Herminia Vázquez Jonapa

Expediente 202/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
202/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Herminia Vázquez Jonapa

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de julio de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria relativa al recurso de queja 102/2022, interpuesto por la parte quejosa Herminia Vázquez Jonapá, a través de su apoderado legal Miguel Eusebio Selvas Costa, en contra del proveído de veintiuno de febrero del año en curso y devuelve el original del juicio de amparo 202/2022. Por cuanto el Tribunal de Alzada resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 202/2022, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. TERCERO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Herminia Vázquez Jonapá, por conducto de su apoderado Miguel Eusebio Selvas Costa, en su carácter de quejosa." Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta. Remítase a la Superioridad el acuse de recibo respectivo. En relación con el cuaderno de antecedentes que se formó, no es necesario agregarlo a los presentes autos, pues sus originales se encuentran en el juicio; en consecuencia, se ordena su destrucción, glosándose al expediente de este sumario únicamente las actuaciones originales que obran en el mismo. De conformidad con lo establecido en el numeral 356, fracción II, del citado código procesal Civil, de aplicación supletoria a la ley de la materia, atendiendo a que el órgano colegiado oficiante declaró FIRME el auto de desechamiento; procede lo siguiente: ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito, no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que se emita pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales, toda vez que no se aperturaron. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos exhibidos, susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Erika Beatriz Díaz Penagos, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de marzo de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo del que deriva el presente cuadernillo; además, informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Miguel Usebio Selvas Costa, apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte quejosa; recayéndole el número 102/2022. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta y téngase a la superioridad acusando recibo del recurso referido en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de marzo de dos mil veintidós. Visto: el escrito de Miguel Usebio Selvas Costa, apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte quejosa, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, contra el auto de veintiuno de febrero de este año, en el que se desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos para que obre como constancia el escrito de cuenta. De conformidad con lo establecido en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer la parte quejosa. Ríndase el informe respectivo, en el sentido de ser cierto el acto materia de la misma, habida cuenta de que en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en autos del juicio de amparo indirecto 202/2022, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Herminia Vázquez Jonapa, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas Miguel Usebio Selvas Costa, por los motivos y fundamentos establecidos en dicho proveído. Remítase de inmediato el original y copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, para los efectos legales conducentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida Herminia Vázquez Jonapa, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas Miguel Usebio Selvas Costa, personalidad que tiene acreditado en el expediente de donde deriva el acto reclamado, contra el acto que reclama del Juzgado Tercero del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 202/2022-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que impone ante todo la obligación de examinar el escrito para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Ilustra a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. La tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: El proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, dictado en el Juicio Ordinario Civil 535/2015, en ejercicio de la acción de pago de daño ambiental emitida en la etapa de ejecución de sentencia, en la cual negó girar oficio a la institución bancaria para que pusiera a disposición de ese Juzgado el numerario que tuviera en la cuenta bancaria la parte demanda. En el contexto anterior, oficiosamente se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de garantías es improcedente cuando la ley conceda algún recurso, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, razón por la que obligatoriamente deben agotarse dichos recursos. Pues bien, en principio es menester destacar uno de los principios que rigen el juicio de amparo consiste en el de definitividad, relativo a que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Así, tenemos que, en contra del acto reclamado, acotado con antelación, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; y en el caso, la parte quejosa al no haberlo agotado previamente, no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el recurso o medio de defensa legal que debe tener a su alcance el peticionario de amparo, para impugnar la medida cautelar decretada por una autoridad, es algún recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada, lo que quiere decir que no cualquier medio de defensa en su terminología "lato sensu", cuyo concepto comprende medios de defensa ordinarios y extraordinarios, que se deje de interponer, conduce necesariamente a la conclusión de que se pueda actualizar esta causal de improcedencia. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la institución agraviada consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos reclamados. Ahora, tales recursos, cuya no promoción hace improcedente el juicio de amparo, deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen. Por otra parte, para que tenga obligación la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional un recurso ordinario legalmente existente con el objeto de impugnar el acto que lo agravie, debe existir entre éste y aquél una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a éste y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Ahora bien, de la fracción XVIII del artículo 61, de la ley de la materia, se colige que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se haga valer en contra de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra las cuales resulte procedente algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; ello no obstante que la parte perjudicada no hubiese hecho valer tal recurso con la oportunidad legal debida. Es decir, el amparo únicamente procederá cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa que pudieren tener por efecto revocar, modificar o nulificar las resoluciones, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo reclamadas; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En la especie, el artículo 507, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, establece que los autos emitidos en ejecución de sentencia se admitirá únicamente el responsabilidad, salvo las que niegue o impidan la ejecución, el cual procederá la apelación en efecto devolutivo. Luego, si el quejoso señaló como acto reclamado -como ya se dijo - el proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, dictado en el Juicio Ordinario Civil 535/2015, en ejercicio de la acción de pago de daño ambiental emitida en la etapa de ejecución de sentencia, en la cual negó girar oficio a la institución bancaria para que pusiera a disposición de ese Juzgado el numerario que tuviera en la cuenta bancaria la parte demanda; es inconcuso que en términos del referido numeral 507, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, está obligado a agotar previamente a intentar el juicio de amparo, el medio de impugnación aludido en la vía y forma correspondiente, es decir, el recurso de apelación en efecto devolutivo, puesto que el auto emitido impide la ejecución de la sentencia; con el cual puede modificarse o revocarse el acto que pretende combatir, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, debido a que se le negó girar oficio a la institución bancaria para poner a disposición del Juzgado el numerario solicitado. No obsta que el quejoso haya referido que procede el amparo de conformidad con la jurisprudencia bajo el rubro: "ACTOS DICTADOS DESPÚES DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA." Sin embargo, si bien es cierto, es un acto de imposible reparación, empero previamente a acudir al juicio de amparo se debe de agotar el recurso ordinario. Resulta aplicable la jurisprudencia con el rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Lo anterior, tomando en consideración que es el medio para que la parte afectada pueda lograr que desaparezca el agravio cometido en su esfera jurídica, y las violaciones que argumenta se le ocasionaron, pues de la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 61, fracción XVIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los Jueces de Distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Por el sentido que informa, es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Así como la diversa Tesis Aislada sostenida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. OBLIGA A AGOTAR EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 227 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, EN CONTRA DEL AUTO QUE DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Al resolver la contradicción de tesis número 23/99-PS, de la que derivó la tesis jurisprudencial número 1a./J. 8/2002, de rubro: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS).", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que contra un auto dictado por un tribunal de alzada que declara desierto el recurso de apelación hecho valer en contra de una sentencia de primera instancia, procede el recurso de reposición, para cuya tramitación se siguen las mismas reglas que para la revocación, conforme a las legislaciones procesales ahí examinadas. Las razones fundamentales que sustentan dicho criterio son aplicables respecto de un auto dictado por un Tribunal Unitario de Circuito, que declara inadmisible un recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia definitiva de primer grado, proveído en contra del cual procede el recurso de revocación previsto en el artículo 227 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque este último tiene el mismo efecto procesal y la misma consecuencia jurídica que el acuerdo que declara desierto el recurso de apelación, tales como impedir la tramitación del recurso de apelación y dejar firme la resolución impugnada; además, conforme a dicho precepto, los autos no apelables y los decretos pueden ser revocados por el propio Juez o tribunal que los dictó, y del contexto normativo correspondiente no se advierte la procedencia de otro medio de impugnación ni la irrecurribilidad de tal tipo de determinaciones, aunado a lo cual, tal como también consideró la Primera Sala del Máximo Tribunal, a través del medio ordinario de impugnación se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento o inadmisión de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal; sin que obste al caso la irrecurribilidad prevista en el artículo 250 del código en mención -en el sentido de que dentro del día siguiente de estar notificadas del decreto referido en el artículo 245 del mismo ordenamiento, pueden las partes manifestar su disconformidad respecto de los efectos en que se haya admitido la apelación y que el tribunal resolverá de plano y sin ulterior recurso, en el mismo auto de que trata el artículo 246 de esa codificación- porque el auto a que se refiere el último precepto señalado, es aquel en que se determina si el recurso fue interpuesto en tiempo o no y si es o no apelable la resolución recurrida, así como si el escrito del apelante fue presentado en tiempo y si contiene la expresión de agravios, mientras que la inadmisibilidad del recurso de apelación por haberse interpuesto de manera extemporánea es impugnable mediante el recurso de revocación porque el pronunciamiento no versa sobre los efectos en que se haya admitido la apelación. Por tanto, en contra de dicho auto debió agotarse el mencionado recurso de revocación, previamente a promover la demanda de amparo, en acatamiento al principio de definitividad. Y la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE IMPUGNA EL AUTO QUE NIEGA DECRETAR LA CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA EN JUICIOS MERCANTILES, SI POR RAZÓN DE LA CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. El auto que niega decretar la caducidad de la primera instancia en un juicio que, conforme a los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, por su cuantía menor no admite el recurso de apelación, debe impugnarse por medio del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del código referido, el cual procede contra los autos que no son apelables y los decretos, antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior es así, porque la negativa a decretar la caducidad de la instancia constituye un auto que no paraliza la prosecución del juicio, pues resuelve sobre dicha pretensión pero sin concederse, pudiendo continuar aquél hasta dictarse la sentencia que ponga fin al proceso. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, pues no resuelve el negocio o la acción de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena, como lo exigen los artículos 1077, párrafo primero, y 1325 al 1327 del código citado, sino que niega la pretensión de que se decrete la caducidad de la instancia y resuelve una cuestión durante el proceso que es indispensable dirimir antes de llegar a la sentencia que pone fin al juicio. Por lo tanto, debe agotarse el recurso de revocación en contra del auto que niega la caducidad de la instancia para estar en aptitud de impugnarlo a través del juicio de amparo; con la salvedad del caso en el que se trate de una sentencia interlocutoria, pues en este último caso no será procedente el recurso de revocación. En ese contexto, resulta evidente que el promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XVIII, del invocado dispositivo 61, de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo; a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento, que se trate de órdenes privativas de la libertad, que el acto importe peligro de privación de la vida, deportación de destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22, Constitucional; o que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional. Al efecto, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente; por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones que indica la parte quejosa, el que indica en su demanda. Como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Miguel Eusebio Selvas Costa, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Registro de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. Por otra parte, como autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que indicó. Por su parte, en cuando al número telefónico y correo electrónico que proporciona, dígasele que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, este es sólo un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, con la salvedad que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincará responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realiza el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

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