Hermenegildo Teran Cervantes

Expediente 774/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
774/2014
Año
2014
Actuaciones
8
Última actuación
12/06/2015

Partes del expediente

  • Hermenegildo Teran Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA IV A Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, para que surta los efectos legales correspondientes, con conocimiento de las partes. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, ténganse como prueba de su parte, el duplicado de la causa penal 112/2013, en dos tomos; probanza que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional, con los que a efecto de facilitar su manejo, se ordena formar cuadernos de pruebas (tomos I y II), respetándose folio, rúbrica y entresello.

  2. Principal

    MESA VI B Visto el cómputo secretarial que antecede, como del mismo se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que la parte quejosa hubiere hecho valer recurso alguno en contra del auto de diecisiete de marzo de dos mil quince, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.

  3. Principal

    MESA VI B De la certificación de cuenta se conoce que el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca (en representación de la tercera interesada), en auto de veintisiete de enero del presente año, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, transcurrió sin que hubieren hecho manifestación al respecto. En ese orden, se procede a analizar oficiosamente el cumplimiento del fallo protector. Así cabe destacar, que mediante sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil catorce (fojas 214 a 230), se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a HERMENEGILDO TERÁN CERVANTES, para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, una vez que causara ejecutoria dicho fallo, dejara insubsistente la orden de captura de quince de marzo de dos mil trece, librada en la causa penal 14/2013, y con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera, pero subsanando los vicios formales que la afectaban, mismos que se le destacaron, en los siguientes términos: (.) De inicio, es de señalarse que es inexacto que la autoridad responsable haya denominado al cuerpo del delito como -CULPOSO DE HOMICIDIO POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO DE MOTOR-, ya que debe circunscribirse a la terminología propia que señala el artículo 285 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, necesariamente vinculado con el concepto "cuerpo del delito", pues el hecho de que la conducta se haya realizado en forma culposa y con un vehículo de motor, no es determinante para la denominación del delito en el apartado del ente corpóreo del delito, en atención a que debe tener en cuenta que hay culpa en el delito y no delito de culpa, como erróneamente se señala en la resolución impugnada, debido a que por cuestión técnica no hay un delito de culpa como entidad autónoma y unitaria que pudiera sumarse al catálogo de los delitos, junto al fraude, robo, homicidio, etcétera; sino que culpa es uno de los grados, una de las formas con que puede presentarse el factor subjetivo de culpabilidad en los delitos tipificados, mientras no sean éstos especialmente incompatibles con las características particulares de la culpa. - - - Así, debe hablarse pues, de los delitos de homicidio, de lesiones, daños, etcétera, cometidos dolosa o culposamente, y no suponer una especial individualidad en el "delito de culpa" que no existe; debido a que en términos del Código Penal para el Estado de Oaxaca no existe "tipo" alguno específico que consagre el "delito de culpa" por sí mismo, dado que el artículo 8°, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado solamente describe la culpa, y en el numeral 58 del propio ordenamiento únicamente se refiere a las sanciones correspondientes a los delitos que se cometen en forma culposa, razón por la cual la doctrina a sostenido que los tipos culposos son tipos abiertos. De aquí que el juez responsable, en el apartado que se estudia, debe prescindir de la denominación señalada y sólo concretarse al cuerpo del delito de homicidio (.) - - - De esa manera, la autoridad judicial no debe analizar lo relativo a la culpa en el cuerpo del delito, sino abordar su estudio en el apartado de la probable responsabilidad; asimismo, ahí deberá valorar de manera fundada y motivada la prueba pericial con la que se pretende demostrar la culpa (.) - - - Bajo ese contexto, suprimido lo señalado en la existencia de la correspondiente acción (relativo a la culpa), en términos del artículo 25 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, queda de manifiesto que los elementos que constituyen la materialidad del delito de lesiones, son: a) Que una persona prive de la vida a otro; - - - b) Que esos efectos sean producidos por una causa externa; - - - c) Que se lesione el bien jurídico tutelado por la norma penal, consistente en la vida del pasivo; - - - d) El resultado material y su atribuibilidad a la acción; y - - - e) El