Hermenegildo Velásquez Ayala

Expediente 817/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
817/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
13/06/2016

Partes del expediente

  • Hermenegildo Velásquez Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA 1 A PRAL. 817/2016- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha fenecido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera recurso de revisión contra el proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis (fojas 21 a 25), que sobreseyó el juicio de amparo, fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicho auto. No obsta a lo anterior, que se encuentre transcurriendo el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para las autoridades señaladas como responsables, como se advierte de las constancias de notificación glosadas en autos (fojas 32, 34 y 36); toda vez que dichas autoridades carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 86 del ordenamiento legal invocado, ya que todo recurso solamente puede hacerlo valer el afectado; de ahí que, en el caso concreto, la única que pudiera resultar afectada con la sentencia por la que se sobreseyó el juicio es la parte quejosa; quien no hizo valer el medio de impugnación a que tiene derecho. Fundamenta lo anterior, por identidad de razón y en términos del artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo, la tesis registrada con el número 316096, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 676, del Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo CXXX, con el siguiente rubro y texto: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO. Si resulta improcedente la acción de un quejoso en cuanto a los actos de las autoridades responsables, asimismo resultará improcedente, por consecuencia, el recurso de revisión interpuesto por las propias autoridades de acuerdo con lo que previene el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que las autoridades responsables sólo pueden interponer el mencionado recurso en contra de las sentencias que afectan directamente al acto que de cada una de ellas se hubiese reclamado, y sobreseído el juicio respecto de los actos de las autoridades recurrentes, es indudable que el fallo del juez de Distrito, así reformado, no las afecta. Por otra parte, toda vez que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Adriana Cruz Matus, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. *Jnps

  2. Principal

    # pral 817/2016 mesa 1 A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes, los oficios números 639, 3640, sin número, 2920, 4129, suscritos por los jueces 1) Primero 2) Segundo 3) Tercero 4) secretario judicial del Juzgado Cuarto de lo Penal y 5) Quinto, todos del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, así como con el oficio número 2104, suscrito por el 6) coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en San Antonio de la Cal, Oaxaca, y el oficio FGEO/DAJ/D.A./1670/2016, suscrito por 7) el director de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante los que rinden informe justificado. Por otra parte, vista la razón que antecede, realizada el veinte de este mes por al actuario judicial adscrito, en la que asentó que no le fue posible hacer entrega del oficio 10046/2016 a su destinatario, director de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en virtud de que al hacerse presente en la dependencia indicada en su razón, le fue informado que dicha autoridad no existe; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de este mes (foja 7 vta.), y se deja de tener como autoridad responsable en este juicio de amparo al referido director, para todos los efectos legales a que haya lugar, suspendiéndose toda comunicación con él. Al efecto se invocan los criterios, cuyos datos de identificación y rubros son como sigue: "Registro No. 215501 Localización: Octava ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la FederaciónXII, Agosto de 1993Página: 464Tesis AisladaMateria(s): Común JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES." "Registro No. 214867 Localización: Octava ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la FederaciónXII, Septiembre de 1993Página: 186Tesis AisladaMateria(s): Común AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS." Ahora, visto el estado de los autos, se advierte que este expediente se encuentra integrado con los informes justificados rendidos por todas las autoridades responsables: JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA (foja 11). JUEZ SEGUNDO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA (foja 12). JUEZ TERCERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA (foja 13). JUEZ CUARTO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA, por conducto del secretario judicial encargado del despacho (foja 14). JUEZ QUINTO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA (foja 15). COORDINADOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA (foja 16). FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA (foja 17). Mismos que se ordenaron agregar en párrafos precedentes de este auto; quienes negaron categóricamente la existencia del acto que les reclama el quejoso HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA, que hizo consistir en la orden de aprehensión dictada en su contra por las autoridades judiciales, y su ejecución por las restantes. Ahora, procede sobreseer en el juicio, fuera de audiencia, por las consideraciones siguientes: Aun cuando al día de hoy los informes justificados no se agregan dentro de los ocho días que deben mediar para que la parte quejosa tenga conocimiento del contenido de los mismos, como prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; resulta innecesario esperar a que transcurra el plazo que establece dicho numeral y resolver este juicio de amparo el trece de junio próximo (foja 6), fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; pues, en el caso, no se advierte que ello genere beneficio a la parte quejosa, toda vez que el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, de inexistencia de la orden de aprehensión y su ejecución, permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo. Además, se estima que la causal de sobreseimiento (inexistencia del acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia, pues la hipótesis prevista en la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo, que prevé la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo sólo puede sustanciarse contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. Ahora, aun cuando por regla general, se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia no debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se debe establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la referida demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal a favor de los gobernados. De ahí que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si durante la tramitación del juicio el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, dado que de no estimarlo así, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 constitucional; se estima que la referida razón jurídica resulta aplicable tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En ese sentido, como las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS número 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Y la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 5, tomo VII, Junio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro IUS 196072, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado". No obstante lo anterior, si por cualquier situación, no reflejada ahora en estos autos, resultara la existencia del acto reclamado; la parte quejosa no quedará en estado de indefensión, en vista de que, por la naturaleza de ese acto de autoridad, está en aptitud legal de promover diverso juicio de amparo. Por lo anterior, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del trece de junio de dos mil dieciséis (foja 6). Ahora bien, como se advierte de la certificación de cuenta, que las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas, considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación del auto de sobreseimiento fuera de audiencia relativo con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Adriana Cruz Matus, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. *Jnps

