez García Establecido lo anterior, para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia, por cuanto hace a la procedencia del recurso de apelación contra el auto que fijó la pensión provisional, es menester traer a colación el artículo 973 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, que señala: "Artículo 973. En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza". Como se observa, dicho numeral prevé la procedencia del recurso de apelación contra resoluciones que versen sobre los alimentos, y establece la limitante consistente en que tratándose de la fijación de estos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza. Eso significa que, efectivamente, el legislador local de manera clara previó la posibilidad de que las determinaciones que fijan alimentos provisionales fueran combatidas a través de un recurso de carácter vertical, a saber, el de apelación. Lo expuesto se corrobora, si se toma en cuenta que el precepto 80 del citado código adjetivo civil de la entidad, establece que las resoluciones judiciales son simples determinaciones de trámite y se llamarán decretos; sentencias, las que resuelvan el negocio en lo principal; y autos, las demás no comprendidas en las clasificaciones anteriores, de donde se sigue que al disponer el artículo 973 del referido ordenamiento "las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas", también se refiere a los autos y no exclusivamente a las sentencias. Lo anterior se refuerza con la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 322/2016, en sesión correspondiente al veintiuno de junio de dos mil diecisiete, en cuya parte toral se determinó: "63. Por su parte, el ordenamiento procesal de Durango no establece -como en el de la actual Ciudad de México- que cuando la sentencia definitiva sea apelable lo será el auto o interlocutoria, pero sí prevé que los autos y sentencias interlocutorias que no paralizan ni ponen término al juicio podrán ser apelados en el efecto devolutivo. 64. Siguiendo esta premisa, el código duranguense señala que el juez de lo familiar podrá fijar la pensión alimenticia provisional mientras se resuelve el juicio, siendo posible deducir que se trata de un auto que no paraliza ni pone fin al juicio, pues ello acontecerá hasta que se dicte la sentencia definitiva. 65. Además, al igual que en el código procesal civil de la Ciudad de México, se dispone que las "resoluciones" sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza, término que -como ya se señaló- no se refiere de forma exclusiva a sentencias, sino también a otro tipo de actuaciones judiciales como son los autos. Por lo tanto, debe interpretarse que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango prevé que el recurso ordinario que procede contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional es la apelación". Además, conviene señalar que los arábigos 665, 666, 667, 670 y 673, del citado ordenamiento, disponen lo siguiente: "Artículo 665. Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta". "Artículo 666. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio". "Artículo 667. La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano". "Artículo 670. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. El superior debe revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y trascienda al resultado del fallo". "Artículo 673. La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte". Del análisis conjunto de los numerales transcritos, deriva que las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta y que, por ende, contra ellas procede el recurso de apelación en donde el tribunal superior puede examinar la regularidad de dicho fallo; en cambio, contra los autos que "no fueran apelables" es factible su impugnación vía revocación. Además, el creador de la norma expresó que los autos "serán apelables" cuando, entre otros supuestos, tengan fuerza de definitivos; noción que debe entenderse en el sentido de que lo decidido en el auto correspondiente, por sus particularidades, no sea susceptible de repararse en la sentencia o resolución final que se llegare a dictar. Es decir, en el escenario de que lo resuelto en el auto que se pretenda impugnar cause un gravamen que no puede enmendarse en la sentencia condigna, esa circunstancia será la que dotará de definitividad a tal proveído y, por ende, a ser susceptible de controvertirse a través del recurso de apelación. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 994, Tomo XXXI, Quinta Época, materia: común, Semanario Judicial de la Federación, registro digital 363877, de rubro y texto: "APELACIÓN Los autos sólo son apelables cuando tienen fuerza de definitivos y cuando la ley lo dispone, si además lo fuere la sentencia que en el juicio se dicte, y dichos autos tienen fuerza de definitivos cuando causan un gravamen que no puede repararse en la sentencia, y si ésta se dictó, el auto que mande dar vista de una promoción del reo, sí tiene fuerza de definitivo, puesto que ya no se está en condiciones de conseguir su reparación en la sentencia y, por tanto, contra él cabe el recurso de apelación". Conforme a lo expuesto, se tiene que, contra los actos reclamados consistentes en los acuerdos de seis y veintisiete de abril del presente año, dictados en los expedientes familiares 54/2021 y 58/2021, donde le fueron fijados al quejoso el pago de un porcentaje de sus percepciones por concepto de pensión alimenticia provisional, a favor de sus hijos José de Jesús y Pavel, ambos de apellidos Martínez García, procede el recurso de apelación, sobre todo porque el párrafo segundo del artículo 673 del ordenamiento legal en cita, dispone que los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. Es así, toda vez que los autos impugnados en este juicio de amparo son de carácter definitivo, ya que al establecer el pago de alimentos provisionales, causa un gravamen que no puede repararse en la sentencia definitiva, pues ésta versará sobre la procedencia o no de los alimentos definitivos demandados, así como de los reclamados de manera retroactiva, y no de los proveídos que determinó cubrirlos de manera provisional mientras se resuelve el juicio de manera definitiva. No es óbice a lo anterior, el artículo 962 del código adjetivo en comento, que menciona: "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad". Ello es así, porque si bien de dicho numeral se advierte una regla específica respecto a que contra las medidas provisionales y urgentes que tome el juez de origen vinculadas con violencia familiar o para salvaguardar a un menor que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por el derecho, no se admitirá más recurso que el de responsabilidad; dicho numeral, al contemplar una regla de excepción, resulta de interpretación estricta, esto es, que se limita a los casos en los que el juzgador otorgue las medidas en comento bajo las citadas hipótesis previstas por el legislador, más no comprende otras como los autos que decretan la pensión provisional. Así las cosas, además de las consideraciones plasmadas, este juzgador federal oportuno invocar, por analogía, la tesis 1a. CCXIII/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Civil, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018737, que señala: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2011). De