Herminio Gutiérrez Suárez

Expediente 1123/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1123/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Herminio Gutiérrez Suárez
  • Herminio Gutiérrez Suárez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Notifíquese y personalmente a la quejosa el proveído de 19 de octubre de 2022. RAZÓN ACTUARIAL. De la razón actuarial que antecede se advierte que no fue posible notificar personalmente al quejoso el proveído de diecinueve de octubre del año en curso, por los motivos expuestos en la misma. Asimismo, de la demanda de amparo se advierte que el domicilio señalado por el amparista para oír y recibir notificaciones de carácter personal, es el ubicado en calle Zempoala número 303, colonia Azteca, de esta ciudad, y no el número 203, como se señaló en el auto de desechamiento. SE REGULARIZA PROCEDIMIENTO RESPECTO DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En tal virtud, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento para el sólo efecto de establecer que el domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones de carácter personal en este juicio, es el ubicado en calle Zempoala número 303, colonia Azteca, de esta ciudad. Por lo anterior, se ordena al actuario o actuaria de la adscripción que se constituya en el domicilio señalado en el párrafo que antecede y efectúe la notificación del proveído de diecinueve del presente mes y año, a la parte promovente, a fin de que se encuentre en posibilidad de imponerse de su contenido.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA...; Notifíquese personalmente. Vista la demanda de amparo promovida por Herminio Gutiérrez Suárez, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 1123/2022-IIII y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del artículo 113 de la Ley de Amparo se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el caso, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo. Las norma invocada en último término prevé la procedencia del juicio de derechos fundamentales en la vía indirecta contra las resoluciones en las que se determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Una primera aproximación a dicha disposición invita a pensar que cualquier determinación de autoridad en la que se resuelva el tema relacionado con la competencia para conocer de determinado asunto, puede ser combatida a través del juicio de amparo. Sin embargo, la debida intelección de la norma en trato lleva a concluir que para la procedencia del juicio de amparo contra una determinación definitoria de una cuestión competencial, es necesario que la misma sea definitiva, lo que implica que, cuando se reclama en el procedimiento constitucional una resolución relacionada con una cuestión de competencia que no sea definitiva, es decir, que no defina sin posibilidad de modificación ante las autoridades ordinarias, el agente estatal que conocerá del asunto, por estar dicha circunstancia supeditada a la aceptación de la competencia por parte de la autoridad que se consideró competente, como sucede en el presente caso, o bien, a la resolución de un eventual conflicto competencial, el referido juicio de amparo resultará improcedente. La conclusión que precede se obtiene, en principio, de una interpretación de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, acorde con el sistema general normativo de procedencia del juicio de amparo, pues es una constante en dicho Cuerpo Normativo que los actos materia de impugnación a través del medio de control constitucional que regula, en cualquiera de sus vías, deben ser definitivos. En efecto, sobre la base de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de esas reglas fundamentales se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio únicamente procede contra actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio se deben agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. En un sentido general, la definitividad comprende los casos en los que la potestad común ya ha emitido la determinación final respecto del punto jurídico de que se trate, bien porque se hayan agotado los medios de defensa en su contra, porque ya no proceda ninguno, o porque se trate de la resolución culminatoria del procedimiento respectivo; solo así se podrá estimar que el acto reclamado es definitivo para los efectos del juicio de amparo. Esta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto en forma inmediata (aunque después de impugnarlos a través de los recursos o medios de defensa ordinarios), se reserva la procedencia de la acción constitucional únicamente en contra de la resolución final del procedimiento de que se trate o de aquella en la que en forma definitiva se resuelva sobre un punto jurídico controvertido. Esa característica de definitividad está presente en los supuestos de procedencia del juicio de amparo. Así, se tiene que el primer párrafo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, establece que el juicio en la vía directa procede contra sentencias definitivas o laudos o resoluciones que pongan fin al juicio; y que el segundo acápite de la misma fracción dispone que por ese tipo de sentencias definitivas o laudos se entienden las que decidan el juicio en lo principal; y que por resoluciones que ponen fin al juicio se entienden las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Ese mismo principio está incluido, en