Herminio Cano Benitez
Expediente 1107/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1107/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Herminio Cano Benitez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada de manera provisional, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 26 DE julio DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil dieciséis. Visto, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el informe justificado que rinde el 8. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por rendido dicho informe y con su contenido dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Por otro lado, de autos se advierte la inexistencia de los actos reclamados por las autoridades que fueron señaladas como responsables - como enseguida se evidenciará - lo cual conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. En principio, conviene establecer que en el caso que nos ocupa el quejoso Herminio Cano Benítez, mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal el dieciocho de julio de dos mil dieciséis y ante este órgano federal al día siguiente, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Jueces 1. Primero, 2. Segundo, 3. Tercero, 4. Cuarto, 5. Quinto, 6. Sexto, 7. Séptimo y 8. Octavo, todos de lo Penal de la ciudad de Puebla, 9. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, 10. Fiscal General del Estado de Puebla y 11. Director General de la Agencia Estatal de Investigación, que hizo consistir en las ordenes de aprehensión o presentación presuntamente giradas en su contra, así como su ejecución. Mediante proveído de veinte de julio del actual se admitió a trámite la demanda de amparo, requiriendo a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados. En ese sentido, al rendir sus informes justificados las autoridades responsables Jueces 1. Primero, 2. Segundo, 3. Tercero, 4. Cuarto, 5. Quinto, 6. Sexto, 7. Séptimo y 8. Octavo, todos de lo Penal de la ciudad de Puebla, 9. Juez de lo Penal de Cholula por Ministerio de Ley 10. Titular de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en representación del Fiscal General y 11. Director General de la Agencia Estatal de Investigación negaron la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar tales negativas, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con treinta minutos del dieciséis de agosto de dos mil dieciséis; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)..."
- Incidental
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 20 DE julio DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil dieciséis. Visto; en cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo promovido por Herminio Cano Benítez, contra actos de las autoridades responsables denominadas Jueces 1. Primero, 2. Segundo, 3. Tercero, 4. Cuarto, 5. Quinto, 6. Sexto, 7. Séptimo y 8. Octavo, todos de lo Penal de la ciudad de Puebla, 9. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, 10. Fiscal General del Estado de Puebla y 11. Director General de la Agencia Estatal de Investigación. En principio, resulta necesario establecer que para la tramitación de esta incidencia, en lo que se refiere a sus efectos formales, procesales y por lo que hace a la suspensión de los actos reclamados se sujetará a la Ley de Amparo abrogada, pues si bien en los Distrito Judiciales de Puebla y Cholula, que es el lugar de residencia de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, en jurisdicción estatal, a la fecha en que se actúa ya se encuentra en vigor el sistema penal acusatorio que establece la aplicabilidad de la Ley de Amparo vigente en el aspecto indicado, lo cierto es que es un hecho notorio que las autoridades señaladas como responsables pertenecen al sistema tradicional, dada su denominación; lo anterior encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial 32/2015 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. EL TRÁMITE Y LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO EN LOS CASOS EN DONDE NO HAYA ENTRADO EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, DEBERÁN REGIRSE CONFORME A LA LEY DE AMPARO ABROGADA". Así pues, pídase informe previo a las autoridades responsables, el cual deberán rendir en el término de veinticuatro horas legalmente computado (para el efecto, remítaseles copia de la demanda de garantías), con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una corrección disciplinaria equivalente a veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo abrogada y 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 3037276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de julio de dos mil dieciséis, para que se lleve a cabo el desahogo de la AUDIENCIA INCIDENTAL. Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables I. La orden de aprehensión y II. La orden de presentación, giradas en su contra, así como su ejecución y; por lo que se provee sobre la suspensión definitiva en los siguientes términos: Concerniente a la I. orden de aprehensión, con fundamento en los artículos 124, fracciones I, II y III; 136, párrafos primero, cuarto y quinto y 138 de la Ley de la materia abrogada, se concede la suspensión provisional, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se prive de la libertad a la parte quejosa, quien queda a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal, esto hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. En el entendido de que si el delito atribuido al peticionario del amparo por el que se le dictó la resolución combatida, se refiere a algún ilícito de los que conforme a la ley no se permita el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, la suspensión producirá el único y exclusivo efecto de que el quejoso al ser aprehendido quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere precisamente en el lugar en que deba ser recluido, y a disposición de la autoridad responsable que corresponda para la inmediata continuación del procedimiento penal