Hermenilda González Herrera
Expediente 1646/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1646/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Hermenilda González Herrera
Actuaciones
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de demanda, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1646/2019-III-B, promovido ***, por propio derecho, contra actos de: 1. Juez de Control Especializado en Órdenes de Cateo y Aprehensiones en Línea de Toluca. 2. Procuraduría General de Justica dela Ciudad de México. 3. Fiscal General de Justicia del Estado de México. 4. Fiscal General del Estado de Querétaro. 5. Coordinador General de la Policía de Investigación del Estado de México. 6. Coordinador Regional de la Policía de Investigación del Distrito Judicial de Tlalnepantla. 7. Coordinador Regional de la Policía de Investigación del Distrito Judicial de Atizapán de Zaragoza. 8. Comisario General de la Policía Ministerial de Investigación del Estado de México. 9. Titular de la Jefatura General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. 10. Director de la Policía de Investigación del Delito del Estado de Querétaro. Asimismo, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese tanto el expediente impreso como el electrónico. SOLICITUD DE INFORME PREVIO De igual modo, pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia de la demanda; en dicho informe deberá expresar si es cierto o no el acto reclamado, así como las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o no de la suspensión; en el entendido que la falta de informe hará presumir cierto el acto reclamado para efectos de resolver la suspensión definitiva, de acuerdo a lo establecido en los numerales 142 y 143 de la Ley de Amparo, respectivamente. Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir el informe previo solicitado, de conformidad con el ordinal 260, fracción I, de la Legislación de Amparo, se le impondrá multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, acorde con lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación. APERCIBIMIENTO POR DENOMINACIÓN INCORRECTA DE AUTORIDADES Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo que establece, entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se le apercibe que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente, se suspenderá toda comunicación procesal con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación. Ello sin perjuicio que el quejoso pueda ofrecer prueba en contrario o corregir el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. Por otro lado, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 176/2012, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página 1253, libro XVI, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Décima Época, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. FIJACIÓN DE AUDIENCIA INCIDENTAL Atento a lo anterior, con fundamento en el numeral 138, fracción II de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental. ACTO RECLAMADO El quejoso hace consistir el acto reclamado en: ".la posible orden de búsqueda y localización presentación, comparecencia y aprehensión..." CONSIDERACIONES PREVIAS Primeramente es conveniente manifestar que la parte quejosa designa como autoridades responsables, en su carácter de ordenadoras y ejecutoras, tanto a entes jurisdiccionales como ministeriales, y combate ordenes privativas de libertad; a saber: aprehensión, presentación, comparecencia, búsqueda y localización. Luego, es importante manifestar que la figura de la orden de presentación, búsqueda y localización, como tal, es inexistente en el ordenamiento procesal penal vigente (Código Nacional de Procedimientos Penales); ya sea emitida por la representación social en ejercicio de su función investigadora, ni tampoco por un órgano jurisdiccional, empero ello no es razón suficiente, para que, en apariencia del buen derecho deba concederse la suspensión indefectiblemente al encontrarnos ante la presencia de un acto sin sustento constitucional ni legal. Es decir, no se puede tomar en consideración que el quejoso combata en sentido estricto una orden de presentación; por el contrario, reclama una orden privativa de libertad, sin importar la denominación que le otorgue. Así, las únicas órdenes que restringen la libertad del quejoso y que se encuentran reguladas, como se verá más adelante, son la orden de detención o retención [por el ministerio público]; comparecencia; aprehensión y reaprehensión [por órganos jurisdiccionales]; así como el arresto como medida de apremio, pudiendo ser emitida tanto por el juez como por el órgano técnico. En ese sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al referirse, por ejemplo, que en el juicio de amparo no se puede tener por inexistente una orden de aprehensión, cuando cierto es que se giró una orden de reaprehensión, ni tampoco se podrá soslayar el estudio del asunto cuando se combata una orden de aprehensión y el mandamiento de captura resulte ser una orden de comparecencia. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 6/96 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 196, Tomo III, Febrero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "ORDEN DE COMPARECENCIA. DEBE ESTUDIARSE SU CONSTITUCIONALIDAD AUN CUANDO EL QUEJOSO LA DESIGNE ERRONEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSION." También resulta conducente el criterio de jurisprudencia 1a./J. 34/2001 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, localizable a página 287, Tomo XIV, Julio de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN." En esa medida, no debe entenderse en sentido estricto que el quejoso combata una orden de presentación (que así se encuentre definido por la norma); sino más bien, pretende combatir cualquier orden restrictiva de libertad y que, atendiendo a las autoridades responsables, hubiese sido emitida por Agentes del Ministerio Público o bien por un órgano jurisdiccional. Por lo tanto, a fin de determinar sobre la procedencia de la medida cautelar, se atenderá de manera genérica las reglas de la