Hermilio Ruiz Reyna
Expediente 880/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Hermilio Ruiz Reyna
- Leonilla Garduño Laguna
- Hermilio Ruiz Reyna y Otros.
- juez cuarto del ramo civil de primera instancia del partido judicial de Tijuana, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que el juez acuerda: téngase por precluido el derecho de las partes para tal efecto; por lo que se cierra el periodo.S E N T E N C I A VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 880/2023, R E S U L T A N D O PRIMERO. Hermilio Ruiz Reyna y Leonilla Garduño Laguna, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, pues estimaron vulnerados en su perjuicio los derechos fundamentales a que hacen referencia los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado el actuar de la Juez Cuarto de lo Civil, de esta ciudad, y de otras autoridades. SEGUNDO. La demanda fue admitida bajo número 880/2023 y, tramitado el juicio, la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este tribunal es legalmente competente para resolver el presente juicio al tenor de lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues lo reclamado guarda consecuencias materiales en la circunscripción territorial en la que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda de derechos fundamentales, su ampliación, así como de las constancias obrantes en autos, se precisa que los actos reclamados son el emplazamiento practicado a la parte quejosa en el juicio especial hipotecario 486/2021, de la estadística del Juzgado Cuarto de lo Civil, de esta ciudad, así como sus consecuencias. TERCERO. Debe tenerse por cierta la materia de reproche formulada, pues así se desprende del contenido de los informes justificados rendidos por las responsables; lo que además se corrobora con las constancias allegadas a juicio, relativas al procedimiento de origen. Documentales que merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Previo al estudio de las causas de improcedencia se estima necesario realizar la precisión consistente en que en el juicio de amparo que se atiende, los agraviados en el proemio y parte final del escrito de demanda se ostentaron como: "HERMILIO" y "LEONILLA", respectivamente, siendo que al momento de estampar sus firmas lo hicieron con letra cursiva de la que se puede leer "Hermilo" y "Leonila", correspondientemente; además, de las constancias que integran el sumario constitucional se evidencia que sus apelativos correctos y completos son: Hermilo Ruiz Reyna y Leonila Garduño Laguna, por tanto, así se hará mención de los promoventes en la presente sentencia. QUINTO. En estricto acatamiento con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si existe alguna causa de improcedencia que conlleve el sobreseimiento en el juicio, lo aleguen o no las partes. En la especie, con relación a la quejosa Leonila Garduño Laguna se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. De tales preceptos se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, contra aquellos respecto de los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que prevé el artículo 17 de la ley de la materia. En el particular, la impetrante Leonila Garduño Laguna reclama el emplazamiento practicado en el juicio especial hipotecario 486/2021, de la estadística del Juzgado Cuarto de lo Civil, de esta ciudad, así como sus consecuencias. Reproche respecto del cual se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues de la estadística de este juzgado se advierte que la quejosa Leonila Garduño Laguna, anterior a este asunto, el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, promovió un diverso juicio de amparo registrado bajo partida 480/2023, en el cual el tres de mayo siguiente, se le previno para que subsanara las deficiencias detectadas en su escrito de demanda. Determinación que le fue notificada a la quejosa por medio de lista el once de mayo de dos mil veintitrés, al no haber atendido el aviso dejado en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, además, sin que atendiera la prevención en el plazo otorgado, por lo que en proveído del día veinticuatro del propio mes y año, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y consecuentemente causó estado dicha determinación. Circunstancia que se trata de un hecho notorio en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por ser el juicio 480/2023 en cita, un expediente del índice de este juzgado de distrito. Bajo las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional concluye que la peticionaria no conoció de la existencia del acto reclamado el doce de julio de dos mil veintitrés, como lo manifestó bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo origen de este controvertido, sino con anterioridad, esto es, al menos desde el diecinueve de abril del mismo año (como lo refirió bajo protesta de decir verdad en la demanda que dio lugar al diverso y anterior juicio de amparo). Así, es palmario que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de derechos fundamentales transcurrió en exceso, pues a la fecha de presentación de la demanda, habían pasado tres meses desde que la impetrante tuvo conocimiento de la materia de reclamo, toda vez que la misma fue presentada hasta el veintiuno de julio del actual. Por tanto, resulta evidente que la acción de amparo fue desplegada por la quejosa de forma extemporánea, esto es, fuera del plazo de quince días previsto en el precepto legal citado, y por ende, las violaciones por ella alegadas en este juicio se encuentran consentidas tácitamente en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Motivos los anteriores que dan lugar a sobreseer en el presente controvertido únicamente respecto de la quejosa