respectivo, de conformidad con el párrafo quinto del artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada. La suspensión que se otorga dejará de surtir sus efectos si en el término de tres días contados a partir de la notificación de este auto, el quejoso no exhibe una garantía por la cantidad de $27,000.00 (veintisiete mil pesos, cero centavos moneda nacional) en cualquiera de las formas establecidas por la Ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera), debiendo acompañar dos fotocopias del documento donde conste ésta. La suspensión que se otorga dejará de surtir sus efectos si en el término de tres días contados a partir de la notificación de este auto, la parte quejosa no exhibe la garantía antes mencionada. No pasa inadvertido que el artículo 124 bis de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías abrogada prevé como requisito de efectividad de la suspensión, que se exija a la parte quejosa la exhibición de una garantía, la que deberá fijarse tomando en consideración: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa; y, II. La situación económica de la parte quejosa y la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la información necesaria para hacer un pronunciamiento en el que se consideren dichos elementos; además de que al concederse la suspensión contra actos que afectan la libertad personal, deben tomarse las medidas necesarias en términos de los artículos 124 bis y 138 de la Ley de Amparo abrogada, a fin de que el quejoso, con motivo de la suspensión otorgada no evada la acción de la justicia, por lo que la garantía fijada para que continúe surtiendo sus efectos la medida cautelar concedida es asequible, esto es, está al alcance de cualquier persona, pero a la vez es elevada para asegurar que el inconforme no se sustraiga a la acción de la justicia; aunado a que el promovente en su demanda de garantías no proporciona datos respecto al delito o delitos que se le atribuyen, y no puede obligársele a proporcionar tal información, ya que en la generalidad de los casos el inculpado no tiene conocimiento de los hechos que se le atribuyen sino hasta el momento en que se le aprehende. Tampoco es factible retardar el pronunciamiento sobre la suspensión solicitada hasta en tanto las autoridades responsables de la causa en su caso, informen respecto al delito que se atribuye a quien solicita el amparo, ya que existe peligro de que se ejecute la orden de aprehensión con notorios perjuicios para la parte quejosa, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, constitucional y 124, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada, el objeto de la suspensión es, precisamente, evitar que se causen tales perjuicios. Así, para el otorgamiento de la suspensión provisional que aquí se decreta, se toman en cuenta únicamente la naturaleza de la violación, el peligro en la demora y la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el particular con la ejecución del acto, por lo que lo dispuesto en el artículo 124 bis de la Ley de Amparo abrogada, antes reseñado, se considerará al resolver lo procedente sobre la suspensión definitiva, para tal efecto, con fundamento en dicho precepto: a) Se requiere a los jueces penales responsables para que en el término de cuarenta y ocho horas que se le otorgó para rendir su informe previo, manifiesten de manera expresa la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos por los que hayan ordenado la aprehensión de la parte quejosa y, de ser necesario, remitan copia certificada de las constancias conducentes, asimismo, para que manifieste el origen del acto reclamado, y si éste se dictó para el cumplimiento de una sentencia firme en el ámbito penal. b) Se requiere a la parte quejosa para que en el término de tres días acredite, el estado que guarda su situación económica, la actividad a la que se dedica y los ingresos mensuales que percibe, con el apercibimiento de que de no hacerlo se fijará discrecionalmente el monto de la caución que corresponda. c) Por otra parte, se previene a la parte quejosa para que con fundamento en el artículo 138, párrafo segundo del ordenamiento legal en cita abrogado, comparezca ante el juez de la causa dentro del plazo de tres días, a rendir su declaración preparatoria o para la continuación del proceso, debiendo acreditar el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del término de tres días siguientes a su presentación. De no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir sus efectos, se mandará hacer efectiva la garantía, que en su caso se otorgue, en favor del erario federal y se dejará a las autoridades responsables en completa aptitud de ejecutar la orden de captura reclamada e internar a la parte quejosa en el reclusorio correspondiente. Signifíquese a la parte quejosa que la obligación descrita en el párrafo precedente será exigible hasta que tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización rubro y texto son: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." (No. Registro: 170,432. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Enero de 2008. Tesis: 1a./J. 149/2007. Página: 371) d) Se requiere al Juez de lo Penal responsable para que a más tardar en la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, informe del cumplimiento dado a lo señalado en el inciso anterior. Así mismo, se sirva informar si a la parte quejosa ya se le resolvió sobre la suspensión definitiva en otro juicio de amparo contra el mismo acto reclamado. e) Con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 136 del citado cuerpo de leyes abrogado, se dicta como medida de aseguramiento de la parte quejosa a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concederse el amparo, que comparezca a firmar en el libro de procesados que gozan del beneficio de la libertad provisional bajo caución en el juzgado de la autoridad responsable, los días viernes de cada semana, desde que se notifique esta resolución y hasta