Hermila Ramírez Ramos

Expediente 164/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
164/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2017

Partes del expediente

  • Hermila Ramírez Ramos
  • Junta Especial Número Treinta Y Tres de la Federal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    agréguese a los autos el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como las constancias que como justificación de su informe remitió la autoridad responsable, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que HERMILA RAMÍREZ RAMOS, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de emitir laudo dentro del expediente laboral 1477/2014. Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama (fojas 16 a 17); sin embargo, manifiesta que con fecha dos de febrero del año en curso, se emitió resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 1477/2014. Para corroborar lo anterior, la autoridad responsable remitió copias certificadas de dicha resolución, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las que se encuentra la resolución emitida el dos de febrero de dos mil diecisiete, en la que resolvió: ". PRIMERO.- La parte actora HERMILA RAMÍREZ RAMOS justificó parcialmente la procedencia de su acción; la demandada "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES" justificó parcialmente sus excepciones y defensas. El "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL" y "AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.", justificaron sus excepciones y defensas.- - - SEGUNDO.- Se condena a la demandada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, al pago por la cantidad de $111,143.51 (CIENTO ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), por concepto de VIVIENDA 97. Sin perjuicio de los rendimientos que se generen hasta el cumplimiento del laudo. - - - TERCERO.- Se absuelve a la demandada "AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.", al pago de VIVIENDA 97, toda vez que el pago correspondiente al citado concepto le corresponde al INFONAVIT, así como al pago de los recursos correspondientes a RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, CUOTA SOCIAL Y SAR IMSS 1992, en virtud de que en el resumen para trámites administrativos de la PARTE ACTORA aparece un saldo en CEROS por los citados conceptos. - - - CUARTO.- Se absuelve a la demandada INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, de todo lo reclamado por la parte actora, en términos del considerando VI de la presente resolución. - - - ..." (fojas 18 a 22). Laudo que fue debidamente notificado a la parte quejosa a través de su apoderado legal Gonzalo Curreño Mira, el dieciséis de febrero de la presente anualidad (foja 24). Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (fojas 17 a 20). En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, emitiera laudo dentro del expediente laboral 1477/2014; aquélla se vio satisfecha en la medida en que por resolución dictada el dos de febrero del año en curso, la autoridad responsable se pronunció sobre dicha sentencia (fojas 18 a 22). Por consiguiente, se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el pleno goce del derecho que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Así entonces, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintidós minutos del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.En la misma fecha se pasan los autos al actuario notificador. Conste. En la misma fecha, el suscrito Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, CERTIFICO: Que una vez que el auto que antecede, así como la promoción, fueron integrados al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se dio fe que el mismo coincide en su totalidad tanto en el expediente impreso como en el electrónico, lo que se hace constar en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  3. Principal

    agréguese a sus autos la copia del oficio signado por la Directora de Notarías de la Secretaría general de Gobierno, la ciudad de Puebla, a través del cual hace del conocimiento las gestiones que se encuentra realizado para dar cumplimiento al requerimiento de catorce de febrero de dos mil diecisiete, lo que se toma en consideración para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Agréguese al expediente el ocurso suscrito por el perito oficial Ingeniero Civil y en Arquitectura William Jiménez Martínez, a través del cual emite su dictamen pericial en materia de valuación. En consecuencia, REQUIÉRASE al citado perito oficial por conducto del Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con sede en la ciudad de Puebla, para que dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación de este auto, se presente ante las instalaciones de este juzgado federal, debidamente identificado en días y horas hábiles, para el efecto de ratificar el contenido y firma de su dictamen presentado en este juzgado federal el treinta de enero del año en curso. Con el APERCIBIMIENTO para el perito oficial que de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE.

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