  3. Incidental

    MESA 4 B INC. 1557/2014-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los autos, como se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, el tres de noviembre de dos mil quince, se ordenó el archivo de ese expediente, de la que se agrega copia a este incidente. En esas condiciones, y toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Se comunica a las partes que, por haberse, por una parte negado y por otra concedido la medida cautelar definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de cinco años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Así también, que durante los primeros tres años estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, de conformidad con los puntos vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Irma Luna Tenorio, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. mrmv

  4. Principal

    P. 817/2016 MESA I-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Con la demanda de amparo escrita presentada el dieciséis de este mes en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnada el día siguiente a este órgano jurisdiccional, promovida por HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA, contra actos del juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, residente en esta ciudad, y de otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese en el libro respectivo con el número 817/2016. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 108, 110, 112, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 128, último párrafo, de la ley de la materia invocada, tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, las que deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban la notificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el cuarto párrafo del invocado numeral 117 de la ley de la materia, se solicita a las autoridades responsables, para que al rendir su informe justificado: a) acompañen copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; y, b) que las copias sean íntegras y legibles. Apercibidas que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias relativas, al dictarse sentencia en este juicio de amparo se le impondrá multa de se le impondrá multa equivalente al importe de cincuenta días valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, se solicita a las responsables comuniquen si la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo en relación con el acto reclamado; en su caso, precisen el Juzgado que conoce o conoció del mismo, y el número de expediente. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, párrafo primero, de la ley de la materia. Por otra parte, por cuanto a la prueba a) instrumental de actuaciones que ofrece la parte quejosa, se tiene por anunciada, sin que haya lugar a perfeccionarla, ya que deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos; por lo que, prácticamente no tiene desahogo, es decir, que no tiene vida propia; como así lo ilustra la tesis XX. 305 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, registrada con el número 209572, visible en la página 291, tomo XV, Enero de 1995, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Y por cuanto a la b) prueba testimonial, se reserva su pronunciamiento sobre la admisión de la misma hasta en tanto se perfeccione su ofrecimiento. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde y hágase de su conocimiento que la copia de la demanda de amparo queda a su disposición en la actuaría de este Juzgado. Así también, que las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, por no encontrarse en el caso previsto en el inciso c) de la fracción II de dicho precepto y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA", misma que se invoca por ser acorde a esa disposición legal, en términos del artículo sexto transitorio de la ley invocada. En otro aspecto, como en esta etapa se desconoce quién es la víctima del delito u ofendido en el proceso del que derivan los actos reclamados, y a quien podría resultarle la calidad de tercero interesado, en términos del numeral 5º, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se reserva pronunciarse sobre su emplazamiento hasta en tanto se establezca su existencia acorde a las constancias que se remitan como justificación de informe relativo. Con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la ley invocada, las notificaciones que le correspondan al impetrante de amparo en este juicio se realizarán por medio de lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado; ello, por no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; en ese tenor, se tienen por autorizados para tales efectos a las personas que refiere el quejoso en su escrito de demanda. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Federal, 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria que en su caso se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De igual forma, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que establece entre las obligaciones de la parte peticionaria de amparo, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la ley de la materia), se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o señalamiento corregido; ello, tomando en consideración que le corresponde a dicha parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Sin que, en el caso, sea procedente notificar personalmente a la parte quejosa este auto admisorio, por no actualizarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26 de la Ley de Amparo, atento a lo dispuesto en la fracción III del mismo precepto legal y 6º transitorio, acorde a la jurisprudencia número 72, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 58, tomo VI, materia común, octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el siguiente rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO EN QUE SE FIJA FECHA PARA LA". En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J.176/2012 (10a), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las autoridades que tengan el carácter de responsables y de terceras interesadas que en este juicio sólo le serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. En otro aspecto, se requiere a las autoridades responsables para que, de ser ciertos los actos reclamados, al rendir su informe con justificación, de conformidad con lo previsto por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3º de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, comuniquen a este órgano jurisdiccional, en su carácter de sujetos obligados, si la información o documentos que en su caso remitan, tienen partes o secciones reservadas o confidenciales, a fin de que este juez de amparo, en su momento, determine si es o no procedente el acceso a la información que sea indispensable para la adecuada defensa de las partes. Notifíquese.

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