Herminia Sanchez Lopez

Expediente 1028/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1028/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Herminia Sanchez Lopez
  • Sala Regional Sur del Estado de Mexico Y Auxiliar Con Sede En la Ciudad de Toluca Estado de Mexico

Actuaciones

  1. Principal

    ... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: a la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en Toluca, Estado de México: La omisión de seguimiento oportuno para obligar a la demandada Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al cumplimiento sin demora de la sentencia definitiva de tres de marzo de dos mil veinte, confirmada mediante ejecutoria de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós; así como sentencia interlocutoria de cuatro de julio de dos mil veintitrés, para debido cumplimiento de sus fallos; ambos fallos emitidos en el expediente ********************. Mientras que a la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reclama: La omisión en el cumplimiento con los efectos de la sentencia definitiva de tres de marzo de dos mil veinte, así como la sentencia interlocutoria de queja por omisión al cumplimiento de fecha cuatro de julio de dos mil veintitrés, ambas dictadas en el juicio contencioso administrativo federal ********************. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Existencia de los actos reclamados Al rendir su informe justificado, la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en Toluca, Estado de México, NEGÓ la existencia del acto reclamado. Sin embargo, de las manifestaciones que aduce, se advierte la existencia del juicio administrativo ********************, en el cual se encuentra pendiente el cumplimiento inmediato de la sentencia definitiva e interlocutoria de tres de marzo de dos mil veinte y cuatro de julio de dos mil veintitrés, respectivamente; por lo que, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se desvirtúa la negativa de la responsable y se tienen por ciertos los actos que se le reclaman. Certeza que se corrobora con las constancias derivadas del expediente antes mencionado, el cual remitió como apoyo a su informe justificado la Sala responsable, a la que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. ... El Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FUE OMISO en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificado de la petición del mismo razón por la cual, SE PRESUME CIERTO. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitida por la autoridad responsable 1. El tres de marzo de dos mil veinte, se dictó sentencia en el juicio administrativo de origen, mediante el cual se declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada emitiera otra resolución fundada y motivada, detallando el procedimiento llevado a cabo para realizar el incremento de la pensión, realice el ajuste correspondiente, considerando los aumentos otorgados a los sueldos básicos de las trabajadoras en activo, al tenor de la constancia de evolución salarial emitida por la dependencia en la cual laboro la hoy quejosa, así como de las prestaciones que también se vean afectadas por dicha modificación, y hacerle entrega a la actora de dicha diferencias debidamente actualizadas. 2. Inconforme con la anterior determinación, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión fiscal, que se radicó en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con el número de expediente 201/2022, el cual una vez resuelto, al declararse infundados e inoperantes los agravios hechos valer, confirmó la sentencia recurrida. 3. El nueve de junio de dos mil veintitrés, la aquí quejosa interpuso el recurso de queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia emitida el tres de marzo de dos mil veinte, a cuyo término se emitió interlocutoria de cuatro de julio de dos mil veintitrés, que se declaró fundada con respecto al incumplimiento de la sentencia de tres de marzo de dos mil veinte, concediendo a la autoridad demandada el plazo de tres días cumpliera con la sentencia definitiva, sin que lo hubiere hecho. 5. Posteriormente, por acuerdo de dos de octubre de dos mil veintitrés, y toda vez que la autoridad demandada Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no cumplió con dicha determinación en el plazo interpuesto la Sala responsable la requirió nuevamente para que dentro del término de tres días hábiles, comunicara el cumplimiento de la sentencia, apercibiéndola con la imposición de una multa en caso de renuncia injustificada. Sin que hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo, se hubiera logrado el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen lo cual es la materia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". La sala responsable del conocimiento, en su informe justificado, dice que debe sobreseerse en el juicio, por cesación de los efectos del acto reclamado, ante la emisión de los acuerdos de ocho de mayo y dos de octubre de dos mil veintitrés, como interlocutoria de cuatro de julio pasado,. Dicha causal de improcedencia que se opone, es INFUNDADA. Lo anterior es así, porque la lectura del expediente del que emanan los actos reclamados, no revela se haya dado cumplimiento a las resoluciones de tres de marzo de dos mil veinte y cuatro de julio de dos mil veintitrés, esto es, que se haya verificado la realización del incremento de la pensión de la quejosa, conforme a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de las trabajadoras en activo, al tenor de la constancia de evolución salarial emitida por la dependencia en la cual laboró la hoy quejosa, así como de las prestaciones que también se vean afectadas por dicha modificación. No habiendo otra causa de improcedencia que haya opuesto la responsable, como tampoco otra que se advierta de oficio, procede analizar los conceptos de violación aducidos por la quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción. Es aplicable la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 58/2010, XXXI, mayo de 2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, visible a página ochocientos treinta, Novena Época, con número de registro No. 164618, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, la quejosa, en resumen, señala que: 1.