Herminia Mercado Rodriguez
Expediente 1025/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1025/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Herminia Mercado Rodriguez
- Fiscal Regional de la Zona Metropolitana de la Fiscalia General del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1025/2020-VI, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que la suspensión definitiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1025/2020-VI, promovido por HERMINIA MERCADO RODRÍGUEZ. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado el día siguiente hábil a este Juzgado, HERMINIA MERCADO RODRÍGUEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que reclamó al Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos inició en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a autoridades residentes en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo que prevé el numeral 74 de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables precisadas. El aseguramiento de un predio ejidal ubicado en calle Crisantemos s/n de la colonia Miguel Hidalgo, en el ejido "El Puente", municipio de Xochitepec, Morelos, cuyas medidas y colindancias son; al norte en 10.15 metros colinda con Berenice Mercado Flores; al sur en 11.00 metros colinda con Yuritzi Visoso Mercado; al oriente en 11.30 metros colinda con predio habitado; y al poniente en 11.50 metros con calle Crisantemo; inmueble con una superficie total de 120.50 metros cuadrados; aseguramiento decretado en la carpeta de investigación SC01/9466/2020, integrada por el delito de homicidio; y La orden de aprehensión o comparecencia escrita o verbal con la intención de privar de la libertad a la quejosa HERMINIA MERCADO RODRÍGUEZ, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión o comparecencia escrita o verbal con la intención de privar de la libertad a la aquí quejosa, así como su ejecución, reclamada a las autoridades: 1 (OFICIO. 17476/2020) FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 2 (OFICIO. 17477/2020) FISCAL REGIONAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 3 (OFICIO. 17480/2020 Y 17478/2020) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA DE HOMICIDIOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS (MARLEN IRINEO PIEDRA), Y (AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA FISCALÍA DE HOMICIDIOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS), por ser la misma autoridad. 4 (OFICIO. 17479/2020) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGA DE LA COORDINACIÓN DE LA FISCALÍA DE HOMICIDIOS, DE LA FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA (MARTHA GLORIA ROJAS GIL), en su denominación correcta de la señalada como (AGENTE DEL MINISTERIO COORDINADOR DE LA FISCALÍA DE HOMICIDIOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS). 5 (OFICIO. 17481/2020) DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BIENES ASEGURADOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 6 (OFICIO. 17482/2020) COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. De la misma forma, No es cierto el acto reclamado consistente en el aseguramiento de un predio ejidal ubicado en calle Crisantemos s/n de la colonia Miguel Hidalgo, en el ejido "El Puente", municipio de Xochitepec, Morelos, decretado en la carpeta de investigación SC01/9466/2020, por lo que hace a las siguientes autoridades responsables: 1 (OFICIO. 17476/2020) FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 2 (OFICIO. 17477/2020) FISCAL REGIONAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 3 (OFICIO. 17479/2020) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGA DE LA COORDINACIÓN DE LA FISCALÍA DE HOMICIDIOS, DE LA FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA (MARTHA GLORIA ROJAS GIL), en su denominación correcta de la señalada como (AGENTE DEL MINISTERIO COORDINADOR DE LA FISCALÍA DE HOMICIDIOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS). 4 (OFICIO. 17481/2020) DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BIENES ASEGURADOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. Lo anterior, toda vez que así lo informaron al rendir el informe justificado las autoridades responsables, y de las probanzas existentes en autos, no se acreditó lo contrario. En efecto, no son ciertos los actos reclamados indicados, pues aunado a que contundentemente las autoridades responsables referidas negaron su existencia, las pruebas documentales aportadas en el escrito inicial de demanda, no resultan aptas ni suficientes para desvirtuar dicha negativa. Ello es así, dado que las constancias que exhibió la parte quejosa, en su caso, podrían ser tendentes a acreditar la posesión del inmueble motivo del aseguramiento que se combate en el presente asunto y el eventual interés jurídico que ostenta; pero no suficientes ni aptas para desvirtuar la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas. Por consiguiente, al no quedar demostrada la existencia de los indicados actos