Hermes Zapiain Hernández

Expediente 163/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
163/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Hermes Zapiain Hernández
  • Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS, Michoacan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, la Secretaria, certifica: que el término legal de que disponía el quejoso para recurrir la sentencia definitiva, transcurrió del cinco al dieciocho de agosto del año en curso, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificado el tres de agosto pasado, sin que lo hubiere hecho; con lo anterior y con el estado procesal, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, se determina que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, lo anterior, con apoyo en el capítulo 7, apartado 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, y en términos de lo señalado en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Visto, para resolver el juicio de amparo 163/2021, promovido por Leslie Vanessa Ibarra Esquivel a favor de Hermes Zapiain Hernández, por alegada violación de los artículos 4o. y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. El quejoso reclama: Al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, al Director del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II, Subsecretario de Sistema Penitenciario, Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad: La incomunicación, aislamiento, segregación y confinamiento. La falta de atención médica a su padecimiento consistente en hernia inguinal en grado avanzado y esguince en el tobillo izquierdo. El traslado del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II, con sede en la Ciudad de México al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán". Al Juez Cuadragésimo Cuarto Penal de la Ciudad de México La calificación de legal del traslado. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados tiene ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. El Titular de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, en representación del Coordinador General de Centros Federales (denominación correcta), la Directora del Área adscrita a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Subsecretario del Sistema Penitenciario, todos con residencia en la Ciudad de México, y el Encargado del Centro de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la incomunicación, aislamiento, segregación y confinamiento. Además, la última de las autoridades mencionadas, allegó las pruebas con las que acredita que el quejoso no se encuentra incomunicado, aislado o confinado, pues tiene comunicación telefónica con su esposa, pareja y tía, asimismo, ha recibido visitas de su esposa, pareja, padre, hermana; tampoco se encuentra segregado, ya que realiza diversas actividades dentro del centro de reclusión, tan es así que en su demanda de garantías reconoce que el padecimiento médico del que se aqueja su falta de atención, fue con motivo de andar realizando una actividad deportiva en el patio de dicho centro; por ello, es inconcuso que tales actos son inexistentes. Por ende, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades, se sobresee en el juicio, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Determinación que se hace extensiva, respecto de los actos reclamados al Director del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, con sede en la Ciudad de México, pues aun cuando fue omiso en rendir su informe justificado, no ha lugar a presumir cierto los mismos, ya que de las constancias que obran en autos, se evidencia que el quejoso, no se encuentra interno en dicho Centro Penitenciario, por lo que en forma alguna podría ser objeto de los actos que señala. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. El Juez Cuadragésimo Cuarto Penal, con residencia en la Ciudad de México, al rendir su informe de ley, reconoce la existencia del acto que se le reclama, consistente en la calificativa de la orden de traslado. Por su parte, el Titular de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, en representación del Coordinador General de Centros Federales (denominación correcta), la Directora del Área adscrita a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Subsecretario del Sistema Penitenciario, reconocen la existencia de la orden de traslado. En tanto, el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", al rendir su informe de ley, niega la existencia de los actos reclamados consistentes en la falta de atención médica y orden de traslado, sin embargo, después de la negativa, realiza manifestaciones de las cuales se desprende la existencia del mismo, por lo que se tiene como cierto el acto reclamado a dicha autoridad. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de epígrafe: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que el Juez y el propio Encargado del Centro Penitenciario, acompañaron a su respectivo informe justificado; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio. Respecto del acto reclamado consistente, en la orden de traslado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo. Para acreditar la postura anterior, es necesario hacer las siguientes precisiones. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien, porque virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. Ahora, la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: Por revocación; y Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicito, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino lo innecesario de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. El segundo supuesto se materializa por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el acto ulterior por el cual fue sustituido. