Hermila Rodríguez Huerta

Expediente 376/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
376/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
14/04/2015

Partes del expediente

  • Hermila Rodríguez Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    ... el oficio número 2126, signado por el Secretario de Acuerdos adscrito al Primer Tribunal colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que dicho órgano colegiado admitió el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Federal y el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba; radicándolo bajo el número 3/2015...

  2. Principal

    ...se desprende que la audiencia constitucional fue celebrada, sin que a la fecha se haya engrosado la resolución definitiva correspondiente; en consecuencia, se provee lo siguiente: ... envíese el presente juicio constitucional a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, a efecto de que por su conducto sea remitido al Juzgado Tercero de Distrito del citado Centro Auxiliar y se dicte la sentencia correspondiente en el presente juicio...

  3. Principal

    ... se advierte la imposibilidad que existió para notificar personalmente a la promovente Hermila Rodríguez Huerta, el auto de veintitrés de marzo último, en el domicilio que señaló en autos, en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la nueva Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, por lista de acuerdos, que en lo conducente dice: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil quince. Vista; téngase por recibido el oficio número 1284, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que mediante proveído de diez de marzo del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo directo número 191/2015 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Hermila Rodríguez Huerta, por propio derecho, contra actos de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por violación a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, ese tribunal declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto de mérito, declinándola a favor del Juez de Distrito en el Estado, en turno, en esta ciudad, correspondiendo conocer del asunto a este juzgado. Acúsese recibo. Fórmese expediente y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 376/2015. Ahora, de la lectura íntegra del ocurso de demanda que se provee, se advierte que el acto que reclama la solicitante del amparo, lo constituye: ".La resolución en Segunda Instancia de fecha Seis de Febrero del año Dos Mil Quince, dictada por los C.C. Magistrados Integrantes de la Sexta Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del Toca del Expediente Número 185/2015, formado con motivo del Recurso de Apelación interpuesto por la suscrita HERMILA RODRÍGUEZ HUERTA, y el C. LIC ALFREDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de Abogado Patrono de la C. ISABEL CASTALLENOS PAEZ, en contra de la Resolución de primera instancia de fecha 22 de Octubre del año dos mil catorce, pronunciada por el C. JUEZ DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ORIZABA, VER., dentro de los autos del Juicio Ordinario Civil Expediente número 69/2014, por cuanto a que la Resolución de Segundo Grado, viola en mi perjuicio las Garantías Constitucionales tuteladas por los Artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República." Por lo anterior, a fin de proveer el presente asunto conforme a derecho, debe decirse que el artículo 37 de la Nueva Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. --- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. --- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquél ante quien se presenta la demanda. El suscrito estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de cuenta. Se sostiene lo anterior, toda vez que el acto que se combate consiste en la resolución de seis de febrero último, dictada en autos del toca 185/2015 del índice de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad (autoridad que se encuentra dentro de los límites territoriales sobre los que ejerce jurisdicción este juzgado), derivada de la apelación interpuesta por la aquí quejosa Hermila Rodríguez Huerta, y Alfredo Rodríguez Rodríguez, en su carácter de Abogado Patrono de Isabel Castellanos Paez, en contra de la diversa emitida el veintidós de octubre de dos mil catorce, por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, en el Juicio Ordinario Civil 69/2014 de su índice, y que en tal resolución el tribunal de segunda instancia modificó la de primer grado y ordenó reponer el procedimiento, hasta el auto de radicación a fin de que el citado juez prevenga a la parte actora para que aplique su demanda en contra de la persona moral denominada "TALLERES TRES EFES S. DE R.L. MI", en su calidad de arrendataria respecto del contrato cuya terminación exige, y que le aperciba que de no hacerlo, se estará en imposibilidad de proseguir con el juicio, dejando subsistentes los emplazamientos a los codemandados Flavio Rodríguez Huerta y Hermila Rodríguez Huerta, así como la declaración en rebeldía del primero y la contestación de demanda producida por la segunda. En ese sentido, resulta que la resolución que por esta vía constitucional se reclama, tiene como consecuencia, una actuación directa e inmediata del juez natural, quien debe acatar la decisión de su superior y en cumplimiento reponer el procedimiento y continuar con la tramitación del expediente 69/2014 de su índice, lo cual sucederá en la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Córdoba, Veracruz. Ello, con independencia de que el impetrante del amparo haya señalado como autoridad responsable ordenadora a la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, toda vez que la misma, de acuerdo a la estructura del Poder Judicial del Estado, tiene jurisdicción en toda la entidad federativa, y en el caso, como regla de competencia debe atenderse a la ejecución del acto reclamado, que como se dijo se materializará en Orizaba, Veracruz. En ese contexto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y los párrafos Primero y Segundo del Apartado VII, Séptimo Circuito, Punto Cuarto, y transitorios Primero y Segundo del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta competente, por razón de territorio, el Juez de Distrito en el Estado, en turno, con sede en Córdoba, Veracruz, por estar ubicada dentro del territorio donde ejerce jurisdicción, la autoridad que habrá de continuar la secuela procesal del juicio del que deriva el acto combatido. Ello de conformidad con la Jurisprudencia 2ª/J.37/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 229, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, cuyo rubro y texto enuncian: COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis número I.1º.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, Tomo XIV, Agosto del dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En consecuencia, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de garantías y con apoyo en los artículos 48, y 37, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, remítase el presente asunto, al juzgado federal que se estima competente para que determine al respecto, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. No se inadvierte el criterio sustentado por el Tribunal Federal declinante, en la tesis aislada número VII.2º.C.21 K de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDE LA AUTORIDAD DE SEGUNDO GRADO (LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", toda vez que la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para los Juzgados de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo; razón por la cual resulta aplicable a la incompetencia planteada el criterio de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL", sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de amparo y autógrafa de este acuerdo. Finalmente, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente, el señalado en la demanda de garantías y, por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Roberto Arrucha Solís, Fabián Arrucha Solís, Edith Ortiz Rodríguez, Reyna Nora Valdés Hernández, Mireya Lorena Martínez Lara, y Amado Dolores Sánchez Torres, con las restricciones que dicho artículo prevé, a Janet Álvarez García y Aldo Iván Rocha Rosas, toda vez que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, no tienen cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como únicamente para oír y recibir notificaciones a Andrés Arturo Aranda Arrucha, por así haberlo solicitado expresamente . Notifíquese; y, personalmente a la parte promovente.

  4. Incidental

    ... el estado procesal que guardan los autos del juicio en que se actúa, del que se advierte que la Secretaría de Educación de Veracruz, con sede en esta ciudad, no ha dado cabal cumplimiento a la sentencia amparadora dictada en este asunto, mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el cinco de marzo de dos mil quince, informó a este órgano jurisdiccional las medidas tendentes a dar cumplimiento a la sentencia amparadora dictada en el presente asunto, sin que a la fecha haya informado el cumplimiento de la misma. En tal virtud, toda vez que las ejecutorias de amparo deben acatarse dentro del término de tres días, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable Secretaría de Educación de Veracruz, para que en el término enunciado justifique el cumplimiento exigido, o en su caso informe las gestiones que esté llevando a cabo para lograrlo, informando las medidas que decrete para tal efecto; apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada se impondrá a su titular una multa sin perjuicio de que pueda remitirse el expediente al tribunal colegiado de circuito o la suprema corte de justicia de la nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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