los artículos 79, 94, 684, 688, 691 y 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la Ciudad de México), deriva que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones que no puedan ser revocadas o regularizadas; lo que implica que las identificadas como autos e interlocutorias serán apelables siempre que lo sea la definitiva. Por lo tanto, contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional procede el recurso de apelación; pues el código procesal local dispone que contra las sentencias definitivas de esa naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza. Luego, se deduce que al ser procedente la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es contra los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento, porque el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, sino que también abarca a los autos que se dicten en la contienda". Ya que dicho criterio refuerza la noción que deriva del artículo 973 del código adjetivo civil del Estado de Oaxaca, en el sentido de que contra la resolución que decreta de manera provisional los alimentos, procede el recurso de apelación. Máxime que los numerales analizados en dicho precedente, coinciden en esencia con la codificación de la materia en nuestra entidad federativa, como se muestra en el siguiente cuadro comparativo: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO) VIGENTE EN DOS MIL ONCE Y HASTA LA FECHA CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE PARA EL ESTADO DE OAXACA Artículo 79 Las resoluciones son: I. Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos; II. Determinaciones que se ejecuten provisionalmente y que se llaman autos provisionales; III. Decisiones que tienen fuerzas de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos; IV. Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenado, admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios; V. Decisiones que resuelven un incidente promovido antes, o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias; VI. Sentencias definitivas. Artículo 80.- Las resoluciones judiciales son: I. Simples determinaciones de trámite y se llamarán decretos; II. Sentencias, las que resuelvan el negocio en lo principal; III. Autos, las demás no comprendidas en las clasificaciones anteriores. ARTÍCULO 684. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al procedimiento. Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. ARTÍCULO 691. La apelación debe interponerse por escrito y procede sólo contra aquellas resoluciones que no permitan su revocación o regularización. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. Artículo 673. La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte". ARTÍCULO 700. Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I. De las sentencias definitivas en los juicios ordinarios, salvo, tratándose de interdicción, alimentos y diferencias conyugales, en los cuales la apelación será admitida en el efecto devolutivo de tramitación inmediata [.]". Artículo 682.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: De las sentencias en los juicios ordinarios; (derogada) Fue así como en la ejecutoria del Máximo Tribunal del País, se concluyó en esencia lo siguiente: "58. En otro orden, los códigos procesales civiles para el otrora Distrito Federal y el Estado de Durango prevén reglas similares para combatir el auto que decreta la pensión alimentaria, pero que contienen notas distintivas en sus reglas procesales que impiden establecer un criterio uniforme que los rija. 59. La codificación para el Distrito Federal (Ciudad de México) indica que serán apelables los autos y las interlocutorias siempre que la sentencia definitiva lo sea y, específicamente en el caso de resoluciones provisionales, dispone que podrán ser modificados a través de sentencia interlocutoria o definitiva. 60. Respecto al otorgamiento de alimentos, el citado ordenamiento establece que en contra de las sentencias definitivas de la referida naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza; de lo que puede deducirse que al proceder la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es en contra de los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento provisional. 61. Además, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (Ciudad de México) reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, pues también abarca a los autos que se dicten en la contienda como se señaló anteriormente". En ese tenor, es evidente la actualización de la causa de improcedencia en estudio, además, no se advierte la materialización de alguno de los supuestos de excepción que prevé el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, a saber: Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, o se trate de órdenes de aprehensión o reaprehensión, o actos de naturaleza penal que impongan medidas restrictivas de la libertad, ni el accionante es una persona tercera extraña al procedimiento. Tampoco se aprecia que la procedencia del recurso de apelación se haya sujetado a interpretación adicional o que el fundamento legal haya sido insuficiente para determinarla, ya que como se estableció, el artículo 973 del código procesal civil del Estado de Oaxaca, dispone que las resoluciones que versen sobre alimentos son susceptibles de apelación, pero que tratándose de estos no procede suspender la pensión provisional, lo que revela sin mayor esfuerzo la procedencia del remedio procesal. En abundamiento, también se cita la tesis 1a. CCXIV/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, publicada en la página 358, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Civil, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018736, que establece: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO). De los artículos 79, 94, 673, 677, 685, 689, 973, 975, 983 y 984 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango, deriva que el recurso de apelación procederá contra los autos y las sentencias interlocutorias que no paralizan ni ponen fin al juicio en efecto devolutivo. Ahora bien, conforme a esta premisa, dicho código procesal dispone que la pensión alimenticia provisional podrá fijarse mientras se resuelve el juicio, por lo que puede concluirse que esa resolución trata de un auto que no paraliza ni pone fin al juicio, ya que ello acontecerá hasta el dictado de la sentencia definitiva. Luego, las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas no se refieren de forma exclusiva a sentencias, sino también a otro tipo de resoluciones judiciales como los autos; de lo que se infiere que en el Estado de Durango procede el recurso de apelación contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional". En las relatadas consideraciones, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, por lo que con apoyo en el numeral 113, de la ley de la materia, se desecha la demanda de mérito. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones y por autorizados a las personas que designa, sin las facultades del numeral 12 de la ley de la materia. Se ordena dar de alta el usuario BAULOPDAG para la consulta del expediente y la práctica de notificaciones electrónicas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE EN FORMA ELECTRÒNICA.
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