Herminia Socorro Cicero Sánchez

Expediente 1708/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1708/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2018

Partes del expediente

  • Herminia Socorro Cicero Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    II... Vista la certificación secretarial que antecede, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto. ... este expediente es susceptible de destrucción....

  2. Principal

    II... Vista la demanda de amparo ...

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista de acuerdos que se fija en estrados el proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo indirecto 1708/2018-II, el cual es del tenor siguiente: Auto 07/Noviembre/2018.- "... Vista la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Titular de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1708/2018-II. Antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu . Es así en virtud de que los preceptos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107 fracción V de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos en la propia ley de la materia, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. Ahora, el acto reclamado consiste en la resolución de doce de octubre de dos mil dieciocho dictada en el toca de apelación 604/2018, por la autoridad responsable, que confirmó el auto de treinta de julio de este año, emitido en el juicio ordinario civil 936/2017 del índice del Juzgado Décimo Primero Civil con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, por el que se inadmitió la prueba de reconocimiento de contenido y firma de documento privado, ofrecida por la quejosa. En efecto, dicha actuación no irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en su esfera jurídica, esto es, no afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha determinación, solo implica la continuación del juicio ordinario civil en el que la quejosa es parte demandada, lo que refleja una violación de tipo procesal que no genera una afectación a un derecho fundamental y por ende no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b) Constitucional, en relación con el diverso numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, pues éste tiene efectos de carácter procesal. Se afirma lo anterior, en virtud de que la inadmisión de la prueba de reconocimiento de contenido y firma que ofreció no da pauta en automático a obtener una sentencia adversa a sus intereses; de manera que si sólo procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendidos éstos como aquellos que afecten derechos sustantivos, no pueden ser considerados como tal aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si la afectada obtiene una sentencia favorable, o si ésta le fuera desfavorable, la violación procesal deberá ser reclamada mediante la vía de amparo directo que al efecto se promueva, de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal, de ahí que no exista la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido por la Constitución General o los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, los artículos 34 fracción II, 170 y 172, fracción III, de la Ley de la materia , establecen expresamente que las violaciones a las leyes procesales serán analizadas en el amparo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, es decir, mediante el amparo directo y con ello evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que la afectada con la sentencia correspondiente, al impugnarla, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidas. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Con fundamento en el ordinal 27, fracción I del citado ordenamiento legal, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala. De conformidad en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las diligencias que de este juicio deriven. En otro orden de ideas, únicamente se tienen por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ..., toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; por lo que hace a los restantes únicamente se les tiene por autorizados para el efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Finalmente, en términos de los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa ..."

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