objeto material. - - - Con base en esos lineamientos, el juez de instancia deberá indicar de manera fundada y motivada con qué medios de prueba se acredita cada elemento (.) - - - Por otro lado, con relación a la valoración de las pruebas, debe decirse que respecto a la diligencia de inspección, descripción y levantamiento del cadáver llevado realizados por la autoridad ministerial el dos de abril de dos mil catorce (fojas 31 a 33); identificación legal del cadáver realizada en la citada fecha por GUADALUPE CARRERA GARCÍA (fojas 34 y 35); reconocimiento médico exterior y autopsia de ley, practicado por el doctor Luciano Rolando Barrita Martínez, perito médico legista forense dependiente del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (fojas 39 y 40), y el certificado de defunción a nombre del extinto Francisco Carrera García (foja 41), la autoridad responsable les confirió valor probatorio indiciario en términos de los artículos 68, 356, fracción X, 372, 355, fracciones I y VI, 356, fracción IV, 396 y 403 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. - - - Como se ve, la autoridad de instancia confirió de manera genérica valor probatorio indiciario a las pruebas en mención, pasando por alto que las actuaciones realizadas por el Ministerio Público por disposición expresa del artículo 68 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, tienen valor probatorio pleno cuando reúnan las exigencias que establece la ley; de ahí que el juez de instancia debe prescindir del valor probatorio indiciario genérico y ceñirse a lo que estatuye el citado artículo, esto es, otorgarle valor probatorio pleno a las diligencias de pruebas que corresponda (.) - - - Bajo otra consideración, referente al oficio de investigación datado el dieciséis de abril de dos mil doce (foja 58 a 66), signado por los agentes Estatales de Investigación Alfredo Cortes Joaquín y Manuel Alfonso Escandón Reyes, destacamentados en el Municipio de San Jerónimo Tecoatl de Flores Magón, Teotitlán, Oaxaca, el cual fue ratificado (fojas 74 y 75), la autoridad judicial le otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 355, fracción I y 356, fracción II, del Código Local de Procedimientos Penales vigente, bajo la consideración de que se trata de una documental pública. - - - Lo anterior es inexacto, toda vez que a pesar de que el referido informe este ratificado, ello no lo convierte en una documental publica, dado que el alcance del rango de pública, es condición esencial la intervención de un servidor público investido de facultades específicas de acuerdo con la ley, por ello es imprescindible que en el instrumento condigno, existan signos inequívocos de su autor; caso que no acontece en la especie, debido a que los mencionados investigadores no tienen el carácter de autoridad para dar fe pública, pues la documental de que se trata se refiere a un oficio de investigación sujeto a la libre valoración de las pruebas, de ahí que no debió valorarse, como lo hizo la autoridad responsable, sino que en términos del artículo 354 del citado Código (.) - - - Bajo ese sentido, el juez responsable deberá prescindir de la mencionada consideración y valorar la prueba de que se trata, conforme a los principios y normas reguladores de las pruebas en general, esto es, valor indiciario en términos del artículo 354 del ordenamiento de que se trata (.) - - - De igual manera, la responsable ordenadora sostuvo que el aquí demandante del amparo es autor material en términos del artículo 11, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado, y también ahí sostuvo que el actuar del quejoso fue en forma culposa, dado que teniendo a su alcance el deber de tomar todas las precauciones al tripular una unidad de motor, no las puso de manifiesto y por el contrario actúo de manera descuidada e irreflexiva y provocó con ello el desenlace que hoy se conoce. - - - De lo expuesto, se desprende que la autoridad responsable no se fundó las hipótesis de culpa que contempla el artículo 8, fracción II, del Código Penal para el Estado, aunado a que ni siquiera citó ese precepto. - - - Se afirma lo anterior, en virtud de que para no transgreder los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, es necesario que se establezca cómo es que se acreditó que el sujeto activo violando un deber de cuidado, realizó una conducta o hechos de cuyas consecuencias: (.) - - - Con base en lo anterior, el tribunal responsable deberá exponer con puntualidad cuál de las hipótesis señaladas en los citados incisos a y b se estima actualizada en el caso en concreto, así como los medios de pruebas con los que justifique su decisión, pruebas que deberán ser debidamente valoradas. - - - Para concluir, es de anotarse que la autoridad judicial especificó que el delito de que se trata, se encuentra sancionado con pena privativa de libertad conforme a lo previsto por el artículo 58, segundo párrafo, en relación con el 289 del Código Penal del Estado; al respecto, es de anotarse que el referido numeral, en lo conducente, establece: ARTÍCULO 58.