- Se vulneran en su perjuicio sus derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a pesar de existir sentencia firme y ejecutoriada; y haber transcurrido los plazos concedidos para su cumplimiento, la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en Toluca, Estado de México, no ha realizado las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir íntegramente los términos de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo. Con lo anterior, se aprecia el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica de la quejosa, consistente en que se le ha impedido satisfacer sus derechos que la sentencia reconoce y otorga a su favor, ya que las autoridades demandadas omiten injustificadamente acatar la sentencia. SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad del acto de omisión reclamado. Los conceptos de violación, estudiados en su conjunto, resultan FUNDADOS Y SUFICIENTES para conceder a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, porque esencialmente el acto reclamado vulnera en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues hasta el momento no se ha dado cumplimiento a la sentencia definitiva de tres de marzo de dos mil veinte, y resolución interlocutoria de cuatro de julio de dos mil veintitrés, dictadas en el juicio de nulidad ********************. En primer término, cabe precisar que en los procedimientos jurisdiccionales como administrativos, rigen los principios de seguridad jurídica y tutela jurisdiccional efectiva reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, por tanto, toda autoridad que actúa con imperio tiene la obligación de observar en todo momento el contenido de dichos principios. En ese tenor, lo que se busca es que las instancias, cualquiera que sea su naturaleza, constituya un mecanismo eficaz y confiable en el que el particular obtenga atención en breve término, a fin de no violentar el artículo 17 Constitucional. Así, del citado precepto constitucional, se desprenden cinco garantías a saber: 1) La prohibición de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano". 2) El derecho a la tutela jurisdiccional o acceso a la justicia. 3) La abolición de costas judiciales. 4) La independencia judicial. 5) La prohibición de la prisión por deudas del orden civil. Como derechos de las personas, éstos constituyen limitaciones al poder público, en cualquiera de sus tres manifestaciones tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial. Bajo esa tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: Pronta. Se refiere a que las resoluciones que dicten los tribunales, deberán emitirse dentro de los plazos que fijen las leyes. Completa. Significa que antes de emitir la resolución que en derecho proceda, el Tribunal deberá examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos y resolver el caso de manera integral. Imparcial. Se traduce en que los tribunales por naturaleza propia deben dictar sus fallos con equidad y justicia, atentos al principio de igualdad procesal entre las partes; es decir, el juzgado debe tomar en cuenta todos y cada uno de los elementos y pruebas aportadas y resolver a favor de la parte que hubiese aportado elementos de convicción definitivos. Gratuita. Estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Plena ejecución. La cual versa en el sentido de que las resoluciones que constriñan a su acatamiento, tendrán que realizarse en la forma en que se haya fallado dentro de ella misma, es decir, deberá darse cumplimiento a lo resuelto por los órganos jurisdiccionales en los términos y condiciones que se dijeron en la misma, obligación a la que por regla general nadie puede eximirse alegando alguna circunstancia ajena a la litis. ... En ese orden, respecto al principio de justicia pronta previsto en la garantía de acceso a la justicia, debe indicarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo identifica también como una garantía a la tutela jurisdiccional y la define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. ... Bajo ese contexto, el imperativo constitucional previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones, pues la garantía de acceso a la administración e impartición de justicia se haría nugatoria si las resoluciones no fueran acatadas de manera pronta y expedita, por quien se encuentra obligado a ello. Por otra parte, los artículos 52, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, concerniente al procedimiento de ejecución de sentencia, establecen: ... En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento. Tratándose de sanciones, cuando dicho Tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma. V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa. b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate. d) Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose del Juicio Ordinario o un mes, tratándose del Juicio Sumario de conformidad con lo previsto en el artículo 58-14 de la presente Ley, contados a partir de que la sentencia quede firme. Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando, tratándose de asuntos fiscales, hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la autoridad hubiere cumplido con la sentencia, el beneficiario del fallo tendrá derecho a una indemnización que la Sala que haya conocido del asunto determinará, atendiendo el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la omisión hubiere ocasionado, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 58 de esta Ley. El ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental. Cuando para el cumplimiento de la sentencia, sea necesario solicitar información o realizar algún acto de la autoridad administrativa en el extranjero, se suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo anterior, entre el momento en que se pida la información o en que se solicite realizar el acto correspondiente y la fecha en que se proporcione dicha información o se realice el acto. Transcurridos los plazos establecidos en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo. En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. La sentencia se pronunciará sobre la indemnización o pago de costas, solicitados por las partes, cuando se adecue a los supuestos del artículo 6o. de esta Ley." Artículo 57. Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente: I. En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: a) Tratándose de la incompetencia, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución, sin violar lo resuelto por la sentencia, siempre que no hayan caducado sus facultades. Este efecto se producirá aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana. b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de cuatro meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la realización del acto correspondiente y aquél en el que se proporcione dicha información o se realice el acto. Igualmente, cuando en la reposición del procedimiento se presente alguno de los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, tampoco se contará dentro del plazo de cuatro meses el periodo por el que se suspende el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, previsto en dicho párrafo, según corresponda. Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada. Los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea necesario que la sentencia lo establezca, aun cuando la misma declare una nulidad lisa y llana. c) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la sentencia le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada. Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de juicios en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos. d) Cuando prospere el desvío de poder, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia. II. En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 52 de esta Ley. Cuando se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia". Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento." De los citados preceptos se advierte el procedimiento de ejecución de sentencias que fue diseñado para lograr el cumplimiento de las mismas de una forma eficaz, sencilla y rápida; además, que el tribunal administrativo se encuentra constreñido a realizar todas las gestiones administrativas necesarias a fin de lograr el cumplimiento del fallo que, en su caso, hubiere dictado, a través del procedimiento de ejecución. .... En el caso, del análisis de las constancias que integran este asunto, se advierte lo siguiente: 1.- La Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en Toluca, Estado de México, con sede en la Ciudad de México dictó sentencia el tres de marzo de dos mil veinte e interlocutoria relativa al recurso de queja por incumplimiento de la sentencia en fecha cuatro de julio de dos mil veintitrés, en el juicio de nulidad ********************. En la primera determinó procedente la nulidad de la resolución reclamada, para el efecto de que: La autoridad demandada emitiera otra resolución fundada y motivada, detallando el procedimiento llevado a cabo para realizar el incremento de la pensión, realice el ajuste correspondiente, considerando los aumentos otorgados a los sueldos básicos de las trabajadoras en activo, al tenor de la constancia de evolución salarial emitida por la dependencia en la cual laboro la hoy quejosa, así como de las prestaciones que también se vean afectadas por dicha modificación, y hacerle entrega a la actora de dicha diferencias debidamente actualizadas. Sin embargo, hasta la fecha en que se resuelve, no hay evidencia de que se haya ejecutado la resolución definitiva ni la interlocutoria posterior, dentro del plazo que señala la ley del acto y, a pesar de ello, la Sala responsable, no ha realizado todos los actos que establece el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para asegurar el pleno cumplimiento de la sentencia, como a continuación se expone: 1. Ante el incumplimiento de la sentencia por parte de la entidad demandada, debió insistir en requerir el acatamiento de ese fallo en el plazo de tres días por medio de su superior jerárquico. 2. Si a pesar de ese requerimiento continuara el incumplimiento de la sentencia, deberá imponer al superior jerárquico, una multa como medio de apremio. 3. En otro apartado, si la Sala responsable, con sede en Toluca, Estado de México, considerara que por la naturaleza de la sentencia y en caso de que así lo permita, podrá comisionar a un funcionario jurisdiccional dentro del organigrama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. 4. Finalmente, la Sala, tiene la facultad de poner en conocimiento de la Contraloría Interna del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los hechos, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. En ese sentido, se pone de manifiesto que el proceder de los Magistrados que integran la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en Toluca, Estado de México, vulnera en perjuicio de la parte peticionaria del amparo el derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita establecido en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que, como se evidencia, desde la emisión de la sentencia hasta la fecha en que se resuelve el presente asunto, ha transcurrido cerca de dos años sin que se haya logrado el cumplimiento de la resolución dictada en el procedimiento natural, de conformidad con la legislación ordinaria, inobservando el seguimiento del trámite de ejecución en términos de ley, con lo cual, dejaron al libre arbitrio de la autoridad demandada el plazo para dar cumplimiento a la precitada sentencia. En razón de lo anterior, es innegable la dilación para que se le administre justicia al quejoso, que se traduce en la omisión de dictar las medidas conducentes de conformidad con el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que la autoridad demandada cumpla con la sentencia e interlocutoria datadas, en su orden, el tres de marzo de dos mil veinte y cuatro de julio de dos mil veintitrés, dictadas en autos del expediente ********************, y apegar sus actuaciones a los plazos y términos legalmente establecidos, evitando el retardo injustificado para el cumplimiento de las referidas resoluciones, de modo tal que cese la contravención al citado dispositivo 17 constitucional. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ********************, para el efecto de que la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en Toluca, Estado de México, con libertad de jurisdicción y de conformidad con el numeral 192 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta resolución, dentro del término de tres días, realice lo siguiente: 1.- Emita las determinaciones conducentes en el juicio de nulidad ********************, en términos del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que la autoridad demandada, cumpla plenamente con las resoluciones de tres de marzo de dos mil veinte y cuatro de julio de dos mil veintitrés, lo cual significa que deberán ser diligentes en el trámite de la ejecución de dichas decisiones, a efecto de que éste no quede paralizado. 2. Lo anterior, sin perjuicio que, dicten otras medidas que abonen al lograr el cumplimiento de la sentencia de mérito, de conformidad con el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por su parte, la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el ámbito de sus funciones: 1.- De inmediato de cumplimiento total a la resolución de tres de marzo de dos mil veinte, con base en la diversa resolución de cuatro de julio de dos mil veintitrés, esto es, otorgue los incrementos ya determinados en sentencia y la liquidación de las diferencias que correspondan. OCTAVO. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra actos de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en Toluca, Estado de México y la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por las razones expuestas en el penúltimo considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    NOTIFICO LA PRESENTE DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA PREVIO CITATORIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se observa que conforme a los Avisos de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmados electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distrito, ambos del Décimo Tercer Circuito, el dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, la Circular 28/2023 emitida en esta última fecha por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmado electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distrito, ambos del Décimo Tercer Circuito, el veinticinco de este mes, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca suspendió labores jurisdiccionales los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, durante los cuales no transcurrieron plazos procesales. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el informe justificado que rinde el Magistrado Presidente y Secretario de Acuerdos, ambos de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Toluca; dése vista a las partes con el citado informe, por un término de ocho días; a efecto de que se impongan de su contenido. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental exhibida por la mencionada responsable, la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Ahora, a efecto de facilitar el manejo de las constancias remitidas por la autoridad responsable, fórmense el cuaderno de pruebas correspondiente, en un tomo, por separado, el cual no formará parte del expediente electrónico, pero estará a disposición de las partes para su consulta; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, cuarto párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona la autoridad responsable, para recibir notificaciones y para el contacto respectivo. De ahí que, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena enviar los subsecuentes oficios dirigidos a la aludida responsable a la cuenta de correo que indica, debiendo certificar su envío y recepción; con la indicación de que, si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes no se obtiene la confirmación, se devolverán a la Secretaría con la razón respectiva, a fin de que acuerde lo procedente. Tome nota el área de Actuaría para los efectos legales consiguientes. Por lo anterior, la celebración de la audiencia constitucional que tendría lugar el diecinueve de este mes y año, se difiere para las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; treinta de octubre de dos mil veintitrés.********************Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se observa que conforme a los Avisos de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmados electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distritos, ambos del Décimo Tercer Circuito, el dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, la Circular 28/2023 emitida en esta última fecha por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmado electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distritos, ambos del Décimo Tercer Circuito, el veinticinco de este mes, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca suspendió labores jurisdiccionales los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, durante los cuales no transcurrieron plazos procesales.