Herminio Díaz Torres
Expediente 104/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 104/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Herminio Díaz Torres
- HERMINIO DÍAZ TORRES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
III. Uruapan, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Del estado de autos se advierte que por proveído de veintiuno de agosto del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que las partes hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por consentida tal resolución, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo y se cuente con la constancia de su notificación a las partes, sin necesidad de nuevo proveído, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación. En términos del punto décimo primero, párrafo tercero del capítulo tercero del referido Acuerdo General, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, comparezca ante este juzgado, con identificación fehaciente, en día y hora hábiles de labores, a efecto de recoger los documentos originales exhibidos con el escrito inicial de demanda; en el entendido que de no recoger tales documentos en el plazo indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables...
- Principal
III. Uruapan, Michoacán, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no realizó manifestación alguna respecto del proveído de veintisiete de julio del año en curso, en que se tuvo al Tesorero Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente asunto. Y tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, éste Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 239, tomo XI, correspondiente al mes de marzo del 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). ). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia, debe precisarse lo siguiente: Mediante sentencia dictada por el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en esta ciudad, el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, por una parte sobreseyó en el juicio y por la otra, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa; resolución que fue impugnada por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, la cual fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, dentro del amparo en revisión 101/2017. En atención a lo anterior, mediante auto de cinco de abril de dos mil dieciocho (fojas 299 a 301), se requirió al Tesorero Municipal y Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, ambos con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para que en el término de tres días procedieran a dar cumplimiento al fallo protector, esto es: a) El artículo 18, fracción II, inciso B, sub inciso 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, no sea aplicado a la parte quejosa, tanto en el presente como en lo futuro. b) En consecuencia, la Comisión Federal de Electricidad se abstenga de determinar al quejoso el derecho de alumbrado público para el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con base en el artículo anterior. b. 1) En particular, determine lo erogado en el aviso recibo de veintiuno de enero de dos mil dieciséis respecto del servicio número 169 120 605 181, en lo concerniente al derecho de alumbrado público por el periodo de dieciocho de diciembre de dos mil quince al veinte de enero de dos mil dieciséis; y en los subsecuentes meses en que se hubiera cobrado tal contribución respecto de dicha anualidad. E informe lo anterior al Tesorero Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán. c) Con base en lo anterior, el tesorero citado reintegre lo enterado por el amparista por el derecho referido en el periodo destacado (ochocientos cincuenta y un pesos con sesenta y ocho centavos), lo que deberá incluir su actualización. Sin que la concesión anterior afecte el cobro por el consumo de energía eléctrica que realice el amparista, ya que únicamente incide en el derecho por el servicio de alumbrado público para el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En cumplimiento a la ejecutoria, el Jefe de Oficina del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante oficio SSB/DF-8-1190-2018, recibido el once de junio del año en curso (foja 324), informó que: El servicio número 169 120 605 181, contratado a nombre de Herminio Díaz Torres, se encuentra dado de baja desde diciembre de 2016, razón por la que no se realiza el cobro del derecho de alumbrado público. El cobro del concepto de alumbrado público de dicho servicio, durante el periodo del dieciocho de diciembre de dos mil quince, al veinte de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio SSB/DF-1191/2018, fue informado al Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El Tesorero Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mediante oficio HALC/JM/196/2018, de diecinueve de julio del año en curso, recibido en este juzgado el veintitrés siguiente (fojas 338 a 341), remitió el certificado del pago relativo al cheque número 036, de tres de julio del presente año, por la cantidad de $918.00 (novecientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), que se realizó al quejoso Herminio Díaz Torres, por concepto del Derecho de Alumbrado Público, del servicio 169 120 605 181, correspondiente al periodo fiscal del dieciocho de diciembre de dos mil quince, al veinte de enero de dos mil dieciséis, incluyendo la actualización a que se refiere el artículo 19-A del Código Fiscal del Estado de Michoacán. Ahora bien, del examen de las documentales exhibidas, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la autoridad responsable Tesorero Municipal, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, restituyó al agraviado Herminio Díaz Torres, la suma de $918.00 (novecientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), a través del cheque número 036, de tres de julio del año en curso, que corresponde a la cantidad enterada por concepto de Derecho de Alumbrado Público correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis. Con tal determinación a juicio de quien esto pronuncia, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán, cumplió con las exigencias precisadas dentro de los efectos de la concesión del amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin excesos ni defectos. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por medio de oficio a las autoridades responsables...
- Principal
III-Agréguese el oficio enviado por el Tesorero Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mediante el cual, en atención al requerimiento de doce de los corrientes, informa las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, y al efecto anexa las constancias respectivas; circunstancia de la que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Por tanto, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolverá sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
III. Uruapan, Michoacán, doce de julio de dos mil dieciocho. Del estado procesal de autos se advierte que mediante oficios 7198 y 7199, derivados del proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, se requirió, entre otros, al Tesorero y Presidente Municipales, ambos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para que en el término de tres días, informarán sobre el cumplimiento al fallo protector, sin que a la fecha lo hayan realizado, no obstante que fueron debidamente notificados de tales comunicados, como se advierte del acuse de recibo relativo a esos oficios, que existen glosados a fojas 332 y 331. Por consiguiente, requiérase nuevamente a las citadas autoridades, con la finalidad de que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que reciban el oficio de notificación del presente acuerdo, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos que ahí se especificaron, esto es: a) El artículo 18, fracción II, inciso B, sub inciso 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, no sea aplicado a la parte quejosa, tanto en el presente como en lo futuro. b) En consecuencia, la Comisión Federal de Electricidad se abstenga de determinar al quejoso el derecho de alumbrado público para el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con base en el artículo anterior. b. 1) En particular, determine lo erogado en el aviso recibo de veintiuno de enero de dos mil dieciséis respecto del servicio número 169 120 605 181, en lo concerniente al derecho de alumbrado público por el periodo del dieciocho de diciembre de dos mil quince al veinte de enero de dos mil dieciséis; y en los subsecuentes meses en que se hubiera cobrado tal contribución respecto de dicha anualidad. E informe lo anterior al Tesorero Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán. c) Con base en lo anterior, el tesorero citado reintegre lo enterado por el amparista por el derecho referido en el periodo destacado (ochocientos cincuenta y un pesos con sesenta y ocho centavos), lo que deberá incluir su actualización. Sin que la concesión anterior afecte el cobro por el consumo de energía eléctrica que realice el amparista, ya que únicamente incide en el derecho por el servicio de alumbrado público para el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Por tanto, requiérase a las citadas responsables, a efecto de que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que reciban el oficio de notificación del presente acuerdo, remitan las constancias de las que se advierta que se realizó lo solicitado, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Bajo apercibimiento de que si no lo hacen en los términos anotados, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Asimismo, en caso de no cumplir con el fallo protector sin causa justificada, se procederá de conformidad con el citado artículo, específicamente en los términos establecidos en el párrafo segundo; esto es, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, como lo establecen los diversos numerales 238 y 258 de la ley de la materia. De igual forma, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, a fin de que este órgano jurisdiccional tenga los elementos necesarios para calificar el cumplimiento del fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Bajo la observación de que también deberá hacer llegar las constancias necesarias, debidamente certificadas, que demuestren dicho cumplimiento, sin pasar por alto lo determinado en el numeral 193 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis de rubro y texto siguiente: Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007918 1 de 1 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 19 Jurisprudencia (Común) PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Notifíquese, mediante oficio a las autoridades de que se trata...
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