general, respecto de diversos actos impugnables en el juicio de amparo indirecto, así, por ejemplo, procede ese juicio respecto de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva, en la inteligencia de que entonces podrán hacerse valer violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiera quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución (fracción III, inciso a, del artículo 107 de la Ley de Amparo). Otro ejemplo es el caso de los actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, en tal supuesto, si se trata de actos de ejecución de sentencia, el amparo solo puede promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que pueden reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución (fracción IV del artículo 107 del mismo ordenamiento legal). Lo anterior evidencia la lógica prevalente en el sistema normativo regulador del juicio de amparo, que como juicio de excepción, privilegia que la solución jurídica del asunto encuentre respuesta primaria y completa ante la potestad común, así que la intervención del juez de amparo solo se requerirá cuando el asunto tenga cierto grado de depuración jurídica y ya no pueda ser analizado por dicha potestad, es decir, hasta que sea definitivo. Solo por excepción el amparo indirecto procede desde luego, bajo ciertas condiciones específicas, a saber: cuando se reclamen normas generales autoaplicativas o con motivo de su primer acto de aplicación (fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo); cuando se reclamen actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación (fracción III, inciso b, ídem); y cuando se tilden de inconstitucionales actos dentro de juicio que sean de ejecución irreparable o afecten a personas extrañas al juicio (fracciones V y VI, ídem). En este contexto, si uno de los principios rectores de procedencia del juicio de amparo respecto de actos dentro del procedimiento es la definitividad del acto reclamado, característica que adquiere cuando ya se agotaron los medios ordinarios de defensa, cuando no procede impugnación alguna en su contra, cuando se trate de la resolución culminatoria del procedimiento respectivo o cuando se esté frente a la resolución definitoria de una cuestión controvertida; y la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, que regula el supuesto en estudio (actos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto), no contiene el criterio de procedencia excepcional del amparo relativo a la irreparabilidad del acto o inconstitucionalidad de leyes destacados, por lo que debe convenirse que corresponde a los actos genéricos; puede concluirse entonces que la definitividad del acto que determina inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, es lo que da la pauta para considerar procedente el juicio de amparo. No es obstáculo para arribar a la conclusión alcanzada, la circunstancia de que la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, carezca de mención expresa en el sentido de que la resolución de incompetencia deba ser definitiva, para considerar actualizado el supuesto de procedencia del juicio de amparo que ahí se contiene, pues basta considerar el sistema de procedencia destacado con antelación, para considerar válidamente que el principio de definitividad debe permear en tal hipótesis. Lo anterior se corrobora con la interpretación gramatical de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, según la cual, el juicio de amparo procede "contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto", pues ese método interpretativo permite establecer que la procedencia del juicio de amparo indirecto, bajo ese supuesto legal, se actualiza si en forma definitiva se ha decidido acerca de la inhibitoria, declinatoria o respecto del conocimiento de un asunto por parte de alguna autoridad, ya que las principales acepciones de los vocablos "determinar" y "determinación" son "fijar los términos de algo", "distinguir", "discernir", "fijar algo para algún efecto", "hacer tomar o tomar una resolución", o bien "resolución de la duda", "decisión para obrar en uno u otro sentido", "discernimiento o distinción", lo que excluye otorgarle un significado en el que cualquier resolución provisional o adicional, como es el planteamiento de un conflicto de "competencia" en razón de fuero o jurisdicción, también relacionada con ese tema, pueda activar un medio de defensa extraordinario o instancia constitucional, como es el juicio de amparo. Por tanto, con base en un criterio gramatical debe considerarse que el supuesto al que se refiere la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, solo permite la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que decidan, en forma definitiva o sin el carácter de provisional, acerca de la inhibitoria o declinatoria de la competencia o el conocimiento de un asunto. Así las cosas, la declaración unilateral de incompetencia por declinatoria o inhibitoria, no puede considerarse como un acto definitivo, porque involucra un pronunciamiento, incierto en cuanto a su sentido, que en su momento necesariamente deberá emitir la autoridad considerada competente. En consecuencia, será la aceptación de la competencia el hecho jurídico que consolidará el pronunciamiento respectivo, es decir, hasta ese momento es que la resolución respecto de la competencia será definitiva para los efectos de la procedencia genérica del juicio de amparo, pues hasta