Herminia Rivas Millan

Expediente 126/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
126/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
12/11/2020

Partes del expediente

  • Herminia Rivas Millan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, donde se negó el amparo, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la citada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron tres legajos de constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de depuración, ... Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el escrito de ..., autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, carácter que se le reconoce por tener su cédula registrada en el sistema correspondiente; atento a su contenido, se provee: El promovente externa su voluntad de recibir notificaciones electrónicas, pues señala con esa intención un correo y número telefónico; empero, el medio idóneo para hacerle del conocimiento las determinaciones emitidas en este juicio, es el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por ello, y considerando que proporcionó usuario para la consulta del expediente electrónico, se le notificarán por esa vía las determinaciones que se emitan en este juicio, para lo cual deberá ingresar a dicho sitio de internet. En cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización correspondiente, con el nombre de usuario proporcionado, para obtener notificaciones electrónicas y consultar el expediente. El correo y número telefónico indicados, sólo se utilizarán como una herramienta adicional, para establecer comunicaciones no procesales. Respecto a señalar día y hora a efecto de registrar en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho a los profesionistas que refiere, se le informa que al no ser uno de los supuestos previstos para que el suscrito cite a las partes (pues no se trata de alguna diligencia inherente al juicio), dichas personas deberán agendar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, dentro de los horarios disponibles del órgano jurisdiccional donde deseen efectuar su registro. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues el tercero interesado ya fue emplazado. Por lo que hace, a las razones de imposibilidad para notificar personalmente a las partes, la sentencia engrosada el treinta de septiembre de esta anualidad, SE ORDENA NOTIFICARLES POR MEDIO DE LISTA la resolución aludida, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA ENGROSADA EL TREINTA DE SEPTIEMBRE PASADO, SEÑALA: "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 126/2020, promovido por ..., por propio derecho, contra actos de la Séptima Sala, Juez Trigésimo Quinto y sus Actuarios adscritos, todos de lo Civil de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El diez de febrero de dos mil veinte, la parte quejosa demandó el amparo contra actos de las autoridades mencionadas, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados por los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 Constitucionales, consistentes en: "IV. ACTO RECLAMADO. A. De la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se reclama la sentencia, de fecha 15 de enero del 2020, que se publicó el día 16 de enero y que surtió efectos el día 17 de enero del 2020, en el Toca número 1182/2019, formado con motivo de la Excepción de Incompetencia por Declinatoria en Razón de Materia por la parte demandada (hoy quejosa), relativa al Juicio de Disolución de Copropiedad, ante el Órgano Jurisdiccional Trigésimo Quinto Civil del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, dentro del Expediente 485/2019, instado por ... en contra de ..., (.). B. De las autoridades ejecutoras reclamo: El cumplimiento, convalidación y ejecución, de todos y cada uno de los actos de autoridad que emite la ordenadora responsable en relación y con los que se pretende privarme tanto de la posesión como de la propiedad de mi inmueble que corresponde a la casa ubicada ..., (.).": Segundo. Admisión. El doce de febrero siguiente, fue admitida la demanda de amparo, otorgando intervención a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita; se requirió informe justificado; y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Tercero. Trámite. La representante social de la Federación adscrita no formuló pedimento; se tuvieron por rendidos los informes justificados, la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, fue celebrada la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un Tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Segundo. Litis. Acorde al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, el acto reclamado es: - La resolución emitida el quince de enero de dos mil veinte, por la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México, en el toca 1182/2019, que declaró infundada la excepción de incompetencia opuesta en el juicio ordinario civil 485/2019, instruido por el Juez Trigésimo Quinto Civil de esta Ciudad. - La ejecución. Tercero. Existencia. Al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados; certeza corroborada con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Tomo VI, materia común, Quinta Época, página 153, de registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados: 1. El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, Alfredo Contreras Muciño promovió juicio ordinario civil (disolución de copropiedad) contra de Herminia Rivas Millán, el cual quedó radicado ante el Juez Trigésimo Quinto Civil de la Ciudad de México, quien admitió a trámite la demanda el veintiuno de mayo siguiente y ordenó emplazar a la enjuiciada. 