suspensión en materia penal de la Ley de Amparo, para actos que importen privación de la libertad. Ahora, cabe decir que las únicas figuras por las cuales la representación social puede privar de su libertad, sin orden judicial, a una persona [excluyendo el arresto] es por medio de una orden de detención o retención, la cual se encuentra regulada en el artículo 131, fracción XI, 147 y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La orden de detención o retención, es una facultad exclusiva, y bajo su más estricta responsabilidad, del órgano técnico acusador, y no así de un órgano jurisdiccional, quien si bien calificará eventualmente la detención llevada a cabo por el fiscal, no tiene facultades para ordenar la detención de una persona. Incluso, lo anterior se desprende de una interpretación sistemática de los artículos legales invocados, con lo que estatuye el numeral 16 constitucional, que hace alusión que la detención por parte del Ministerio Público podrá realizar en caso de urgencia, y ante la imposibilidad de acudir con el juez de control respectivo. En esa medida cabe decir que la representación social podrá determinar la detención de una persona, en sentido estricto, es decir, bajo una orden, únicamente en caso de urgencia y deberán concurrir las hipótesis a que alude el numeral 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se dice lo anterior, porque si bien la legislación, e incluso la Constitución, prevé la detención por caso de flagrancia, ésta acción la puede llevar a cabo cualquier persona, quien tendrá la obligación de poner en inmediata disposición del representante social a la persona detenida para que éste califique la misma y de considerarlo ajustado a derecho ordenará la retención de la persona. Lo anterior se entiende en la medida de que, tratándose de delitos en flagrancia, la detención se lleva a cabo en el instante propio, es decir, en términos generales a la par de que se comete el hecho con apariencia de delito, la persona es detenida, y entonces la representación social únicamente reafirma esa detención para que la persona continúe privada de su libertad. Entonces, para que se actualice la retención, el gobernado debió haber estado privado previamente de su libertad y el fiscal, al estimar ajustado ese actuar, retener a esa persona. Mientras que un órgano jurisdiccional, de conformidad con el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede emitir una orden de comparecencia, que consiste en que, por medio del uso de la fuerza pública, se traiga ante la potestad del juzgador a una persona que previamente fue citado a una audiencia e incompareciendo sin causa justificada; una orden de aprehensión cuando exista la necesidad de cautela para conducir a proceso al probable participe de un hecho con apariencia de delito; y la reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido (sin que se advierta que esa sea la hipótesis en el caso en concreto). Cabe hacer la acotación que este unitario no desconoce que un órgano jurisdiccional también puede citar a un gobernado; sin embargo, en términos de la jurisprudencia 1a./J78/2018 (10a), ese medio de conducción a proceso no restringe la libertad del quejoso, siendo que lo que realmente pretende combatir éste es justamente una orden privativa de libertad. Desde ahí, y tomando en cuenta la relatoría narrada en la demanda inicial, bajo protesta de decir verdad, es evidente que lo que se combate es una posible orden privativa de libertad emitida por un órgano jurisdiccional en materia penal. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados, se hacen consistir en: 1. La orden de aprehensión, emitida en su contra, así como su ejecución. 2. La orden de comparecencia, emitida en su contra, así como su ejecución. 3. La orden de detención, emitida en su contra, así como su ejecución. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL POR LA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN. Procede conceder la suspensión para los efectos siguientes: 1) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa de conformidad con el artículo 19 Constitucional, y el precepto 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales , se concede para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad con motivo de las órdenes reclamadas, ni obligado a presentarse con el uso de la fuerza pública. 2) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional así como los previstos en el arábigo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concede para el efecto de que una vez que el quejoso sea aprehendido a raíz de los actos reclamados, quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar donde deba ser recluido únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación. Tiene aplicación la jurisprudencia 2016417, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1026, del tomo I, Marzo de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro es: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE." CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE ORDEN DE COMPARECENCIA EMITIDA POR UN ÓRGANO JURISDICCIONAL, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN. Con relación a los actos reclamados consistentes en comparecencia, así como su ejecución; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128, 129 y 132 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL desde este momento, a efecto de que no sea presentado con uso de la fuerza pública ante las autoridades responsables, toda vez que se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que fue solicitada en su ocurso inicial y con su concesión no se infringen disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, cobra aplicación, la jurisprudencia 1ª./J.86/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 573, del Tomo XXXIII, febrero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es el siguiente: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA." CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL POR LA DETENCIÓN EMITIDA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y SU EJECUCIÓN. Ahora, el artículo 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128, 131 y 135 de la ley de amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de amparo debe reunir, para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, las cuales son: a).