Hermila Miranda Lozano
Expediente 1965/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1965/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/01/2017
Partes del expediente
- Hermila Miranda Lozano
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el contenido del acuerdo de dieciocho de enero pasado, en el que se ordena remitir a este Juzgado Federal el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez; de lo anterior se toma conocimiento. En ese contexto, se tiene por recibido el ocurso de cuenta, del Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, por el que devuelve diligenciado el exhorto 89/2016 (orden 89/2016), del índice de este órgano jurisdiccional; al respecto se toma conocimiento. Acúsese el recibo correspondiente. En ese contexto, y como se advierte del exhorto de referencia que a la parte quejosa, el cinco de enero del año en curso le fue notificado el proveído de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, y toda vez que ha transcurrido el término concedido en dicho acuerdo, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento señalado en el proveído de referencia y se ordena que ésta y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se realicen por medio de lista que se publique en este Juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese tenor, de la certificación que antecede se deduce que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dicho proveído en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, ha quedado firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con los puntos décimo y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este expediente no tiene valor jurídico o histórico trascendental, ni es de relevancia documental; por tanto, es susceptible de destrucción. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, trasládese este expediente al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, a través del cual acusa recibo del exhorto 89/2016 (orden 89/2016) del índice de este órgano jurisdiccional; asimismo, informa que procedió a su diligenciación; de lo anterior se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio firmado por el Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual comunica el acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo 1-A-105/2016 de su índice, promovido por Hermila Miranda Lozano, y remite los autos originales en un tomo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente e infórmese al Juzgado oficiante que el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. Atendiendo a lo expuesto, fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 1965/2016 y dese de alta en el sistema correspondiente. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el Juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Así, es conveniente precisar que en el escrito de demanda se señalaron como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: "(.) (.)" Igualmente, en el capítulo correspondiente a acto reclamado, se desprende, en la parte que interesa: "[.] [.]" En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo anterior, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la "VIOLACIÓN DE MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES de las que estoy siendo objeto por parte de la única señalada como Responsable al pretender obligarme a presentar y aprobar una evaluación, conforme a la reciente Ley General del Servicio Profesional Docente, misma que fue publicada el día 11 del mes de septiembre del año 2013, en el Diario Oficial de la Federación; Acto que me enteré con fecha 22 de Septiembre del año en curso." De lo anterior resulta manifiesto que el acto que se reclama tiene naturaleza particular, ya que en este caso la autoridad señalada como responsable, Titular de la Secretaría de Educación Pública, no actúa con una potestad de imperio, puesto que los actos en que incurre son meramente particulares e internos de la citada autoridad y la peticionaria de garantías, y no puede considerarse que se esté ante un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que éste es improcedente. Máxime que en la especie se combate la evaluación del desempeño de sus funciones de docencia; por tanto, es evidente que tal cuestión se relaciona con un derecho derivado de su carácter de docente y, en consecuencia, el juicio de amparo no es el medio idóneo para poder combatir el acto que se reclama, en virtud de que la impetrante de garantías tiene a su alcance la vía procesal ordinaria ante las autoridades competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre la parte quejosa y la autoridad responsable, toda vez que reviste el carácter de actos entre particulares. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.6o.T.26 L, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en la página 347 Tomo III, Abril de 1996, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Asimismo, resulta aplicable la Jurisprudencia 16, Quinta Época, visible en la página 12, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA. No pueden ser objeto del juicio de garantías, que se ha instituido para combatir los de las autoridades que se estimen violatorios de la Constitución." En consecuencia, en términos del artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Hermila Miranda Lozano. No es inadvertido que la causa de improcedencia en que se funda este desechamiento podría ser estudiada en la resolución de fondo de este juicio; sin embargo, cuando es manifiesta e indudable la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que se admitiera a trámite la demanda para que, después de agotadas las formalidades de ley, llegar a la conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.- En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo." En otro aspecto, en virtud que el domicilio que señala la parte quejosa ubicado en Carretera 190, kilómetro 77 (Panamericana/Internacional), número 1585, en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano judicial, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 al 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con base en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, líbrese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado con copia de este proveído, notifique a Hermila Miranda Lozano, le requiera para que en el plazo de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado y lo aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán por lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Para los efectos anteriores, se solicita al Juez exhortado, lleve a cabo todas las gestiones necesarias para realizar la diligencia indicada, por lo que con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales adscritos practiquen dicha diligencia. En términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 12 de la Ley de Amparo vigente, respectivamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones y como autorizados en amplios términos a los señalados en la demanda, con excepción de los que se indican en la certificación de cuenta, a quienes se les autoriza en términos del artículo 24 de la ley de la materia, ya que no cuentan con el registro correspondiente en el sistema del Poder Judicial de la Federación, así como a la que expresamente le confiere dichas facultades. Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y por exhorto a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,205 expedientes
- Hermenegildo Antonio Cruz265/2017
- Hermenegildo Lara Ibarra1057/2017
- Hermenegildo López Vázquez331/2020
- Hermes Dairi Aguilar Ramírez498/2020
- Hermes Rosas León1303/2015
- Hermila Bautista Aragón1969/2014
- Hermila Susana Guzmán Añorve1367/2023
- Hermilo Marroquín Marroquín2081/2014
- Hermilo Rafael Gorostieta García910/2017
- Herminia Morales Nava314/2021
- Herminio Domínguez Zamudio822/2013
- Hernan Chávez Lizalde449/2015