en tanto se resuelva el presente juicio en lo principal. Signifíquese al juez penal responsable que deberá informar el incumplimiento de la parte quejosa de la medida antes referida. De igual modo, se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo establecido anteriormente, la suspensión dejará de surtir efectos dejando a las autoridades en aptitud de cumplir la orden de captura reclamada y se hará efectiva la garantía que, en su caso, exhiba. La medida cautelar no surtirá efecto alguno si la orden de captura reclamada es dictada por autoridad federal o por autoridad judicial distinta a la aquí señalada o si se sorprende a la parte quejosa en la comisión flagrante de delito. En caso de que el acto reclamado consista en una ORDEN DE REAPREHENSIÓN dictada para el cumplimiento de una sentencia penal ejecutoriada, procede conceder la suspensión contra dicho acto para el efecto de que el sentenciado quejoso quede a disposición de este Juzgado por cuanto a su libertad personal y a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento, lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar sólo se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme. Tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA, AUN CUANDO ÉSTA HUBIESE CAUSADO EJECUTORIA. Procede conceder la suspensión cuando el acto reclamado lo constituye la orden de reaprehensión dictada en cumplimiento de una sentencia condenatoria en contra del reo, aun cuando ésta hubiese causado ejecutoria. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que entre los requisitos previstos en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra el relativo a que con la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que la orden de reaprehensión es un acto independiente de la sentencia ejecutoriada, cuya legalidad y constitucionalidad no han sido determinadas, y puede contravenir las leyes que la rigen. Por tanto, procede conceder la suspensión contra dicho acto, con el objeto de que el responsable quede a disposición del Juez de Distrito únicamente por cuanto a su libertad personal, y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar solamente se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme, ya que la sociedad está interesada en que quienes resulten penalmente responsables de la comisión del delito en una sentencia ejecutoria purguen la pena correspondiente. Esto es, al concederse la suspensión contra la orden de reaprehensión, no se determina que el sentenciado no compurgue dicha condena, sino que únicamente se postergue hasta en tanto exista certeza legal de que, con independencia de la sentencia firme, tal acto se haya llevado a cabo de acuerdo con la legislación que lo rige, y no se violen preceptos de la Constitución Federal; de no ser así, se afectarían disposiciones de orden público, aunado a que, en la observancia de la legislación relativa y de los principios contenidos en la Ley Fundamental, la sociedad en general tiene un interés superlativo, pues está interesada en que cualquier acto que afecte la libertad de una persona se lleve a cabo conforme a las disposiciones vigentes". (No. Registro: 164,424. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Junio de 2010. Tesis: 1a./J. 34/2010. Página: 166). Lo anterior no obstante que la parte quejosa reclame una orden de aprehensión pues en caso de que se hubiere designado erróneamente el acto reclamado por desconocimiento del impetrante del amparo, ello no da motivo a considerar que el acto no existe en la forma expresada por la quejosa. Por su contenido sirve de apoyo la jurisprudencia de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN." (No. Registro: 189,287, Jurisprudencia, Materia(s): Penal, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIV, Julio de 2001, Tesis: 1a./J. 34/2001, Página: 287). Por cuanto hace a la II. orden de presentación presuntamente girada por un Juez de lo Penal en contra de la parte quejosa y su ejecución, con fundamento en lo establecido en los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de Amparo abrogada, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que quede a disposición de este Juzgado Federal por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que enseguida se transcriben: "ORDEN DE COMPARECENCIA. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 124 BIS, 130, 136 Y 138 DE LA LEY DE AMPARO. Contra la ejecución de una orden de comparecencia procede la suspensión provisional, aun cuando se trate de delitos de pena alternativa o que no ameriten pena privativa de la libertad, en virtud de que concurren los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues constituye un acto que puede causar daños y perjuicios de difícil reparación, ya que su ejecución implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de la libertad personal, aunque en menor grado que la orden de aprehensión. Así, conforme a los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de la materia, la suspensión que se conceda contra la ejecución de una orden de comparecencia será para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Además, para que no cesen los efectos de la suspensión concedida, el quejoso debe cumplir con los siguientes requisitos: a) en el plazo que establezca el juzgador de amparo que conozca del asunto, otorgar la garantía que éste decrete; b) comparecer ante el Juez de la causa, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que concede la suspensión, para la continuación del procedimiento penal, conforme al artículo 138 de la Ley de la materia, lo que deberá acreditar ante el Juez de garantías dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha comparecencia, mediante la constancia respectiva de la que se advierta el sello del juzgado responsable; c) presentarse ante el Juez de la causa cuantas veces sea citado, y en caso de inasistencia éste deberá informarlo al Juez de amparo para que revoque la concesión de la suspensión decretada