2. El dos de julio de dos mil diecinueve, Herminia Rivas Millán dio contestación a la demanda y opuso defensas y excepciones, entre ellas la de incompetencia por declinatoria por materia, la cual se admitió el cinco de julio de esa anualidad y se ordenó remitir los autos al Tribunal de Alzada para el trámite respectivo. 3. El seis de septiembre de dos mil diecinueve, la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México, declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria por materia. 4. Contra de dicha determinación la enjuiciada promovió juicio de amparo indirecto, el cual por turno correspondió conocer a este Juzgador en el expediente 1029/2019, y mediante resolución de tres de diciembre de dos mil diecinueve, otorgó el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: ? Dejar insubsistente la sentencia de seis de septiembre de dos mil diecinueve; y, ? En su lugar, dictar otra con plenitud de jurisdicción, donde conteste los planteamientos que fundan la excepción de incompetencia planteada por la accionante, en relación a la aplicabilidad de la tesis I.11o.C.230 C. 5. En cumplimiento, la responsable dejó insubsistente la resolución de seis de septiembre de dos mil diecinueve, y emitió la diversa de quince de enero de dos mil veinte, donde en lo conducente resolvió: "PRIMERO. Se declara infundada la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de materia opuesta por la demandada, en consecuencia. SEGUNDO. La C. Juez Décimo Quinto de lo Civil de este H. Tribunal1, es competente para seguir conocimiento (sic) de la presente controversia hasta su conclusión. TERCERO. No se hace condena a laguna sanción pecuniaria a la demandada. (.. )" Esta última resolución y su ejecución integran la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación, donde la parte quejosa alega: El acto reclamado es contrario a los derechos tutelados en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación con el ordinal 59 fracción I y 62 fracción II, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, porque está indebidamente fundado y motivado. Las pruebas ofrecidas fueron incorrectamente desestimadas, porque el auto de admisión del incidente de liquidación de sociedad conyugal que no fue exhibido, no es requisito sine qua non; lo cual implica una incorrecta interpretación de la tesis aislada opuesta. Conforme al artículo 1° de la Constitución Federal que previene el principio pro persona, la autoridad debió aplicarlo y otorgar un mejor derecho a la quejosa, aunque se trate de una tesis aislada de rubro "SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES PERTENECIENTES A LA. COMPETENCIA PARA CONOCER A LA DEMANDA SOBRE DIVISIÓN DE ESA COPROPIEDAD". Contrario a lo resuelto, la acción litigada es competencia de un juzgador familiar porque en la demanda de divorcio se señaló concretamente la liquidación de la sociedad conyugal, y en ese proceso se declaró la disolución del matrimonio, como lo previene como requisito la tesis de registro 201811. La sala responsable dejó de observar el artículo 62 fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que es la aplicable para resolver el asunto. Los conceptos de violación expuestos por la quejosa son infundados como se verá a continuación. Consta en el acto reclamado que la Sala responsable, sostuvo que el Juez Trigésimo Quinto Civil de esta Ciudad, es competente para resolver el juicio de origen, en atención a lo siguiente: Consideró que si bien es cierto, un Juez de lo Familiar puede conocer respecto de la liquidación de bienes de la Sociedad Conyugal, también lo es que un Juez de lo Civil es competente sobre la disolución de la copropiedad; en términos del artículo 50 fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que establece que un juez de lo civil puede conocer sobre la Litis que se constituya entre los copropietarios de un bien inmueble, en virtud de que se trata de derechos reales; por tanto, si la parte actora reclamó primero la disolución de copropiedad ante un juzgador Civil, antes que su colitigante instara el incidente de liquidación de sociedad conyugal, resultaba válido que aun cuando ante el conocimiento de tales actos procesales, la enjuiciada instara posteriormente un incidente ante el Juez de lo Familiar. Sin que en el caso, el acuse que la demandada exhibido del incidente de liquidación de bienes de la sociedad conyugal, presentado ante la Oficialía de Partes del Juzgado Décimo Noveno Familiar local, el primero de julio de dos mil diecinueve, sea suficiente para crear convicción de estarse tramitando ante la autoridad referida, pues no se exhibió constancia del auto que lo admitió que demuestre la admisión y conocimiento de la controversia, correspondiéndole a la excepcionista la carga de la prueba en términos de lo establecido por el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Respecto de la tesis número l.11o.C.230 C que la enjuiciada invocó, la Sala responsable sostuvo que no era aplicable al caso en concreto, porque no se ajustaba a lo ahí determinado, pues dicho criterio atiende a que un Juez de lo Civil, puede conocer de la terminación de la copropiedad que tiene su origen en la sociedad conyugal, bajo los siguientes supuestos: Uno: exista sentencia definitiva que haya declarado la disolución del vínculo matrimonial. Dos: exista imposibilidad jurídica para promover en vía incidental la liquidación de la sociedad conyugal y dicha imposibilidad sea porque ha prescrito la ejecución de la sentencia que en esta se dictó; es decir, que prescribió el derecho de las partes para ejecutar la sentencia que resolvió la liquidación de la sociedad conyugal. Tres: que se demuestre que el inmueble materia de copropiedad fue constituido como patrimonio familiar. Además, la Ad Quem consideró que dicho criterio atiende a un diverso supuesto al juicio natural, esto es, a la imposibilidad que tuviere el promovente de ejecutar ante un Juez de lo Familiar, que resolvió una sentencia interlocutoria de liquidación de bienes de la sociedad conyugal, a causa de que prescribió su ejecución; lo que no acontece en el asunto de origen, pues del testimonio no advirtió que la parte accionante hubiera promovido en primera instancia el incidente de liquidación de bienes de la sociedad ante el Juez de lo Familiar que conoció de su separación del vínculo matrimonial y que hubiera prescrito dicha liquidación; por lo tanto, las partes tenían expedito su derecho para hacerlo valer en cualquiera de la dos instancias. Aunado a que si las partes no hicieron valer el derecho para ejecutar la sentencia ante el Juez Familiar, entonces el accionante podía solicitar la disolución de la copropiedad del bien inmueble ante el Juez Civil, quien resulta ser competente para conocer sobre dicha controversia. De modo que al no haber una sentencia interlocutoria dictada por un Juez Familiar donde hubiera prescrito la liquidación de esa sociedad conyugal, no era aplicable el criterio aludido, el cual señaló que no tiene carácter obligatorio, sino orientador. Sobre esa base se contesta a la quejosa que contrario a lo alegado, en el caso el Juez Civil es competente para conocer de los asuntos que versan sobre la propiedad, atendiendo a la naturaleza de la acción que reclamó la parte actora en el juicio de origen. Al respecto es conveniente citar los artículos 50, fracción II, y 52 fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ahora ciudad de México, aplicables al presente asunto, que dicen: "Artículo 50. Los Juzgados de lo Civil conocerán: I. De los asuntos de jurisdicción voluntaria, cuyo conocimiento no corresponda a la materia Familiar; II. De los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales siempre que el valor de la cosa sea igual o mayor a la cantidad que el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece para que un juicio sea apelable, cantidad que se actualizará en forma anual con base en la variación observada por la inflación en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. A falta de uno o de otro serán aplicables los que los sustituyan; dicho valor se dará a conocer en el boletín judicial; (.) Artículo 52. Los Juzgados de lo Familiar conocerán: I. De los procedimientos de jurisdicción voluntaria, relacionados con el derecho familiar; II. De los juicios contenciosos relativos al matrimonio a su ilicitud o nulidad; de divorcio; que se refieren al régimen de bienes en el matrimonio; que tengan por objeto modificaciones o rectificaciones de las actas del Registro Civil; que afecten al parentesco, a los alimentos, a la paternidad y a la filiación; que tengan por objeto cuestiones derivadas de la patria potestad, estado de interdicción y tutela y las cuestiones de ausencia y de presunción de muerte, y que se refieran a cualquier cuestión relacionada con el patrimonio de familia, con su constitución, disminución, extinción o afectación en cualquier forma; (.)". De los preceptos transcritos se advierte que el Juez de lo Civil será competente para conocer de los juicios contenciosos, que versen sobre la propiedad o demás derechos reales que el valor de la cosa sea igual o mayor a la cantidad que señala el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en los términos indicados. Por otra parte, el Juez de lo Familiar conocerá de los juicios contenciosos relativos al matrimonio a su ilicitud o nulidad; de divorcio; que se refieren al régimen de bienes en el matrimonio; que tengan por objeto modificaciones o rectificaciones de las actas del Registro Civil; que afecten al parentesco, a los alimentos, a la paternidad y a la filiación; que tengan por objeto cuestiones derivadas de la patria potestad, estado de interdicción y tutela y las cuestiones de ausencia y de presunción de muerte, y que se refieran a cualquier cuestión relacionada con el patrimonio de familia, con su constitución, disminución, extinción o afectación en cualquier forma. En ese sentido, es preciso señalar que la quejosa al excepcionarse sostuvo que la acción de origen es de naturaleza familiar y no civil, pues el inmueble materia de la controversia de origen forma parte de la sociedad conyugal, y que el divorcio lo había decretado el Juez Décimo Noveno Familiar de la Ciudad de México, por lo que dicho órgano jurisdiccional es competente en términos del artículo 62 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, para conocer en la vía incidental sobre la liquidación de la sociedad conyugal. En respuesta, la Sala responsable desestimó tal pretensión, bajo el argumento de que en términos del artículo 50, fracción II, Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, aplicable, establece que un Juez de lo Civil puede conocer sobre la Litis que se constituya entre los copropietarios de un bien inmueble, en virtud de que se trata