****************************************Por lo anterior, la celebración de la audiencia constitucional que tendría lugar a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS se difiere para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES. ********************Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés******************** REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1028/2023******************** DE LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo******************** Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía******************** Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen, según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas******************** PARTE QUEJOSA******************** HERMINIA SÁN******************** por propio derecho******************** AUTORIDADES RESPONSABLES******************** Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en Toluca, Estado de México******************** Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado******************** ACTOS RECLAMADOS De la primera autoridad reclama; La omisión de seguimiento oportuno para obligar a la demandada Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al cumplimiento sin demora de la sentencia definitiva de tres de marzo de dos mil veinte, confirmada mediante ejecutoria de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós; así como sentencia interlocutoria de cuatro de julio de dos mil veintitrés, para debido cumplimiento de sus fallos; ambos fallos emitidos en el expediente**************************************** De la segunda; la omisión en el cumplimiento de las resoluciones mencionadas******************** DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en el artículo 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos******************** ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, fracción XII, Constitucional, 1º, fracción I, 3º, 5º, 37, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de que se trata******************** SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, el que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el 117 de la Ley de Amparo******************** A tal efecto, hágase saber a la responsable, conforme al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; que en su artículo 77 obliga a los órganos del Estado interconectados -siempre que la autoridad tenga celebrado convenio de intercomunicación o interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal que sean señalados como AUTORIDADES RESPONSABLES, A REMITIR LAS CONSTANCIAS DIGITALIZADAS CON FIRMA ELECTRÓNICA DE LOS EXPEDIENTES y demás anexos relevantes para la tramitación de la demanda, recurso o asunto correspondiente******************** Hágasele saber que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, en caso de que omita rendir su informe justificado, se presumirán ciertos los actos que se le reclaman, salvo prueba en contrario; además, con base en lo establecido en el diverso 260, fracción II del mismo ordenamiento legal, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se ordene hacer efectiva tal medida, en términos de los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios, del Decreto por el que en consecuencia, se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis******************** CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Por otro lado, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten; a su vez, comuniquen si se promovió diverso juicio de amparo en el expediente del que deriva el acto reclamado, debiendo expresar el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de dicho juicio y en su caso, remitan copia certificada de las constancias correspondientes; en la inteligencia que de no proporcionar dichos datos, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá como medio de apremio una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización vigente******************** INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado, de conformidad con el artículo 128 fracción I, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu******************** FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Cítese a las partes a la audiencia constitucional que se celebrará a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS******************** INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete******************** NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a las autoridad responsable por medio de lista electrónica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal******************** Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación******************** Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a********************/J********************... (10a********************), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO******************** FORMA DE REALIZARLAS"******************** OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES A RECIBIR OFICIOS Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, se tendrá por hecha la notificación******************** PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www********************serviciosenlinea********************pjf********************gob********************mx******************** HABILITACIÓN DE DIAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto******************** SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados únicamente para ese efecto e imponerse de autos, sin las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona; ya que su cédula no se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito******************** PRUEBAS******************** Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que exhibe, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional******************** PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA******************** Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión******************** En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita******************** AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica******************** Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto******************** NOTIFÍQUESE********************

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