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan, cuando contra el mismo se interpuso un recurso, al que recayó una nueva resolución que viene a sustituir procesalmente a la anterior, ya que será esta nueva determinación, y no la recurrida, la que en su caso, podrá ser materia de análisis. Es aplicable a lo anterior la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". En la especie, se estima actualizada la segunda hipótesis en mención, es decir, la cesación de efectos por sustitución procesal. Es así, ya que en el caso, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se evidencia que: Mediante oficio número SG/SSP/CEVASEPII/D/0424/2021, el Director del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II, con sede en la ciudad de México, solicitó al Juez Cuadragésimo Cuarto Penal, de esa misma ciudad, que calificara de legal el traslado de Hermes Zapiain Hernández, del lugar en el que se encontraba recluido, al Centro Federal de Readaptación Social Número Diecisiete "CPS-Michoacán", en Buenavista Tomatlán, Michoacán. En auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, el Juez de mérito, calificó de legal la determinación de traslado del aquí quejoso. De la reseña anterior, se evidencia que la orden de traslado reclamada, fue sustituida por la diversa dictada por el Juez Cuadragésimo Cuarto Penal, con residencia en la Ciudad de México, de nueve de marzo de dos mil veintiuno. En esa tesitura se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Ahora, respecto del diverso acto reclamado al Juez de referencia, relativo a la calificación de traslado del quejoso, al centro de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia, 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El arábigo en mención, dispone el principio de definitividad, en el sentido que obliga al quejoso a agotar los medios ordinarios de defensa que prevea la ley que rija el acto reclamado y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo, en forma previa a la promoción del amparo. Al respecto, el numeral 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado. Que en todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de dicha determinación. Así como, que contra la resolución judicial, podrá interponerse el recurso de apelación. Luego, si con motivo de la interposición del recurso de apelación, puede analizarse la legalidad de la calificación del traslado emitida por la autoridad judicial, resulta incuestionable que debió agotarse dicho medio de impugnación, ya que el mismo puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama. Ahora, no se inadvierte lo informado por el Juez responsable, en el sentido de que el quejoso interpuso el medio de impugnación aludido, lo que implicaría la actualización de diversa causa de improcedencia, respecto del acto reclamado en análisis; sin embargo, de las constancias que obran en autos, se desprende que dicho recurso, aun no se admite a trámite, ya que la autoridad únicamente lo tuvo por interpuesto; siendo que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, es indispensable, que entre otras circunstancias, el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías, lo que no ocurre en el particular. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO". Finalmente respecto al acto reclamado, consistente en no proporcionarle la atención médica que requiere para sus padecimientos de hernia inguinal en grado avanzado y esguince de tobillo izquierdo. De igual forma, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado en sus efectos la omisión reclamada. En efecto, para la actualización de esta hipótesis de improcedencia, es necesaria la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatas, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso, la protección constitucional, en los términos ordenados por el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. De modo que exista la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. En el caso, el quejoso se duele de la omisión de proporcionarle atención médica, ya que tiene un esguince en el tobillo izquierdo, así como hernia inguinal en grado avanzado. Ahora, la responsable Encargado del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", adjunto a su informe de ley, la nota médica y kardex de enfermería de veintitrés de abril del año en curso, emitidas por el médico penitenciario, con valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las cuales, se advierte, lo siguiente: Hermes Zapiain Hernández, presentó esguince de tobillo izquierdo, para lo cual le prescribió ketoprofeno 100 mg, metamizol 500 mg, tramadol 100 mg, solución inyectable, vendaje compresivo en tobillo izquierdo, durante 21 días. Estado de salud estable. Asimismo se precisó, que el resto de la revisión físico-clínica, sin alteración para el caso en cuestión. Se realiza radiografía AP y lateral de tobillo izquierdo sin evidencia de lesión ósea y que no era valorable la silla de ruedas; así como la entrega de los medicamentos indicados. De lo anterior se advierte que al quejoso se le brindó la atención médica adecuada, mediante valoraciones integrales y suministro de tratamiento farmacológico para la atención del padecimiento de esguince de tobillo izquierdo, asimismo se determinó que