entonces se podrá asumir que el asunto será conocido y, en su caso, resuelto por determinada autoridad. Ello es así, en virtud de que si no se acepta la competencia, y el asunto regresa a la autoridad que previno, la cual insiste en su incompetencia, se entablará un conflicto competencial cuya solución es diversa al juicio de amparo. En abono a lo anterior, es importante señalar que la cuestión de competencia puede ser declinatoria o inhibitoria. La declinatoria se propone ante el juez o tribunal a quien se considera incompetente o puede realizarse de oficio por la misma autoridad, pidiéndole que se separe del conocimiento del asunto y que remita los autos al tenido por competente; mientras que la inhibitoria se presenta ante el juez o tribunal que se consideran competentes, pero que no están conociendo el caso, con petición formal de que dirija oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y remita los autos. En general, puede hablarse de "declinatoria" cuando una autoridad pretende el turno del juicio a otro juzgado o tribunal por razones de competencia; sin embargo, debe indicarse que el acuerdo inicial en el que el órgano jurisdiccional decide no conocer de un asunto y enviarlo a quien considera debe conocer, no integra por sí solo la figura de la declinatoria, sino que es tan solo la parte con la que inicia la misma, decisión que además no es definitiva ni obliga a la autoridad a la que se le remiten los autos a conocer forzosamente de la demanda del justiciable, pues todavía se requiere la aceptación de la competencia por esta última, para estar en posibilidad de concluir que la cuestión competencial relativa se ha agotado. Pues bien, en el presente caso la parte quejosa impugna a través de la vía de amparo indirecto, la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el recurso de apelación (toca 480/2022), deducido de la resolución incidental emitida el doce de julio del mismo año, en el juicio civil 175/2022, del índice del Juzgado Décimo Civil de Partido de esta ciudad, el cual fue promovido por el amparista a fin de que se declarara la nulidad del testamento del de cujus Nicolás Gutiérrez Hernández; resolución de la Alzada que confirmó la diversa en la que se declaró, derivado de la excepción de incompetencia promovida por el albacea de la sucesión del de cujus de mérito, que es competente -parcialmente, por lo que respecta al acto reclamado por la parte promovente del amparo- para conocer sobre el conflicto de nulidad relacionado con el testamento planteado en ese juicio, el Tribunal Unitario Agrario, virtud la existencia de disposiciones agrarias competencia exclusiva de dicho órgano jurisdiccional. Siendo así, es claro que el acto reclamado en este juicio no encuadra en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que no es definitivo, en la medida en que no puede considerarse como aquel que resuelve la cuestión competencial respecto del conocimiento del asunto por parte de dicha autoridad agraria, derivada de la excepción planteada por la parte demandada en el juicio de origen. Lo anterior, en razón de que la resolución que en definitiva resuelva la cuestión de incompetencia suscitada en el juicio natural, para efectos de la procedencia del juicio de derechos fundamentales, será aquella en la que el Tribunal Unitario Agrario en favor del cual se declinó, la acepte, o bien, en caso de que la rechace, la determinación de la autoridad de alzada que resuelva el conflicto competencial correspondiente. De esta forma, al no ser el acto reclamado la resolución que en forma definitiva ha decidido acerca de la inhibitoria, declinatoria o respecto del conocimiento de un asunto por parte de alguna autoridad en el juicio de origen, opera de manera notoria e indudable el motivo de improcedencia derivado de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo y, consecuentemente, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como tal el ubicado en calle Zempoala número 203, colonia Azteca, en esta ciudad. Lo anterior a pesar de que en el apartado de los datos del quejoso se haya señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Tribunal, toda vez que éste no constituye un domicilio como tal y en cambio, sí se proporcionó uno en esta localidad para tal efecto. FORMAS EXPEDITAS DE CONTACTO. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se le tiene proponiendo de manera alternativa y como forma especial y expedita de contacto, la siguiente dirección de correo electrónico grupo.legal.irsa@gmail.com. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sandra Georgina Fuentes Durán, por así solicitarlo y estar su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo se tienen como autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la citada Ley, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Israel Rodríguez Moreno y Saúl Rodríguez Cardoso, pues con independencia de que no tienen el registro de su cédula profesional en el Sistema al que se ha hecho alusión, en el escrito de autorización se omitió el señalamiento de los datos con los que dichas personas acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones ordenadas en este juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). DETERMINACIONES ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19. En términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

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