- Que la solicite el quejoso; y, b).- Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Es conveniente establecer que para efectos de la suspensión, el principio de apariencia del buen derecho es un elemento que permite apuntar una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento periférico, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. El análisis que debe realizarse con base en dicho principio no prejuzga sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. En consecuencia, tomando en cuenta que el artículo 165 de la Ley de Amparo, establece los efectos de la suspensión tratándose de la orden de detención o retención ya ejecutada, no resulta aplicable en el caso en particular de manera estricta, por lo que se deberá realizar una interpretación de ese numeral, de lo establecido en párrafos anteriores para sustentar los efectos de la medida. Así las cosas, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL para el efecto de que, una vez cumplimentada la orden de detención el Ministerio Público, deberá sin demora, poner a disposición del órgano jurisdiccional respectivo al quejoso, o bien ser puestos de manera inmediata en libertad. Esto de conformidad con el tercer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 165. . En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. También se CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL para que, en caso de que el motivo de la privación de la libertad del promovente del amparo no sea la detención por caso urgente, la misma no se efectúe, porque, de ser así, aquella carecería de sustento legal y constitucional, por lo que en apariencia del buen derecho y peligro en la demora, la suspensión debe concederse en esos términos. En el entendido que no se puede conceder la suspensión en términos literales del artículo 165 de la Ley de Amparo, porque no podemos hablar de que la detención del quejoso derive de la comisión de un hecho con apariencia de delito flagrante, porque esa hipótesis parte de la idea de que la privación de la libertad ya se efectuó, por lo que aquí no acontece esa situación, según lo narrado en la demanda. Tampoco se podría conceder la suspensión para el efecto de que no se ejecute la orden de detención por caso urgente, primero porque la medida combatida tiende a evitar que el quejoso evada la acción de la justicia y se gira tratándose de delitos graves, por lo que no tendría el efecto de evitar que suceda y, además, será materia, en su caso, de control judicial justamente por el juzgador a quien se solicite audiencia para calificar la misma y eventualmente formular imputación, máxime que como quedó de manifiesto el tercer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo así estatuye la concesión de la medida, por lo que no tiene vigencia, en consecuencia, el numeral 162 de la misma legislación. Sin que para la orden privativa de libertad reclamada a la autoridad ministerial, en aquellos hechos con apariencia de delito que ameriten prisión preventiva oficiosa, se exija garantía alguna, ya que, por los efectos sobre los que se concedió la suspensión no existe el riesgo de que el quejoso evada la acción de la justicia, en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo. Sin que se estime necesario fijar fianza alguna o medida de efectividad, porque, los promoventes en caso de ser cierta la orden quedará a disposición de la autoridad que deba juzgarlos y fuera de las hipótesis señaladas, no serán detenidos, al inexistir situación que amerite ser juzgados, por lo que no resultará necesaria su aseguramiento para que no evadan la justicia. Desde luego que no se desatiende la jurisprudencia 1a./J. 66/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, septiembre 2001, visible a página 434, de rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA; sin embargo, a consideración del suscrito ha dejado de tener vigencia ya que interpretaba artículos tanto de la Ley de Amparo anterior, como del sistema penal acusatorio abrogado totalmente desde junio de dos mil dieciséis. Máxime que el numeral 168 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de exigir medidas de aseguramiento cuando el acto derive de un procedimiento penal, y en el supuesto aún no se inicia el mismo. MEDIDAS DE EFECTIVIDAD Atendiendo a que de acuerdo a la fracción II, del artículo 166 de la Ley de Amparo, tratándose de las hipótesis a que se hizo referencia -aprehensión- (que no ameriten prisión preventiva oficiosa conforme a las legislaciones penales aplicables), el Juez de Distrito debe tomar las medidas necesarias a efecto de que la parte quejosa no evada la acción de la justicia, por lo cual a fin de asegurar el aspecto antes indicado, se imponen las siguientes: GARANTÍA A. Dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído el quejoso, otorgue una garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, cantidad que se fija de manera discrecional, al ponderar la naturaleza de los actos reclamados y las autoridades a las que se les atribuyen. B. En caso de que se acepte la existencia de alguna de la órdenes reclamadas, se le impone al quejoso la obligación de asistir ante la responsable, dentro de los tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación que se le haga del acuerdo en el cual se tenga por rendido el informe en ese sentido, a fin de responder de los cargos que se le atribuyen, debiéndolo acreditar ante este juzgado dentro de las veinticuatro horas siguientes; asimismo, deberá acudir las veces que sea requerido por la misma autoridad para la práctica de cualquier diligencia relacionada con el expediente correspondiente. Cobra aplicación al caso concreto la jurisprudencia 149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgida de la contradicción de tesis 79/2007, correspondiente a la Novena Época, tomo XVII, Enero de dos mil