y, d) señalar domicilio a fin de que puedan hacerle las notificaciones respectivas; asimismo, se le apercibirá que de no cumplir con los requisitos fijados en los aludidos incisos b) y c), se hará efectiva la garantía otorgada en favor del erario federal. Lo anterior, a fin de que el quejoso pueda ser devuelto al Juez responsable en caso de no obtener el amparo federal solicitado, y sin perjuicio de las que adicionalmente el juzgador estime imponer, acorde a las circunstancias del caso concreto y en uso de las amplias facultades que los señalados preceptos legales le conceden para decretar las medidas de aseguramiento pertinentes para prevenir que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia y evitar perjuicios a terceros y al interés social. (No. Registro: 172,458, Jurisprudencia, Materia(s): Penal, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Mayo de 2007, Tesis: 1a./J. 35/2007, Página: 430.)" "SUSPENSIÓN. CUANDO SE RECLAMAN INDISTINTAMENTE LAS ÓRDENES DE PRESENTACIÓN O COMPARECENCIA RECLAMADAS AL MINISTERIO PÚBLICO Y A UNA AUTORIDAD JUDICIAL, DEBE HACERSE LA DISTINCIÓN ENTRE AMBAS FIGURAS JURÍDICAS, A FIN DE ESTAR EN CONDICIONES DE RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL SOLICITADA. En atención a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 80/2003-PS y 104/2006-PS, que dieron lugar respectivamente, a las jurisprudencias tituladas: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO ES RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD, POR LO QUE NO SE TRADUCE EN UNA ORDEN DE DETENCIÓN." y "ORDEN DE COMPARECENCIA. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 124 BIS, 130, 136 Y 138 DE LA LEY DE AMPARO."; se advierte que las órdenes de presentación y de comparecencia tienen características distintas, que deben tomarse en cuenta en el momento de resolver sobre la suspensión; pues por un lado, la orden de presentación del indiciado para declarar dentro de la averiguación previa, es emitida por el agente del Ministerio Público, la cual no tiene por objeto restringir su libertad, sino solamente lograr su presencia dentro de esta fase procesal para que declare si así lo estima conveniente, ya que incluso puede abstenerse de hacerlo, además de que una vez terminada la diligencia para la que fue citado, puede reincorporarse a sus actividades cotidianas, de ahí que no puede considerarse que se le priva de su libertad; por consiguiente, no procede la suspensión contra la aludida orden de presentación; en cambio, la orden de comparecencia es dictada por un Juez, en todos aquellos casos en que el delito no dé lugar a aprehensión, sino que, a pedimento del Ministerio Público se librará dicha orden en contra del inculpado, a fin de que rinda su declaración preparatoria, siempre que estén acreditados el cuerpo del delito y su probable responsabilidad, por tanto, su ejecución sí implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de la libertad personal, aunque en menor grado que la orden de aprehensión, a partir de los "efectos" que provoca en el proceso penal, esto es, de sujetar al indiciado a la jurisdicción del Juez penal que lleva el proceso correspondiente; por lo que en este último caso, se satisfacen los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, dado que constituye un acto que puede causar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso, contra el cual, sí procede conceder la suspensión para los efectos establecidos en los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de Amparo (Novena Época, Registro: 162458, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.P.259 P, Página: 2464)." Se previene a la parte quejosa para que: a) Comparezca ante el Juez de la causa dentro del plazo de tres días a rendir su declaración preparatoria o para la continuación del proceso, debiendo acreditar el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del término de tres días siguientes a su presentación, mediante las constancias respectivas de la que se advierta el sello del juzgado responsable; y, b) Por otra parte, con la facultad que otorga a la suscrita el cuarto párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada, la parte quejosa además deberá señalar ante este órgano de amparo el lugar donde se encuentra establecido su domicilio particular cierto y actual en el que pueda ser localizado tanto por este órgano constitucional como por las autoridades responsables ordenadoras, tantas veces se requiera, ello, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo del que deriva este incidente. Con el apercibimiento de no dar cumplimiento a lo ordenado en los incisos a) y b), la suspensión concedida dejará de surtir sus efectos, se mandará hacer efectiva la garantía, que en su caso se otorgue, en favor del erario federal y se dejará a las autoridades responsables en completa aptitud de ejecutar la orden de presentación reclamada. Signifíquese a la quejosa que las obligaciones descritas en los párrafos precedentes, serán exigibles hasta que tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable que ordenó el acto reclamado para que, al momento de rendir su informe previo, comunique si la parte quejosa comparece ante ella dentro del plazo señalado en líneas anteriores, esto para saber si cumple o no con la obligación impuesta; con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia abrogada. La medida cautelar no surtirá efecto alguno si la orden de comparecencia reclamada es dictada por autoridades judiciales distintas a las aquí señaladas. Como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada por duplicado del presente proveído, previa razón que de recibo de la misma se asiente en autos; en el entendido de que dicho trámite sólo podrán realizarlo en el horario correspondiente de nueve a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado. De conformidad con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO..."
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