Hermila Alvarado Ortíz
Expediente 1099/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/08/2018
Partes del expediente
- Hermila Alvarado Ortíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por ********, mediante el cual pretende comparecer como tercero interesado y solicitar copias certificadas varias del expediente en que se actúa; sin embargo, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que en éste sumario constitucional se tuvo por no presentada la demanda de amparo y por tanto, no se le reconoció dicho carácter de tercero interesado. No pasa desapercibido que dicho carácter le fue reconocido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito dentro del juicio de amparo directo 556/2017 de la estadística de dicho tribunal, no así en este expediente 1099/2018.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos se desprende, que la notificación del proveído de veintiocho de junio del año en curso (foja 42), mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías promovida por Hermila Alvarado Ortiz, fue practicada el cuatro de julio de la anualidad en cita (foja 45), surtió sus efectos al siguiente día hábil, sin que se haya interpuesto recurso alguno contra el mismo, dentro del término que prevé el ordinal 98 de la legislación de la materia; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los preceptos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia en su arábigo 2, se declara que el mismo ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley en comento, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se tuvo por no presentada la demanda de garantías y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Finalmente, remítanse los autos originales del juicio mercantil ejecutivo 465/2015 al Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Tuxpan, Nayarit
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto la certificación que antecede, se desprende que la parte promovente no cumplió con el requerimiento realizado en proveído de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 33 a 36); en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de previa cita y de conformidad con lo que dispone el artículo 114, segundo párrafo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por ********************
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la notificación de la resolución de veinticinco de mayo del año en curso (fojas 61 a la 69), se efectuó al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito y parte tercera interesada, el cinco de junio del citado año, a la parte quejosa el ocho del mes y año en mención y a la responsable, el siete de junio del año en curso (fojas 91, 92, 95 y 96 respectivamente), por lo que el término que prevé el numeral 86 de la legislación de la materia, transcurrió como se precisó en la certificación que antecede; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a las autoridades responsables denominada Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Compostela, Nayarit, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento al fallo protector concedido. Sin que sea necesario requerir a un superior jerárquico por el Juez en comento, toda vez que este no cuenta con tal, de conformidad con la Jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la pagina mil trescientos setenta y ocho, Tomo II, Libro 9, Materia Común, Agosto de dos mil catorce, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los dispositivos 193 y 258 de la Legislación invocada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercero transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el arábigo 193 de la Ley aplicable.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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