ocho, cuyo rubro y texto son del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ." Tiene aplicación la jurisprudencia 16/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 226, del tomo V, Mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." Se apercibe a la parte quejosa que en caso de incumplir con cualquiera de los requisitos señalados la suspensión concedida dejará de surtir efectos y las autoridades responsables estarán en completa aptitud de ejecutar el acto reclamado, además se hará efectiva la garantía que en su caso se llegue a exhibir. Sin que para la orden privativa de libertad reclamada a la autoridad ministerial, así como para la orden de aprehensión en aquellos hechos con apariencia de delito que ameriten prisión preventiva oficiosa, se exija garantía alguna, ya que, por los efectos sobre los que se concedió la suspensión no existe el riesgo de que el quejoso evada la acción de la justicia, en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo. Toda vez que hasta el momento no obra en autos constancia que acredite la naturaleza, modalidades y características del hecho con apariencia de delito que se le imputa, así como las características personales y la situación económica de la parte quejosa y la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia, requiérase a las responsables a efecto de que junto con sus informes previos remitan copia certificada de las constancias de las que se desprenda dicha información. EXCEPCIONES En la inteligencia que las medidas cautelares decretadas no surtirán efecto si se sorprende a la parte quejosa en la comisión de flagrante delito, si los actos reclamados provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables o si los actos resultan ser distintos a los que se reclaman. Tampoco surtirán efectos si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido por la parte quejosa o por otra persona en su nombre o representación, ante otro Juez de Distrito, contra los mismos actos reclamados y contra las mismas autoridades; o si la orden fue girada con posterioridad a la promoción de la demanda. Asimismo, esta medida surtirá sus efectos hasta en tanto se dicte la resolución interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva. Infórmese a las autoridades, que la concesión de esta medida cautelar no implica impedimento para la continuación del procedimiento en el asunto que motivó los actos reclamados, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de Amparo. PRECISIONES EN CUANTO A LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA. Cabe mencionar que la garantía deberá estar dirigida al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en su texto debe indicarse el propósito, por lo que la parte quejosa, deberá cerciorarse que los datos sean claros y precisos; apercibida que en caso de contener datos erróneos se tendrá por no exhibida; asimismo, cabe aclarar que para recibir valores, las personas deben estar expresamente autorizadas para tal efecto. Además de los requisitos exigidos en el párrafo que antecede, si para garantizar la suspensión del acto reclamado, se exhibiere billete de depósito, deberá procurarse que se constituya ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) además de contener las siguientes especificaciones: Que el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante. La autorización expresa que hiciere el depositante al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para solicitar y recibir de la institución financiera la información que permite el control de dichos depósitos. Si el solicitante de tutela constitucional opta por póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; deberá señalar el agente autorizado y domicilio en esta ciudad capital, para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. Si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión provisional dejará de surtir efectos sin necesidad de previo acuerdo. NOTIFICACIÓN DEL TERCERO INTERESADO Sin que haya lugar a tener tercero interesado, en virtud de que en el presente asunto la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que desconoce su existencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas, toda vez que el que señala se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, lo anterior hasta en tanto señale domicilio para tal efecto dentro de la residencia de este Órgano Jurisdiccional (municipio de Naucalpan de Juárez), y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Villanueva Castillo, y en términos de la parte final del segundo párrafo del numeral en cita a las demás personas que refiere; en virtud de no tener permiso temporal para ejercer la abogacía registrado en este Juzgado, como tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LOS ACTUARIOS Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que los actuarios o secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. PRUEBAS Sin que haya lugar a proveer lo conducente en virtud de que la quejosa no hizo uso de este derecho. SOLICITUD DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Al respecto, no ha lugar hacer mayor pronunciamiento, al no haber solicitado el uso de medios electrónicos expresamente. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, expídase al quejoso, un juego de copias certificadas del presente proveído, previa razón que por su recibo se deje en autos. Hágase la precisión a la referida ocursante, que la expedición de copias únicamente se realizará por un tanto, dado que si bien el numeral en cita no restringe a un solo juego el número de copias que las partes pueden solicitar, dicha expedición se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte; es decir, a su petición deberá acompañar las razones por las que requiere de su expedición en más de un tanto, lo cual no acontece en el presente caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 1a./J. 20/2017 (10a.), visible en la página 30, libro 42, Décima Época, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo I, Mayo de 2017, del tenor literal siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO."