Leonila Garduño Laguna, con apoyo en la fracción V del numeral 63 del ordenamiento legal en cita. SEXTO. Dado que este tribunal estima que existen inconsistencias entre lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la agraviada Leonila Garduño Laguna en la demanda de amparo, así como en la diversa que dio pauta al juicio 480/2023 del índice de este mismo órgano jurisdiccional, dese vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que realice la indagatoria que proceda e informe a la brevedad posible el número de carpeta de investigación correspondiente. SÉPTIMO. Así, no advirtiendo la actualización de diversa causa de improcedencia, ni que las partes hagan valer alguna otra, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por Hermilo Ruiz Reyna, los que se tienen por reproducidos en este apartado por ser innecesaria su transcripción, atento a lo dispuesto en el precepto 74 de la ley de la materia. OCTAVO. Para una mejor comprensión del presente asunto, resulta procedente destacar los antecedentes de los actos reclamados, que se advierten de las constancias del juicio de origen. i) Mediante auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvo a la persona moral actora primigenia demandando diversas prestaciones en la vía especial hipotecaria a Hermilo Ruiz Reyna y otra; motivo por el cual se ordenó el llamamiento a juicio de la parte pasivo procesal. ii) Seguidamente, la diligencia de emplazamiento -previo citatorio-, se verificó el treinta de junio del mismo año. iii) Luego, por proveído del día dos de agosto siguiente, se declaró la rebeldía de la parte demandada; después, se dictó sentencia definitiva el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, la cual causó ejecutoria en su oportunidad. NOVENO. Son fundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso, suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. El impetrante argumenta que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la diligencia de emplazamiento se llevó a cabo en contravención a las formalidades que establecen los artículos 114, fracción I, y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. En principio, cabe señalar que los citados numerales establecen los lineamientos que deben invariablemente observarse al momento de llevarse a cabo el llamamiento a juicio de la parte demandada. Los preceptos en comento, son del tenor siguiente: "Artículo 114. Será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes: I. El emplazamiento del demandado, y siempre que se trate de la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias [...]." "Artículo 117. En las notificaciones de emplazamiento, deberán cumplirse las siguientes reglas: [.] III. El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, y se fijara atendiendo a las reglas de la lógica, tomando en consideración las circunstancias que se hayan manifestado para garantizar que el interesado tenga conocimiento real y efectivo del citatorio, además en el citatorio se fijará la persona a quien va dirigido, la diligencia a practicar, órgano judicial que lo emite, y los términos precisos del apercibimiento, para el caso que el interesado no atienda el citatorio, debiendo integrar la copia del mismo y levantar la razón del citatorio al momento de la diligencia. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe de ser citada, de todo lo cual asentará razón en las diligencias. Tratándose de arrendamiento o desahucio de vivienda o departamento, la cédula no podrá dejarse con las personas que dependan del propietario. La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que se le recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare a hacerlo, se pondrá razón de la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Si se informare al notificador que el emplazado está ausente del lugar del juicio se hará constar esta circunstancia a efecto de que el juez determine lo que proceda. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no esté presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente; [.] En todos los casos de emplazamiento, los Jueces tendrán obligación de cerciorarse de oficio de que el emplazamiento se hizo de acuerdo con las reglas establecidas en este Artículo, y de que la noticia del mismo pudo razonablemente llegar al interesado, y tienen facultades para mandar reponer el irregularmente hecho, antes de que el juicio continúe sus trámites, imponiendo una corrección disciplinaria al Actuario cuando aparezca responsable." [Énfasis añadido]. De los normativos transcritos, se advierte que el emplazamiento se entenderá directamente con la parte interesada, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. En caso de que ésta no fuere encontrada en el domicilio, se le dejará citatorio para hora fija dentro de las horas hábiles del día siguiente, atendiendo a las reglas de la lógica, tomando en consideración las circunstancias que se hubieren manifestado para garantizar que dicha interesada tenga conocimiento real y efectivo del citatorio; además de que en el citatorio deberá fijarse la persona a quien va dirigido, la diligencia a practicar, órgano judicial que lo emite, y los términos precisos del apercibimiento para el caso de que no se atienda el citatorio, debiendo integrar copia del mismo y levantar la razón correspondiente en la diligencia. Asimismo, en el caso de que el actuario no sea esperado por la persona a quien se pretende emplazar, se le hará la notificación por cédula, misma que deberá entregarse a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, previo cercioramiento de que ahí tiene su domicilio la persona buscada, en el propio documento deberá constar la mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado, debiéndose