Hermes Zapiain Hernández

Expediente 502/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
502/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
23/10/2020

Partes del expediente

  • Hermes Zapiain Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de seis de octubre de dos mil veinte, que desechó de plano la demanda de amparo; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado; ello, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo aparentemente promovida por *****, contra actos del Titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico bajo el registro 502/2020. Como cuestión previa, es importante señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, tal dispositivo legal establece lo siguiente: (.) De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, como se indicó, examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: (.) Ahora, de los preceptos legales transcritos se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada, en términos de lo que establecen los dispositivos arriba anotados. Así, es menester destacar que la demanda de amparo fue recibida en el módulo de intercomunicación habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trámite del juicio de amparo en términos de los artículos 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cuyo caso, de conformidad con el primero de los numerales en cita, se requiere que dicha petición presente la firma electrónica del promovente, la cual producirá los mismos efectos de la autógrafa. Asimismo, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 76, párrafo segundo, en relación con el 59 y 64, todos del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, y en el particular del escrito de demanda, no se advierte la firma electrónica. Hipótesis legal que también fue prevista en el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que ordena que para la actuación de los juicios en línea, se requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y tal y como se precisó en la certificación secretarial de cuenta, la demanda de amparo carece de firma electrónica, por lo que debe considerarse que la parte promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Además, si bien se advierte que el documento digitalizado al parecer cuenta con una rúbrica, tal circunstancia no cambia el sentido de la presente determinación, ya que se considera un papel en copia simple; y no genera certeza jurídica de que la demanda haya sido instada por la parte interesada; pues -se insiste-, la normatividad aplicable exige la utilización de firma electrónica. Lo anterior es así, ya que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo. Eventualidad que no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6, de la ley de la materia, como se dijo, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo ocurso presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Por otra parte, es importante indicar que este órgano de control de la constitucionalidad no desatiende que la parte quejosa reclame una orden de traslado y su ejecución, del centro penitenciario en que actualmente se encuentra recluido a uno diverso, atribuidos a autoridades de carácter administrativo; sin embargo, dichos actos no pueden ser considerados fuera de procedimiento. Lo anterior es así, porque se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la cual tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. De ahí, que se considere que el peticionario de amparo cuenta con medios ordinarios de defensa para la impugnación de la supuesta orden de traslado que combate, por lo que aun y cuando tales actos afecta su libertad personal de manera indirecta, no debe estimarse que dicha vulneración sea fuera del procedimiento. En efecto, el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que en tratándose de órdenes de traslado emitidas por autoridades administrativas, existe un medio de defensa ordinario; motivo por el cual, si dicha legislación en la actualidad prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, los actos reclamados no puede estimarse que los actos sean considerados fuera de procedimiento, ya que se insiste, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será siempre calificada con posterioridad por un juez. Sin embargo, el caso en concreto no se ajusta a las hipótesis analizadas por el Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 154/2016 que dio origen al criterio jurisprudencial invocado, en tanto que los criterios contendientes materia de dicha controversia, fueron emitidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resolvió el tema relativo a si en los casos en los que se reclama una orden de traslado, sin la intervención de la autoridad judicial rectora, procede conceder la suspensión de plano, al considerarse que ésta afecta la libertad personal de manera indirecta, fuera de procedimiento, no estuvo en posibilidad de estudiar el contenido de las disposiciones legales contempladas en la legislación penitenciaria en mención. En tal virtud, con fundamento en los artículos 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 6 de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida vía electrónica. Sin que en el caso se actualice la excepción que contempla la tesis jurisprudencial transcrita, pues se insiste, del escrito de demanda no se advierte algún dato o elemento que permita establecer que dicho ocurso se promovió en términos del numeral 15 de la Ley de Amparo (considerando que el acto reclamado consiste en una orden de traslado sin ejecutar, la cual, en su caso, resultaría impugnable en términos de las reglas y medio ordinario de defensa que se encuentran contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal), y por tanto, no se requiera de la firma electrónica, conforme lo previsto por el último párrafo del diverso 109 del citado cuerpo normativo.Toda vez que la demanda de amparo carece de la declaración de voluntad de la parte quejosa al no contar con firma electrónica, notifíquese por medio de las listas que se fijen en los estrados de este órgano judicial y cualquier determinación jurisdiccional.

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