- Cuando el delito culposo lesione un solo bien jurídico, se impondrá al sujeto activo de la cuarta parte del mínimo a la cuarta parte del máximo de la punibilidad, o medida de seguridad, asignada al tipo doloso, salvo disposición en contrario. Se aplicará de la tercera parte del mínimo a la tercera parte del máximo de la sanción del correspondiente tipo doloso, en caso de homicidio y lesiones de las previstas por los artículos 275 o 276 y el sujeto activo se encontrare en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga. - - - Como se ve, el citado segundo párrafo refiere que se aplicará de la tercera parte del mínimo a la tercera parte del máximo de la sanción del correspondiente tipo doloso, en caso de homicidio y lesiones de las previstas por los artículos 275 o 276 y el sujeto activo se encontrare en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga; sin embargo, la juez natural concretamente no refirió expresamente que el sujeto activo en el momento de la comisión del delito, se encontrara en estado de ebriedad, además que se trate de homicidio y lesiones, y sobre todo con que pruebas se acredita ello. - - - Ante la imprecisión anotada, se impone a la responsable la obligación de subsanar ese aspecto, en caso de no estar demostrado en autos que el activo se encontraba en estado de ebriedad en la comisión del delito deberá señalar que el delito está sancionado en el primer párrafo, esto es, cuando el delito culposo lesiones un sólo bien jurídico (.). Concesión del amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuido al comandante Regional de la Cañada de la Agencia Estatal de Investigaciones de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, en virtud de no haber sido impugnado por vicios propios. En cumplimiento al fallo protector, mediante auto de catorce de enero del presente año, el encargado de la Comandancia General de la Cañada, con residencia en Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, informó que giró instrucciones a los agentes Estatales de Investigación a su mando, para que se abstuvieran de realizar actos de molestia al aquí quejoso, y realizó las anotaciones en el libro de Gobierno (fojas 247 y 248). Por su parte, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, por oficio 105 de catorce de enero del presente año, remitió copia certificada de la resolución dictada ese mismo día, en la que por una parte, dejó insubsistente la diversa de quince de marzo de dos mi trece, y emitió otra mediante resolución, en la que de nueva cuenta libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso HERMENEGILDO TERÁN CERVANTES, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio culposo en agravio de quien en vida respondió al nombre de Francisco Carrera García, subsanando los vicios formales que la afectaban (fojas 253 a 265). Es así, toda vez que de la resolución en análisis se advierte que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, en acatamiento al fallo protector, respecto al estudio del cuerpo del delito: 1.- Prescinde de la denominación del cuerpo del delito de "culposo de homicidio por tránsito de vehículo de motor", y se concreta únicamente al ente corpóreo del delito de homicidio. 2.- Aborda lo relativo a la culpa en el apartado de la probable responsabilidad y realiza una valoración de manera fundada y motivada de la prueba pericial. 3.- En relación a los elementos que constituyen la materialidad del delito de homicidio, indicó con qué medios de prueba se acredita cada elemento. 4.- Respecto a la diligencia de inspección, descripción y levantamiento del cadáver llevado realizados por la autoridad ministerial el dos de abril de dos mil catorce, le otorgó valor probatorio pleno. 5.- Con relación al oficio de investigación de dieciséis de abril de dos mil doce, signado por los agentes Estatales de Investigación Alfredo Cortes Joaquín y Manuel Alfonso Escandón Reyes, destacamentados en el Municipio de San Jerónimo Tecoatl de Flores Magón, Teotitlán, Oaxaca, el cual fue ratificado, la autoridad judicial le otorgó valor probatorio indiciario en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales en el Estado. Precisado lo anterior, en el apartado destinado a la probable responsabilidad: 1.- Precisa en relación a la conducta dolosa, que esta se adecua a la hipótesis señalada en el inciso a) de la sentencia que concedió el amparo al aquí quejoso, ya que mencionó que el activo, violo un deber de cuidado, en el caso, no proveyó el cuidado posible para evitar una conducta punible, y 2.