reclamados a las autoridades responsables en alusión, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES" CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en el aseguramiento de un predio ejidal ubicado en calle Crisantemos s/n de la colonia Miguel Hidalgo, en el ejido "El Puente", municipio de Xochitepec, Morelos, decretado en la carpeta de investigación SC01/9466/2020; por cuanto a la autoridad responsable AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA DE HOMICIDIOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, en su denominación correcta de las señaladas como (AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR Y COORDINADOR DE LA FISCALÍA DE HOMICIDIOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS), pues así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con la copia certificada de la carpeta de investigación SC01/9466/2020 que anexó a su informe, de la que se advierte que el uno de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA DE HOMICIDIOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, emitió un acuerdo de aseguramiento respecto del predio que señaló como Calle Crisantemo, sin número, colonia Miguel Hidalgo, colonia Xochitepec, Morelos, por encontrar indicios que pudieran ayudar el hecho que se investiga derivado de una orden de cateo. Documental que justipreciada se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue cotejada por una servidora pública en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Igualmente resulta cierto el acto que se le reclama al COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEL ESTADO DE MORELOS, al aceptarlo cuando rindió su informe justificado; aunado a que de las constancias de referencia se desprende su participación al ejecutarse al orden de cateo de la que derivó el aseguramiento combatido. QUINTO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien aquí resuelve estima, que en el caso, procede decretar el sobreseimiento al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, del texto siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.) Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), Décima Época, de número de registro 2019456, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que el agraviado acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. En el presente asunto se requiere acreditar el interés jurídico, ya que el impetrante de garantías combate un acto dictado dentro de la etapa de investigación o inicio de un procedimiento penal que a la postre debe ser del conocimiento de una autoridad jurisdiccional; a mas que aduce ostentar un derecho subjetivo relacionado con la tenencia de un bien inmueble. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden, por lo que es condición indispensable que la parte que asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de protección constitucional, éste carece de interés jurídico para impugnarlos. Ahora bien, en el caso en específico, la parte quejosa señaló como acto reclamado el aseguramiento de un predio ejidal ubicado en calle Crisantemos s/n de la colonia Miguel Hidalgo, en el ejido "El Puente", municipio de Xochitepec, Morelos, cuyas medidas y colindancias son; al norte en 10.15 metros colinda con Berenice Mercado Flores; al sur en 11.00 metros colinda con Yuritzi Visoso Mercado; al oriente en 11.30 metros colinda con predio habitado; y al poniente en 11.50 metros con calle Crisantemo; inmueble con una superficie total de 120.50 metros cuadrados; aseguramiento decretado en la carpeta de investigación SC01/9466/2020, integrada por el delito de homicidio, del índice de la Fiscalía de Homicidios de la Región Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, carpeta de investigación en la que la aquí quejosa no cuenta con personalidad; sin embargo, no acredita la afectación a su esfera jurídica, por lo que enseguida se expondrá. Como ya se mencionó, la impetrante refiere que el aseguramiento combatido resulta violatorio de sus derechos humanos, al asegurar que el bien inmueble ubicado en calle Crisantemos s/n de la colonia Miguel Hidalgo, en el ejido "El Puente", municipio de Xochitepec, Morelos, lo tiene en posesión de manera legítima, pública y pacífica, como se desprende de la constancia de posesión de dos de junio de dos mil veinte emitida por el Comisariado Ejidal "El Puente" del Municipio de Xochitepec, Morelos, Administración Ejidal 2019-2022, que exhibió. Documental que anexó a su escrito inicial de demanda en copia fiel de su original elaborado el dos de junio de dos mil veinte, expedida por el Presidente, Secretaria Suplente y Tesorero del Comisariado Ejidal; así como del Presidente del Consejo de Vigilancia, todos del Comisariado Ejidal El Puente municipio de Xochitepec, Morelos. Sin embargo, para efectos de presente juicio de amparo, a dicha documental no es factible conceder validez y eficacia probatoria, toda vez que adolece de la autorización que al efecto requiere sea otorgada por la Asamblea de