Herminia Rivera Garcia
Expediente 585/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 26/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Herminia Rivera Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Como lo solicita por la quejosa -, en su escrito de cuenta, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de la documental a que alude, previa certificación que se deje en autos. De igual forma, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, expídansele a su costa las copias certificadas a que alude, previo recibo que se deje en autos, y se tiene por autorizadas para tal efecto a las personas que señala. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio signado por el JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y al efecto remite un tanto del acuerdo emitido el dieciséis de los actuales en el juicio de origen, así como el acuse de recibo del oficio 2180/2018, dirigido al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, para que exponga lo que a sus intereses convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional se pronunciará de oficio sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Rosa María Cortés Guzmán, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia pronunciada el veintidós de octubre pasado, en la que se CONCEDIÓ a -el amparo y protección de la Justicia de la Federal, sin que lo hayan hecho valer; por lo que con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como se advierte, se concedió a la peticionaria de amparo, la protección de la Justicia Federal, en términos del artículo 192 y del diverso numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, requiérase por única ocasión al Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, y Actuario de su adscripción, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, cumplan con el fallo que concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con el apercibimiento que de no informar el cumplimiento al fallo protector, se le impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable al caso la Tesis Jurisprudencial de la Novena Época, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Marzo de 1996, número IX.1o.6 K, visible en la página 883, que a la letra dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL, ZINAPECUARO, MICHOACAN, las constancias que remitió como anexo a su informe con justificación, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Notifíquese.
- Principal
VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 585/2018; SE RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE A... SEGUNDO. EN CUMPLIMIENTO...
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