- Señala que el delito de que se trata, está sancionado con pena privativa de libertad conforme a lo previsto por el artículo 58, primer párrafo, en relación con el 289 del Código Penal del Estado. En tales condiciones, se concluye que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, cumple con la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio, puesto que, por una parte, dejó insubsistente la resolución de quince de marzo de dos mil trece, dictada en la causa penal 14/2013 (contra la que se concedió el amparo) y, por otra, con plenitud de jurisdicción emitió una nueva, en la que, subsanando las deficiencias formales señaladas en la sentencia emitida por este juzgador, libra orden de aprehensión contra el aquí quejoso HERMENEGILDO TERÁN CERVANTES, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio culposo en agravio de quien en vida respondió al nombre de Francisco Carrera García. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA MESA VI B De la certificación de cuenta se conoce que el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca (en representación de la tercera interesada), en auto de veintisiete de enero del presente año, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, transcurrió sin que hubieren hecho manifestación al respecto. En ese orden, se procede a analizar oficiosamente el cumplimiento del fallo protector. Así cabe destacar, que mediante sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil catorce (fojas 214 a 230), se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a HERMENEGILDO TERÁN CERVANTES, para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, una vez que causara ejecutoria dicho fallo, dejara insubsistente la orden de captura de quince de marzo de dos mil trece, librada en la causa penal 14/2013, y con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera, pero subsanando los vicios formales que la afectaban, mismos que se le destacaron, en los siguientes términos: (.) De inicio, es de señalarse que es inexacto que la autoridad responsable haya denominado al cuerpo del delito como -CULPOSO DE HOMICIDIO POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO DE MOTOR-, ya que debe circunscribirse a la terminología propia que señala el artículo 285 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, necesariamente vinculado con el concepto "cuerpo del delito", pues el hecho de que la conducta se haya realizado en forma culposa y con un vehículo de motor, no es determinante para la denominación del delito en el apartado del ente corpóreo del delito, en atención a que debe tener en cuenta que hay culpa en el delito y no delito de culpa, como erróneamente se señala en la resolución impugnada, debido a que por cuestión técnica no hay un delito de culpa como entidad autónoma y unitaria que pudiera sumarse al catálogo de los delitos, junto al fraude, robo, homicidio, etcétera; sino que culpa es uno de los grados, una de las formas con que puede presentarse el factor subjetivo de culpabilidad en los delitos tipificados, mientras no sean éstos especialmente incompatibles con las características particulares de la culpa. - - - Así, debe hablarse pues, de los delitos de homicidio, de lesiones, daños, etcétera, cometidos dolosa o culposamente, y no suponer una especial individualidad en el "delito de culpa" que no existe; debido a que en términos del Código Penal para el Estado de Oaxaca no existe "tipo" alguno específico que consagre el "delito de culpa" por sí mismo, dado que el artículo 8°, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado solamente describe la culpa, y en el numeral 58 del propio ordenamiento únicamente se refiere a las sanciones correspondientes a los delitos que se cometen en forma culposa, razón por la cual la doctrina a sostenido que los tipos culposos son tipos abiertos. De aquí que el juez responsable, en el apartado que se estudia, debe prescindir de la denominación señalada y sólo concretarse al cuerpo del delito de homicidio (.) - - - De esa manera, la autoridad judicial no debe analizar lo relativo a la culpa en el cuerpo del delito, sino abordar su estudio en el apartado de la probable responsabilidad; asimismo, ahí deberá valorar de manera fundada y motivada la prueba pericial con la que se pretende demostrar la culpa (.) - - - Bajo ese contexto, suprimido lo señalado en la existencia de la correspondiente acción (relativo a la culpa), en términos del artículo 25 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, queda de manifiesto que los elementos que constituyen la materialidad del delito de lesiones, son: a) Que una persona prive de la vida a otro; - - - b) Que esos efectos sean producidos por una causa externa; - - - c) Que se lesione el bien jurídico tutelado por la norma penal, consistente en la vida del pasivo; - - - d) El resultado material y su atribuibilidad a la acción; y - - - e) El objeto material. - - - Con base en esos lineamientos, el juez de instancia deberá indicar de manera fundada y motivada con qué medios de prueba se acredita cada elemento (.) - - - Por otro lado, con relación a la valoración de las pruebas, debe decirse que respecto a la diligencia de inspección, descripción y levantamiento del cadáver llevado realizados por la autoridad ministerial el dos de abril de dos mil catorce (fojas 31 a 33); identificación legal del cadáver realizada en la citada fecha por GUADALUPE CARRERA GARCÍA (fojas 34 y 35); reconocimiento médico exterior