igualmente asentarse el acta relativa. Formalidades previamente establecidas, necesarias para efectuar el emplazamiento, pues al resultar dicha diligencia el acto procesal de mayor importancia dentro de un procedimiento, es inconcuso que la falta de cualquiera de sus requisitos traerá como consecuencia que no se logre su objeto, es decir, que la persona a emplazar tenga pleno conocimiento de todos y cada uno de los datos necesarios para enderezar su defensa. Asimismo, uno de los puntos denotados guarda relevancia si se toma en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), que si una ley procesal establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Ahora bien, el quejoso sostiene que es ilegal la diligencia de emplazamiento que le fue practicada en el juicio de origen, en la medida que la actuaria responsable no precisó los documentos con los cuales le corrió traslado apartándose de lo preceptuado en el numeral 117 invocado. Tal motivo de disenso es fundado. En ese orden de ideas, de las constancias justificativas allegadas por la juez responsable, relativas al juicio especial hipotecario 486/2021, del índice del órgano jurisdiccional a su cargo, previamente valoradas, se pone en relieve que el citatorio entregado y la diligencia de emplazamiento que se realizaron el veintinueve y treinta de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, se llevaron a cabo contraviniendo las formalidades que establece el numeral 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Ello es así, pues la actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de lo Civil, de esta ciudad, no detalló las documentales con las que corrió traslado al demandado, aquí quejoso, ya que únicamente especificó lo siguiente: "[.] con la entrega de las copias simples de ley debidamente selladas y cotejadas con su original y cédula de notificación, corro traslado y emplazo al demandado [.]." En consecuencia, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Juez Cuarto de lo Civil, de esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 486/2021, a partir del ilegal emplazamiento practicado al demandado Hermilo Ruiz Reyna, y ordene de nueva cuenta la verificación del mismo. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución, pues fueron reclamados en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo considerado la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra visible en la página 204, libro 78, septiembre de 2020, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, y es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado." [Énfasis añadido] En el particular, debe apuntarse que la condición normativa que da eficacia a la obligatoriedad del criterio en comento, efectivamente se encuentra presente en el artículo 117, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, previamente transcrito, por lo que tal estándar jurisprudencial resulta aplicable al caso. Sin que la concesión del amparo implique dejar sin efecto el emplazamiento al juicio natural de la codemandada Leonila Garduño Laguna, en atención a que el llamamiento a juicio de cada una de las partes se verifica de manera independiente, por lo que al respecto, habrá de atenderse al principio de relatividad de las sentencias. DÉCIMO. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 18, 61, fracción XIV, 63, fracción V, 74, 75, 76, 77, fracción I, 79, fracción VI, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 880/2023, promovido por Leonila Garduño Laguna, contra los actos que reclamó de la Juez Cuarto de lo Civil, de esta ciudad, y de otras autoridades, en los términos precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Para los efectos señalados en la parte relativa del considerando noveno del presente fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a Hermilo Ruiz Reyna, contra los actos que reclamó de la Juez Cuarto de lo Civil, de esta ciudad, y de otras autoridades, precisados en el considerando segundo de esta resolución. TERCERO. Dese vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, de conformidad con lo dispuesto en el considerando sexto del presente fallo. CUARTO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.
- Principal
sobresee, vista a MP y AMPARA
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el informe con justificación rendido por la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días, legalmente computado, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vistas las circulares de suspensión de labores firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en Ciudad de México, los días diecinueve y veinticinco de los actuales, por las que se declararon inhábiles los periodos del diecinueve al veinticuatro y del veinticinco al veintinueve de este mes, respectivamente, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; asimismo, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, remita fotocopia certificada, nítida y legible, de las constancias que integran el expediente 839/2011-VII, de su estadística, a partir del oficio EJEC/EXH/063, de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, hasta el proveído dictado el veintiuno de septiembre del año en curso; por estimarse necesarias para resolver el presente juicio. 22/02/24 12:58:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.e2 JOSÉ LUIS NÚÑEZ SOLA Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. En mérito de lo anterior, no fue posible llevar a cabo la audiencia constitucional programada para el día veintitrés del mes y año en curso, por lo que se fijan las once horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración.
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