dicha comunidad, para estar en posibilidad de emitir dicha constancia; al no advertirse del aludido documento dicha autorización. Lo anterior es así, dado que en términos de los artículos 23 fracción VIII y 107 de la Ley Agraria, la Asamblea, es el órgano supremo de la Comunidad y, tiene como de su competencia exclusiva, entre otras cuestiones, la regularización de tenencia de posesionarios. Por su parte el precepto 33 fracción I de dicho ordenamiento, dispone que el Comisariado, es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Ahora bien, tratándose de la expedición de constancias de posesión, que implica la regularización de tenencia de posesionarios, al ser de competencia exclusiva de la Asamblea, para que el representante de la comunidad pueda válidamente realizar tales actos, es necesario, en principio, que cuente con la autorización de la Asamblea. Circunstancia que en el presente asunto, no se actualiza, toda vez que la parte quejosa no allegó la autorización de la Asamblea ni de dicha documental se advierte la misma, con la cual a la aludida constancia de posesión, pueda dotársele de validez y eficacia probatoria. Ahora, si bien no existe razón legal incluso para determinar la ineficacia jurídica de una constancia de posesión expedida por el Comisariado, sin previa autorización del órgano supremo del núcleo agrario respectivo, cuando la Asamblea con posterioridad la ratifica. Porque en tal supuesto si bien el Comisariado actúa extralimitándose en las facultades que tiene conferidas, esa constancia sólo está viciada de nulidad relativa, y puede ser objeto de convalidación o ratificación por la Asamblea; de ahí que una vez verificada dicha ratificación, la constancia respectiva adquiera validez y eficacia probatoria, porque así lo establece expresamente el artículo 2583, del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley Agraria. Sin embargo, en el presente caso, tampoco se actualiza dicho supuesto, ya que al presente juicio de amparo no se allegó dicha ratificación o convalidación de la Asamblea al ser de su competencia exclusiva lo concerniente a la expedición de constancias de posesión; por ende, se itera, no es factible otorgar validez y eficacia probatoria a la constancia indicada, y por tanto, con dicha documental, la parte quejosa no acredita interés jurídico en el presente asunto. Encuentra sustento lo anterior la jurisprudencia PC.XIII. J/1 (10a.), con registro digital 2005053, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Administrativa, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 831, de rubro: "CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA." Así como la tesis aislada II.1o.P.A.28 A, con registro digital 199262, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, Novena Época, Materias Administrativa, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 700, de rubro: "AGRARIO. POSESIÓN. CONSTANCIA QUE AL EFECTO EXPIDE EL COMISARIADO EJIDAL. NO DEBE CONCEDÉRSELE PLENO VALOR PROBATORIO." Lo mismo sucede con las diversas documentales que ofreció la impetrante de garantías que anexó a la demanda de amparo, que hizo consistir en impresiones simples que enseguida se analizan: ? Copia simple de un Recibo de pago expedido por la Comisión Federal de Electricidad del que si bien, aunque impreciso se desprende un domicilio concordante con el del inmueble afecto al presente juicio; dicho recibo está emitido a nombre de diversa persona, ajena tanto al presente asunto, como a la aquí parte quejosa. ? Copia simple de la credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a nombre de la aquí quejosa, de la que incluso el domicilio ahí indicado no corresponde con el del inmueble del que derivó el acto que en el presente caso se combate. Documentales que no es dable otorgarles valor probatorio indiciario por no adminicularse con medio probatorio diverso, y por tanto, al tratarse de copias simples carecen de eficacia probatoria. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, registro: 202550, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, página: 510, del siguiente rubro: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE." Tampoco resultan trascedentes para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa las documentales consistentes en: ? Una impresión simple de la constancia de la Clave Única de Registro de Población de la aquí quejosa, y ? Dos imágenes impresas a color de las que solo se aprecia lo que aparentemente corresponde a una puerta metálica tubular y con malla en color rojo cobrizo, en la que se advierte una pegatina rectangular con la leyenda "ASEGURADO". Constancias de las cuales no se desprende información alguna, tendente, como se dijo, a demostrar una afectación a la esfera jurídica de derechos de la impetrante del amparo, esto es, no acredita interés jurídico en este asunto. Por consiguiente, toda vez que la impetrante de amparo no ofreció medio de convicción apto ni suficiente para acreditar el interés jurídico en el presente asunto, es factible concluir que no se tiene la certeza de que el acto reclamado cause perjuicios a su esfera jurídica de la quejosa. Tampoco es obstáculo para concluir lo anterior, que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por la quejosa, lo haya hecho "bajo protesta de decir verdad", pues esta afirmación, por sí sola, no acredita el interés jurídico que tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés; lo que como se ha visto no ocurre en el presente caso. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 82, octubre de 1994, Octava Época, cuyo rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Es también aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 145-150, Tercera Parte, Séptima Época, que señala su rubro: "INTERÉS JURÍDICO, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO ACREDITARSE LA AFECTACIÓN DEL." De lo anterior se obtiene que no se cumple con el requisito de interés jurídico que establece la Ley de Amparo, ello dado a que no se desprende de los medios de convicción ofrecidos que el acto reclamado afecte de manera directa, real, objetiva y jurídica los derechos de la hoy quejosa, por ello, aunque la quejosa alegue tener en posesión el inmueble materia del presente juicio; ante la falta de validez y eficacia probatoria detectadas en los documentos que anexó, no acreditó derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo a impugnar el acto aquí recurrido, de ahí que se concluye que tal acto no le cause perjuicio en sus derechos subjetivos. De lo expuesto se colige, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que en términos del numeral 63 fracción V de la Ley de la materia, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. El anterior sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEL ESTADO DE MORELOS, conforme a la jurisprudencia 231, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, Apéndice de 1995, tomo VI, Séptima Época, del rubro siguiente: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO." Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, promovido por HERMINIA MERCADO RODRÍGUEZ, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el día de hoy veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en que las funciones del Juzgado lo permitieron, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por la autoridad responsable, mediante el cual remite copia certificada de las constancias solicitadas mediante auto de diecinueve de febrero del año en curso; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes. En virtud de lo anterior, toda vez que la documental remitida se trata de una constancia enviada en relación con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en cuestión, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, por el mismo término que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos se advierte que por acuerdo dictado el trece de enero de dos mil veintiuno, le fueron solicitadas diversas documentales al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Homicidios de la Zona Metropolitana de Fiscalía General del Estado de Morelos, quien no obstante de encontrarse debidamente notificada, ha sido omiso en remitirlas. En esas condiciones, tomando en consideración que este juzgador se encuentra facultado para solicitar las constancias necesarias para la resolución de los juicios de amparo, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase por segunda ocasión al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Homicidios de la Zona Metropolitana de Fiscalía General del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se encuentre debidamente notificado del presente proveído, remita copia certificada completa y legible del acuerdo o actuaciones que recayeran a la comparecencia de Herminia Mercado Rodríguez efectuada el veintisiete de octubre de dos mil veinte, en la que solicitó la devolución del inmueble asegurado en la carpeta de investigación SC01/9466/2020 de su índice; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO CONSTITUCIONAL. Para dar tiempo a lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes. Data que se señala debido a la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales en virtud del fenómeno de salud pública generado por el COVID-19. Asimismo, conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo que no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional, lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria y las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID19); en caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia, como lo establece el Acuerdo General 12/2020 del Consejo del Judicatura Federal, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en el recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Con el apercibido que de no realizar manifestación alguna, se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
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