y autopsia de ley, practicado por el doctor Luciano Rolando Barrita Martínez, perito médico legista forense dependiente del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (fojas 39 y 40), y el certificado de defunción a nombre del extinto Francisco Carrera García (foja 41), la autoridad responsable les confirió valor probatorio indiciario en términos de los artículos 68, 356, fracción X, 372, 355, fracciones I y VI, 356, fracción IV, 396 y 403 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. - - - Como se ve, la autoridad de instancia confirió de manera genérica valor probatorio indiciario a las pruebas en mención, pasando por alto que las actuaciones realizadas por el Ministerio Público por disposición expresa del artículo 68 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, tienen valor probatorio pleno cuando reúnan las exigencias que establece la ley; de ahí que el juez de instancia debe prescindir del valor probatorio indiciario genérico y ceñirse a lo que estatuye el citado artículo, esto es, otorgarle valor probatorio pleno a las diligencias de pruebas que corresponda (.) - - - Bajo otra consideración, referente al oficio de investigación datado el dieciséis de abril de dos mil doce (foja 58 a 66), signado por los agentes Estatales de Investigación Alfredo Cortes Joaquín y Manuel Alfonso Escandón Reyes, destacamentados en el Municipio de San Jerónimo Tecoatl de Flores Magón, Teotitlán, Oaxaca, el cual fue ratificado (fojas 74 y 75), la autoridad judicial le otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 355, fracción I y 356, fracción II, del Código Local de Procedimientos Penales vigente, bajo la consideración de que se trata de una documental pública. - - - Lo anterior es inexacto, toda vez que a pesar de que el referido informe este ratificado, ello no lo convierte en una documental publica, dado que el alcance del rango de pública, es condición esencial la intervención de un servidor público investido de facultades específicas de acuerdo con la ley, por ello es imprescindible que en el instrumento condigno, existan signos inequívocos de su autor; caso que no acontece en la especie, debido a que los mencionados investigadores no tienen el carácter de autoridad para dar fe pública, pues la documental de que se trata se refiere a un oficio de investigación sujeto a la libre valoración de las pruebas, de ahí que no debió valorarse, como lo hizo la autoridad responsable, sino que en términos del artículo 354 del citado Código (.) - - - Bajo ese sentido, el juez responsable deberá prescindir de la mencionada consideración y valorar la prueba de que se trata, conforme a los principios y normas reguladores de las pruebas en general, esto es, valor indiciario en términos del artículo 354 del ordenamiento de que se trata (.) - - - De igual manera, la responsable ordenadora sostuvo que el aquí demandante del amparo es autor material en términos del artículo 11, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado, y también ahí sostuvo que el actuar del quejoso fue en forma culposa, dado que teniendo a su alcance el deber de tomar todas las precauciones al tripular una unidad de motor, no las puso de manifiesto y por el contrario actúo de manera descuidada e irreflexiva y provocó con ello el desenlace que hoy se conoce. - - - De lo expuesto, se desprende que la autoridad responsable no se fundó las hipótesis de culpa que contempla el artículo 8, fracción II, del Código Penal para el Estado, aunado a que ni siquiera citó ese precepto. - - - Se afirma lo anterior, en virtud de que para no transgreder los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, es necesario que se establezca cómo es que se acreditó que el sujeto activo violando un deber de cuidado, realizó una conducta o hechos de cuyas consecuencias: (.) - - - Con base en lo anterior, el tribunal responsable deberá exponer con puntualidad cuál de las hipótesis señaladas en los citados incisos a y b se estima actualizada en el caso en concreto, así como los medios de pruebas con los que justifique su decisión, pruebas que deberán ser debidamente valoradas. - - - Para concluir, es de anotarse que la autoridad judicial especificó que el delito de que se trata, se encuentra sancionado con pena privativa de libertad conforme a lo previsto por el artículo 58, segundo párrafo, en relación con el 289 del Código Penal del Estado; al respecto, es de anotarse que el referido numeral, en lo conducente, establece: ARTÍCULO 58.