Hermenegildo Rubio Gutiérrez

Expediente 860/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
860/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Hermenegildo Rubio Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA "2" Ciudad de México, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, que concede para interponer el recurso de queja contra el proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo dentro del presente juicio, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y es susceptible de destrucción. En consecuencia, una vez que transcurra el término establecido en el numeral citado, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA "2" Ciudad de México, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos; se advierte que el término de cinco días otorgados al quejoso ----------------------------------, a efecto de que desahogara la prevención realizada mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, ha transcurrido, sin que a la fecha el impetrante de amparo realizara manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, por ello, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de la materia, dicha solicitud de amparo se tiene POR NO PRESENTADA. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA"2" SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO Y/O AUTORIZADOS, EL PROVEÍDO DE FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Ciudad de México, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos; se advierte que el término de cinco días otorgados al quejoso ----------------------------------, a efecto de que desahogara la prevención realizada mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, ha transcurrido, sin que a la fecha el impetrante de amparo realizara manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, por ello, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de la materia, dicha solicitud de amparo se tiene POR NO PRESENTADA. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA "2" Ciudad de México, trece de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Hermenegildo ---------------, por propio derecho, contra los actos y las autoridades que en la misma precisa, regístrese con el número ----/2021-2 y genérese expediente electrónico e impreso. Prevención Como cuestión previa a determinar sobre la admisión de la demanda que se atiende, es pertinente destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que aquélla debe contener, los cuales tienen como propósito que el Juez de Distrito pueda pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar intervención al agente del Ministerio Público e integrar, en su caso, los cuadernos relativos al incidente de suspensión, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por lo que, la omisión de alguno de ellos conduce a la prevención regulada por el numeral 114 de la referida ley, siempre que se encuentre en alguna de las hipótesis que limitativamente prevé dicho artículo. En ese contexto, en términos de lo previsto en los artículos 112, 114 y 108, de la Ley de Amparo, se previene al quejoso para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación del presente proveído realice lo siguiente: 1) Precise las autoridades responsables y los actos que en específico atribuye a cada una de éstas. Ello, en atención a que de la manera en que se encuentra redactado el escrito que se atiende, genera incertidumbre y confusión a efecto de fijar la litis en el presente asunto pues, por un lado, en el capítulo de actos reclamados señala: ".A).- ---------------------------------------------------------------------." Lo subrayado es propio. Sin embargo, en el capítulo correspondiente a las autoridades responsables, el agraviado señala a diversas autoridades de carácter administrativo y judiciales, cuyas jurisdicciones se circunscriben en este ámbito territorial y fuera de la demarcación donde este juzgado ejerce jurisdicción. En esa tesitura, resulta importante destacar que el quejoso reclama las órdenes de presentación, localización, comparecencia, detención y/o aprehensión; no obstante, dichos actos no pueden atribuirse de manera genérica, pues las potestades facultadas para dictar dichas órdenes, algunas son de índole judicial y otras administrativas. Esto es, de conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el nuevo orden de justicia penal únicamente prevé como formas de conducción al proceso el citatorio, la orden de comparecencia y la aprehensión cuya facultad es exclusiva de la autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público conforme al precepto 142 del invocado Código. Resulta importante señalar que dentro de la carpeta de investigación sólo corresponde al Ministerio Público emitir la orden de detención, cuando exista flagrancia o caso urgente, en términos del artículo 16 de la Carta Magna. Debido a lo anterior, se estima necesario que el quejoso especifique cuál es el acto que en concreto desea combatir en esta vía indirecta, en el entendido que si lo que pretende combatir es una orden de aprehensión deberán señalar como responsable al Juez de Control que en específico la emitió. Por tal motivo, de ser el caso, el quejoso deberá precisar a qué unidad de gestión judicial se encuentra adscrito el juez de control que señale como responsable, tomando en cuenta que los Jueces que conocen de esa materia se dividen en Unidades de Gestión Judicial; asimismo, señalar al Juez de Distrito al que en específico atribuye el acto reclamado. Lo anterior se estima así porque, un presupuesto fundamental del juicio de amparo lo constituye el señalamiento de la autoridad que ordena o emite el acto reclamado, cuestión que en el caso no aconteció, dado que en la demanda que se provee, el quejoso precisó como autoridades responsables a diversas de índole administrativa y judicial. En consecuencia, es evidente que sería contrario a la naturaleza del amparo entrar al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sin oír previamente a la autoridad de quien emana, dato que se estima necesario para integrar la relación jurídico procesal, en la hipótesis de admitir la demanda de garantías y de esa manera estar en aptitud legal de cumplir con las exigencias previstas en la Ley de Amparo. De ahí que resulte necesario que precise el acto que pretende sea analizado en esta instancia y la autoridad a que en especificó se lo atribuye. Se considera que esta situación debe ser superada por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se les atribuya el acto reclamado estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para determinar lo que en derecho corresponda en el cuaderno principal, así como En el incidente de suspensión, al momento de proveer respecto los efectos de la suspensión provisional. Lo anterior, si se toma en consideración que en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja no tiene el alcance para cambiar a las autoridades responsables que señala ni modificar el acto que pretende reclamar. Una vez colmados los anteriores requerimientos, la parte quejosa deberá realizar lo siguiente: 2) Bajo protesta de decir verdad, ahonde en los antecedentes de los actos que por esta vía pretende combatir; lo anterior, en el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima En ese tenor, cabe destacar que de la lectura integral de la demanda realiza manifestaciones que se consideran imprecisas e insuficientes para tener por colmado el requisito a que hace referencia el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el agraviado omite narrar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de todos los actos que atribuye a las autoridades que señala en su demanda. Se afirma lo anterior en tanto que, si bien señaló que el cuatro de octubre del año en curso, en el Hotel "-----------------" -lugar donde está hospedando- sito en esta ciudad, a decir del personal que labora en ese lugar, se presentaron policías que dijeron ser de investigación de la Fiscalía General de la República, los cuales tenían una orden para privarlo de su libertad "girada por un Juez de Control Federal quien había ordenado mi detención y que ya habían ido a mi domicilio en Colima". También es verdad, que esa narrativa es insuficiente para advertir la injerencia de las autoridades ministeriales federales en los estados de Jalisco y Colima, dado que en los antecedentes es claro en señalar que se trata de una orden librada por una autoridad jurisdiccional federal -lo cual incluso es congruente por el tipo de corporación policíaca que la trata de ejecutar-. Aunado a lo anterior, no se desprende el papel que juega el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande; pues, si bien se justifica en cierta medida que señale órganos jurisdiccionales en esta Urbe -pues asegura que se encuentra en esta demarcación- y en el Estado de Colima, lugar en donde dice tener su domicilio, ello escapa del señalamiento de aquélla autoridad judicial. En razón de lo expuesto, se afirma, los antecedentes no guardan coherencia y congruencia con los actos que reclama a cada una de las autoridades que señala, información que resulta necesaria para este órgano judicial a efecto de determinar lo conducente en torno a la admisión de la demanda. Por lo cual, deberá ahondar en los antecedentes de los actos que pretende reclamar a las autoridades señaladas como responsables, esto es, narre de manera cronológica y concreta los acontecimientos que dieron origen a éstos; puntualizando, además, los hechos presuntamente constitutivos de delito que motivaron los actos reclamados. En ese orden, es preciso señalar que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todas las circunstancias, hechos o abstenciones que le constan a la parte quejosa en relación con el acto que pretende combatir, esto es, son todos aquellos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; lo cual, debe expresarse en el cuerpo de la demanda. Lo anterior, se traduce en que el impetrante de amparo deberá puntualizar la fecha de la determinación tildada de inconstitucional, a qué autoridad en específico se la atribuye, así como el número de expediente de la que deriva y cuándo tomó conocimiento o el momento en que le notificaron la misma; en el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima por el quejoso. Se adiciona la circunstancia de que en el amparo indirecto no se tienen más datos que los formulados en la demanda, motivo por el que se requieren actos y autoridades precisas, para dar trámite al juicio de garantías y con ello propiciar una impartición de justicia pronta y expedita, evitando dilaciones innecesarias que afecten la tramitación del propio juicio. Ello es así, debido a que son datos requisitos esenciales de la demanda, además que es indispensable para verificar la presentación oportuna de la demanda, aspecto que influye en la procedencia del juicio, lo cual es cuestión de orden público y estudio preferente. Así como la tesis emitida por los Tribunales Colegiado de Circuito, consultable En el entendido que deberá realizar dicho desahogo de manera particular, atendiendo a que "bajo protesta de decir verdad" es un acto personalísimo que debe emitirlo la persona a quien le conste los hechos. Copias Ahora bien, con el original de su escrito de desahogo deberá presentar copias suficientes del mismo, con el fin de que se esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes intervienen en el juicio. Apercibimiento Se apercibe al promovente que, transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar la prevención antes indicada en los términos expuestos, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima y se le hace saber las penas en que incurren las personas que declaren con falsedad en términos del artículo 261 fracción I de la Ley de la Materia. Asimismo, se precisa al justiciable que, derivado del señalamiento de autoridades que radican en esta capital y en otros Estados, deberá tener presente el contenido del artículo 248 de la Ley de Amparo a la letra dice: "Artículo 248. Se impondrá multa de cincuenta a quinientos días a quien para dar competencia a un juez de distrito o tribunal unitario de circuito, de mala fe designe como autoridad ejecutora a quien no lo sea, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Por tanto, hágase del conocimiento al quejoso que, de conformidad con el citado dispositivo legal, de demostrarse que designó con mala fe a las autoridades de esta ciudad, únicamente para dar competencia a este juzgado de distrito y toda vez que pretende reclamar actos dentro de procedimiento penal, se le impondrá la multa citada en el mismo. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tienen por autorizadas a las personas que designa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico 4jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx, así como el teléfono (55)----------, extensión 4303. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización del Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.....Notifíquese...

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