Hermila Chavarria Saucedo

Expediente 1181/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1181/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • Hermila Chavarria Saucedo
  • Juana María Suárez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se declara que dicho proveído en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.

  2. Principal

    Fórmese cuaderno derivado del juicio de amparo 1181/2022-VI, en la inteligencia de que se decretará aperturado con el escrito de cuenta signado por Edmundo Mosqueda Durán, mediante el cual solicita copias certificadas del presente juicio de amparo, al respecto se acuerda: Vista la certificación de cuenta, se advierte que ***, no es parte formal en los autos del juicio de amparo 1181/2022-VI, por tanto, no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que no cuenta con personalidad para actuar en el referido juicio.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y que hasta la fecha las partes han omitido hacer manifestación respecto del cumplimiento dado a la sentencia pronunciada en este juicio de amparo; en consecuencia, se provee: Estado de constancias. Este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en este expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Sentencia. En sentencia de diez de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado Federal determinó por una parte sobreseer, y por otra negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en el juicio de amparo en que se actúa. Recurso de revisión. Por escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, Juan Carlos Coronado Ayala autorizado de la parte quejosa, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este expediente; en proveído de uno de marzo siguiente se acordó lo relativo al recurso en mención. Mediante oficio 9177/2022 nueve de marzo de dos mil veintidós, se remitieron los autos del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Penal del Noveno Circuito, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto, admitido bajo el amparo en revisión 57/2022. Por ejecutoria de veintitrés de junio de este año, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, modificó la sentencia recurrida, de los puntos resolutivos de la ejecutoria se advierte: "[.] PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio respecto de los actos reclamados al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación de Homicidios y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso José Adrián Contreras Balbontin, respecto de las autoridades y actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. [.]" El seis de julio de dos mil veintidós, se recibieron los autos del presente juicio de amparo y en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, se requirió a las autoridades responsables, para que dieran cumplimiento al fallo amparatorio. En observancia a lo anterior por auto de doce de julio de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio que suscribe Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito a la Primera Región Judicial en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, mismo que se reservó hasta en tanto las diversas autoridades informaran del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Seguidos sus trámites, en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se determinó que a la revisión a dicho oficio -enviado por el juez responsable- se advierte que su contenido es suficiente para otorgar la vista a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo. Lo anterior porque las autoridades responsables Titular de la Dirección de Métodos de Investigación en el Estado y Director General de Seguridad Pública del Estado, tienen el carácter de ejecutoras y a la fecha se tiene plena certeza que tienen conocimiento del contenido de la sentencia y de la firmeza de la misma, toda vez que mediante oficios 29602/2022 y 29603/2022 -minuta de seis de julio del año en curso- se hizo de su conocimiento que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en ejecutoria de veintitrés de junio de este año, dictada en el amparo en revisión 57/2022 modificó la sentencia recurrida, y determinó sobreseer respecto de los actos reclamados al agente responsable, y otorgar protección de la Justicia de la Unión al quejoso José Adrián Contreras Balbontin. Vista. En consecuencia, en el referido acuerdo -diecinueve de agosto de este año-, este juzgado dio vista a las partes con el citado oficio enviado por el oficio signado por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito a la Primera Región Judicial en el Estado de San Luis Potosí y anexo respectivo. Cumplida. En seguimiento a los lineamientos establecidos, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito a la Primera Región Judicial en el Estado de San Luis Potosí, emitió la determinación de ocho de julio de dos mil veintidós, en el expedientillo RI/SLP/EXP-374/2019, en la que dejó insubsistente la orden de aprehensión librada en su contra el veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, por los delitos de homicidio simple intencional, vinculado con la desaparición de personas y falso testimonio en agravio de Alan Francisco Ibarra Castillo. Esto es, en acatamiento a los lineamientos determinados en la ejecutoria de veintitrés de junio de este año, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, enfatizó que en la audiencia de veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, el agente del Ministerio Público refirió, por cuanto a la necesidad de cautela que exige el referido numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ésta se satisfacía con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa y que la penalidad a imponer sea de cuarenta y cinco años nueve meses. Sin embargo, para ello se requería necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al juez de control a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión y no a través de una diversa. En el particular, señaló el juez responsable la Fiscalía no justificó la necesidad de cautela como lo exige el referido precepto 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que proceda el libramiento de una orden de aprehensión como forma excepcional de conducción al proceso del imputado, pues sólo se limitó a inferir que éste podría sustraerse de la acción de la justicia debido a que los hechos con apariencia de delitos motivo de la investigación ameritaban imponer una pena máxima de cuarenta y cinco años nueve meses de prisión; y, que éstos ameritan prisión preventiva oficiosa. Puesto que, esas exigencias no se justifican por el solo hecho de que los delitos investigados ameriten prisión preventiva oficiosa, ya que esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo. Igualmente, la proyección de pena respecto de los delitos en cuestión, es insuficiente para justificar el peligro de sustracción del imputado, dado que el artículo 168 de la Ley Procesal Nacional Penal, prevé diversos aspectos que el juzgador debe tomar en consideración para determinar aquel extremo, los que en ningún momento fueron razonados ni justificados por la autoridad jurisdiccional responsable. En ese sentido, concluyó que no se encontraba justificado el por qué la orden de aprehensión sea el medio idóneo para conducir al imputado, aquí quejoso, al proceso. Por tanto, determinó negar librar orden de aprehensión en contra del aquí quejoso José Adrián Contreras Balbontín por los hechos que la ley señala como delitos de homicidio simple intencional, previsto y sancionado por el artículo 126, en relación con el 131, del Código Penal del Estado; el diverso vinculado con desaparición forzada de personas, establecido en el numeral 37, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como el hecho que la ley señala como delito de falso testimonio, previsto en el artículo 284, del Código en cita. Lo anterior, conlleva a determinar que la parte quejosa fue restituida en el pleno goce del derecho violado, pues la citada determinación que emitió el Juez responsable, cumplen con lo establecido en la sentencia de amparo, pues, la autoridad, se pronunció al emitir la resolución de que se trata; asimismo, las autoridades responsables Titular de la Dirección de Métodos de Investigación en el Estado y Director General de Seguridad Pública del Estado, con carácter de ejecutoras se tiene plena certeza que tienen conocimiento del contenido de la sentencia y de la firmeza de la misma. Cumplida. Por tanto, se considera que las responsables cumplieron con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional. Devolución -constancias-. Por otra parte, devuélvase al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito a la Primera Región Judicial en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, los discos de audio y video, que acompañó como justificación a su informe de ley, así como al cumplimiento de la ejecutoria (acuerdos de catorce de octubre de dos mil veintiuno, y doce de julio de este año). Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General antes citado, toda vez que el diez de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado Federal determinó por una parte sobreseer, y por otra negar el amparo y protección de la Justicia Federal; y dicha determinación fue modificada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante ejecutoria de veintitrés de junio del año en curso, en la cual determinó conceder el amparo y protección solicitados por la parte quejosa; y que dicha determinación se ha cumplido, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. Depuración del cuaderno original del incidente de suspensión. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la medida cautelar que fue solicitada, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado. Por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del acuerdo incidental para mejor resguardo. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en comento, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, una vez que se cumplan los seis meses desde que se ordenó su archivo. Notifíquese personalmente.

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