- Cuando el delito culposo lesione un solo bien jurídico, se impondrá al sujeto activo de la cuarta parte del mínimo a la cuarta parte del máximo de la punibilidad, o medida de seguridad, asignada al tipo doloso, salvo disposición en contrario. Se aplicará de la tercera parte del mínimo a la tercera parte del máximo de la sanción del correspondiente tipo doloso, en caso de homicidio y lesiones de las previstas por los artículos 275 o 276 y el sujeto activo se encontrare en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga. - - - Como se ve, el citado segundo párrafo refiere que se aplicará de la tercera parte del mínimo a la tercera parte del máximo de la sanción del correspondiente tipo doloso, en caso de homicidio y lesiones de las previstas por los artículos 275 o 276 y el sujeto activo se encontrare en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga; sin embargo, la juez natural concretamente no refirió expresamente que el sujeto activo en el momento de la comisión del delito, se encontrara en estado de ebriedad, además que se trate de homicidio y lesiones, y sobre todo con que pruebas se acredita ello. - - - Ante la imprecisión anotada, se impone a la responsable la obligación de subsanar ese aspecto, en caso de no estar demostrado en autos que el activo se encontraba en estado de ebriedad en la comisión del delito deberá señalar que el delito está sancionado en el primer párrafo, esto es, cuando el delito culposo lesiones un sólo bien jurídico (.). Concesión del amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuido al comandante Regional de la Cañada de la Agencia Estatal de Investigaciones de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, en virtud de no haber sido impugnado por vicios propios. En cumplimiento al fallo protector, mediante auto de catorce de enero del presente año, el encargado de la Comandancia General de la Cañada, con residencia en Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, informó que giró instrucciones a los agentes Estatales de Investigación a su mando, para que se abstuvieran de realizar actos de molestia al aquí quejoso, y realizó las anotaciones en el libro de Gobierno (fojas 247 y 248). Por su parte, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, por oficio 105 de catorce de enero del presente año, remitió copia certificada de la resolución dictada ese mismo día, en la que por una parte, dejó insubsistente la diversa de quince de marzo de dos mi trece, y emitió otra mediante resolución, en la que de nueva cuenta libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso HERMENEGILDO TERÁN CERVANTES, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio culposo en agravio de quien en vida respondió al nombre de Francisco Carrera García, subsanando los vicios formales que la afectaban (fojas 253 a 265). Es así, toda vez que de la resolución en análisis se advierte que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, en acatamiento al fallo protector, respecto al estudio del cuerpo del delito: 1.- Prescinde de la denominación del cuerpo del delito de "culposo de homicidio por tránsito de vehículo de motor", y se concreta únicamente al ente corpóreo del delito de homicidio. 2.- Aborda lo relativo a la culpa en el apartado de la probable responsabilidad y realiza una valoración de manera fundada y motivada de la prueba pericial. 3.- En relación a los elementos que constituyen la materialidad del delito de homicidio, indicó con qué medios de prueba se acredita cada elemento. 4.- Respecto a la diligencia de inspección, descripción y levantamiento del cadáver llevado realizados por la autoridad ministerial el dos de abril de dos mil catorce, le otorgó valor probatorio pleno. 5.- Con relación al oficio de investigación de dieciséis de abril de dos mil doce, signado por los agentes Estatales de Investigación Alfredo Cortes Joaquín y Manuel Alfonso Escandón Reyes, destacamentados en el Municipio de San Jerónimo Tecoatl de Flores Magón, Teotitlán, Oaxaca, el cual fue ratificado, la autoridad judicial le otorgó valor probatorio indiciario en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales en el Estado. Precisado lo anterior, en el apartado destinado a la probable responsabilidad: 1.- Precisa en relación a la conducta dolosa, que esta se adecua a la hipótesis señalada en el inciso a) de la sentencia que concedió el amparo al aquí quejoso, ya que mencionó que el activo, violo un deber de cuidado, en el caso, no proveyó el cuidado posible para evitar una conducta punible, y 2.- Señala que el delito de que se trata, está sancionado con pena privativa de libertad conforme a lo previsto por el artículo 58, primer párrafo, en relación con el 289 del Código Penal del Estado. En tales condiciones, se concluye que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, cumple con la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio, puesto que, por una parte, dejó insubsistente la resolución de quince de marzo de dos mil trece, dictada en la causa penal 14/2013 (contra la que se concedió el amparo) y, por otra, con plenitud de jurisdicción emitió una nueva, en la que, subsanando las deficiencias formales señaladas en la sentencia emitida por este juzgador, libra orden de aprehensión contra el aquí quejoso HERMENEGILDO TERÁN CERVANTES, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio culposo en agravio de quien en vida respondió al nombre de Francisco Carrera García. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

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