de derechos reales, como es la disolución de la copropiedad respecto del bien inmueble en comento, que demandó el accionante. En ese sentido, fue correcta la determinación de la Sala porque la naturaleza de la acción en el juicio de origen atiende a la disolución de copropiedad, además no se plantea una cuestión familiar como es la liquidación de sociedad conyugal, pues si bien, la excepcionista señala que el bien inmueble pertenece a la sociedad conyugal de la unión matrimonial de las partes (disuelta el cinco de febrero de dos mil diecinueve); lo cierto es, que dicha cuestión será materia del fondo del asunto si la quejosa demuestra que el inmueble forma parte de un capital común constituido con su colitigante, y no de la competencia del juez para conocer sobre la controversia que se le planteó en los términos indicados. Aunado a que en términos del artículo 9383 del Código Civil para la Ciudad de México, existe la copropiedad cuando una cosa o derecho pertenecen a varias personas en forma indivisa. Es decir, es una modalidad del derecho de propiedad que se origina cuando dos o más personas tienen dominio sobre una parte alícuota de la cosa poseída en común, pues existen tantos propietarios como personas tienen derecho a una parte del bien. La terminación de la copropiedad es una cuestión relacionada con el derecho de propiedad, el cual conforme al artículo 50, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia para la Ciudad de México, corresponde conocer a un Juez Civil. Máxime que la competencia por razón de materia en tratándose de actos judiciales, debe entenderse como la facultad otorgada a la autoridad para conocer y resolver asuntos de determinada naturaleza u objeto; por ello, al resolver la excepción relativa, la autoridad está obligada a analizar dicha circunstancia. Además, debe prescindirse del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto, de ahí que es correcto el análisis que realiza la Sala responsable pues el fondo del asunto corresponde decidir al órgano jurisdiccional lo correspondiente. Lo anterior en términos de la jurisprudencia P./J. 83/98, de la Novena Época, del Tribunal Pleno, que dice: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." En este caso sobre las pruebas aportadas se contesta que aun cuando sobre las mismas se afirma que el bien inmueble litigado, integra la copropiedad y necesariamente proviene del vínculo matrimonial que la unía con el tercero interesado, se contesta que no le asiste razón a la quejosa al atribuir los alcances demostrativos que pretende. En efecto, la inconforme sostiene que la existencia de un vínculo jurídico que en un tiempo determinado la unió con el tercero interesado, actualmente disuelto, más la existencia de un proceso familiar que dejó abierta una masa societaria indeterminada, necesariamente demuestra que la liquidación del inmueble que desea llevar al conocimiento de un juzgador familiar, es fruto de la sociedad conyugal. Empero, como se valora en el acto reclamado no tiene aplicación el artículo 52, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, porque en el caso concreto, no está demostrado que el inmueble materia de la controversia, haya sido constituido expresamente y mediante los requisitos legales procedentes, como patrimonio familiar, para decantar la competencia legal de un juzgador de esa materia. En efecto, no todo bien adquirido durante el matrimonio reviste la calidad de patrimonio familiar; el artículo 27, fracción XVII, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. (.) - - - - - La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones: - - - -(..) XVII.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV de este artículo. - - - - El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo el excedente no se ha enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda. En igualdad de condiciones, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria. - - - - Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno;" Por su parte de los artículos 723, 725, 727 y 731, del Código Civil para el entonces Distrito Federal, se desprende que el patrimonio de familia es aquél que tiene como finalidad, que los bienes designados por los cónyuges, tengan la característica de que sean inalienables, y por ende, no puedan ser afectados por el cobro de créditos contraídos por algún miembro de la familia, para lo cual deberá hacerse una solicitud a la autoridad judicial y registrarse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio local. De modo que si en el caso concreto no quedó demostrado que el inmueble materia de la terminación de copropiedad hubiese sido constituido como patrimonio de familia, no asiste razón al inconforme respecto a que el conocimiento de la controversia de origen corresponde a un Juez Familiar. Ello, porque aun cuando el artículo 52, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia para la Ciudad de México, refiere que el conocimiento de controversias suscitadas con motivo de la disolución del patrimonio familiar; lo cierto es, que no todo bien que constituye la sociedad conyugal pertenece al patrimonio familiar al que refiere dicho numeral. Al amparo de tales consideraciones, es claro que si la quejosa no demostró que los bienes litigados tuvieron origen en la copropiedad generada por los gananciales, es claro que tampoco se puede demandar al juzgador familiar resolver la controversia sobre su liquidación. A modo de conclusión