no padece ninguna otra alteración de salud, lo que constituye la materia de reclamo en esta instancia constitucional. Por consiguiente, es evidente que la conducta de omisión atribuida a la autoridad responsable, cesó en sus efectos de manera inmediata e incondicional con la atención al esguince de su tobillo izquierdo, medicamentos prescritos y el vendaje compresivo por veintiuno días y así como determinar que ante la revisión físico-clínica, no presenta ninguna otra alteración; por lo que las cosas volvieron al estado en que se encontraban, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, sobreviniendo así, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo En consecuencia al actualizarse las causas de improcedencia previstas en las fracciones XXI y XVIII del artículo 61, lo procedente es sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, no es el caso de atender el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, atendiendo al sentido de la presente sentencia; máxime que no invoca causales de improcedencia. Tiene aplicación por las razones que informa el criterio, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO". Notificación personal. Tomando en consideración que Hermes Zapiain Hernández, se encuentran recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona al actuario respectivo, para que por el método de comunicación denominado videoconferencia, el cual se encuentra regulado por el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proceda a llevar a cabo la notificación ordenada, en hora y día hábil, observando los protocolos correspondientes; en el entendido, que de no ser posible llevar a cabo dicha notificación, por el método referido, el citado funcionario, queda comisionado desde este momento, para que en la hora y fecha correspondiente y que se habilite para tal efecto, se constituya en el centro de reclusión de que se trata y notifique personalmente al quejoso la presente resolución. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Hermes Zapiain Hernández, contra las autoridades y actos que precisadas quedaron en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, por las razones expuestas en las consideraciones tercera y quinta. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente, Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, quien da fe.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, nueve de julio de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Téngase al Juez Cuadragésimo Cuarto Penal de la Ciudad México, rindiendo informe justificado, al que acompaña diversas constancias en copia certificada de la causa penal 240/2018; con lo anterior, dese vista a las partes, y nueva cuenta en la audiencia constitucional. Notifíquese; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  4. Principal

    ...Único. Quejoso formula alegatos, ofrece pruebas e informa incumplimiento a suspensión de plano. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Hermes Zapian Hernández, mediante el cual, por una parte, realiza diversas manifestaciones que vierte a manera de alegatos, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno y, ofrece como prueba la documental, consistente en las constancias que anexa a su escrito, la que por su propia y especial naturaleza se tiene por desahogada; y, por otra, pone en conocimiento el incumplimiento de la suspensión de plano al afirmar que no se le ha proporcionado valoración ni tratamiento médico a sus padecimientos (hernia, edema, esguince en el tobillo izquierdo); y que permanece incomunicado. En su atención, requiérasele a la autoridad responsable Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS, Michoacán, para que en el plazo de veinticuatro horas, informe el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en auto de dieciséis de marzo del año en curso, por el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ratificada el veinticuatro de marzo siguiente, cuyos efectos fueron los siguientes: ".Se abstengan de aplicar en su perjuicio, cualquier acto cruel, inhumano y degradante. (.) De manera inmediata proporcione al quejoso la atención médica necesaria de acuerdo a su condición particular de salud, le otorgue el trato médico adecuado al padecimiento que aduce tiene el quejoso, y según proceda, le suministre los medicamentos e insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, de acuerdo con la valoración médica correspondiente, que de ser el caso, deba proporcionar un especialista de la salud. En el entendido que las autoridades responsables deberán tomar las previsiones que sean necesarias y eficaces para que el peticionario de derechos fundamentales reciba la atención médica correspondiente al padecimiento que se identifique, así como proporcionarle los medicamentos y alimentos que le sean prescritos y, que garanticen su óptima estancia dentro del centro penitenciario, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Incluso, en caso de que necesite trasladar al inconforme a algún nosocomio, deberá efectuarlo con las medidas de seguridad necesarias y bajo su más estricta responsabilidad. Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar su integridad física y proteger sus derechos humanos a la salud y la vida. (.) No sea trasladado a diverso centro penitenciario del que actualmente se encuentra." Apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a 17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación...

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