- Principal
Se tiene por recibido el ocurso de demanda suscrito por ***, por propio derecho. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 1646/2019-III-B, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese tanto el expediente impreso como el electrónico. ADMISIÓN DE DEMANDA Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112 primer párrafo y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promueve ***, por propio derecho, contra los actos de las autoridades responsables denominadas: 1. Juez de Control Especializado en Órdenes de Cateo y Aprehensiones en Línea de Toluca. 2. Procuraduría General de Justica dela Ciudad de México. 3. Fiscal General de Justicia del Estado de México. 4. Fiscal General del Estado de Querétaro. 5. Coordinador General de la Policía de Investigación del Estado de México. 6. Coordinador Regional de la Policía de Investigación del Distrito Judicial de Tlalnepantla. 7. Coordinador Regional de la Policía de Investigación del Distrito Judicial de Atizapán de Zaragoza. 8. Comisario General de la Policía Ministerial de Investigación del Estado de México. 9. Titular de la Jefatura General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. 10. Director de la Policía de Investigación del Delito del Estado de Querétaro. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por separado y duplicado fórmese y tramítese el incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa, en términos del artículo 128 de la ley de la materia. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5° fracción IV de la Ley de la Materia, con copia del escrito de demanda y del presente proveído se da la intervención legal a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con apoyo en el numeral 115 de la legislación en cita, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Pídase informe con justificación a las autoridades responsables, el cual deben rendir dentro del término de quince días siguientes al en que se notifique, donde expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo; esto es, copia certificada del expediente de origen, en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 de la legislación de amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, las constancias en la forma indicada, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, acorde con lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otro lado, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 176/2012, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página 1253, libro XVI, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Décima Época, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. REQUERIMIENTO ESPECIAL A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Sin perjuicio de lo anterior, se requiere a las autoridades responsables citadas en el cuerpo del presente acuerdo para que en un plazo de tres días, contado a partir del momento en que se hayan notificado de este proveído, informen a este Juzgado si en el juicio de origen del que deriva el acto reclamado las partes promovieron amparo indirecto con anterioridad al presente, de ser el caso, proporcione el número de expediente del último juicio y la denominación del órgano de control constitucional que conoció del mismo; lo anterior, a fin de determinar qué Juzgado de Distrito debe conocer del asunto, conforme lo establece el artículo 46, párrafo sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior o no manifestar la imposibilidad que les asiste para ello en el plazo indicado, de conformidad con lo previsto en el artículo 237 fracción I en relación con el numeral 259 de la Ley de Amparo se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, acorde con lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación. OBLIGACIÓN DE INFORMAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se exhorta a las partes, para que, en el supuesto de que hubiere alguna causa de sobreseimiento, de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia, lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten; pues, de no cumplir con esa obligación, en términos del artículo 251 de la legislación en cita, se les impondrá una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, acorde con lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación. VISTA CON AUTORIDAD PARA QUE AMPLIE Asimismo, en términos de lo previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, queda expedito el derecho de la parte quejosa para ampliar su demanda, dentro del término legal previsto, cuando se encuentre en la hipótesis normativa aludida. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Sin que resulte necesario pronunciarse respecto al emplazamiento del tercero interesado para los efectos del presente juicio de amparo, toda vez que la parte quejosa manifestó desconocer su existencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas, toda vez que el que señala se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, lo anterior hasta en tanto señale domicilio para tal efecto dentro de la residencia de este Órgano Jurisdiccional (municipio de Naucalpan de Juárez), y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Villanueva Castillo, y en términos de la parte final del segundo párrafo del numeral en cita a las demás personas que refiere; en virtud de no tener permiso temporal para ejercer la abogacía registrado en este Juzgado, como tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSULTA ELECTRÓNICA Sin que haya lugar a proveer lo conducente en virtud de que el quejoso no solicitó el uso de medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LOS ACTUARIOS Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que los actuarios o secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. PRUEBAS Sin necesidad de hacer pronunciamiento toda vez que la parte quejosa no las ofertó. DEVOLUCIÓN DOCUMENTOS Sin que haya lugar a proveer lo referente a este capítulo en virtud de que no hay documentos por devolver. SOLICITUD DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Sin que haya lugar a proveer lo conducente en virtud de los quejosos no solicitaron el uso de medios electrónicos.
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