también se contesta a la quejosa que las pruebas aportadas donde se evidencia en efecto que instó la acción jurisdiccional ante un juez familiar con los fines apuntados, es insuficiente si no queda demostrado la naturaleza jurídica y/o origen jurídico del inmueble, pues aun en el supuesto concedido que diera cuenta de la admisión, tampoco tiene la carga probatoria requerida; por ello, como se apuntó la liquidación de los bienes deberá ser materia del fondo de la controversia sustanciada ante el juez civil local, donde la quejosa podrá demostrar los hechos extintivos, modificativos e impeditivos de la controversia. Tales argumentos tienen sustento en la tesis aislada invocada por la parte quejosa número I.11o.C.230 C, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época, registro 162401, que dice: "COPROPIEDAD QUE TIENE SU ORIGEN EN LA SOCIEDAD CONYUGAL. ES COMPETENTE EL JUEZ EN MATERIA CIVIL PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAME SU TERMINACIÓN, CUANDO YA SE DECRETÓ EL DIVORCIO Y HA PRESCRITO LA ACCIÓN PARA LIQUIDAR DICHA SOCIEDAD CONYUGAL. En el caso de que en un juicio de divorcio exista sentencia definitiva que haya declarado disuelto el vínculo matrimonial, exista imposibilidad jurídica para promover en vía incidental la liquidación de la sociedad conyugal (porque ha prescrito la ejecución de dicha sentencia); y, no se demuestre que el inmueble materia de la copropiedad fue constituido como "patrimonio de familia", la controversia judicial que se suscite con motivo de la terminación de la copropiedad que tiene su origen en la sociedad conyugal, será del conocimiento de un Juez de lo Civil del Distrito Federal, dado que ese supuesto se ubicaría en lo dispuesto en el artículo 50, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que refiere a los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales sobre inmuebles; no así, a un Juez de lo Familiar de la misma ciudad, aun cuando la copropiedad tenga su origen en la sociedad conyugal (y cuya liquidación sólo corresponda a dicho juzgador en términos del artículo 52, fracción II, de la citada legislación), puesto que en el supuesto mencionado el interesado ha quedado impedido para acudir ante dicho juzgador para lograr la terminación de la copropiedad." En ese sentido es claro que el criterio transcrito de modo alguno apoya la postura jurídica de la quejosa, y tampoco es apta para modificar el sentido del acto reclamado. De igual modo, respecto del criterio que refiere la inconforme que dejó de examinarse de número I.3o.C.113 C, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, agosto de 1996, página 736, que dice: "SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES PERTENECIENTES A LA. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA SOBRE DIVISIÓN DE ESA COPROPIEDAD. Si dentro de un juicio sobre división de copropiedad, en la escritura relativa aparece que los adquirentes de manera expresa declararon estar unidos en matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, y por otra parte existe la partida del Registro Civil que acredita el enlace en fecha anterior a la compraventa bajo el régimen mencionado y a pesar de la objeción sobre la existencia de dicho enlace no consta haber sido declarado nulo, tratándose de una controversia relativa al régimen de bienes del matrimonio, la competencia para conocer de la demanda instaurada en contra de la cónyuge y que dio lugar al juicio de origen, se surte en favor de un Juez de lo Familiar del Distrito Federal y no del Juzgado de lo Civil que previno." Tampoco beneficia los argumentos de la inconforme pues más allá de no resultar obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, por no constituir jurisprudencia obligatoria, y los jueces del fuero común pueden o no apoyar su determinación en dicho criterio, no resulta aplicable al caso para resolver. En efecto, si bien es cierto dicho criterio se refiere a la división de copropiedad de un bien inmueble perteneciente a la sociedad conyugal; no menos lo es, que indica, para fincar competencia a un Juez Familiar, que sólo ello es procedente cuando subsiste el enlace matrimonial, lo cual no ocurre en el caso, pues de las constancias remitidas por la Sala responsable se desprende que la sociedad conyugal que unió a las partes fue disuelta el cinco de febrero de dos mil diecinueve, circunstancias ante las cuales resulta inaplicable al caso la tesis aislada. En las narradas circunstancias, al no haberse demostrado la nconstitucionalidad del acto reclamado, y al no advertirse motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, ya que no se está en los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo solicitado. Negativa extensiva a los actos que se reclaman de las autoridades ejecutoras, en razón de que no se combaten por vicios propios, sino como consecuencia de los de la ordenadora, conforme a la jurisprudencia de registro 210140 de la Octava Época, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario judicial de la Federación, tomo 82, Octubre de 1994, con el número de tesis II.1o.J/12, consultable en la página 41, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, sino se les atribuyen por vicios propios." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra actos de la Séptima Sala, Juez Trigésimo Quinto y Actuarios adscritos, todos de lo Civil de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. "

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano