Hermilo Antonio Cruz

Expediente 1337/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1337/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Hermilo Antonio Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a doce de enero de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por (********, autorizada de la parte quejosa; atento al contenido, se acuerda lo siguiente: Devolución de documento. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, hágasele la devolución del documento que solicita, previa copia certificada se deje en su lugar y toma de razón que por el recibo se asiente en autos para constancia. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a diez de diciembre de dos mil veintiuno. Firme desechamiento. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el acuerdo dictado el dieciocho de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Documentos originales. No obran documentos originales. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se desechó la demanda de amparo. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Jorge Higareda Armenta, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta remitido por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California; y, en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Informa gestiones sobre cumplimiento. Se tiene a la citada autoridad responsable, remitiendo las actuaciones e informando las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento fallo protector; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  4. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO ATENDIO EL CITATORIO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO EL AUTO DE Mexicali, Baja California, a dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por (i) ******************, contra actos de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1337/2021. Improcedencia. En principio, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta 12/08/23 20:53:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ae.01 DULCE CAROLINA SALAZAR ROBLES se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto es: "Registro digital: 210751 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o. J/290 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 80, Agosto de 1994, página 64 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En ese contexto cabe puntualizar que, del escrito de demanda, se advierte que el quejoso, señala como acto reclamado: 12/08/23 20:53:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ae.01 DULCE CAROLINA SALAZAR ROBLES ??????????????? "(.) IV.- ACTO RECLAMADO: .La no contestación a un escrito, con fecha recibido 28 de octubre de 2021 (.)" Sobre el particular, resulta imperante destacar que el denominado "derecho de petición", es un derecho fundamental reconocido en el artículo 8° Constitucional1 , en función del cual, cualquier gobernado que presente una petición de manera respetuosa y pacífica ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta congruente con su petición, que debe ser emitida en breve término por la autoridad. Ahora, en el caso sujeto a esta potestad, la demanda de amparo y el acuse de recibo de la petición combatida, el derecho de petición consagrado por el precepto 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue ejercido por el quejoso el veintiocho de octubre del dos mil veintiuno, esto es, once días hábiles previos a la presentación de la demanda de amparo (descontándose días inhábiles -fines de semana,-, así como los días uno, dos y quince de noviembre del año en curso, al haber sido inhábiles para el personal del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, y por así acordarlo el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal). Entonces, se deben analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. Bajo ese contexto, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo2 , en relación con el 5, fracción II3 , de la citada ley. 1 "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." 2 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 12/08/23 20:53:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ae.01 DULCE CAROLINA SALAZAR ROBLES Así, tenemos que el derecho de petición que se consigna en el precepto constitucional invocado, consiste en que a toda solicitud formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término", situación que supone, por sí, una relación entre gobernante y gobernado de donde surge el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito; sin embargo, tanto su ejercicio como la obligación de respuesta deben cumplir con los siguientes elementos: Por lo que hace a la petición: ? Formularse de manera pacífica y respetuosa; ? Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; y ? Proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. Por lo que hace a la respuesta: ? Estar contenida en un acuerdo dictado en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; ? Ser congruente con la petición; y, ? Notificar el acuerdo recaído en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tal efecto. Tales afirmaciones se constatan del contenido de la jurisprudencia VI.1o.A. J/49 sustentada por el Primer Tribunal [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." 3 "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." 12/08/23 20:53:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ae.01 DULCE CAROLINA SALAZAR ROBLES ??????????????? Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 165204 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.1o.A. J/49 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010, página 2689 Tipo: Jurisprudencia PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO. El derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1.- Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1.- Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8º constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2.- Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la 12/08/23 20:53:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ae.01 DULCE CAROLINA SALAZAR ROBLES respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1.- Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2.- Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso." Así, debe destacarse que si bien el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no precisa el número de días en que deben contestarse las peticiones, respecto de la expresión usada por el constituyente "en breve término" a que se refiere el segundo párrafo del precepto citado, debe entenderse como el plazo que cuando menos se requiere para que racionalmente se estudie la petición que se acuerde y se notifique. Ese aserto se constata en la tesis de jurisprudencia 470 emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido que se inserta: "Registro digital: 395221 Instancia: Segunda Sala Quinta Época Materias(s): Administrativa Tesis: 470 Fuente: Apéndice de 1975. Parte III, Sección Administrativa, página 767 Tipo: Jurisprudencia PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." 12/08/23 20:53:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ae.01 DULCE CAROLINA SALAZAR ROBLES ??????????????? En la especie, el escrito cuya falta de atención o respuesta reclama la parte promovente fue presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en tanto que la demanda de amparo fue presentada el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, en Mexicali; por tanto, es claro que entre la fecha en que se presentó el escrito de petición y la de recepción de la demanda de amparo transcurrieron únicamente once días hábiles previos a la presentación de la demanda de amparo (descontándose días inhábiles -fines de semana,-, así como los días uno, dos y quince de noviembre del año en curso, al haber sido inhábiles para personal del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, y por así acordarlo el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal). Atendiendo a esta temporalidad, es menester mencionar que la parte quejosa pretende que la autoridad que señala como responsable le otorgue una pensión por jubilación y/o universal y/o humanitaria o su equivalente; en cambio, no debe soslayarse, que implica cierta complejidad recabar todos los datos e información de un expediente personal aperturado -según dicho del quejoso- desde el veintitrés de abril de dos mil uno, virtud del ingreso de prestación de servicios del promovente; asimismo, se analice su situación, se elabore la resolución correspondiente y se haga de su conocimiento. Bajo estos hechos, este juzgador estima que el lapso transcurrido no es suficiente para que la autoridad esté en posibilidad de analizar y de emitir una respuesta congruente con lo solicitado y, además, que la notifique en el domicilio señalado para tal efecto, en virtud de que atendiendo a la fecha de presentación de la solicitud de pensión por jubilación y/o universal y/o humanitaria o su equivalente (veintiocho de octubre de dos mil veintiuno) y de la recepción de la demanda de amparo (diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno), no ha mediado un plazo considerable que permita a la autoridad 12/08/23 20:53:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ae.01 DULCE CAROLINA SALAZAR ROBLES estudiar, acordar y notificar la petición que la parte inconforme plantea, pues la demanda se presentó exactamente en el onceavo día hábil después de que se formuló y, como se ve, la autoridad no cuenta con un plazo considerable para dar respuesta. La conclusión alcanzada es coincidente con el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en la tesis XIX.1o.5 k, cuyo rubro y texto siguientes: Registro digital: 201387 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XIX.1o.5 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Septiembre de 1996, página 633 Tipo: Aislada "DERECHO DE PETICION. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Desechamiento de demanda. Por consiguiente, se estima que este juicio es improcedente debido a que no ha transcurrido un plazo que se estime considerable para que la autoridad estudie la petición, le dé respuesta y la notifique en el domicilio señalado por la parte inconforme; en consecuencia, no existe acto de autoridad, por lo que debe desecharse la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, y 113, en relación con el numeral 5, fracción II, todos de la ley de la materia, y el precepto 8º constitucional. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. 12/08/23 20:53:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ae.01 DULCE CAROLINA SALAZAR ROBLES ??????????????? Precedente. Es de indicarse, que se tiene a la vista, como un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el diverso juicio de amparo 1035/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, en el que se emitió determinación con motivación y fundamentación similar a la plantada en el presente asunto. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a (a) Ángel Miguel Morales Calderón, (b) Carlos Arturo Martínez Gracia y (c) María Fernanda Calderón Herrera, toda vez que se encontraron registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, dado que el presente juicio 12/08/23 20:53:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ae.01 DULCE CAROLINA SALAZAR ROBLES fue promovido inicialmente de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Asimismo, en tanto el presente juicio no se tramite en su totalidad bajo el esquema de juicio en línea, se les instruye a los actuarios para que las notificaciones personales que en su caso sean ordenadas, las realicen con estricta observancia a lo dispuesto por la normatividad aplicable en relación a la protección de la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En virtud de lo antes citado, por cuestiones de seguridad e higiene, con la intención de salvaguardar tanto la integridad física y salud del personal de este juzgado como de las partes que intervienen en el presente juicio, además de cortar probables cadenas de contagio del virus SARS-CoV2 que ocasiona la enfermedad denominada COVID 19, se solicita de los actuarios adscritos a este juzgado que para la práctica de notificaciones personales, en el acta de notificación respectiva, asienten que leyeron y entregaron copia de los acuerdos relativos, además deberán abstenerse de recabar las firmas relativas, lo que también deberán anotar en el acta, 12/08/23 20:53:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ae.01 DULCE CAROLINA SALAZAR ROBLES ??????????????? con la finalidad de respetar los protocolos sanitarios de sana distancia, en términos de los artículos 2 y 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales Ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por 12/08/23 20:53:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ae.01 DULCE CAROLINA SALAZAR ROBLES la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.

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